La Politización en Tumbaya: Desunión y Autenticidad

En el corazón de la Quebrada de Humahuaca, en la provincia argentina de Jujuy, se asienta Tumbaya, un lugar cuya historia reciente ilustra de forma profunda la complejidad de los procesos de reconocimiento indígena y las dinámicas internas de las comunidades. Lo que para muchos podría parecer un triunfo –la restitución de 24.000 hectáreas de tierras a sus antiguos arrenderos, ahora reconocidos como la Comunidad Aborigen Kolla de Finca Tumbaya (CAKFT)– se convirtió, paradójicamente, en el escenario de un fenómeno que sus propios miembros denominaron la politización. Este término, lejos de ser una abstracción académica, encapsula el malestar y la percepción de desunión que emergió tras la formalización de la comunidad, desafiando las expectativas de cohesión y el ideal de una ‘unión’ primigenia.

La historia de Tumbaya es un microcosmos de los vaivenes que han configurado la identidad y la tenencia de la tierra en las tierras altas de Jujuy. A principios de la década de 1980, las familias arrendatarias de la Finca Tumbaya, que habían habitado esas tierras desde “el tiempo de los abuelos”, iniciaron un arduo proceso para obtener la posesión legítima. Este esfuerzo culminó en 1998, cuando una Ley Nacional de expropiación les otorgó las tierras en forma de posesión comunitaria. La posterior tramitación de su personería jurídica como Comunidad Aborigen Kolla de Finca Tumbaya significó un cambio trascendental: pasaron de ser meros arrendatarios a propietarios comunales, amparados en su condición de indígenas collas.

Este caso se inscribe en un proceso más amplio de ‘restitución’ de tierras a más de un centenar de comunidades que se organizaron en Jujuy durante la década de 1990. Estos movimientos comenzaron a revertir una “historia del despojo” que se remonta a la colonia y la república, una narrativa que había sostenido que la desarticulación de las tierras comunales a mediados del siglo XIX había diluido la identidad étnica de los pobladores, transformándolos en una clase social, donde “los indios dejaron de ser indios”. Esta perspectiva materialista se combinó con las “narrativas de extinción” que, desde la historiografía, arqueología y geografía, daban por muertos o asimilados a los indígenas quebradeños, a pesar de que sus cuerpos y “prácticas culturales” persistían en los hogares. Tales visiones, ancladas en teorías de aculturación y mestizaje, generaron representaciones académicas de una identidad “difusa” o “camuflada”, siempre interpretada como “resistencias” acompañadas de “acomodaciones”.

Sin embargo, la investigación en Tumbaya reveló una realidad mucho más compleja. Las comunidades actuales no son idénticas a las que perdieron sus tierras siglos atrás, ni la cultura es una entidad estática o una simple adaptación a las demandas políticas. Las identidades, la cultura y la política son, en Tumbaya, objetos en disputa y procesos en tensa definición, complejamente insertos en las tramas sociales e históricas locales. Aquí, los “criterios de razón etnológica” que clasificaron a los grupos locales desde el Estado y la academia, chocaron con las propias prácticas de los interlocutores, quienes se clasificaban y distinguían de maneras paralelas. Esta visión llevó a la tesis a situarse en el campo de los estudios de etnogénesis, un enfoque que da cuenta de cómo las “distintividades grupales” se establecen a través de largos procesos de transformaciones étnicas. La emergencia indígena colla de la década de 1990 es solo un momento dentro de una historia más amplia de relaciones entre grupos y categorías étnicas que se crean, utilizan, desechan y transforman.

La tierra ha sido el eje central de esta etnogénesis regional. Los cambios en las nominaciones étnicas y sus marcaciones o invisibilizaciones estuvieron siempre ligadas a las discontinuidades, conflictos y disputas por la propiedad y el acceso a la tierra. La historiografía regional asoció la pérdida de tierras comunales con la desaparición de identidades étnicas, mientras que la legislación provincial del siglo XX vinculó “identidad indígena” con “propiedad de la tierra”. La lucha por el territorio de la finca fue, por lo tanto, el aspecto medular de la organización de la comunidad en Tumbaya. No obstante, la adjudicación de las tierras en posesión comunitaria no amortiguó las tensiones preexistentes, ni restauró un estado idílico de relaciones primordiales.

El principal efecto de la expropiación fue la donación de tierras a los antiguos arrendatarios, pero esta nueva propiedad comunal, administrada por el Consejo de Delegados Aborígenes, se articuló con experiencias históricas, memorias y relaciones sociales locales que contradecían y tensionaban la figura jurídica de la comunidad prescrita por el Estado. Fue en este contexto donde surgió la categoría de la politización. El Consejo, como órgano de administración y representación, se convirtió en un espacio cuyas prácticas comenzaron a ser cuestionadas por los ex arrendatarios. La politización, asociada a un problema que se percibía en la recién formada comunidad, era la desunión de sus miembros “por culpa de la política”.

Aquí radica la ambigüedad de la “política” como categoría nativa. Por un lado, la “política” puede ser valorada positivamente, como un dominio que garantiza demandas ciudadanas y el bienestar colectivo a través de ayudas y colaboración. Esta forma de política, prácticamente homologada al Estado, es a la que se demanda reconocimiento en los espacios públicos. Sin embargo, la “politización” siempre fue referida de modo negativo. Es el proceso por el cual la política, en lugar de generar cohesión e igualdad, comienza a ser percibida como una fuerza que produce desigualdad social: “algunos ya quisieron ser más que otros”. La paradoja es evidente: la organización de la comunidad aborigen, destinada a fortalecer lazos, coincidió en los relatos con el inicio de la desunión.

La llegada de los planes sociales en la década de 1990 tuvo un impacto sustancial en la estructura de las relaciones sociales locales. Actividades que antes establecían cooperación e intercambios entre familias –como el arreglo de caminos o acequias– comenzaron a ser ejecutadas por los beneficiarios de los planes a través de la mediación de burócratas locales. Esto generó un reacomodo conflictivo de las relaciones de reciprocidad, pues las ayudas que antes se daban mutuamente, ahora eran mediadas por el Estado y administradas por personas que, al parecer, distribuían recursos de manera arbitraria y diferencial. Esta práctica del Consejo profundizó las desigualdades, alimentando los sentidos más dramáticos de la desunión, donde “ya todos quisieron ser más que todos”.

La percepción de la desunión en Tumbaya también se vio influenciada por la posesión diferencial de capital educativo. Durante el sistema de arriendo, la participación en la educación formal era mínima, con la mayoría de los ancianos y muchos adultos siendo analfabetos. Sin embargo, las generaciones más jóvenes han tenido acceso a la primaria y secundaria. Esto ha generado una paradoja: mientras los ancianos lamentan no haber podido estudiar y valoran el trabajo del campo, critican que los jóvenes no se ocupen de las “cosas del campo” debido a su inclusión en la educación formal y el trabajo fuera del ámbito rural. Esta diferencia generacional también contribuye a la sensación de fractura dentro de la comunidad.

Para comprender la magnitud de esta desunión, es crucial recordar las “memorias arrenderas”. Estas memorias se estructuran en torno a las prácticas, representaciones y formas productivas y rituales que regulaban la relación entre los arrenderos entre sí y con los patrones. La finca, como unidad de extracción de renta, funcionó a través de acuerdos y convenios flexibles que estructuraron las condiciones de reproducción de las relaciones sociales por más de un siglo. La unión era la categoría nativa que significaba las relaciones entre los arrendatarios antes de la expropiación. La comunidad representada era la de una unidad social sin conflictos aparentes, donde las ayudas recíprocas regulaban relaciones altamente solidarias. La desarticulación de estas relaciones de arriendo, paradójicamente, generó una nueva desestructuración económica y social, similar a la que dio origen a su articulación a mediados del siglo XIX.

La “politización” es, en su sentido nativo central, el proceso por el cual la política, en lugar de generar cohesión y orientar la reproducción social en términos de una siempre relativa igualdad, comienza a ser percibida como generadora de desunión, al producir desigualdad social. La organización de la comunidad aborigen, en los relatos de sus miembros, coincide con el inicio de esta desunión. En el marco de las luchas por orientar y definir la representación de la comunidad, emergieron contradicciones donde el Consejo de Delegados no logró instituirse como un mecanismo nivelador, profundizando las desigualdades entre los arrenderos a través de prácticas de distribución arbitraria de recursos.

En este nuevo panorama, la experiencia arrendera se mantuvo como el núcleo central de identificación y pertenencia de los miembros de la comunidad aborigen. Sin embargo, otra variable comenzó a formar parte del juego social local: la reflexión sobre la cultura como algo que se posee, se rescata, se valora y se debe respetar. Esto fue propiciado por organizaciones que agenciaron la “revalorización cultural de las comunidades” desde una concepción de los collas como “sujetos con cultura”. La declaración de la Quebrada de Humahuaca como “Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad” por la UNESCO en 2003, aunque un reconocimiento externo, también hizo de “la cultura” un objeto de disputa por su representación y por la orientación de sus sentidos de autenticidad locales. El criterio de autenticidad aborigen en Tumbaya se construyó en torno a la unión entre las familias, una idea que regula la legitimidad de la comunidad en distintos espacios de la vida social local.

Un ejemplo claro de esta tensión entre política y autenticidad se observa en las elecciones municipales. Aunque los interlocutores de la investigación afirmaban que “acá todo es política”, categorizaban específicamente las campañas electorales y las elecciones como “el tiempo de la política”. El análisis etnográfico de la derrota electoral de la coordinadora de la comunidad aborigen, candidata a comisionada municipal, reveló las complejidades del juego político local. La candidata, Olivia, basó su campaña en su rol como coordinadora, utilizando discursos y símbolos relacionados con significantes indígenas (la “sabiduría de los abuelos”, la wipala, rituales a la Pachamama). Sin embargo, esto entró en contradicción con el hecho de que gran parte de los votantes fueron ancianos que rechazaban esta “representación hiperreal de autenticidad”. Además, la ineficacia de Olivia en cumplir con el criterio principal que legitimaba su rol como coordinadora –la escrituración definitiva de las tierras de la finca– minó su apoyo.

Para la mayoría de los votantes, el cambio se vinculó con la necesidad de una política que no produjera desunión ni profundizara la diferenciación social. El ideal de la comunidad aborigen auténtica en Tumbaya es el de una comunidad rural donde prima la unión entre las familias y donde “nadie es más que nadie”. Este criterio, sedimentado por generaciones de experiencias, opera de manera central en la regulación de las relaciones sociales. La “politización”, en este contexto, deslegitima la comunidad aborigen auténtica, ya que interviene desequilibrando un orden social ideal que busca la igualdad. Muchas de las variables que los miembros de la CAKFT identifican como causantes de la desunión se originaron con la constitución del Consejo de Delegados.

La persistencia de la negación teórica de la aboriginalidad colla, a pesar de la omnipresencia de la categoría ‘colla’, llevó a un reto central en la investigación: desentrañar la aparente paradoja de una etnicidad a la vez discontinua y persistente. La categoría “colla” ha sido históricamente compleja y ambigua: negada en su aboriginalidad por el Estado provincial, reproducida como categoría de clase por la academia, y racializada fenotípicamente y convertida en un estigma. Sin embargo, las identificaciones indígenas perduraron y se recrearon, emergiendo en revueltas por tierras, en las voces de los peones de excavaciones arqueológicas, y en las memorias sobre los abuelos. La “politización” en Tumbaya, al ser una categoría nativa que objetiva el malestar por la desunión, es un reflejo de estas complejas y contradictorias interacciones históricas y sociales.

El caso de Tumbaya demuestra que la emergencia indígena no es un mero efecto de coyunturas políticas o legislaciones, sino que se articula con trayectorias, memorias y sentidos de identificación y pertenencia anclados en afiliaciones étnicas sometidas a procesos de alterización. La experiencia de Tumbaya, con su politización y sus disputas por la autenticidad, revela que la “polis colla” es compleja, paradójica y ambigua, abierta a los caminos de futuras y nuevas articulaciones históricas.

Preguntas Frecuentes sobre la Politización en Tumbaya

Si quieres conocer otros artículos parecidos a La Politización en Tumbaya: Desunión y Autenticidad puedes visitar la categoría Policía.