El Rol del Fiscal Adjunto Provincial en Perú

En el complejo entramado del sistema de justicia peruano, existen figuras cuya labor es fundamental para garantizar la legalidad, la persecución del delito y la defensa de la sociedad. Una de estas es el Fiscal Adjunto Provincial, un profesional del derecho que ejerce un rol directivo y de soporte vital dentro del Ministerio Público. Contrario a una posible confusión, el Fiscal Adjunto Provincial no forma parte de la Policía Nacional del Perú, sino que es un miembro activo del Ministerio Público, la institución autónoma encargada de dirigir la investigación del delito desde su origen, con el apoyo y la ejecución de las fuerzas policiales.

Recientemente, la figura del fiscal adjunto provincial Jhon Tomasto Medrano cobró relevancia al participar en una diligencia clave relacionada con el caso Provías Descentralizado. Esta intervención, junto a peritos del Ministerio Público y agentes de la Dirección Contra Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional del Perú, subraya la dinámica de colaboración entre ambas instituciones, donde el fiscal ostenta la dirección jurídica de la investigación y la policía ejecuta las órdenes y recaba la evidencia bajo su supervisión. Comprender esta relación es esencial para entender cómo opera la justicia en el país.

El Rol del Fiscal Adjunto Provincial en el Sistema Judicial Peruano

El Fiscal Adjunto Provincial es una pieza angular en la estructura del Ministerio Público. Su posición se ubica por debajo de los Fiscales Provinciales y por encima de los Asistentes en Función Fiscal, formando parte de los despachos fiscales que se especializan en diversas áreas como delitos de corrupción de funcionarios, crimen organizado, lavado de activos, entre otros. La principal función de un fiscal adjunto provincial es coadyuvar al fiscal provincial en la dirección de la investigación preliminar y preparatoria, la formulación de acusaciones, la sustentación de cargos en juicio oral y la defensa de los intereses del Estado y la sociedad.

Entre sus responsabilidades más destacadas se encuentran:

• Dirección de la investigación: Aunque el Fiscal Provincial es el titular del despacho, el Fiscal Adjunto Provincial asume un rol activo en la dirección de las diligencias, la planificación de operativos y la coordinación con la Policía Nacional.
• Recopilación y análisis de pruebas: Participan directamente en la recolección de elementos de convicción, como testimonios, documentos, peritajes y, como se vio en el caso de Breña, la obtención de grabaciones de videovigilancia. Su labor es asegurar que las pruebas se obtengan de manera legal y sean válidas para el proceso.
• Audiencias y juicios: Representan al Ministerio Público en diversas audiencias judiciales, solicitando medidas coercitivas (detenciones, allanamientos, incautaciones) y, en etapas posteriores, sustentando la acusación fiscal ante el juez.
• Elaboración de documentos fiscales: Redactan dictámenes, requerimientos, disposiciones y otros documentos procesales esenciales para el avance de las investigaciones y los procesos judiciales.

La especialización es un factor clave en el trabajo fiscal. Los fiscales adjuntos provinciales que, como Jhon Tomasto Medrano, pertenecen a fiscalías especializadas en delitos de corrupción de funcionarios, poseen conocimientos profundos en materias económicas, financieras y administrativas, esenciales para desentrañar complejos esquemas de corrupción que a menudo involucran redes de funcionarios y particulares.

Ministerio Público y Policía Nacional del Perú: Una Alianza Estratégica

La relación entre el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú es de colaboración y complementariedad, regida por el principio de que el fiscal es el director jurídico de la investigación. Esto significa que, si bien la policía es el brazo ejecutor y el primer respondedor ante la comisión de un delito, todas sus acciones de investigación deben realizarse bajo la dirección y supervisión del fiscal. Esta sinergia es crucial para el éxito de cualquier pesquisa criminal.

En el contexto del caso Provías Descentralizado, se observa claramente esta dinámica. Los fiscales del Quinto Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, liderados por la fiscal Karla Zecenarro Monge y con la participación del fiscal adjunto Jhon Tomasto Medrano, fueron quienes dispusieron la diligencia en la vivienda de Breña. Los agentes de la Dirección Contra Corrupción (Dircocor) de la PNP, especializados en la lucha anticorrupción dentro de la institución policial, fueron los encargados de ejecutar la orden, brindando seguridad y soporte técnico para la verificación y recojo de información de las cámaras de videovigilancia. Esta especialización de la Dircocor es fundamental, ya que sus miembros están entrenados para manejar evidencias sensibles y operar en entornos de alta complejidad.

El Caso Provías Descentralizado: Un Ejemplo de Investigación Fiscal

El caso Provías Descentralizado es un claro ejemplo de la complejidad de las investigaciones por delitos de corrupción de funcionarios en Perú. Se centra en presuntas irregularidades en la licitación No 01-2021-MTC712 para la “Construcción del puente vehicular Tarata sobre el río Huallaga”, un proyecto de gran envergadura valorado en más de 232 millones de soles. La investigación busca determinar si hubo colusión y tráfico de influencias que beneficiaron al Consorcio Puente Tarata III.

La diligencia en la casa de la calle Sarratea, en Breña, fue un punto neurálgico en esta investigación. Esta vivienda, que sirvió como alojamiento para el entonces presidente Pedro Castillo durante su campaña y el inicio de su gobierno, se convirtió en un foco de interés debido a las reuniones que allí se habrían sostenido con diversos actores, incluyendo congresistas, ministros y particulares como la empresaria Karelim López. La sospecha recae en que estas reuniones podrían haber influido en las adjudicaciones de contratos en Provías Descentralizado y Petroperú, lo que llevó a la Fiscalía a buscar evidencia crucial.

El objetivo de la diligencia era verificar y recabar los videos originales de las cámaras de seguridad internas y externas del inmueble, correspondientes al 19 de noviembre de 2021. La obtención de estos videos sin editar es vital para reconstruir los hechos, identificar a los visitantes y determinar si hubo encuentros que pudieran sustentar las acusaciones de tráfico de influencias o colusión. La transparencia y la integridad de la evidencia, en este caso los videos, son pilares para la validez de cualquier investigación criminal.

La Importancia de la Recopilación de Pruebas: Cámaras de Videovigilancia

En la era digital, las cámaras de videovigilancia se han convertido en una herramienta invaluable para la investigación criminal. En el caso Provías Descentralizado, la solicitud de los videos de la casa de Sarratea no es un detalle menor; es una acción estratégica para obtener evidencia objetiva y contundente. Los videos pueden corroborar o desmentir testimonios, identificar personas, registrar horarios de entrada y salida, y en general, proporcionar un registro visual inalterable de los eventos.

La insistencia en que los videos sean “originales sin editar” es crucial. Cualquier manipulación podría invalidar la prueba o generar dudas sobre su autenticidad. Por ello, la presencia de peritos y analistas de la Gerencia de Peritajes del Ministerio Público, junto con los fiscales y agentes policiales, asegura que la recolección se realice siguiendo los protocolos de cadena de custodia, garantizando la integridad de la evidencia desde el momento de su incautación hasta su presentación en un eventual juicio. Este rigor es fundamental para construir un caso sólido y evitar futuras impugnaciones.

Inmunidad Presidencial y el Curso de las Investigaciones

Un aspecto complejo que rodea las investigaciones que involucran a altos funcionarios, como se mencionó en el caso del presidente Pedro Castillo, es la aplicación de la inmunidad presidencial. En Perú, el artículo 117 de la Constitución Política establece que el Presidente de la República solo puede ser acusado, durante su período, por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en la Constitución, y por impedir el funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral. Esta disposición implica que el presidente no puede ser procesado judicialmente por otros delitos mientras esté en funciones.

Aunque la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, decidió abrir una investigación preliminar al presidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de tráfico de influencias y colusión, esta quedó suspendida debido a la interpretación de esta norma constitucional. Esta situación genera un debate constante sobre el equilibrio entre la necesidad de investigar posibles delitos y el respeto a las garantías constitucionales del cargo. No obstante, las investigaciones pueden avanzar sobre otros implicados que no gozan de esta prerrogativa, como Karelim López, Bruno Pacheco, funcionarios de Provías Descentralizado y otros particulares, quienes sí pueden ser sometidos a procesos judiciales.

Preguntas Frecuentes sobre Fiscales y Corrupción en Perú

A menudo, surgen dudas sobre el funcionamiento de la justicia y los roles de sus actores, especialmente en casos de alto perfil como los de corrupción. Aquí respondemos algunas de las preguntas más comunes:

¿Cuál es la diferencia entre un fiscal y un juez?

El fiscal, parte del Ministerio Público, es el encargado de investigar el delito, acusar a los presuntos responsables y defender la legalidad y los intereses de la sociedad. El juez, parte del Poder Judicial, es el encargado de impartir justicia, es decir, de juzgar los casos, determinar la culpabilidad o inocencia de los acusados y aplicar las penas correspondientes, basándose en las pruebas presentadas por el fiscal y la defensa.

¿Qué es la Dircocor y cuál es su rol?

La Dirección Contra Corrupción (Dircocor) es una unidad especializada de la Policía Nacional del Perú. Su rol principal es la prevención, investigación y lucha contra los delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos. La Dircocor trabaja en estrecha coordinación con el Ministerio Público, ejecutando las órdenes fiscales, realizando operativos y recabando pruebas en casos de corrupción.

¿Por qué el Ministerio Público dirige la investigación y no la policía?

Esta estructura se basa en el modelo procesal penal acusatorio, donde el Ministerio Público es el titular de la acción penal pública. Se considera que el fiscal, como garante de la legalidad y la objetividad, debe dirigir la investigación para asegurar que se respeten los derechos de todos los involucrados y que la búsqueda de la verdad se realice de manera imparcial. La policía, aunque experta en la recolección de pruebas y la técnica policial, actúa bajo la dirección jurídica del fiscal para evitar excesos y garantizar el debido proceso.

¿Qué significa “tráfico de influencias” y “colusión”?

El tráfico de influencias es un delito donde una persona, usando su supuesta o real influencia sobre un funcionario público, busca obtener un beneficio indebido para sí o para un tercero. La colusión es un delito que implica un acuerdo ilícito entre un funcionario público y un particular (o entre particulares) para defraudar al Estado, generalmente en procesos de contratación pública, causando un perjuicio económico.

¿Qué papel juegan las cámaras de seguridad en una investigación?

Las cámaras de seguridad proporcionan evidencia visual que puede ser crucial. Permiten registrar eventos, identificar personas, establecer cronologías y corroborar o refutar testimonios. Son una herramienta poderosa para la reconstrucción de los hechos y la obtención de pruebas objetivas, siempre que su obtención y manejo se realicen bajo los protocolos legales para preservar su cadena de custodia e integridad.

En resumen, la figura del Fiscal Adjunto Provincial, como Jhon Tomasto Medrano, es fundamental para el funcionamiento del sistema de justicia en Perú, especialmente en la lucha contra la corrupción. Su labor, en estrecha coordinación con unidades especializadas de la Policía Nacional como la Dircocor, es la de investigar, recopilar pruebas y perseguir el delito, garantizando la legalidad y buscando la verdad en casos que, como el de Provías Descentralizado, impactan directamente en la confianza pública y el desarrollo del país. La complejidad de estos casos exige un trabajo meticuloso y una comprensión profunda de las leyes y los procedimientos, reafirmando el compromiso del Ministerio Público con la justicia y la defensa de los intereses de todos los ciudadanos.

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