Bomberos: Héroes Voluntarios ¿Funcionarios Públicos?

Los bomberos, esos héroes anónimos que arriesgan sus vidas a diario para salvaguardar la nuestra y proteger nuestro patrimonio, son una de las instituciones más respetadas y valoradas en cualquier sociedad. Su servicio, a menudo voluntario y desinteresado, se percibe como una vocación noble y altruista. Sin embargo, detrás de esta imagen de sacrificio y dedicación, existe un complejo entramado legal que define su estatus, especialmente en lo que respecta a su clasificación como “funcionarios públicos” bajo el ojo de la ley penal. Esta distinción, que puede parecer meramente técnica, tiene profundas implicaciones en la forma en que se investigan y sancionan los delitos que involucran recursos públicos, incluso cuando son gestionados por quienes sirven ad honorem.

Recientemente, un caso de alto perfil ante la Corte Suprema de Justicia del Perú puso en relieve esta particularidad, generando un debate sobre la verdadera naturaleza del servicio de bomberos y su relación con la administración pública. ¿Son realmente los bomberos, a pesar de su carácter voluntario, sujetos a las mismas responsabilidades penales que un funcionario asalariado del Estado? La respuesta, como veremos, no es tan sencilla como podría parecer a primera vista y depende de la lente jurídica a través de la cual se mire.

El Servicio Público de Bomberos: Más Allá del Voluntariado

Para comprender la complejidad de su estatus, es fundamental primero entender qué constituye el servicio público de bomberos. Según el Decreto Supremo número 019-2017-IN, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo 1260, este servicio es definido como una función pública cívica esencial, destinada a la prevención y atención de emergencias, rescates y extinción de incendios. Su regulación por parte del Estado no es casual; responde a un interés social primordial: evitar incidentes que pongan en riesgo la vida humana y el patrimonio público o privado, y atender aquellos que lamentablemente se produzcan.

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), la institución que agrupa a estos valientes hombres y mujeres, se ha consolidado como una entidad con personería jurídica de derecho público interno. Esto significa que, aunque sus miembros presten servicio de manera voluntaria y ad honorem, la institución en sí misma forma parte del entramado estatal, con un pliego presupuestal propio y bienes que, por su naturaleza y origen, son de carácter público. Estos bienes, como motobombas, equipos de rescate y vehículos especializados, están afectados a un uso específico y social, y su destino no puede ser alterado ni compartirse con entidades privadas sin incurrir en graves responsabilidades.

La Polémica Definición: ¿Funcionarios Públicos o No?

El centro del debate legal surge del Decreto Legislativo número 1260, publicado el 8 de diciembre de 2016. Este dispositivo legal, en su artículo 3, establece explícitamente que: "El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, cuya sigla es CGBVP, está conformado por los bomberos [...], que prestan servicio público de manera voluntaria y ad honorem. No son considerados como funcionarios ni servidores públicos." Esta declaración generó una expectativa significativa, especialmente entre aquellos que enfrentaban acusaciones por delitos contra la administración pública, como el peculado de uso, bajo el argumento de que, si no eran funcionarios, no podían cometer tales delitos.

El delito de peculado de uso, tipificado en el artículo 388 del Código Penal, sanciona a aquel funcionario o servidor público que, para fines ajenos al servicio, usa o permite que otro use vehículos, máquinas o cualquier otro instrumento de trabajo pertenecientes a la administración pública o que se hallan bajo su guarda. La clave aquí es la condición de "funcionario o servidor público". Si los bomberos no lo son, ¿cómo podrían ser autores o partícipes de este delito?

La Corte Suprema, al analizar el caso de un cómplice primario de peculado de uso que involucraba el uso indebido de motobombas del CGBVP, tuvo que dilucidar esta aparente contradicción. La defensa del condenado argumentó que el DL 1260 constituía una "prueba nueva" o "hecho nuevo" que desvirtuaba la base jurídica de la condena, pues, si el principal (el comandante de bomberos) no era funcionario, el cómplice no podía ser sancionado por un delito funcional.

El Concepto Penal Autónomo de Funcionario Público

La resolución de la Corte Suprema se basó en una distinción crucial: el concepto de "funcionario o servidor público" en el ámbito penal no es idéntico al concepto en el ámbito administrativo. El artículo 425 del Código Penal peruano acoge una noción y amplia y autónoma de funcionario público, que va más allá de las definiciones administrativas o de carrera. Esta amplitud responde a una lógica político-criminal que busca proteger los intereses del Estado y la probidad en la gestión de recursos públicos, independientemente del régimen laboral o la naturaleza "voluntaria" del servicio.

Según el Derecho Penal, para ser considerado funcionario o servidor público, se requieren dos elementos fundamentales:

1. Un elemento referido a la participación en el ejercicio de función pública.
2. Un título de habilitación para dicha participación, que puede ser por disposición de la ley, elección, o designación/nombramiento por autoridad competente. Este título establece un vínculo con el Estado o sus entidades.

La Corte argumentó que, a pesar de que el Decreto Legislativo 1260 establezca que los bomberos no son considerados funcionarios ni servidores públicos en un sentido administrativo o laboral, esto no altera su estatus bajo la óptica del Derecho Penal. Los bomberos, al participar en una función pública esencial (prevención y atención de emergencias) y al tener un título de habilitación estructurado por la ley (su incorporación al CGBVP y la jerarquía interna), cumplen con los requisitos del artículo 425 del Código Penal.

Además, la Corte hizo hincapié en que los bienes del CGBVP tienen un fin determinado y están sujetos a control gubernamental. El artículo 6 del DL 1260, por ejemplo, preceptúa que los bienes muebles e inmuebles afectados en uso no pueden ser destinados a otra función ni ser compartidos con otras entidades, lo que subraya su carácter público y la responsabilidad en su gestión. El servicio de bomberos, aunque voluntario, no es un servicio privado; es un servicio cívico del Estado.

En este sentido, la nueva legislación (DL 1260) no modificó el concepto penal autónomo de funcionario o servidor público estipulado en el artículo 425 del Código Penal. La finalidad de esta norma penal es proteger el correcto funcionamiento de la administración pública y el uso adecuado de sus recursos, independientemente de si la persona que los gestiona recibe una remuneración o es parte de una carrera administrativa tradicional.

Implicaciones de la Decisión de la Corte Suprema

La decisión de la Corte Suprema es de vital importancia porque reafirma la autonomía del Derecho Penal para definir sus propios elementos normativos, como el de "funcionario público", sin estar estrictamente atado a las definiciones de otras ramas del derecho, como el administrativo. Esto asegura que la lucha contra la corrupción y el uso indebido de recursos estatales pueda aplicarse a un espectro más amplio de personas que, de hecho, ejercen funciones públicas y gestionan bienes del Estado, aunque no encajen en la definición tradicional de "empleado público".

Para los bomberos, esta sentencia significa que, si bien su servicio es voluntario y no son considerados funcionarios asalariados en términos administrativos, sí están sujetos a la responsabilidad penal que implica la gestión de bienes y la realización de funciones que son inherentemente públicas. Esto no busca desincentivar su noble labor, sino garantizar la transparencia y probidad en el manejo de los recursos que el Estado les confía para el cumplimiento de su misión social.

Comparativa de Conceptos: Funcionario Público

Para entender mejor esta dicotomía, presentamos una tabla comparativa entre la percepción administrativa y la penal del concepto de "funcionario o servidor público" aplicada al contexto de los bomberos:

Preguntas Frecuentes (FAQs)

¿Son los bomberos remunerados por su servicio en Perú?

No. Los miembros del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú prestan su servicio de manera voluntaria y ad honorem, lo que significa que no reciben un salario o remuneración por su labor como bomberos.

Si un bombero es voluntario, ¿cómo puede ser acusado de un delito contra la administración pública como el peculado?

Aunque su servicio sea voluntario y no sean considerados funcionarios en un sentido administrativo, la Corte Suprema de Justicia ha establecido que, para fines penales, cumplen con la definición de "funcionario o servidor público" del artículo 425 del Código Penal. Esto se debe a que ejercen una función pública y gestionan bienes que pertenecen al Estado o están afectados a un servicio público. Por lo tanto, pueden ser sujetos de responsabilidad penal por delitos que implican el uso indebido de recursos públicos.

¿Qué es el peculado de uso?

El peculado de uso es un delito contra la administración pública que ocurre cuando un funcionario o servidor público utiliza o permite que otro utilice, para fines ajenos al servicio, vehículos, máquinas o cualquier otro instrumento de trabajo que pertenezcan a la administración pública o que estén bajo su guarda. La clave es el uso indebido de bienes estatales para propósitos particulares.

¿El Decreto Legislativo 1260 cambió la situación legal de los bomberos?

Sí, en parte. El Decreto Legislativo 1260 aclaró que, desde una perspectiva administrativa y laboral, los bomberos no son considerados funcionarios ni servidores públicos. Sin embargo, como ha determinado la Corte Suprema, esta disposición no modificó el concepto de "funcionario o servidor público" para efectos penales, el cual es más amplio y funcional. Es decir, el DL 1260 cambió su estatus administrativo, pero no los exime de responsabilidades penales relacionadas con la gestión de recursos públicos.

¿Por qué la ley penal tiene un concepto diferente de "funcionario público" que la ley administrativa?

El Derecho Penal, en su afán de proteger bienes jurídicos fundamentales como la probidad en la administración pública, a menudo adopta conceptos propios y autónomos que no siempre coinciden con las definiciones de otras ramas del derecho. Esto permite que la ley penal alcance a un mayor número de conductas que, aunque no encajen en clasificaciones administrativas estrictas, sí afectan gravemente el interés público y la confianza en la gestión estatal. Se trata de un concepto penal autónomo, diseñado para cumplir con los objetivos de la política criminal.

Conclusión

La labor del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú es invaluable y fundamental para la sociedad. Su compromiso y valentía son un ejemplo de servicio desinteresado. Sin embargo, el análisis legal de su estatus revela una complejidad que va más allá de la percepción común. La Corte Suprema ha dejado claro que, si bien el carácter voluntario y ad honorem de su servicio es una realidad administrativa, la naturaleza de la función pública que ejercen y el manejo de bienes estatales los sitúa bajo la égida de la ley penal en lo que respecta a la responsabilidad por delitos contra la administración pública. Este fallo subraya la importancia de la probidad en el manejo de cualquier recurso público, independientemente de quién lo gestione o bajo qué régimen. Es un recordatorio de que la confianza depositada en quienes sirven a la nación conlleva una responsabilidad ineludible, incluso para nuestros héroes más altruistas.

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