La Legalidad en el Uso de la Fuerza Policial

La labor policial es fundamental para mantener el orden y la seguridad en cualquier sociedad. Sin embargo, el ejercicio de esta autoridad, especialmente cuando implica el uso de la fuerza, debe estar siempre enmarcado en estrictos límites legales y éticos. La confianza pública en las instituciones policiales depende directamente de su adhesión a estos principios. Comprender la legalidad de la acción policial no solo es crucial para los propios funcionarios, sino también para cada ciudadano, pues garantiza la protección de los derechos y libertades individuales frente a posibles abusos de poder.

La comunidad internacional ha reconocido la necesidad de establecer un marco claro para el actuar de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. La Organización de las Naciones Unidas (ONU), de la cual México es miembro activo, ha sido pionera en la formulación de directrices que promueven un ejercicio responsable de la autoridad. Estas directrices buscan un equilibrio delicado entre la eficacia policial y el respeto irrestricto de los derechos humanos.

Principios Internacionales del Uso de la Fuerza (ONU)

El 17 de diciembre de 1979, la Asamblea General de la ONU adoptó en su resolución 34/169 el trascendental Código de Conducta para los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. Este código, en su artículo tercero y sus comentarios, establece cuatro principios internacionales esenciales que rigen el uso legal de la fuerza policial. Estos principios son la base sobre la cual se edifica una actuación policial legítima y respetuosa.

Legalidad

El principio de legalidad es la piedra angular de toda acción policial. Establece que los medios y métodos empleados por los funcionarios deben estar rigurosamente enmarcados en la ley, de acuerdo con las normas nacionales e internacionales. Esto significa que cada decisión, cada movimiento y cada nivel de fuerza aplicado debe tener un fundamento jurídico claro. El objetivo mismo de la acción policial debe estar basado en el marco legal vigente. En esencia, el policía, durante el desarrollo de sus funciones, debe apegarse estrictamente a los lineamientos establecidos en la Constitución, los tratados internacionales de los que el país sea parte, las leyes y los reglamentos aplicables. Por lo tanto, el uso de la fuerza solo se justifica cuando es un motivo directo del cumplimiento de los deberes que impone la ley, destacando la importancia de “actuar en ejercicio de un deber”. Es imperativo que los funcionarios eviten incurrir o permitir actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes contra detenidos, presuntos delincuentes o cualquier persona, ya que tales acciones violan flagrantemente este principio.

Proporcionalidad

La proporcionalidad refiere al equilibrio indispensable entre la gravedad de la agresión que enfrenta el funcionario y el objetivo legal buscado, y el nivel de fuerza a emplear para controlar la situación. Este principio exige una evaluación cuidadosa de múltiples factores antes de aplicar la fuerza. Para determinar la proporcionalidad, se debe considerar la necesidad de la intervención, el entorno en el que se desarrolla la situación y la forma de actuar del agresor, así como los medios y recursos que posee el policía para defenderse y neutralizar la amenaza. Actos ilícitos que ponen en peligro la vida humana pueden requerir un uso elevado de la fuerza, siempre y cuando sea el mínimo indispensable para controlar la situación y proteger vidas. Cualquier detención efectuada por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que no se desarrolle bajo los principios universales de legalidad, necesidad y proporcionalidad, y que no se apegue a la flagrancia o a una orden judicial, se considerará una detención arbitraria, careciendo de legitimidad.

Necesidad

El principio de necesidad indica que el uso de la fuerza solo debe aplicarse cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen el logro del objetivo legal buscado. Esto significa que la fuerza es el último recurso, una herramienta que se utiliza solo cuando las opciones de disuasión verbal, negociación o cualquier otra técnica menos intrusiva han fallado o son inviables. Es un principio que promueve la mínima intervención posible y el agotamiento de todas las alternativas antes de recurrir a medidas coercitivas. La fuerza debe ser empleada solo cuando es estrictamente indispensable para alcanzar un fin legítimo.

Racionalidad

La racionalidad exige que, en todo momento, el funcionario que aplique la fuerza lo haga considerando todas las circunstancias presentes y previendo el posible resultado de su actuar, siempre con estricto respeto a los derechos humanos. Este principio implica una evaluación consciente y deliberada de la situación, evitando decisiones impulsivas o desproporcionadas. Es crucial que el funcionario sea capaz de justificar lógicamente por qué su nivel de fuerza fue la opción más razonable dadas las condiciones. En este principio, es imperante realizar la diferenciación clara de las palabras: “controlar”, “neutralizar”, “someter” y “matar”, ya que cada una implica un nivel distinto de intervención y un objetivo específico.

Diferenciación de Términos Clave

• Controlar: Es el acto de dirigir, regular y/o limitar las acciones agresivas de una persona con el fin de evitar que lastime o lesione a otros o a sí mismo. Busca la contención y la prevención de daños.
• Neutralizar: Es el acto de anular, disminuir o eliminar las acciones de alguien considerado peligroso, siempre y cuando estas acciones sean proporcionales a las agresiones que se reciben. El objetivo es eliminar la amenaza inmediata.
• Someter: Hacer recibir o soportar una acción o un estado. Sujetar a un poder o autoridad. Implica la rendición o la inmovilización de una persona para restablecer el orden o efectuar una detención.

Estos cuatro principios descritos son la base de las directrices internacionales sobre el uso de la fuerza, proporcionando un marco universal para el actuar policial.

La Legalidad Policial en México: Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza

En México, estos principios internacionales han sido adoptados y desarrollados en la legislación nacional para adaptarlos a la realidad jurídica del país. La Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza es el instrumento legal que regula el actuar de las instituciones de seguridad en esta materia. Su artículo cuarto describe los siguientes principios, que complementan y refuerzan la visión internacional, añadiendo criterios específicos para la rendición de cuentas y la prevención.

Absoluta Necesidad

La absoluta necesidad establece que el uso de la fuerza debe ser la última alternativa para tutelar la vida e integridad de las personas, evitar que se vulneren bienes jurídicamente protegidos, o con el fin de mantener el orden y la paz pública. Este principio subraya la obligatoriedad de haber agotado previamente otros medios y recursos para lograr el desistimiento de la conducta del agresor, consolidando la fuerza como una medida de último recurso, extrema y justificada solo en situaciones donde no hay otra opción viable.

Legalidad (en la ley mexicana)

Al igual que en el ámbito internacional, la legalidad en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza reitera que la acción de las instituciones de seguridad debe realizarse con estricto apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a las leyes expedidas por el Congreso de la Unión y a los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Este principio asegura que cada actuación policial esté respaldada por el marco jurídico nacional e internacional, garantizando la legitimidad y el respeto al Estado de Derecho.

Prevención

El principio de prevención exige que los operativos para el cumplimiento de la ley sean planificados y se lleven a cabo, en la medida de lo posible, minimizando el uso de la fuerza. Y cuando este uso sea inevitable, el objetivo debe ser reducir al mínimo los daños que de ello puedan resultar. Este principio promueve una visión proactiva y estratégica en la actuación policial, buscando anticipar situaciones de riesgo y diseñar planes que permitan resolverlas con el menor nivel de confrontación y daño posible, priorizando la vida y la integridad.

Proporcionalidad (en la ley mexicana)

La proporcionalidad en la ley mexicana se define como la necesidad de que el nivel de fuerza utilizado sea acorde con el nivel de resistencia ofrecido por el agresor y el nivel de riesgo exhibido. Esto implica que los agentes deben aplicar medios y métodos bajo un criterio de uso diferenciado y progresivo de la fuerza. Es decir, la respuesta policial debe escalar gradualmente, desde la persuasión verbal hasta el uso de la fuerza letal, siempre en respuesta directa y equitativa a la amenaza percibida, evitando excesos y garantizando que la respuesta no sea desmedida en relación con la agresión.

Rendición de Cuentas y Vigilancia

Finalmente, el principio de rendición de cuentas y vigilancia es crucial para la transparencia y la legitimidad de la actuación policial. Establece que deben existir controles que permitan la evaluación de las acciones de uso de la fuerza y que sea valorada su eficacia en términos del desempeño de las responsabilidades y funciones previstas por esta Ley. Este principio asegura que las acciones policiales no queden impunes y que exista un mecanismo para supervisar, evaluar y, en su caso, sancionar las desviaciones del marco legal, fortaleciendo la confianza ciudadana y la profesionalización de los cuerpos de seguridad.

Comparativa: Principios Internacionales vs. Legislación Mexicana

Si bien los principios internacionales y la legislación mexicana comparten la misma esencia, la ley nacional los adapta y expande para ofrecer un marco más detallado y enfocado en la operatividad y la rendición de cuentas dentro del contexto jurídico mexicano.

Preguntas Frecuentes sobre el Uso Legal de la Fuerza Policial

¿Qué es una detención arbitraria?

Una detención arbitraria es aquella que no se desarrolla bajo los principios universales de legalidad, necesidad y proporcionalidad, y que no se apega a la flagrancia (ser sorprendido en el acto de cometer un delito) o a una orden judicial. En otras palabras, es una privación de libertad que carece de fundamento legal y que viola los derechos humanos del individuo, siendo una de las mayores preocupaciones en el ámbito de la actuación policial.

¿Puede la policía usar la fuerza en cualquier situación?

No, la policía solo puede emplear la fuerza cuando sea estrictamente necesario y proporcional a la amenaza o resistencia que enfrenta. No es una herramienta que pueda usarse de forma indiscriminada. Debe ser el último recurso, tras agotar otras vías de diálogo o disuasión, y siempre con el objetivo de controlar la situación, proteger vidas o bienes, y restablecer el orden, nunca como castigo o de forma vengativa.

¿Cuál es la diferencia entre "necesidad" y "absoluta necesidad"?

Mientras que el principio de “necesidad” (internacional) indica que la fuerza se aplica cuando otros medios son ineficaces, el principio de “absoluta necesidad” (mexicano) enfatiza que debe ser la última alternativa, es decir, que se han agotado completamente todas las demás opciones para el desistimiento de la conducta del agresor. La “absoluta necesidad” implica un umbral más alto para la justificación del uso de la fuerza, reforzando su carácter excepcional.

¿Qué papel juegan los derechos humanos en el uso de la fuerza?

Los derechos humanos son el marco fundamental que rige todo el actuar policial, especialmente en el uso de la fuerza. Todos los principios (legalidad, proporcionalidad, necesidad, racionalidad, prevención, rendición de cuentas) están diseñados para garantizar que la intervención policial respete la dignidad y los derechos fundamentales de todas las personas. El uso de la fuerza nunca debe violar los derechos humanos, y cualquier acción que lo haga es ilegal y debe ser sancionada.

¿Quién supervisa el uso de la fuerza por parte de la policía?

La supervisión del uso de la fuerza por parte de la policía recae en diversas instancias. Internamente, las propias instituciones policiales cuentan con mecanismos de control y órganos de asuntos internos. Externamente, existen organismos de derechos humanos (nacionales e internacionales), fiscalías, y la sociedad civil organizada que vigilan y documentan el actuar policial. El principio de rendición de cuentas y vigilancia en la legislación mexicana es fundamental para asegurar que estas evaluaciones se realicen de manera efectiva y transparente.

En conclusión, la legalidad en el uso de la fuerza policial es un pilar indispensable para la construcción de una sociedad justa y democrática. Los principios internacionales y la legislación nacional mexicana ofrecen un marco robusto que busca equilibrar la seguridad pública con el irrestricto respeto a los derechos humanos. La comprensión y aplicación rigurosa de estos principios por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así como la vigilancia por parte de la ciudadanía, son esenciales para fortalecer la confianza en las instituciones y asegurar que la autoridad se ejerza siempre al servicio de la ley y la dignidad de las personas.

Si quieres conocer otros artículos parecidos a La Legalidad en el Uso de la Fuerza Policial puedes visitar la categoría Policía.