Prórroga de Emergencia en Lima y Callao: PNP al Mando

En un esfuerzo por mantener el orden interno y la seguridad ciudadana, el Poder Ejecutivo del Perú anunció en marzo de 2022 una importante prórroga del estado de emergencia en Lima Metropolitana y en la Provincia Constitucional del Callao. Esta medida, oficializada mediante el Decreto Supremo Nº 025-2022-PCM, extendió por 45 días calendario una situación excepcional que entregó a la Policía Nacional del Perú (PNP) el control de la situación, contando con el apoyo estratégico de las Fuerzas Armadas.

La decisión de prolongar el estado de emergencia reflejó una preocupación por la estabilidad y la paz social en dos de las zonas más densamente pobladas y, a menudo, complejas del país. A partir del 20 de marzo de 2022 y extendiéndose hasta la primera semana de mayo de ese mismo año, los ciudadanos de estas jurisdicciones vivieron bajo un régimen especial que, si bien buscaba garantizar su protección, implicó la suspensión temporal de ciertos derechos fundamentales.

La Prórroga Detallada: ¿Hasta Cuándo y Por Qué?

El Decreto Supremo Nº 025-2022-PCM estableció claramente el periodo de la prórroga: 45 días calendario, contados desde el 20 de marzo de 2022 hasta la primera semana de mayo. Durante este lapso, la Policía Nacional del Perú asumió la responsabilidad principal de mantener el control del orden interno, una tarea monumental que fue respaldada por la presencia y el apoyo estratégico de las Fuerzas Armadas.

La justificación subyacente a esta prórroga, aunque no se detalla explícitamente en el decreto las causas específicas de la emergencia inicial, siempre se enmarca en la necesidad de enfrentar situaciones que superan las capacidades ordinarias de las fuerzas del orden, como altos índices de criminalidad, desorden público o amenazas a la seguridad nacional. La intervención combinada de la PNP y las Fuerzas Armadas busca restaurar y garantizar la tranquilidad de la población, permitiendo una acción más contundente y coordinada frente a posibles amenazas.

Es crucial entender que un estado de emergencia no es una medida trivial. Se activa solo cuando las circunstancias lo ameritan, proporcionando a las autoridades herramientas legales adicionales para actuar de manera eficaz. La colaboración entre la policía y el ejército en estas situaciones es un mecanismo establecido en la legislación peruana para afrontar crisis de seguridad que requieren una respuesta a gran escala.

Derechos Constitucionales en Suspenso: ¿Qué Implica para el Ciudadano?

Uno de los aspectos más significativos de cualquier estado de emergencia es la suspensión de ciertos derechos constitucionales. El Decreto Supremo Nº 025-2022-PCM, en su segundo artículo, precisó cuáles fueron los derechos afectados durante este periodo en Lima y Callao. Estos incluyen:

• Inviolabilidad de domicilio: Normalmente, nadie puede ingresar a su domicilio sin una orden judicial o sin su consentimiento. Durante el estado de emergencia, las autoridades pueden ingresar a domicilios sin una orden judicial en situaciones específicas relacionadas con la emergencia, como la persecución de delincuentes o la prevención de actos ilícitos.
• Libertad de tránsito en el territorio nacional: Los ciudadanos tienen el derecho de moverse libremente por el país. Bajo el estado de emergencia, se pueden establecer restricciones al tránsito, como toques de queda, cierres de vías o la exigencia de permisos especiales para circular, aunque en esta prórroga específica no se detallaron toques de queda.
• Libertad de reunión: El derecho a reunirse pacíficamente, sin armas, es fundamental. Durante la emergencia, las reuniones públicas pueden ser prohibidas o restringidas, y las autoridades pueden disolver congregaciones que consideren una amenaza al orden público.
• Libertad y seguridad personales: Este derecho abarca la protección contra detenciones arbitrarias y la exigencia de ser puesto a disposición judicial en un plazo determinado. Aunque el derecho a la seguridad personal se mantiene, las condiciones de detención y los plazos pueden variar ligeramente para facilitar la acción de las autoridades en el marco de la emergencia.

Estos derechos, comprendidos en los incisos 9), 11), 12) y 24) literal f) del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, son pilares de la democracia. Su suspensión temporal se justifica únicamente por la necesidad imperiosa de restablecer el orden y la seguridad, siendo una medida excepcional y sujeta a estrictos controles legales. Es fundamental que la ciudadanía comprenda estas limitaciones temporales y colabore con las autoridades para el pronto restablecimiento de la normalidad.

El Marco Legal del Uso de la Fuerza: PNP y Fuerzas Armadas

La intervención de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas durante el estado de emergencia no es arbitraria; se rige por un estricto marco legal que regula el uso de la fuerza. Para la PNP, se aplica el Decreto Legislativo N° 1186, conocido como el Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú. Este cuerpo normativo establece los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad que deben guiar la actuación policial, asegurando que el uso de la fuerza sea el mínimo indispensable y siempre en defensa de la vida, la integridad y la ley.

Por su parte, la actuación de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional se rige por el Decreto Legislativo N° 1095, que establece las reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 003-2020-DE. Estas normativas definen cuándo y cómo las fuerzas militares pueden intervenir en situaciones de orden interno, enfatizando también los principios de proporcionalidad y respeto a los derechos humanos.

Esta doble regulación es vital para garantizar que, incluso en un estado de excepción, la actuación de las fuerzas del orden se mantenga dentro de los límites de la ley, protegiendo tanto la vida de los ciudadanos como la de los propios agentes. La transparencia y el apego a estos protocolos son esenciales para la legitimidad de las operaciones y para mantener la confianza pública.

Roles y Responsabilidades: Gobiernos Locales y Financiamiento

La implementación de un estado de emergencia no recae únicamente en la Policía y las Fuerzas Armadas. La norma detalló que la participación de los gobiernos locales y regionales de Lima Metropolitana y de la Provincia Constitucional del Callao se efectuó en el marco de la normatividad vigente en materia de seguridad ciudadana. Esto significa que las autoridades municipales y regionales, a través de sus planes y programas de seguridad, colaboraron activamente con las fuerzas del orden, aportando recursos, información y coordinando acciones en sus respectivas jurisdicciones.

Esta colaboración interinstitucional es fundamental para el éxito de cualquier estrategia de seguridad. Los gobiernos locales, al estar más cerca de la ciudadanía, tienen un conocimiento profundo de las problemáticas específicas de cada distrito, lo que permite una acción más focalizada y eficiente por parte de la PNP y las FF.AA.

En cuanto al aspecto financiero, el decreto especificó que la implementación de las acciones previstas se financió con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, de conformidad con la normatividad vigente. Esto asegura que los recursos necesarios para cubrir los costos operativos, logísticos y de personal derivados de la prórroga del estado de emergencia fueron asignados de manera adecuada, sin afectar otros programas o servicios esenciales del Estado.

El Decreto Supremo Nº 025-2022-PCM fue suscrito por las más altas autoridades del Poder Ejecutivo de ese momento, lo que subraya la importancia y el respaldo institucional a la medida. Las firmas incluyeron al Presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones; el Presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres Vásquez; el Ministro del Interior, Alfonso Chávarry Estrada; el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ángel Fernando Yldefonso Narro; y el Ministro de Defensa, José Luis Gavidia Arrascue. Esta pluralidad de firmas ministeriales refleja la naturaleza multisectorial de la decisión y el compromiso conjunto de varias carteras en la gestión de la seguridad interna del país.

Preguntas Frecuentes sobre el Estado de Emergencia

El estado de emergencia genera muchas dudas entre la población. A continuación, abordamos algunas de las preguntas más comunes relacionadas con esta medida:

¿Qué es un estado de emergencia?

Es una medida excepcional y temporal establecida por el Gobierno, en el marco de la Constitución Política del Perú, para enfrentar situaciones de grave alteración del orden público, catástrofes naturales o amenaza a la seguridad nacional. Permite la suspensión de ciertos derechos constitucionales con el fin de restaurar la normalidad.

¿Cuánto duró esta prórroga específica del estado de emergencia?

Esta prórroga tuvo una duración de 45 días calendario. Se inició el 20 de marzo de 2022 y se extendió hasta la primera semana de mayo de 2022.

¿Qué derechos constitucionales fueron suspendidos durante este periodo?

Se suspendieron los derechos relativos a la inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito en el territorio nacional, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales, según lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política del Perú (incisos 9), 11), 12) y 24) literal f)).

¿Puedo transitar libremente por Lima y Callao durante un estado de emergencia?

Durante un estado de emergencia, la libertad de tránsito puede ser restringida. Aunque esta prórroga no especificó toques de queda, las autoridades pueden imponer limitaciones al movimiento si lo consideran necesario para el control del orden interno. Es fundamental estar atento a los comunicados oficiales.

¿Quiénes estuvieron a cargo del control del orden interno durante esta prórroga?

El control del orden interno estuvo a cargo de la Policía Nacional del Perú, con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

¿Cuál fue el marco legal que reguló el uso de la fuerza por parte de las autoridades?

Para la Policía Nacional del Perú, se aplicó el Decreto Legislativo N° 1186. Para las Fuerzas Armadas, se utilizó el Decreto Legislativo N° 1095 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 003-2020-DE.

¿Quiénes firmaron el Decreto Supremo Nº 025-2022-PCM?

El decreto fue firmado por el Presidente de la República, el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro del Interior, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, y el Ministro de Defensa de ese momento.

¿Qué papel desempeñaron los gobiernos locales y regionales?

Los gobiernos locales y regionales de Lima Metropolitana y el Callao participaron en el marco de la normatividad vigente en materia de seguridad ciudadana, coordinando acciones y aportando recursos en sus respectivas jurisdicciones.

¿Cómo se financió la implementación de las acciones durante la emergencia?

Se financió con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, de conformidad con la normatividad vigente.

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