El Oncenio de Leguía: Auge y Caída de un Régimen

En la vasta y compleja historia del Perú, pocos periodos resuenan con la intensidad y controversia del Oncenio de Leguía. Abarcando desde 1919 hasta 1930, esta era estuvo marcada por el gobierno autoritario de Augusto B. Leguía, quien, de manera casi ininterrumpida, se mantuvo en el poder durante casi once años. Este lapso no solo redefinió el panorama político del país, sino que también sentó las bases para profundas transformaciones económicas y sociales. Para entender la magnitud de su impacto, es crucial analizar tanto los aspectos positivos de su gestión, como la innegable modernización y el impulso a la inversión, así como las sombras de la represión y los abusos de poder que oscurecieron su legado. A través de un examen objetivo, desentrañaremos las complejidades de un periodo que, sin duda, dejó una huella indeleble en la identidad peruana.

Contexto Histórico y Ascenso al Poder

El Oncenio de Leguía surgió en un Perú convulso, sumido en la inestabilidad política y una creciente crisis económica. La Primera Guerra Mundial había golpeado las exportaciones y disparado los precios de los bienes de primera necesidad, exacerbando una ya profunda división entre conservadores y liberales que dificultaba la gobernabilidad. En este escenario de descontento, Augusto B. Leguía, un político con experiencia previa en la presidencia, orquestó un golpe de Estado en la madrugada del 4 de julio de 1919, derrocando al entonces presidente José Pardo y Barreda.

Contando con el apoyo clave de la gendarmería y la inusual pasividad del Ejército, los partidarios de Leguía asaltaron el Palacio de Gobierno, apresaron y deportaron a Pardo. Tras este audaz movimiento, Leguía se autoproclamó presidente provisorio y disolvió el Congreso, un cuerpo que le era mayormente adverso. Inmediatamente, convocó a un plebiscito para validar una serie de reformas constitucionales, buscando, entre otras cosas, que el presidente y el Congreso fueran elegidos simultáneamente por periodos de cinco años. Este proceso culminó con la instalación de una Asamblea Nacional el 24 de septiembre de 1919, la cual, tras ratificar las reformas y el recuento de votos, proclamó a Leguía como presidente constitucional el 12 de octubre de 1919.

La Constitución de 1920: Un Documento con Doble Filo

Una de las primeras acciones de la recién instalada Asamblea Nacional fue la aprobación de la Constitución de 1920, que reemplazó a la de 1860. Esta nueva carta magna estableció un periodo presidencial de cinco años, la renovación integral del parlamento en paralelo a la presidencial, y, significativamente, el reconocimiento legal de las comunidades indígenas. El artículo 58, por ejemplo, declaraba que el Estado protegería al “estado indígena” y dictaría leyes especiales para su desarrollo, mientras que el artículo 41 garantizaba la imprescriptibilidad de los bienes de las comunidades indígenas. Sin embargo, muchas de estas innovaciones progresistas, lamentablemente, quedaron solo en el papel, sin una implementación efectiva que transformara la realidad de los pueblos originarios.

Un Gobierno Autoritario: El "Patria Nueva"

El Oncenio de Leguía se autodenominó la “Patria Nueva”, prometiendo una era de modernización y progreso. Sin embargo, esta visión se materializó bajo un gobierno marcadamente autoritario y centralista. Leguía estaba convencido de que el Estado debía ser el motor principal del desarrollo, distanciándose del modelo liberal predominante en el civilismo. Esto implicó una expansión sin precedentes del presupuesto de la República, destinado a financiar un ambicioso programa de obras públicas.

Para consolidar su poder y silenciar la disidencia, Leguía implementó una férrea política de represión política y censura. Las libertades civiles fueron restringidas, y la persecución de opositores se convirtió en una constante. Se realizaron arrestos y detenciones arbitrarias, mientras que la violencia fue una herramienta para acallar a los críticos. Periódicos y revistas fueron censurados o clausurados, y la información difundida por los medios de comunicación estaba bajo estricto control. Incluso figuras cercanas a Leguía, como su primo y ministro de Gobierno, Germán Leguía y Martínez, sufrieron prisión y destierro por oponerse a sus planes reeleccionistas. La corrupción y el nepotismo también florecieron bajo su administración, con beneficios personales derivados de contratos y concesiones a empresas extranjeras y a sus propios familiares, generando un profundo descontento popular.

Modernización y Desarrollo Económico

A pesar de su carácter autoritario, el Oncenio de Leguía impulsó una significativa modernización y desarrollo económico en el Perú. Una de las características más relevantes fue la promoción masiva de la inversión extranjera. Se facilitó la llegada de capitales y tecnología, especialmente de Estados Unidos, que gradualmente desplazó al capital británico como principal inversor. Este flujo de capitales fue crucial para el crecimiento económico y el financiamiento de grandes proyectos. El regreso de la política de los grandes empréstitos, algo que no se veía desde las décadas de 1860 y 1870, fue fundamental; el gobierno concertó enormes préstamos con la banca estadounidense para financiar su vasto plan de obras públicas, aunque esto también marcó el inicio de una creciente dependencia del Perú al capitalismo norteamericano.

El gobierno de Leguía también incentivó la industrialización, con un enfoque particular en la explotación de recursos naturales como el petróleo y el guano. Se promovió la creación de nuevas fábricas y se establecieron zonas francas para fomentar la manufactura, contribuyendo al crecimiento del sector industrial y la generación de empleo. En el ámbito agrícola, se implementaron políticas de fomento a la producción y la adopción de nuevas técnicas, buscando aumentar la productividad y diversificar los cultivos.

Obras Públicas y Urbanización

Uno de los legados más visibles del Oncenio de Leguía fue su ambicioso programa de obras públicas y urbanización, que buscó modernizar las ciudades peruanas y mejorar la infraestructura del país. Se construyeron extensas redes de carreteras, puentes y sistemas de transporte público, facilitando el comercio y la comunicación entre las diversas regiones.

Lima, la capital, fue el epicentro de grandes proyectos de embellecimiento y modernización. Se edificaron importantes construcciones públicas como el Palacio Legislativo y el Palacio de Justicia. Además, se crearon nuevas plazas y parques, siendo el Parque de la Exposición un ejemplo destacado, transformándose en un importante centro cultural y recreativo. Pero la modernización no se limitó a la capital; ciudades como Arequipa vieron la construcción del Puente Bolognesi y mejoras en sus calles, mientras que en Trujillo se erigió el Puente Bolívar y se ampliaron las vías principales. En el ámbito educativo, se crearon nuevas escuelas y colegios a lo largo del país, con edificios modernos y mejores condiciones de enseñanza, además de impulsar la educación técnica y profesional mediante institutos especializados.

Controversias y Cesiones Territoriales

El Oncenio de Leguía, si bien promotor de la modernización, también se vio envuelto en decisiones altamente controvertidas, especialmente en lo referente a la soberanía y los intereses nacionales. Dos casos emblemáticos fueron el problema de La Brea y Pariñas y la cesión de los ferrocarriles.

El Laudo de París: Un Acuerdo Desfavorable

El espinoso asunto de La Brea y Pariñas involucraba a la compañía estadounidense International Petroleum Company (IPC), filial de Standard Oil, que explotaba yacimientos petrolíferos en el norte del Perú sin pagar los impuestos reales debido a un antiguo error en la mensura. Aunque el Congreso había acordado someter el caso a un arbitraje internacional en 1918, Leguía, bajo presión de Estados Unidos, optó por un acuerdo transaccional. Este convenio, firmado el 2 de marzo de 1922 entre el canciller peruano Alberto Salomón y el representante inglés Mr. A. C. Grant Duff, fue presentado a un Tribunal Arbitral en París. El 24 de abril de 1922, sin mayor discusión, se aprobó el Convenio Transaccional, dándole el carácter de Laudo.

Las condiciones del Laudo de París resultaron, a todas luces, adversas para los intereses peruanos. Establecía un régimen de excepción tributaria para los explotadores de La Brea y Pariñas, lo que significó que el Fisco dejó de percibir cuantiosas sumas de dinero en impuestos. Además, los propietarios solo pagarían un millón de pesos oro americano por contribuciones devengadas hasta 1921. Este laudo sentó un precedente de sumisión a los intereses estadounidenses, generando protestas nacionalistas por décadas.

Cesión a Perpetuidad de los Ferrocarriles

Otra decisión polémica fue el convenio con la Peruvian Corporation, una compañía inglesa que explotaba los ferrocarriles nacionales desde 1890 bajo el Contrato Grace, con un plazo extendido hasta 1973 en 1907. Sin embargo, en 1928, el gobierno de Leguía firmó un nuevo contrato de permuta, cediendo a perpetuidad los ferrocarriles nacionales a cambio de compensaciones menores. Esta situación solo se revirtió en la década de 1970, cuando el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada estatizó los ferrocarriles a través de Enafer Perú.

Las Reelecciones y la Consolidación de la Dictadura

El afán de Leguía por perpetuarse en el poder fue evidente a través de sucesivas reformas constitucionales. Al acercarse el fin de su mandato en 1924, y con el apoyo de un Congreso sumiso, hizo reformar el artículo de la Constitución que prohibía la reelección presidencial inmediata. Tras barrer con toda oposición, fue reelegido en comicios carentes de garantías, jurando un nuevo periodo de cinco años (1924-1929). En 1929, nuevamente, propuso una reforma constitucional para permitir su reelección indefinida. El Congreso aprobó la enmienda, y Leguía fue reelegido en otras elecciones fraudulentas para un tercer periodo consecutivo, aunque este solo se extendería hasta 1930.

Críticas y Resistencia Ciudadana

A pesar de la represión y el control férreo del gobierno, la oposición al régimen leguiísta creció y se manifestó de diversas formas, desde protestas urbanas hasta rebeliones armadas en provincias.

Rebeliones en Provincias

El descontento popular se tradujo en estallidos de rebeliones en diversas regiones como Cuzco, Puno, Loreto, Apurímac, Huacho, Chicama y, particularmente, Cajamarca. En agosto de 1921, el capitán Guillermo Cervantes lideró un pronunciamiento en Iquitos, enfrentándose a las fuerzas gubernamentales. Aunque la rebelión no logró el apoyo esperado y Cervantes se vio forzado a retirarse a Ecuador en enero de 1922, demostró la fragilidad del control central.

Otros líderes como Augusto Durand, desterrado, regresaron en 1923 para organizar una revolución contra los planes reeleccionistas. Aunque fue apresado y falleció en circunstancias que generaron sospechas de envenenamiento, su muerte se atribuyó oficialmente a una dolencia preexistente. En noviembre de 1924, Arturo Osores, el coronel Samuel del Alcázar y el teniente Carlos Barreda intentaron otra insurrección en Chota, Cajamarca, logrando tomar la ciudad por cuatro días antes de ser derrotados y fusilados.

Rebeliones Indígenas y el Gamonalismo

Paradójicamente, a pesar de que Leguía fundó el Patronato de la Raza Indígena y mostró interés en legalizar a las comunidades, su gobierno presenció numerosas y severas represiones de rebeliones indígenas. Una de las principales causas de este descontento fue la impopular Ley de Conscripción Vial, que obligaba a la población indígena a trabajar como peones en las obras viales, una forma de trabajo forzado que revivía prácticas coloniales. Además, el abuso del gamonalismo, un sistema de explotación de campesinos que buscaba arrebatarles sus tierras y reducirlos a la servidumbre, continuó siendo una fuente de opresión. Entre 1921 y 1927, se registraron matanzas de indígenas en Layo y Tocroyoc (Cuzco), y una serie de sublevaciones en Ayacucho, La Mar, Tayacaja, Huancané, Azángaro y Quispicanchis. Este clima de descontento también propició el surgimiento del bandolerismo en las provincias, con figuras como Luis Pardo y Eleodoro Benel, que a menudo combinaban el asalto de caminos con un ideario político.

Balance del Oncenio de Leguía: Luces y Sombras

El Oncenio de Leguía es un periodo que genera un debate constante en la historiografía peruana, debido a la dualidad de sus resultados. A continuación, se presenta una tabla comparativa para resumir sus aspectos más destacados:

Fin del Oncenio y Consecuencias

El fin del Oncenio de Leguía estuvo marcado por una confluencia de factores internos y externos. La crisis mundial de 1929, conocida como la Gran Depresión, tuvo efectos devastadores en la economía peruana. La caída de los precios de las exportaciones peruanas y la drástica disminución de la demanda externa sumieron al país en una profunda recesión, provocando un alza en el costo de vida, escasez de subsistencias y desempleo masivo que afectó directamente a los sectores obreros.

El descontento ya latente por la corrupción administrativa, los beneficios para allegados al presidente y la firma de tratados con Colombia y Chile que implicaron cesión territorial, se exacerbó. El ejército, tradicionalmente un pilar de estabilidad, también comenzó a mostrar signos de descontento. En este ambiente de creciente malestar, los rumores de acciones subversivas y planes de asesinato contra el presidente se hicieron constantes.

El golpe de gracia llegó el 22 de agosto de 1930, cuando el comandante Luis Miguel Sánchez Cerro, al mando de la guarnición de Arequipa, se pronunció contra el gobierno. El movimiento revolucionario se propagó rápidamente por el sur del país y encontró un ambiente favorable en Lima. En las primeras horas de la madrugada del 25 de agosto, la guarnición de Lima exigió la renuncia de Leguía. Augusto B. Leguía aceptó y renunció al mando, que recayó en una Junta Militar de Gobierno presidida por el general Manuel María Ponce Brousset. Dos días después, Sánchez Cerro llegó a la capital y asumió la presidencia, poniendo fin a casi once años de gobierno leguiísta. Aunque se esperaba que este cambio trajera estabilidad, el Perú tardaría varios años en recuperarse de la grave crisis económica y política legada por el Oncenio.

Preguntas Frecuentes

1. ¿Cuándo ocurrió el Oncenio de Leguía?
El Oncenio de Leguía ocurrió entre los años 1919 y 1930.

2. ¿Quién fue Augusto B. Leguía?
Augusto B. Leguía fue un político y militar peruano que gobernó el país durante el periodo conocido como el Oncenio.

3. ¿Cuáles fueron las principales características del Oncenio de Leguía?
El Oncenio de Leguía se caracterizó por su autoritarismo, la modernización del país a través de grandes obras públicas, el fomento de la inversión extranjera, y una fuerte represión política y censura.

4. ¿Cuáles fueron los rasgos económicos más importantes del Oncenio de Leguía?
Los rasgos económicos más importantes fueron el desplazamiento gradual del capital británico por el norteamericano, la fuerte inversión extranjera, los grandes empréstitos con la banca estadounidense para financiar obras públicas, y el impulso a la industrialización y explotación de recursos naturales como el petróleo y el guano.

5. ¿Quién apoyó el golpe de Estado de Leguía en 1919?
El golpe de Estado de Leguía en 1919 contó con el apoyo de la gendarmería y la pasividad del Ejército, quienes asaltaron el Palacio de Gobierno y permitieron su ascenso al poder.

6. ¿Cuál fue el legado del Oncenio de Leguía en el Perú?
El legado del Oncenio de Leguía es contradictorio: incluye una significativa modernización de la infraestructura y la implementación de políticas económicas y sociales, pero también dejó un profundo impacto negativo debido a la represión política, la corrupción y una creciente dependencia económica.

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