Comandante PNP Zanabria: En el Ojo de la Tormenta

La Policía Nacional del Perú, pilar fundamental de la seguridad ciudadana, se encuentra una vez más en el centro de la atención pública, esta vez debido a una grave situación que involucra a su máxima autoridad. El Comandante General de la PNP, Víctor Zanabria, se halla actualmente en una posición delicada, enfrentando una solicitud de suspensión preventiva en el cargo por un período de 18 meses. Esta medida, solicitada por la Fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Arequipa, no es un hecho aislado, sino que se enmarca en una profunda investigación que podría tener repercusiones significativas no solo para Zanabria, sino para la imagen y credibilidad de toda la institución policial.

La trama que ha llevado al Comandante General a esta encrucijada legal es compleja y se conoce popularmente como el caso “Policías albañiles”. Las acusaciones son serias y apuntan a presuntos delitos de peculado doloso, colusión agravada y abuso de autoridad, entre otros. Estas imputaciones no solo cuestionan la integridad de un alto mando, sino que también ponen en tela de juicio el manejo de recursos y la asignación de personal dentro de la Policía Nacional. La sociedad peruana observa con atención cómo se desarrollan los acontecimientos, esperando transparencia y justicia en un caso que resuena en los cimientos de una de las instituciones más importantes del país.

¿Quién es Víctor Zanabria y cuál es su cargo actual?

Víctor Zanabria Angulo es, al momento de estas graves imputaciones y de la solicitud de suspensión, el Comandante General de la Policía Nacional del Perú, el cargo más alto dentro de la jerarquía de la institución policial. Su nombramiento al frente de la PNP lo posicionó como la cabeza visible de la lucha contra la criminalidad y el garante de la seguridad interna del país. Sin embargo, su trayectoria se ve ahora empañada por hechos que se remontan a su gestión anterior como jefe de la Región Policial de Arequipa.

Antes de asumir el mando a nivel nacional, Zanabria ocupó importantes posiciones, incluida la jefatura de una de las regiones policiales más grandes e importantes del sur del Perú. Fue precisamente durante su periodo en Arequipa, en noviembre de 2020, cuando se habrían suscitado los eventos que hoy lo tienen en el centro de una investigación por corrupción. Su rol como líder policial implica una alta responsabilidad en el manejo de recursos, la dirección de personal y el cumplimiento de la ley, siendo precisamente estos aspectos los que están siendo objeto de escrutinio por parte del Ministerio Público.

El Epicentro del Escándalo: El Caso “Policías Albañiles”

El nombre que ha adoptado esta investigación, “Policías albañiles”, no es casualidad y refleja la naturaleza peculiar de una de las principales acusaciones. La Fiscalía sostiene que, bajo la dirección de Víctor Zanabria, cuando este era jefe de la Región Policial de Arequipa, se dispuso que un grupo de efectivos policiales, específicamente 15 suboficiales de la “Sección de Patrullaje a Pie”, fueran desviados de sus funciones habituales de resguardo en las calles para realizar trabajos de remodelación y acondicionamiento en el patio de armas del complejo policial IX MACREPOL Arequipa. Esta acción, según la tesis fiscal, no solo representaría un abuso de autoridad al utilizar personal policial para tareas que no les corresponden, sino que también sentaría las bases para las acusaciones de peculado y colusión.

La esencia del problema radica en que estos suboficiales, cuya labor principal es la seguridad ciudadana y la prevención del delito, habrían sido convertidos en mano de obra para una obra de infraestructura. Esto plantea serias interrogantes sobre la correcta asignación de recursos humanos dentro de la institución y el presunto uso indebido de personal policial para fines distintos a los establecidos por ley. La investigación busca determinar si esta decisión fue parte de un esquema mayor de desvío de fondos y recursos, o si fue una medida aislada que, de todas formas, contravendría las normativas institucionales.

La Donación Cuestionada: Dinero sin Rastro

En el corazón de la acusación de peculado y colusión se encuentra una donación de dinero por parte de una empresa minera. El 10 de noviembre de 2020, Errol Carpio Yzaguirre, apoderado de la empresa minera La Soledad S.A.C., acudió a la oficina de Zanabria en Arequipa. El propósito de su visita era entregar la suma de S/ 17,600, un monto que, según se le había solicitado, estaba destinado a financiar el pago de la obra “Servicio de acondicionamiento del patio de armas complejo policial IX MACREPOL Arequipa”.

La tesis fiscal es contundente: aunque el coronel en retiro y hoy prefecto de Arequipa, Francis Alarcón Gallegos, estaba presente en la reunión y habría recibido el dinero, es Zanabria quien, presuntamente, se habría apropiado de dicho monto. La Fiscalía enfatiza que no se dio cuenta de la recepción oficial de estos fondos, lo que sugiere una falta de transparencia y una posible malversación. Se alega que este dinero, destinado específicamente para el pago de los albañiles que debían realizar la obra, nunca llegó a su destino previsto, o al menos no de la forma transparente y legal que se esperaría de fondos públicos o donaciones destinadas a una institución estatal.

Además, se determinó que, si bien se le hizo un pago de S/ 4,300 al maestro de la obra, Claver Colquehuanca, la gran parte de la obra fue realizada por los mencionados efectivos policiales. Esto refuerza la hipótesis de que el dinero donado no fue utilizado para contratar mano de obra externa como se había planteado, sino que se habría desviado, mientras la labor era cubierta por personal policial, lo que constituye la base de los cargos de colusión agravada (presunto acuerdo ilícito para defraudar al Estado) y peculado doloso (apropiación de fondos públicos).

Implicaciones Legales: La Solicitud de Suspensión Preventiva

La solicitud de suspensión preventiva en el cargo por 18 meses, presentada por el fiscal Arturo Valencia Paiva ante el Poder Judicial, es una medida drástica y significativa. Esta petición se ampara en el artículo 297, inciso 1, del Código Procesal Penal peruano, que establece:

“El Juez, a pedido del fiscal, podrá dictar las medidas de suspensión preventiva de derechos previstas en este título cuando se trate de delitos sancionados con pena de inhabilitación, sea esta principal o accesoria o cuando resulte necesario para evitar la reiteración delictiva”.

En este contexto, la Fiscalía argumenta que los delitos imputados a Zanabria –peculado doloso, colusión agravada y abuso de autoridad– son sancionados con pena de inhabilitación, lo que significa la prohibición de ejercer cargos públicos. Además, la solicitud busca evitar una posible reiteración delictiva, es decir, que el imputado, al continuar en su posición de poder, pueda influir en la investigación, destruir pruebas o cometer nuevos actos ilícitos. La suspensión preventiva no es una condena, sino una medida cautelar que busca garantizar la imparcialidad del proceso y proteger los intereses de la investigación.

La Defensa de Zanabria: "Aportes Voluntarios"

Desde el inicio de las imputaciones, el Comandante General Víctor Zanabria ha mantenido una postura de negación ante los cargos. Ha rechazado de manera categórica las acusaciones de peculado, colusión y abuso de autoridad, insistiendo en que todas las acciones y los trabajos realizados en el complejo policial de Arequipa se llevaron a cabo con “aportes voluntarios”.

Este argumento contrasta directamente con la tesis fiscal, que apunta a una donación específica de una empresa minera y a una presunta apropiación indebida de esos fondos. La defensa de Zanabria sugiere que los trabajos de remodelación fueron el resultado de la colaboración y el esfuerzo desinteresado, posiblemente de miembros de la institución o de la comunidad, y no de un esquema de malversación de fondos. Sin embargo, la Fiscalía ya ha terminado la investigación preliminar y la ha ampliado solo para esclarecer el destino final de la donación de la minera La Soledad S.A.C., lo que indica que consideran que hay pruebas suficientes para seguir adelante con las imputaciones y la solicitud de suspensión.

Cronología Clave de la Investigación

Para comprender mejor la complejidad del caso, es útil establecer una cronología de los eventos más relevantes que han llevado al actual Comandante General a esta situación legal:

• 10 de noviembre de 2020: El apoderado de la empresa minera La Soledad S.A.C., Errol Carpio Yzaguirre, acude a la oficina de Víctor Zanabria, entonces jefe de la Región Policial de Arequipa, para entregar S/ 17,600. Este dinero, según la empresa, era para financiar el pago de la obra “Servicio de acondicionamiento del patio de armas complejo policial IX MACREPOL Arequipa”.
• Periodo Posterior a noviembre de 2020: Los trabajos de la obra son realizados. Según la Fiscalía, 15 suboficiales de la “Sección de Patrullaje a Pie” son sacados de sus servicios para realizar estos trabajos de remodelación.
• Fecha indeterminada (durante la obra): Se realiza un pago de S/ 4,300 al maestro de la obra, Claver Colquehuanca, por sus servicios.
• Mes pasado (previo a la información actual): El fiscal Arturo Valencia Paiva culmina la investigación preliminar del caso.
• Pocos días después (del cierre de la preliminar): La investigación preliminar es ampliada por unos días más, específicamente para ahondar en el destino de la donación de la minera La Soledad S.A.C. y el pago a los albañiles.
• Recientemente: El fiscal Arturo Valencia Paiva solicita formalmente ante el Poder Judicial la suspensión preventiva de Víctor Zanabria en el cargo de Comandante General de la PNP por 18 meses.

Tabla Comparativa: Versión Fiscal vs. Versión de la Defensa

Impacto y Repercusiones para la Institución Policial

La situación del Comandante General Víctor Zanabria no es un asunto menor. El hecho de que la máxima autoridad de la Policía Nacional del Perú enfrente una solicitud de suspensión preventiva por graves delitos de corrupción tiene un impacto profundo en la institución. En primer lugar, afecta directamente la moral de los efectivos policiales, quienes ven cómo su liderazgo es cuestionado públicamente por presuntas faltas a la ética y a la ley. Una institución que debe velar por el cumplimiento de la norma y combatir la corrupción interna y externa, se ve empañada por acusaciones dirigidas a su cúpula.

En segundo lugar, la credibilidad y la imagen pública de la PNP se ven seriamente comprometidas. La confianza ciudadana en la policía es fundamental para su operatividad y para la colaboración en la lucha contra el crimen. Acusaciones de esta índole pueden erosionar esa confianza, haciendo que la población dude de la integridad de quienes tienen el deber de protegerla. Esto podría traducirse en una menor colaboración en investigaciones, una mayor percepción de impunidad y un debilitamiento general de la autoridad policial.

Además, la inestabilidad en el liderazgo de una institución tan vital puede generar incertidumbre en la toma de decisiones estratégicas y operativas. Si la solicitud de suspensión es aceptada, implicaría un cambio en el mando, lo que podría afectar planes en curso y la continuidad de políticas de seguridad. La institución requiere de una dirección sólida y transparente para enfrentar los desafíos que la delincuencia y el crimen organizado plantean diariamente.

Finalmente, este caso resalta la importancia de los mecanismos de control interno y externo dentro de las instituciones públicas. La investigación fiscal, el rol del Poder Judicial y la atención mediática son cruciales para garantizar que se investiguen a fondo las denuncias de corrupción, sin importar quién sea el involucrado, y para sentar un precedente de que nadie está por encima de la ley. La resolución de este caso será un mensaje clave sobre el compromiso del Estado peruano en la lucha contra la corrupción en todas sus esferas.

Preguntas Frecuentes sobre el Caso del Comandante Zanabria

¿Qué significa “suspensión preventiva en el cargo”?

Es una medida cautelar solicitada por la Fiscalía que busca apartar temporalmente a un funcionario de su puesto. No es una condena, sino una acción para asegurar la imparcialidad de la investigación, evitar que el investigado influya en el proceso o cometa nuevos delitos mientras la investigación está en curso. Su duración es definida por el juez.

¿Cuál es la diferencia entre peculado doloso y colusión agravada?

El peculado doloso se refiere a la apropiación, uso o utilización indebida de bienes o fondos del Estado por parte de un funcionario público en beneficio propio o de un tercero. La colusión agravada, por otro lado, implica un acuerdo ilícito entre un funcionario público y un particular para defraudar al Estado en contratos o adquisiciones, causando un perjuicio económico al patrimonio estatal.

¿Podría el Comandante Zanabria ser destituido de su cargo?

La suspensión preventiva no es una destitución. La destitución, o inhabilitación, sería una pena impuesta si es encontrado culpable de los delitos imputados en un proceso judicial definitivo. Si la suspensión es aprobada, sería temporal hasta que el proceso judicial avance y se dicte una sentencia.

¿Qué sigue en el proceso legal contra Víctor Zanabria?

Después de la solicitud de suspensión, el Poder Judicial evaluará el pedido del fiscal. Se realizará una audiencia donde tanto la Fiscalía como la defensa de Zanabria presentarán sus argumentos. El juez decidirá si procede o no la suspensión preventiva. Paralelamente, la investigación principal por los delitos imputados continuará su curso, pudiendo derivar en una acusación formal y un juicio oral.

¿Es común que altos mandos policiales enfrenten este tipo de acusaciones?

Lamentablemente, no es la primera vez que altos mandos de la Policía Nacional del Perú enfrentan acusaciones de corrupción. Estos casos, aunque no son la norma, generan una gran preocupación pública y ponen de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia dentro de las instituciones del Estado para prevenir y sancionar este tipo de delitos.

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