28/08/2026
La Policía Nacional del Perú, una institución pilar en la seguridad y el orden del país, se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta. En esta ocasión, las miradas se centran en su más alta autoridad, el Comandante General Víctor Zanabria, quien enfrenta graves acusaciones que amenazan con empañar su trayectoria y la imagen de la institución que lidera. Los señalamientos, que datan de su gestión como jefe de la Región Policial de Arequipa en el año 2020, han desatado una ola de controversia y han puesto en marcha investigaciones fiscales que podrían tener profundas repercusiones.

Las denuncias, difundidas inicialmente por un reportaje periodístico del dominical 'Panorama', apuntan a presuntos delitos de peculado doloso, abuso de autoridad y, más recientemente, a supuestos vínculos con actividades de minería ilegal, incluyendo la recepción de pagos en efectivo y oro. Estas acusaciones no solo son serias por la naturaleza de los delitos, sino también por el rango del oficial implicado, lo que genera una particular inquietud en la opinión pública y dentro de las propias filas policiales.
- El Primer Frente: Peculado y Abuso de Autoridad en Arequipa
- El Segundo Frente: Vínculos con la Minería Ilegal y Pagos Clandestinos
- La Defensa del Comandante General y la Posición Institucional
- Implicaciones y el Futuro del Caso
- Preguntas Frecuentes (FAQ)
- ¿Quién es Víctor Zanabria?
- ¿Cuáles son las principales acusaciones contra el Comandante General Zanabria?
- ¿Quiénes son los denunciantes o testigos en estos casos?
- ¿Qué es la suspensión preventiva de derechos que solicitó el Ministerio Público?
- ¿Por qué la Policía Nacional del Perú defiende a Zanabria?
- ¿Qué significa que una investigación fiscal haya sido "archivada" en el caso de la minería ilegal?
El Primer Frente: Peculado y Abuso de Autoridad en Arequipa
La primera de las acusaciones contra el Comandante General Víctor Zanabria se remonta a su periodo como jefe de la Región Policial de Arequipa en 2020. Según la acusación fiscal, Zanabria habría incurrido en los delitos de peculado doloso y abuso de autoridad al supuestamente ordenar a un grupo de agentes de la Policía Nacional a realizar trabajos de albañilería durante su horario laboral. Esta situación es particularmente delicada, ya que implica el uso indebido de recursos del Estado —en este caso, el tiempo y la labor de los efectivos policiales— para fines ajenos a sus funciones oficiales.
El reportaje de 'Panorama' del 27 de abril reveló que esta información provino de un grupo de suboficiales que se atrevieron a denunciar los hechos. De los quince suboficiales que inicialmente levantaron su voz, seis fueron aceptados como testigos protegidos y ya han brindado sus declaraciones ante la Fiscalía. Un detalle crucial de esta denuncia es que en ese entonces, los suboficiales eran jóvenes, recién egresados de la escuela de la Policía, lo que sugiere una posible vulnerabilidad ante las directrices de una autoridad superior.
Las declaraciones de otros actores también han reforzado la acusación. Claudia del Castillo, quien fue exjefa del Escuadrón Verde de la región Arequipa, declaró ante la Fiscalía Anticorrupción de Arequipa que el actual comandante general de la PNP habría solicitado personal con experiencia en labores de construcción. Además, Claver Colquehuanca, un maestro albañil que habría estado involucrado en las labores, declaró a la Fiscalía que el acuerdo para estos trabajos fue verbal y que se realizaban en dos turnos. Colquehuanca también denunció haber recibido una transferencia de más de 17,000 soles, una cifra que, según él, era superior al pago acordado inicialmente, lo que añade otra capa de complejidad y presuntas irregularidades al caso.
Situación Legal y Reacciones
Frente a estas graves imputaciones, el Ministerio Público ha solicitado al Poder Judicial la suspensión preventiva de derechos por 18 meses del Comandante General Víctor Zanabria. Esta medida, de ser aceptada, implicaría una separación temporal de sus funciones mientras duren las investigaciones, lo que sería un golpe significativo para la máxima autoridad de la Policía Nacional.
Sin embargo, la solicitud del Ministerio Público ha sido calificada como “tardía” por José Palacios, abogado de los policías afectados. Palacios argumenta que el Comandante General Zanabria debe pasar a la situación de retiro en diciembre próximo, al cumplir 40 años reales y efectivos de servicio, y que además, el primero de octubre de este año, debería pasar a la “adaptación a la vía civil”. Esta perspectiva sugiere que las acciones legales, aunque necesarias, podrían no tener el impacto deseado en la carrera del oficial debido a su proximidad a la jubilación. No obstante, el letrado enfatizó que la decisión final recaerá en el juez de la investigación preparatoria, quien evaluará la solicitud y determinará el tiempo de la suspensión, si es que la acepta. Además, Palacios reconoció que, a pesar de la tardanza, la medida “sí va a ayudar mucho en las investigaciones fiscales”, lo que subraya la importancia de la acción del Ministerio Público para el avance del caso.
El Segundo Frente: Vínculos con la Minería Ilegal y Pagos Clandestinos
A las acusaciones de peculado y abuso de autoridad se suma un segundo y aún más grave frente: la presunta vinculación del Comandante General Zanabria con actividades de minería ilegal y la recepción de pagos indebidos. Un nuevo reportaje de 'Panorama', emitido el 11 de mayo de 2025, reveló testimonios que acusan al general de servir de forma ilegal a mineros formales e informales en Arequipa, nuevamente durante su gestión como jefe de la región policial en 2020.
Los testimonios clave en este caso provienen de un policía, quien afirma que existen más oficiales y suboficiales brindando declaraciones ante la Fiscalía, y de un hombre que, habiendo formado parte de grupos armados dedicados a dominar las concesiones de oro, se ha convertido en un colaborador eficaz. Este último testimonio es particularmente valioso, ya que proviene de alguien con conocimiento interno de las dinámicas en la zona de conflicto minero.
El Conflicto Minero y el Presunto Modus Operandi
El reportaje detalla que el conflicto por las concesiones de oro se originó en Caravelí, en terrenos que pertenecían a Intigold, una minera formal cuya representante, Rosana Calmet, está actualmente investigada por el presunto delito de organización criminal. En 2020, Intigold comenzó a subarrendar o subconcesionar sus tierras a mineros artesanales. Un grupo de mineros informales, conocidos como “Kallpa Renace”, inició labores en la zona bajo un acuerdo con Intigold. Sin embargo, los desacuerdos por el pago del mineral llevaron a la ruptura de este vínculo.
El testimonio del policía testigo es contundente: afirma que Víctor Zanabria, como máximo representante de la PNP en la región Arequipa, tenía el control de todas las unidades policiales y era parte de una “organización criminal por donde quieran ver”. Según los testigos, desde el contacto con Zanabria, se habría comenzado a traficar y lucrar con los servicios de los efectivos policiales en las zonas de conflicto. Se reportaban falsos ataques y situaciones de emergencia para justificar un estado de emergencia permanente y la presencia policial en las minas.
El esquema habría sido el siguiente: “La mina estaba rodeada de puros policías (...) El general los enviaba a la mina de sus puestos de Arequipa y aparecía como si estuvieran en sus puestos, pero en realidad prestaban servicio en la mina y además recibían 250 soles de la mina, diarios”, reveló el testimonio. Esto sugiere que los efectivos policiales, que deberían velar por el orden público, estaban siendo desviados de sus funciones y remunerados por intereses privados, lo que constituye un grave acto de corrupción.
El colaborador eficaz añadió que Zanabria supuestamente sabía moverse entre ambos bandos durante el conflicto: “El general Zanabria arreglaba con todos, con ambos mandos (...). Por eso, antes de que nos vengan a detener, nos avisaban. Sabíamos cuando subía la PNP y todos fugábamos”. Este testimonio pinta un cuadro de complicidad y tráfico de información privilegiada. Incluso se menciona un incidente en diciembre de 2020, durante un conflicto entre Intigold y los mineros de Kallpa Renace, donde se pagó a la policía para que permaneciera inactiva. “La gente se corría y se vio que el finado hace el ademán de sacar un arma y se corre a una choza, y ahí es donde entran dos de los que estaban atacando y lo matan (...) Todo esto se dio mientras que la Policía estaba en el campamento durmiendo. Es imposible que no hayan escuchado, desde el campamento, el tiroteo”, relató el colaborador, describiendo una situación de inacción policial frente a un crimen grave.
La Defensa del Comandante General y la Posición Institucional
Ante estas acusaciones, el Comandante General Víctor Zanabria ha negado rotundamente los cargos y ha rechazado cualquier tipo de abuso de autoridad o vínculo con actividades ilícitas. En respuesta a las acusaciones de 'Panorama' sobre los pagos de mineros, Zanabria aseguró que las declaraciones del colaborador eficaz se habían “desmantelado” y que, por ello, la investigación había sido archivada. “La fiscalía archivó el caso porque el colaborador dio una fecha [en la que] yo estaba en Jordania y se cayó toda su investigación”, refirió, utilizando su coartada como argumento principal para desestimar la validez de los testimonios.

La Policía Nacional del Perú, por su parte, ha emitido un comunicado oficial respaldando a su Comandante General. En el comunicado n.° 007-2025, la PNP indicó que la investigación estaría “armada” para generar “carpetas fiscales” en contra de Zanabria. Afirmaron que el reportaje de 'Panorama' del 11 de mayo de 2025 es el “cuarto reportaje” difundido “sistemática e interesadamente” en su contra. La institución sostiene que la investigación fiscal mencionada ya fue archivada y contenía declaraciones de un aspirante a colaborador eficaz y testigos sobre hechos de 2020. Calificaron las imputaciones como “de carácter general y algunas específicas que coincidieron cuando se encontraba en el extranjero y, además, por resultar incorroborables, como el hecho de conformar una organización criminal”.
La PNP fue más allá al señalar que estas investigaciones, después de cinco años, reúnen las características de investigaciones “armadas” al estilo acostumbrado por “malos policías en contubernio con medios de comunicación para generar ‘carpetas fiscales’ con fiscales a la medida”. La institución también resaltó que Víctor Zanabria ya inició acciones legales por los reportajes difamatorios anteriores y que hará lo propio en esta oportunidad, contando con el respaldo del Alto Mando policial conforme a ley. Esta postura institucional refleja una defensa cerrada de su líder, lo que sin duda añade un elemento de tensión al ya complejo escenario.
Implicaciones y el Futuro del Caso
Las acusaciones contra el Comandante General de la PNP, Víctor Zanabria, tienen profundas implicaciones para la institución y la confianza pública. La solicitud de suspensión de derechos por parte del Ministerio Público es una medida drástica que, de ser aprobada, enviaría un fuerte mensaje sobre la tolerancia cero a la corrupción, incluso en los más altos niveles.
El hecho de que las denuncias provengan de suboficiales y de un colaborador eficaz, quienes se arriesgan al hablar, subraya la gravedad percibida de los actos. La defensa de Zanabria, basada en una coartada de viaje al extranjero para desvirtuar un testimonio, y la postura de la PNP de considerar las investigaciones como “armadas”, añaden capas de complejidad y contradicción que deberán ser dilucidadas en los tribunales.
La celeridad y transparencia con la que se manejen estas investigaciones serán cruciales para restaurar la confianza en la Policía Nacional. La proximidad del Comandante General a su retiro, como lo señaló su abogado, plantea interrogantes sobre la efectividad de las medidas punitivas si el proceso judicial se alarga. Sin embargo, el objetivo principal de estas investigaciones no es solo una sanción individual, sino también la limpieza de la institución y la prevención de futuras corruptelas. La comunidad espera que la justicia prevalezca y que se establezcan responsabilidades claras, independientemente del rango o la posición de los involucrados.
Para una mejor comprensión de las acusaciones, presentamos una tabla comparativa:
| Acusación Principal | Detalles Clave | Principales Denunciantes/Testigos | Estado Actual |
|---|---|---|---|
| Peculado Doloso y Abuso de Autoridad (Arequipa, 2020) | Suboficiales habrían sido obligados a realizar trabajos de albañilería en horario laboral en beneficio de la autoridad. | 15 suboficiales (6 protegidos), Claudia del Castillo (exjefa Escuadrón Verde), Claver Colquehuanca (maestro albañil). | Ministerio Público solicitó al Poder Judicial la suspensión preventiva de derechos por 18 meses. |
| Vínculos con Minería Ilegal y Pagos Clandestinos (Arequipa, 2020) | Presunta recepción de dinero y oro de mineros (S/ 250 diarios por policía), uso de efectivos policiales para protección de minas y reportes falsos para justificar presencia. | Un policía (testigo), un colaborador eficaz (ex-miembro de grupos armados). | PNP afirma que la investigación fue archivada por falta de corroboración (alibi de Zanabria en Jordania); Zanabria niega los cargos e inició acciones legales. |
Preguntas Frecuentes (FAQ)
¿Quién es Víctor Zanabria?
Víctor Zanabria es el actual Comandante General de la Policía Nacional del Perú, la máxima autoridad de la institución policial. Ocupó cargos importantes, como el de jefe de la Región Policial de Arequipa en 2020, periodo en el que se originaron las graves acusaciones que hoy enfrenta.
¿Cuáles son las principales acusaciones contra el Comandante General Zanabria?
Las principales acusaciones se dividen en dos frentes. Primero, por presuntos delitos de peculado doloso y abuso de autoridad por haber ordenado a suboficiales realizar trabajos de albañilería durante su horario laboral en 2020. Segundo, por supuestos vínculos con actividades de minería ilegal en Arequipa en el mismo año, incluyendo la recepción de pagos en efectivo y oro de mineros, y el desvío de personal policial para proteger intereses privados.
¿Quiénes son los denunciantes o testigos en estos casos?
En el caso de peculado y abuso de autoridad, los denunciantes son un grupo de quince suboficiales, de los cuales seis fueron aceptados como testigos protegidos. También han declarado Claudia del Castillo, exjefa del Escuadrón Verde de Arequipa, y Claver Colquehuanca, un maestro albañil involucrado en los trabajos. En el caso de los vínculos con la minería ilegal, los testimonios provienen de un policía que trabajó en la zona y de un colaborador eficaz, quien anteriormente formó parte de grupos armados en el conflicto minero.
¿Qué es la suspensión preventiva de derechos que solicitó el Ministerio Público?
La suspensión preventiva de derechos es una medida cautelar solicitada por el Ministerio Público al Poder Judicial. De ser concedida, implicaría que Víctor Zanabria sería apartado temporalmente de sus funciones como Comandante General de la PNP por un periodo de 18 meses, mientras las investigaciones fiscales continúan. Esta medida busca asegurar la transparencia del proceso y evitar que el investigado pueda interferir en la recopilación de pruebas.
¿Por qué la Policía Nacional del Perú defiende a Zanabria?
La Policía Nacional del Perú ha emitido comunicados oficiales respaldando al Comandante General Zanabria. Argumentan que las investigaciones en su contra podrían estar "armadas" por "malos policías en contubernio con medios de comunicación" para generar "carpetas fiscales" con fines difamatorios. La institución ha afirmado que Zanabria ha iniciado acciones legales contra los reportajes y que cuenta con el respaldo del Alto Mando policial.
¿Qué significa que una investigación fiscal haya sido "archivada" en el caso de la minería ilegal?
Que una investigación fiscal haya sido "archivada" significa que, en un momento dado, la Fiscalía consideró que no existían suficientes elementos o pruebas para continuar con la persecución penal en ese momento. En el caso de Zanabria, él mismo afirmó que la investigación fue archivada porque el testimonio del colaborador eficaz se desvirtuó, ya que la fecha mencionada por el colaborador coincidía con su estadía en Jordania. Sin embargo, un caso archivado puede ser reabierto si aparecen nuevas pruebas o indicios que justifiquen su reactivación.
Las acusaciones contra el Comandante General Víctor Zanabria representan un desafío significativo para la Policía Nacional del Perú. La forma en que se desarrollen estas investigaciones y las decisiones que se tomen en los tribunales no solo determinarán la situación legal del alto mando, sino que también influirán en la percepción pública de la transparencia y la integridad de una de las instituciones más importantes del país. La ciudadanía permanece atenta a los resultados, esperando que la verdad prevalezca y que se fortalezcan los mecanismos de control y rendición de cuentas dentro de la fuerza policial.
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