18/02/2024
La relación entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y las comunidades en la región de Puno ha sido, en los últimos meses, un campo minado de tensión, dolor y desconfianza. Tras la devastadora masacre de 18 personas en Juliaca, un trágico evento que marcó un antes y un después en la percepción pública de la autoridad, los ojos del país se posaron en la respuesta de las fuerzas del orden. Sin embargo, lo que ocurrió después, especialmente en localidades como Macusani y la infame La Rinconada, revela una compleja trama de brutalidad, ausencia de ley y, en un giro sorprendente, un atisbo de reconciliación que desafía la narrativa oficialista.

La indignación popular, lejos de disiparse, se intensificó con cada nuevo incidente. La represión de las protestas, que buscaban respuestas y justicia, solo añadió más combustible a un fuego que ya ardía. En este contexto, el comportamiento de la PNP ha sido objeto de escrutinio nacional e internacional, poniendo de manifiesto la urgente necesidad de una reforma profunda y un replanteamiento de su rol en la sociedad peruana. Este artículo profundiza en los eventos que siguieron a la masacre de Juliaca, explorando las acciones policiales, las reacciones comunitarias y el profundo vacío legal que persiste en algunas de las zonas más vulnerables de Puno.
El Incidente en Macusani: Un Punto de Inflexión Doloroso
El 18 de enero, pocos días después de la masacre que enlutó a Juliaca, la tensión en Macusani, capital de la provincia de Carabaya, Puno, alcanzó su punto de ebullición. Durante una manifestación, agentes de la PNP abrieron fuego, cobrando la vida de Salomón Valenzuela y Sonia Aguilar. Este acto de violencia desató la furia de los lugareños, quienes, en un estallido de indignación, prendieron fuego a la comisaría local. La respuesta de los policías fue abandonar el puesto, dejando a la comunidad sumida en una sensación de desprotección y abandono. El retorno de la PNP a Macusani, gestionado con el alcalde, se planteó como un nuevo comienzo, una oportunidad para restaurar la confianza y reconstruir una relación fracturada. Sin embargo, la fragilidad de este pacto se puso a prueba casi de inmediato.
Un Caso de Violación que Reaviva la Tensión
La precaria paz en Macusani se vio nuevamente amenazada por un grave incidente. Una mujer de la localidad denunció haber sido violada por un agente policial. Este caso, de extrema sensibilidad, reavivó las cicatrices de la represión y la desconfianza acumulada. La noticia se propagó rápidamente, y las rondas campesinas, guardianes de la justicia comunal, convocaron de urgencia una asamblea el 16 de abril. El ambiente era tenso, cargado de enojo y frustración. La comunidad exigía respuestas y, sobre todo, justicia. La asamblea no solo abordaría el caso de violación, sino que se convertiría en un foro para expresar el profundo malestar con el actuar de la PNP en los últimos meses.
La Asamblea de Rondas Campesinas: Un Diálogo Inesperado
La Plaza de Macusani fue el escenario de una asamblea trascendental. Voces en castellano y quechua se alzaron, expresando el dolor, la rabia y la demanda de respeto. Nadie escondió su enojo; algunos incluso culparon a las cantinas y al alcohol por la degradación de la conducta policial. Pero más allá de las discrepancias, un sentimiento unánime prevalecía: la exigencia a la Policía de enmendar su conducta —no matar ni violar— y la disposición a darles una nueva oportunidad para que pudieran trabajar en conjunto con las rondas. Este deseo de conciliar, de buscar un camino hacia la cohabitación pacífica y el respeto mutuo, contrastaba drásticamente con la narrativa de confrontación que imperaba en otras esferas del país.
La Sorprendente Actitud del General PNP Enrique Hugo Felipe Monroy
Cerca del final de la asamblea, el presidente de las rondas invitó a hablar a un oficial de la PNP, a quien se refirió como “el capitán” encargado de la comisaría. Lo que siguió fue un momento que pocos esperaban. El oficial, con un tono sincero y visiblemente avergonzado por su institución, tomó la palabra. Explicó que al agente acusado de violación se le había impuesto la sanción más severa: había sido separado de la PNP y puesto a disposición de la Fiscalía. Acto seguido, pidió disculpas sin remilgos, expresando su voluntad de trabajar junto con las rondas y de respetar sus decisiones.
Pero el punto culminante de su intervención llegó cuando, en respuesta a unas mujeres que le pidieron identificarse, reveló su nombre y rango: “Yo soy el general de la Policía Nacional Enrique Hugo Felipe Monroy”. Su alto rango, y el hecho de estar a cargo de la macrorregión policial de Puno, solo potenciaba el peso de cada una de sus palabras y la trascendencia de la asamblea misma. Su actitud, lejos del “espíritu de cuerpo” que a menudo protege la mala conducta, fue un acto de responsabilidad y transparencia que sorprendió y conmovió a los presentes.
Contraste de Actitudes: Gobierno vs. Comunidad
La actitud del General Monroy en Macusani se erigió como un faro de esperanza en medio de la oscuridad que ha envuelto la conducta de la PNP en los últimos meses de protestas. Mientras la policía ha reprimido innumerables marchas pacíficas con brutalidad injustificada y letal, resultando en la ejecución extrajudicial de 39 peruanos (incluyendo menores de edad, y dos de ellos en Macusani), la presidenta Boluarte ha mantenido una postura inflexible, cínica y negacionista. Lejos de buscar la enmienda, la presidenta y su premier, con el eco de ciertos “líderes de opinión”, han optado por culpar a las víctimas, tildándolas de “vándalos”, “terroristas” y “violentistas”.
Este contraste es abismal y pone de manifiesto una profunda desconexión entre el Estado central y las realidades que viven sus ciudadanos en las regiones. Mientras en Lima se militarizan plazas y se declaran “zonas intangibles” para silenciar la protesta, en Macusani, en una plaza pública, se gestaba un ejercicio democrático notable, donde la discrepancia fue parte del diálogo, tal como lo condensó un comunero: “se puede discrepar”, “asamblea es democracia”.
| Aspecto | Actitud del General Monroy (Macusani) | Actitud del Gobierno (Dina Boluarte) |
|---|---|---|
| Responsabilidad | Asumida, pidió disculpas en nombre de la institución. | Negacionista, culpó a las víctimas de la violencia. |
| Sanciones | Aplicó la sanción más severa (separación y Fiscalía). | No se observaron signos de enmienda o autocrítica. |
| Diálogo | Voluntad de trabajar junto con las rondas campesinas. | Inflexible, recurrió a la represión y militarización. |
| Percepción | Sincero, busca conciliar y restaurar la confianza. | Cínica, estigmatizadora, sin empatía. |
Macusani: Un Modelo de Democracia en Crisis
La asamblea de Macusani fue, sin duda, un ejercicio democrático notable en un país que atraviesa un serio proceso de descomposición institucional, social, ética y política. Se realizó en una plaza pública, un contraste flagrante con las principales plazas de Lima, militarizadas y declaradas “zonas intangibles”, donde expresar una opinión pública se ha vuelto un riesgo. No se trata de idealizar la asamblea de Macusani, donde también salieron a relucir discrepancias y tensiones, incluso de género. Pero la capacidad de discrepar, de debatir en un espacio abierto y respetuoso, es precisamente la esencia de la democracia.
La Percepción Sesgada de Lima
La paradoja es aún mayor cuando se repara que quienes buscan conciliar democráticamente con una institución del Estado que los ha violentado severamente son sistemáticamente estigmatizados como “terroristas” y “vándalos” por ese mismo Estado. La admiración crece al ver cómo estas comunidades intentan tender puentes para defender una institucionalidad que las más altas esferas del Estado vienen horadando sistemáticamente. Sin embargo, lo único que se sabe en Lima de Macusani (si acaso algo) es que “vándalos” incendiaron la comisaría. Este evento, como diría el antropólogo haitiano Michel Rolph-Trouillot, es convertido en un “no evento”, sepultado por un silencio estigmatizador y discriminador.
Esta asamblea, que pudo parecer excepcional desde el presente, quizá lo sea por la falta de visibilización mediática de este tipo de eventos. Pero no lo es desde la historia. Son, con frecuencia, las comunidades más vulneradas y estigmatizadas por el Estado las que luchan por defender la institucionalidad de ese mismo Estado como una manera de empoderarse y defender sus derechos. No fue por azar que el presidente de las rondas de Macusani citara en la asamblea el artículo 149 de la Constitución, que les otorga autoridad jurisdiccional. Estas comunidades, a menudo, están mejor informadas de las leyes que en la propia capital.
La Falta de Ley en Juliaca y La Rinconada: Un Contexto Cruel
La situación de Juliaca, y especialmente de La Rinconada, la “ciudad más alta del planeta”, a más de 5000 metros de altura en el nevado de Ananea, Puno, es un crudo ejemplo de la ausencia de ley y la precariedad extrema que sufren miles de peruanos. Este enclave, donde unas 70,000 personas sobreviven persiguiendo el sueño del oro, es un microcosmos de las consecuencias de la desatención estatal y la falta de una presencia policial efectiva.
La Rinconada es un asentamiento inviable: no existen redes de agua potable, ni de alcantarillado, ni calefacción, y por supuesto no hay tratamiento de residuos. Las calles están siempre cubiertas de lodo, una mezcla de nieve derretida, agua de lavaderos, desagües, mercurio de los relaves mineros y heces humanas. La basura lo cubre todo, creando un gran vertedero al aire libre. En este ambiente hostil, la supervivencia es una lucha diaria, y la ausencia de una autoridad visible y funcional agrava todos los problemas.
Un Territorio sin Ley: Prostitución, Crímenes y Desapariciones
La falta de agentes de policía convierte a La Rinconada en una ciudad sin ley, un lugar donde la prostitución, los asesinatos y las desapariciones están a la orden del día. La mayoría de los sucesos quedan sin resolver, y la impunidad es la norma. Los pocos extranjeros que se atreven a visitar este lugar son advertidos de informar de su viaje en la comisaría de Juliaca, una medida que subraya la peligrosidad del área y la ineficacia de la protección policial local. La presencia policial es tan escasa que no puede garantizar la seguridad básica de sus habitantes.
Este panorama de caos y abandono se remonta a décadas. Entre los años setenta y ochenta, La Rinconada era solo un pequeño asentamiento de campesinos empobrecidos. Pero la fiebre del oro atrajo a mineros informales, campesinos, obreros desempleados y comerciantes de todas partes, sin importarles las condiciones climáticas extremas, la altitud o un sistema de trabajo más propio de esclavos. La crisis económica solo aceleró esta avalancha, triplicando su población en menos de diez años. Este crecimiento desmedido y desorganizado, sin la supervisión ni la infraestructura del Estado, creó un caldo de cultivo para la ilegalidad y la violencia.
El "Cachorreo" y la Explotación Minera
La Corporación Minera Ananea tiene la concesión estatal para la explotación en el nevado Ananea, pero subarrienda la explotación de cada socavón a unos cuatrocientos operadores mineros o contratistas. Estos, a su vez, subcontratan a los mineros, quienes trabajan en condiciones extremas, introduciéndose en galerías de más de un kilómetro dentro del glaciar, donde escasea el oxígeno y la humedad cala hasta los huesos.
El sistema de pago, conocido como “cachorreo”, es una forma de explotación brutal. Los mineros trabajan veinticinco días gratis para el contratista y solo cinco días para beneficio propio. Esto significa que nunca saben cuánto ganarán a final de mes. Con suerte, pueden conseguir unos miles de soles, pero si no la hay, pueden trabajar gratis ese mes. La precariedad laboral y la incertidumbre económica son la norma.
El proceso de extracción de oro es igualmente precario y peligroso. A diferencia del trabajo para el contratista, que utiliza taladro neumático, en el cachorreo todo el proceso es manual. Los mineros extraen las piedras y las llevan al quimbalete o molino, donde las trituran y, con la ayuda de agua y mercurio, separan el oro del resto de minerales. El uso de mercurio es uno de los principales problemas de salud en La Rinconada. El acopiador calienta la amalgama de mercurio y oro con un soplete, evaporando el mercurio que se queda en el ambiente y es inhalado por la población. Este mercurio también se adhiere a la nieve, que al derretirse, se utiliza como agua de consumo, contaminando gravemente a la población.
Las Pallaqueras: La Lucha de las Mujeres
En La Rinconada, las mujeres tienen prohibido entrar en los socavones, bajo la creencia de que la montaña es “celosa” y el oro desaparecería si ellas entran. Así, cientos de mujeres, conocidas como “pallaqueras”, se dedican a escarbar, encorvadas y con un martillo en las manos, en los desechos recién extraídos de la mina que descargan los camiones. Su tarea es buscar restos de oro entre las piedras que ya nadie quiere. Muchas llegaron siguiendo a sus maridos, para cuidarlos y evitar que gasten lo poco que ganan en las cantinas. Otras son madres solteras en busca de una vida mejor para sus hijos.
El pallaqueo es un trabajo puramente de suerte, pero muchas de estas mujeres se han organizado en asociaciones para mejorar sus condiciones. Aunque se sigue ganando muy poco, la organización les ha permitido establecer turnos y, en cierta medida, sacar a sus familias adelante. La resiliencia de estas mujeres es un testimonio de la dureza de la vida en La Rinconada y de su incansable lucha por la subsistencia y la educación de sus hijos, incluso en un ambiente tan hostil.
Preguntas Frecuentes
- ¿Qué fue la masacre de Juliaca?
- La masacre de Juliaca se refiere a los trágicos eventos ocurridos en enero, donde 18 personas perdieron la vida durante protestas, generando una profunda crisis y desconfianza hacia las fuerzas del orden.
- ¿Cómo reaccionó la policía en Macusani después de los asesinatos?
- Tras asesinar a Salomón Valenzuela y Sonia Aguilar, la policía en Macusani abandonó su comisaría, que fue incendiada por los indignados lugareños. Posteriormente, hubo un intento de retorno y reconciliación.
- ¿Quién es el General Enrique Hugo Felipe Monroy?
- El General Enrique Hugo Felipe Monroy es un oficial de alto rango de la PNP, encargado de la macrorregión policial de Puno, quien, en un acto inusual, se disculpó públicamente ante las rondas campesinas de Macusani por la conducta de un agente y asumió responsabilidad institucional.
- ¿Por qué La Rinconada es una “ciudad sin ley”?
- La Rinconada es considerada una “ciudad sin ley” debido a la casi total ausencia de agentes de policía y servicios básicos, lo que propicia la impunidad en casos de prostitución, asesinatos y desapariciones, y crea un ambiente de anarquía.
- ¿Qué son las rondas campesinas y cuál es su rol?
- Las rondas campesinas son organizaciones comunales de autodefensa y administración de justicia, reconocidas por la Constitución peruana (Artículo 149) con autoridad jurisdiccional, que buscan mantener el orden y resolver conflictos en sus comunidades.
- ¿Qué es el “cachorreo” en la minería de La Rinconada?
- El “cachorreo” es un sistema de trabajo explotador en las minas de La Rinconada, donde los mineros trabajan 25 días gratis para el contratista y solo 5 días para su propio beneficio, sin garantía de ingresos.
La situación en Puno, ejemplificada por los eventos en Juliaca, Macusani y La Rinconada, es un reflejo de los desafíos sistémicos que enfrenta Perú en materia de seguridad, justicia y gobernabilidad. Mientras en Macusani un general de la PNP ofrece una disculpa y busca el diálogo, la narrativa oficialista persiste en la negación y la criminalización de las protestas. La admiración por la perseverancia de las comunidades que, a pesar de la violencia y la estigmatización, buscan defender la institucionalidad del Estado para empoderarse y proteger sus derechos, contrasta con la ceguera de un Estado que a menudo ignora o reprime a sus propios ciudadanos.
La Rinconada, por su parte, es un recordatorio brutal de lo que sucede cuando el Estado es ausente. La falta de una presencia policial efectiva no solo permite la proliferación de la delincuencia y la explotación, sino que también condena a miles de personas a vivir en condiciones infrahumanas. Es imperativo que se reconozcan y aborden estas realidades, no solo para restaurar la confianza en las instituciones, sino para garantizar la dignidad y los derechos de todos los peruanos, especialmente en las zonas más vulnerables y olvidadas del país.
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