Código Penal Militar Policial: Una Guía Esencial

La disciplina, el orden y la seguridad son pilares fundamentales para el correcto funcionamiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Para garantizar estos valores y, al mismo tiempo, establecer un marco legal claro para sus miembros, se promulgó el Decreto Legislativo N° 1094, conocido como el Código Penal Militar Policial. Este cuerpo normativo no solo define los delitos específicos cometidos en el ámbito de la función militar o policial, sino que también establece los procedimientos para su investigación, juzgamiento y la ejecución de las penas correspondientes. Su existencia es crucial para mantener la integridad y operatividad de las instituciones encargadas de la defensa nacional y el orden interno.

Comprender la estructura y el contenido de este Código es esencial para cualquier ciudadano, y especialmente para aquellos vinculados directa o indirectamente con las fuerzas del orden. A lo largo de este artículo, desglosaremos sus partes principales, destacando los artículos clave y los principios que lo sustentan, ofreciendo una visión integral de cómo opera la justicia castrense en el Perú.

El Título Preliminar: Los Fundamentos del Código Penal Militar Policial

El Título Preliminar del Código Penal Militar Policial (CPMP) es la piedra angular sobre la que se asienta toda la normativa. En él se establecen los principios y conceptos fundamentales que guían la interpretación y aplicación de las disposiciones posteriores. Es vital para entender el espíritu y la finalidad de esta ley especial. A continuación, detallamos sus artículos más relevantes:

• Artículo I.- Objeto del Código: Define la finalidad principal del CPMP, que es prevenir la comisión de delitos de función militar o policial. Su objetivo es proteger y asegurar el cumplimiento de los fines constitucionales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, contribuyendo al mantenimiento del orden, la seguridad y la disciplina dentro de estas instituciones. Esto subraya la naturaleza protectora y preventiva del Código.
• Artículo II.- Delito de función: Este es, quizás, uno de los artículos más importantes. Establece que un delito de función es toda conducta ilícita cometida por un militar o policía en situación de actividad, ya sea en acto del servicio o con ocasión de él. Lo crucial es que esta conducta debe atentar contra bienes jurídicos directamente vinculados con la existencia, organización, operatividad o funciones de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional. Esta definición es clave para diferenciar la jurisdicción militar de la común.
• Artículo III.- Prevalencia de las normas en materia de derechos humanos: Un pilar fundamental. Este artículo asegura que los principios y postulados sobre derechos fundamentales de la persona humana, contenidos en la Constitución Política del Perú y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado peruano, tienen preeminencia sobre cualquier disposición de este Código. Esto garantiza que la justicia militar policial se enmarque siempre dentro del respeto a los derechos humanos.
• Artículo IV.- Principio de legalidad: Nadie puede ser investigado, juzgado o sancionado por un acto u omisión que no esté expresamente previsto como delito de función militar o policial por la ley vigente al momento de su comisión. Asimismo, la ejecución de penas o medidas de seguridad debe seguir estrictamente lo previsto en la ley y los reglamentos. Este principio protege contra la arbitrariedad y asegura la seguridad jurídica.
• Artículo V.- Prohibición de la analogía: Refuerza el principio de legalidad al prohibir explícitamente el uso de la analogía para calificar un hecho como delito de función, definir un estado de peligrosidad o determinar la pena o medida de seguridad aplicable. Esto evita interpretaciones extensivas que puedan perjudicar al procesado.
• Artículo VI.- Principio de lesividad: La pena debe estar justificada por la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos específicos, aquellos vinculados con la existencia, organización, operatividad o funciones de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional. Esto asegura que solo se sancionen conductas que realmente afecten los intereses protegidos por el Código.
• Artículo VII.- Conocimiento de la ley: Establece el deber ineludible del militar y el policía de conocer las disposiciones de este Código. No se puede alegar ignorancia de la ley para eximirse de responsabilidad, lo que subraya la importancia de la formación y capacitación legal dentro de las instituciones.
• Artículo VIII.- Jurisdicción natural: Determina que los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en situación de actividad, que cometan delitos contemplados en este Código, solo podrán ser investigados y juzgados por los jueces, fiscales, salas y tribunales militares policiales. Esto define claramente el ámbito de la jurisdicción natural del Fuero Militar Policial.
• Artículo IX.- Función de la pena y de las medidas de seguridad: Las penas tienen una función sancionadora y preventiva, y tanto estas como las medidas de seguridad deben adecuarse a los principios de proporcionalidad y razonabilidad, garantizando que las sanciones sean justas y equilibradas.
• Artículo X.- Principio de culpabilidad: La imposición de una pena requiere que la culpabilidad del autor haya sido probada, reafirmando un pilar fundamental del derecho penal moderno.
• Artículo XI.- Derecho de defensa: En todo proceso, el derecho de defensa del imputado debe ser garantizado de manera irrestricta, asegurando un juicio justo.
• Artículo XII.- Doble instancia: Permite la impugnación de las resoluciones judiciales, salvo excepciones legales, y prohíbe que el órgano revisor aumente la pena cuando el condenado sea el único apelante, protegiendo al procesado.
• Artículo XIII.- Prohibición de doble incriminación: Un militar o policía no puede ser procesado o sancionado penalmente más de una vez en el Fuero Militar Policial por el mismo hecho, sujeto y fundamento (principio de non bis in idem).
• Artículo XIV.- Principios militares policiales esenciales: Este artículo es crucial, ya que consagra los principios cardinales que rigen la vida militar y policial, y que son la base de los bienes jurídicos protegidos por el Código. Incluye:
  • Disciplina: Conjunto de deberes que imponen el acatamiento y observancia del orden establecido.
  • Jerarquía y subordinación: Base de la estructura orgánica, donde cada grado ejerce autoridad y respeto.
  • Principio de mando y obediencia: El mando como privilegio y obligación de dar órdenes, y la obediencia como deber.
  • Principio de defensa y seguridad de la República: Función primordial de las fuerzas del orden, cuya preservación es vital.
  • Principio de subordinación al poder constitucional: Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no son deliberantes y están subordinadas al poder civil.

  Estos principios son la esencia de lo que el Código busca proteger.

• Artículo XV.- Aplicación supletoria: En caso de vacío o defecto en el Código, se aplicarán supletoriamente las normas de los Códigos Penal, Procesal Penal y de Ejecución Penal, siempre que sean compatibles con su naturaleza especial y sus fines.

Libro Primero: Parte General - La Fundación de la Responsabilidad Penal

El Libro Primero del Código Penal Militar Policial, denominado "Parte General", sienta las bases para la aplicación de la ley penal. Aborda aspectos cruciales como la aplicación espacial y temporal de la ley, la determinación del hecho punible de función, las clases y aplicación de las penas, la rehabilitación, las medidas de seguridad, la extinción de la acción penal y la condena, y la reparación civil. Es la sección que define cómo se imputa un delito y qué consecuencias tiene.

TÍTULO I: DE LA LEY PENAL MILITAR POLICIAL

Este título se divide en capítulos que detallan cómo y dónde se aplica la ley:

• Capítulo I - Aplicación espacial: Incluye principios como la territorialidad (Art. 1), extraterritorialidad (Art. 2), extradición y entrega (Art. 3), y ubicuidad (Art. 4), determinando el alcance geográfico de la ley.
• Capítulo II - Aplicación temporal: Regula el momento de aplicación de la ley (Art. 5) y el momento de comisión del delito (Art. 6), lo que es fundamental en casos de cambios legislativos.
• Capítulo III - Aplicación personal: Define quiénes son los sujetos activos de los delitos de función, específicamente el militar o policía (Art. 7).

TÍTULO II: DEL HECHO PUNIBLE DE FUNCIÓN

Aquí se establecen los elementos que configuran una infracción militar o policial. Se aborda la comisión por omisión (Art. 9), la tentativa (Art. 10), el desistimiento (Art. 11 y 12), la autoría (Art. 13) y la participación (Art. 14). Un aspecto crucial son las eximentes de responsabilidad (Art. 16), que son circunstancias bajo las cuales una persona no puede ser considerada responsable penalmente, como la legítima defensa o el estado de necesidad.

TÍTULO III: DE LAS PENAS

Este es un apartado extenso que clasifica y regula la imposición de las sanciones. Se detallan las clases de penas (Art. 17), incluyendo la pena privativa de libertad (Art. 18), penas limitativas de derechos (Art. 20-21), la degradación (Art. 22), la expulsión (Art. 23), la separación del servicio (Art. 24), la inhabilitación (Art. 26) y la pena de multa (Art. 28). Se establecen los parámetros para la individualización de la pena (Art. 31), considerando circunstancias atenuantes (Art. 32) y agravantes (Art. 33), así como las reglas para el concurso de delitos (Art. 34-37), la reincidencia (Art. 38) y la habitualidad (Art. 39). Además, se incluyen disposiciones sobre la rehabilitación (Art. 40-41) y las medidas de seguridad (Art. 42).

TÍTULO IV: DE LA EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL Y DE LA CONDENA

Este título es fundamental para determinar cuándo una acción penal o una condena pueden extinguirse. Detalla las causales de extinción de la acción penal (Art. 43) y de la pena (Art. 44), los plazos de prescripción (Art. 45-47), y las reglas de interrupción y suspensión de la prescripción (Art. 48-50). Es un aspecto crucial para la seguridad jurídica de los procesados.

TÍTULO V: DE LA REPARACIÓN CIVIL

Define la reparación civil como una consecuencia económica del delito (Art. 51), incluyendo la restitución del bien (Art. 52), la responsabilidad solidaria (Art. 53), y el comiso de bienes (Art. 56). Este apartado asegura que, además de la sanción penal, se reparen los daños causados a las instituciones o a terceros.

Libro Segundo: Parte Especial - Los Delitos de Función

El Libro Segundo es la "Parte Especial" del Código, donde se tipifican los delitos específicos de función militar o policial. Estos delitos están diseñados para proteger los bienes jurídicos esenciales de las instituciones armadas y policiales, como la defensa nacional, la disciplina, el servicio y la fidelidad.

TÍTULO I: DELITOS CONTRA LA DEFENSA NACIONAL

Esta sección agrupa los delitos más graves que atentan directamente contra la seguridad del Estado. Incluye:

• Capítulo I - Traición a la patria: Describe la traición a la patria (Art. 58 y 59), tanto en tiempo de guerra como de paz, que implica actos de extrema deslealtad.
• Capítulo II - Delitos contra la seguridad interna: Contempla la rebelión militar policial (Art. 60), sedición (Art. 62), motín (Art. 63), negativa a evitar estos delitos (Art. 64), colaboración con organización ilegal (Art. 65), falsa alarma (Art. 66), derrotismo (Art. 67) y conspiración del personal militar policial (Art. 68). Estos delitos buscan proteger la estabilidad y el orden interno de la nación.
• Capítulo III - Violación de información relativa a la defensa nacional, orden interno y seguridad ciudadana: Tipifica la infidencia (Art. 70), posesión no autorizada de información (Art. 71) e infidencia culposa (Art. 72), protegiendo la información clasificada y sensible.
• Capítulo IV - Ultraje a símbolos nacionales militares o policiales: Sanciona el ultraje a los símbolos nacionales, militares o policiales (Art. 73) y a las propias Fuerzas Armadas y Policía Nacional (Art. 74), protegiendo la honra e imagen institucional.

TÍTULO II: DELITOS COMETIDOS EN ESTADOS DE EXCEPCIÓN Y CONTRA EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

Este título es particularmente relevante en contextos de conflicto armado o estados de emergencia. Incluye delitos de inconducta funcional (devastación, saqueo, exacción), delitos contra personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario (lesiones fuera de combate, confinación ilegal), y delitos de empleo de métodos y medios prohibidos en las hostilidades. También aborda delitos contra operaciones humanitarias y emblemas, reflejando el compromiso del Estado con el derecho internacional.

TÍTULO III: DELITOS CONTRA EL SERVICIO DE SEGURIDAD

Se centra en conductas que afectan directamente la prestación del servicio. Aquí encontramos delitos como la violación de consigna (Art. 99), abandono de puesto de vigilancia (Art. 100), omisión de aviso o repulsión (Art. 101), deserción (Art. 105), inutilización voluntaria para el servicio (Art. 108), capitulación indebida (Art. 109) y cobardía (Art. 110). Estos delitos salvaguardan la eficiencia y la lealtad en el cumplimiento del deber.

TÍTULO IV: DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD INSTITUCIONAL

Este apartado protege la estructura de mando y la disciplina interna. Incluye el insulto al superior (Art. 112), la insubordinación (Art. 115), la desobediencia (Art. 117) y el incumplimiento de itinerario (Art. 118). Son delitos que buscan mantener el respeto a la jerarquía y el cumplimiento estricto de las órdenes.

TÍTULO V: DELITOS COMETIDOS EN EL EJERCICIO DEL MANDO O AUTORIDAD

Se enfoca en las responsabilidades de los mandos. El Capítulo Único, “Omisión de deberes del mando”, tipifica el abandono de comando (Art. 122), el empleo indebido de armas (Art. 123) y el inicio de operación innecesaria (Art. 124). Estos artículos buscan asegurar que quienes ejercen el mando lo hagan con la debida responsabilidad y juicio.

TÍTULO VI: DELITOS DE VIOLACIÓN AL DEBER MILITAR POLICIAL

Este título abarca una gama de infracciones que comprometen el cumplimiento de los deberes inherentes a la función. Incluye reformas sin autorización (Art. 125), daños a operaciones (Art. 126), omisión de cumplimiento de deber en función operativa (Art. 127), comando negligente (Art. 128) y averías por culpa (Art. 129). También se abordan los excesos en el ejercicio del grado, mando o posición en el servicio (Art. 130-132), protegiendo a los subordinados de abusos de autoridad.

TÍTULO VII: DELITOS QUE AFECTAN LOS BIENES DESTINADOS AL SERVICIO MILITAR POLICIAL

Protege el patrimonio y los recursos asignados a las instituciones. Tipifica la afectación del material destinado a la defensa nacional (Art. 133), la apropiación ilegítima (Art. 134), el hurto (Art. 135), la utilización indebida (Art. 136) y la sustracción por culpa (Art. 137). Estos delitos aseguran la correcta administración y preservación de los bienes estatales.

TÍTULO VIII: DELITOS CONTRA LA FIDELIDAD A LA FUNCIÓN MILITAR POLICIAL

Se centra en la lealtad y veracidad en el servicio. Incluye la información falsa sobre asuntos del servicio (Art. 138), falsificación o adulteración de documentación (Art. 139), certificación falsa (Art. 140), uso indebido de condecoraciones (Art. 141) y destrucción de documentación (Art. 142). Estos delitos buscan preservar la probidad y la confianza dentro de las instituciones.

Libro Tercero: Parte Procesal - El Camino Hacia la Justicia

El Libro Tercero del Código Penal Militar Policial establece el marco procesal, es decir, las reglas y procedimientos que deben seguirse para investigar, juzgar y sancionar los delitos de función. Aborda desde los principios y garantías procesales hasta los tipos de procesos y el control de las decisiones judiciales. Es una parte extensa y fundamental para garantizar el debido proceso.

TÍTULO I: PRINCIPIOS Y GARANTÍAS PROCESALES

Reafirma principios como el juicio previo (Art. 143), la imparcialidad e independencia (Art. 145), la presunción de inocencia (Art. 146), el derecho a no autoincriminarse (Art. 147), el derecho de defensa (Art. 148), la prohibición de incomunicación y secreto (Art. 151), y la motivación de las sentencias (Art. 156). Estos principios son esenciales para un proceso justo y transparente.

TÍTULO II: ACCIONES QUE NACEN DE LOS DELITOS

Define la acción penal pública (Art. 163) y las excepciones (Art. 167) y cuestiones previas (Art. 165) que pueden surgir. También se aborda la acción civil (Art. 171) que busca la reparación del daño causado por el delito, y cómo el Estado puede actuar como actor civil.

TÍTULO III: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

Establece la potestad jurisdiccional (Art. 175) del Fuero Militar Policial, su improrrogabilidad (Art. 176) y sus límites (Art. 177). Detalla cómo se determina la competencia territorial (Art. 186) y los tribunales competentes (Art. 191), incluyendo las reglas de inhibición y recusación de jueces (Art. 192-196).

TÍTULO IV: SUJETOS PROCESALES

Describe a las partes que intervienen en el proceso. Dedica una sección importante a los derechos del imputado (Art. 199), incluyendo su identificación, domicilio, la inimputabilidad (Art. 202) y su derecho a la defensa (Art. 212), que incluye la elección de abogado. También se detallan los derechos del agraviado (Art. 217) y las funciones de la Fiscalía Militar Policial (Art. 226), incluyendo su objetividad y atribuciones.

TÍTULO VI: ACTOS PROCESALES

Regula la forma y validez de los actos que se realizan durante el proceso. Aborda el idioma (Art. 237), la documentación (Art. 240), las actas (Art. 241), las resoluciones judiciales (Art. 244) y los plazos (Art. 248). También se establece un control de la duración del procedimiento (Art. 252) para evitar dilaciones indebidas.

TÍTULO VII: INVALIDEZ DE LOS ACTOS PROCESALES

Define las causas de nulidad de los actos procesales (Art. 260), distinguiendo entre nulidad absoluta (Art. 263) y relativa (Art. 264), y estableciendo las reglas para su saneamiento (Art. 266) y los efectos de la nulidad (Art. 267).

TÍTULO VIII: MEDIOS DE PRUEBA

Establece los principios generales de la prueba (Art. 268-270) y regula los diversos medios de prueba. Esto incluye las comprobaciones directas (registros, allanamientos, incautaciones), los testimonios (deber y capacidad de atestiguar), los peritajes (procedencia, nombramiento y contenido del informe), el careo, y otros medios como reconocimientos e informes. Es una sección vital para la recolección y valoración de la evidencia.

TÍTULO IX: MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES Y REALES

Regula las medidas que restringen la libertad o afectan bienes del imputado para asegurar los fines del proceso. En las medidas cautelares personales, se aborda la prisión preventiva (Art. 320-329) y la detención (Art. 333), estableciendo sus requisitos, duración y cesación. En las medidas cautelares reales, se regula el embargo (Art. 336) y el comiso de bienes (Art. 340), asegurando la reparación civil o el destino final de objetos relacionados con el delito.

TÍTULO X: PROCESO COMÚN

Describe las etapas del proceso penal ordinario, desde la etapa preparatoria (Art. 344), que incluye la denuncia (Art. 349) y la investigación preliminar (Art. 355), hasta la conclusión de la investigación con el sobreseimiento (Art. 371) o la acusación (Art. 375). La parte más importante es el juicio oral y público (Art. 384), que detalla su preparación, sustanciación (recepción de pruebas, interrogatorios, discusión final) y la deliberación y sentencia (Art. 408-413), asegurando la publicidad y oralidad del proceso.

TÍTULO XI: PROCESOS ESPECIALES

Contempla procedimientos específicos para situaciones particulares, como los procesos en tiempo de conflicto armado (Art. 416), procesos abreviados (Art. 422) que permiten acuerdos entre las partes, y procedimientos para asuntos complejos (Art. 427) o para la aplicación de medidas de seguridad (Art. 430).

TÍTULO XII: CONTROL DE LAS DECISIONES JUDICIALES

Regula los recursos para impugnar las decisiones, garantizando el derecho a la doble instancia. Se establecen los principios generales (Art. 431), las decisiones impugnables (Art. 439), la legitimación para recurrir (Art. 444-446) y el procedimiento de apelación (Art. 447-452). También se incluye la revisión de sentencia firme (Art. 453), que permite reabrir casos bajo circunstancias excepcionales, como la aparición de nuevas pruebas.

Libro Cuarto: Ejecución Penal - Del Cumplimiento de la Pena

El Libro Cuarto se dedica a la ejecución de las penas impuestas, un aspecto crucial para la reinserción y el cumplimiento efectivo de la sanción. Aborda los derechos y obligaciones de los internos, los procedimientos para la ejecución de las diferentes penas, y el sistema de beneficios penitenciarios.

TÍTULO I: DISPOSICIONES PRELIMINARES

Establece principios rectores de la ejecución penal, como la legalidad (Art. 458), el derecho de defensa (Art. 459), el principio de igualdad (Art. 460) y, muy importante, el principio de humanidad de las penas (Art. 462). Esto último asegura que, incluso en el cumplimiento de una sanción, se respeten los derechos y la dignidad de la persona.

TÍTULO II: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS INTERNOS

Detalla los derechos fundamentales de los internos (Art. 466-468), incluyendo el derecho de la mujer, y sus obligaciones (Art. 469) dentro de los centros de reclusión militar policial. Esto garantiza un marco de convivencia y respeto mutuo.

TÍTULO III: EJECUCIÓN DE PENAS

Describe cómo se ejecutan las diferentes clases de penas. Se aborda la pena de muerte (Art. 470-476), aunque su aplicación en el Perú está restringida por la Constitución a casos de traición a la patria en guerra exterior. También se detalla la ejecución de penas limitativas de derechos como la degradación (Art. 477-479), expulsión (Art. 480) y separación del servicio (Art. 481), así como la pena privativa de libertad (Art. 482-486), incluyendo el diagnóstico, ubicación y tratamiento del interno.

TÍTULO IV: BENEFICIOS PENITENCIARIOS

Regula los mecanismos que permiten al interno acceder a una reducción o modificación de su pena bajo ciertas condiciones. Incluye el permiso de salida (Art. 487), la redención de la pena por trabajo o estudio (Art. 488), la prelibertad (Art. 490) y la liberación condicional (Art. 494). Estos beneficios buscan incentivar la rehabilitación y la reinserción social del condenado.

TÍTULO V: OFICINA GENERAL DE CENTROS DE RECLUSIÓN MILITAR POLICIAL

Establece la existencia y funciones de la Oficina encargada de la gestión de los centros de reclusión (Art. 498).

TÍTULO VI: DE LOS CENTROS DE RECLUSIÓN MILITAR POLICIAL

Describe la organización (Art. 499) y clasificación (Art. 501) de los centros donde los militares y policías cumplen sus condenas, incluyendo disposiciones sobre prisioneros de guerra (Art. 502).

TÍTULO VII: RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Establece el régimen disciplinario interno de los centros de reclusión (Art. 504), las faltas y sanciones (Art. 506-508), y el procedimiento para imponerlas (Art. 509-512), incluyendo los recursos de impugnación (Art. 513). Esto asegura un ambiente de orden y respeto dentro de las instalaciones penitenciarias militares y policiales.

Preguntas Frecuentes sobre el Código Penal Militar Policial

¿Quiénes están sujetos al Código Penal Militar Policial?

Este Código se aplica exclusivamente a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que se encuentren en situación de actividad y cometan delitos de función militar o policial. No se aplica a civiles, ni a militares o policías en situación de retiro, salvo que la ley expresamente lo establezca para casos específicos.

¿Qué es un delito de función?

Según el Artículo II del Título Preliminar, un delito de función es toda conducta ilícita cometida por un militar o policía en actividad, en acto de servicio o con ocasión de él, que atenta contra bienes jurídicos vinculados con la existencia, organización, operatividad o funciones de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional. Es la clave para determinar la competencia de la jurisdicción militar policial.

¿Cuáles son los principios esenciales que rigen la justicia militar policial?

Los principios esenciales, enumerados en el Artículo XIV del Título Preliminar, son la Disciplina, la Jerarquía y Subordinación, el Principio de Mando y Obediencia, el Principio de Defensa y Seguridad de la República, y el Principio de Subordinación al Poder Constitucional. Estos valores son la base para la existencia y operatividad de las instituciones armadas y policiales.

¿Qué tipos de penas se contemplan en el Código?

El Código contempla diversas clases de penas, incluyendo la pena privativa de libertad, penas limitativas de derechos (como la degradación, expulsión, separación del servicio e inhabilitación) y la pena de multa. La aplicación de cada una depende de la gravedad del delito y las circunstancias del caso.

¿Este Código tiene preeminencia sobre los Derechos Humanos?

No, todo lo contrario. El Artículo III del Título Preliminar establece claramente que los principios y postulados sobre derechos fundamentales de la persona humana, contenidos en la Constitución Política del Perú y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado peruano, tienen preeminencia sobre las disposiciones de este Código. Esto garantiza que la justicia militar policial siempre se ejerza con pleno respeto a los derechos fundamentales.

¿Qué sucede si hay un vacío o defecto en el Código Penal Militar Policial?

En caso de vacío o defecto, el Artículo XV del Título Preliminar establece que serán de aplicación supletoria las normas previstas en los Códigos Penal, Procesal Penal y de Ejecución Penal, siempre y cuando su especial naturaleza lo permita y no se opongan a los preceptos y fines de este Código.

Conclusión

El Código Penal Militar Policial del Perú es un instrumento legal complejo y vital que rige la conducta y la responsabilidad de los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Su estructura, que abarca desde los principios fundamentales hasta los delitos específicos y los procedimientos de ejecución penal, refleja la necesidad de mantener la disciplina, la jerarquía y el orden dentro de estas instituciones esenciales para la seguridad y defensa del país.

Este Código no solo busca sancionar las conductas ilícitas, sino también prevenirlas, promoviendo el cumplimiento de los deberes y el respeto a los valores institucionales. Al comprender sus artículos y principios, se puede apreciar la complejidad y la importancia de la justicia castrense en el mantenimiento de un Estado de Derecho robusto y en la protección de los pilares de la nación.

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