26/07/2024
El Grupo Terna, una unidad especializada de la Policía Nacional del Perú (PNP), fue concebido originalmente con un propósito claro y fundamental: ser la vanguardia en la lucha contra la delincuencia común que afecta la vida diaria de los ciudadanos. Sin embargo, lo que comenzó como una estrategia innovadora para combatir el crimen menor, se ha transformado en un epicentro de controversia, especialmente a raíz de su participación en las protestas sociales que sacudieron el país en noviembre de 2020. Esta unidad, conocida por sus técnicas de camuflaje y su capacidad para operar de incógnito, se encuentra ahora bajo el escrutinio público debido a una gravísima denuncia: la acusación de secuestrar y golpear a un joven manifestante. Esta situación ha desatado un intenso debate sobre los límites de su accionar, la protección de los derechos ciudadanos y la necesidad de rendición de cuentas dentro de las fuerzas del orden.
Orígenes y Propósito: El Grupo Terna en su Esencia
La Unidad de Inteligencia Táctica Operativa Urbana, más conocida popularmente como Grupo Terna, es una división especializada que forma parte del Escuadrón Verde de la Policía Nacional del Perú. Su génesis se remonta a abril de 2012, momento en el que el Ministerio del Interior (Mininter) la creó con un objetivo muy específico: enfrentar de manera efectiva modalidades delictivas menores pero recurrentes, como el arrebato, el cogoteo y otros delitos contra el patrimonio que impactan directamente la seguridad de la población en las calles.
Aunque fue creada en 2012, la visibilidad y popularidad del Grupo Terna se dispararon en 2014, bajo la gestión del entonces ministro del Interior, Daniel Urresti, durante el gobierno de Ollanta Humala. Urresti, quien en la actualidad se desempeña como congresista, destacó en aquel momento que la inspiración para esta modalidad policial provenía de Francia, país donde, según sus afirmaciones, se originó este tipo de unidad. De hecho, en el mismo año 2014, oficiales de la Policía francesa visitaron Perú para impartir adiestramiento a efectivos peruanos, compartiendo técnicas y estrategias destinadas a la lucha contra la delincuencia común.
La operatividad del Grupo Terna se basa en dos pilares fundamentales: la Inteligencia Táctica Operativa (Intao) y la Observación, Vigilancia y Seguimiento (Ovise). Estas metodologías permiten a los agentes Terna desarrollar una comprensión profunda del entorno delictivo. Para llevar a cabo sus intervenciones, los efectivos se visten de civil, una táctica que les permite mimetizarse y camuflarse en el ambiente urbano. Es común verlos caracterizados como heladeros, mecánicos, comerciantes ambulantes o incluso como personas sin hogar; como lo describe el Mininter, “habitan en todas partes”. Su habilidad para mezclarse les permite detectar y actuar en flagrante delito, desarticulando redes criminales y deteniendo a delincuentes en el acto, lo que históricamente les ha valido el reconocimiento por su eficacia en la reducción de ciertos tipos de crímenes callejeros.
La funcionalidad y el accionar del Grupo Terna tomaron un giro inesperado y se vieron envueltos en una profunda controversia a partir de noviembre de 2020. Tras la vacancia presidencial de Martín Vizcarra el 9 de noviembre y la posterior asunción de Manuel Merino a la presidencia al día siguiente, una ola de protestas masivas y pacíficas se desató en las calles de todo el Perú. En este contexto de ebullición social, la participación de los agentes del Grupo Terna en las manifestaciones se convirtió rápidamente en un punto de fricción y objeto de severos cuestionamientos por parte de la ciudadanía y diversas organizaciones de derechos humanos.
A través de las redes sociales, comenzaron a circular numerosas denuncias y videos que mostraban la presunta infiltración de agentes Terna entre los manifestantes. La acusación principal era que estos efectivos, en lugar de combatir la delincuencia común, estaban siendo utilizados para increpar y detener de forma arbitraria a los ciudadanos que ejercían su derecho a la protesta, particularmente en la capital, Lima. Esta situación generó una enorme indignación, ya que la presencia de agentes encubiertos en manifestaciones pacíficas fue percibida como una táctica intimidatoria y desestabilizadora.
La propia Policía Nacional del Perú ofreció versiones contradictorias. Inicialmente, el jefe del Escuadrón Verde, Crnl. Freddy Velásquez, reconoció que el Grupo Terna había participado en las protestas del 11 de noviembre. Sin embargo, un comunicado emitido por la PNP el 13 de noviembre intentó desmentir esta afirmación, asegurando que los Terna no habían participado en la primera marcha nacional, que tuvo lugar el 12 de noviembre. No obstante, la avalancha de videos y testimonios ciudadanos compartidos en redes sociales desmintió categóricamente esta última versión, evidenciando la presencia y el accionar de estos agentes en las movilizaciones. La represión policial en estas protestas tuvo consecuencias devastadoras, con reportes de desaparecidos, numerosos heridos y, lamentablemente, las trágicas muertes de los jóvenes Inti Sotelo y Jack Pintado durante la marcha del sábado 14 de noviembre en Lima, lo que intensificó aún más la presión sobre las autoridades y las unidades policiales.
La Sombra de la Acusación: Secuestro y Agresión
En el marco de las desapariciones reportadas durante las protestas de noviembre de 2020, el Grupo Terna se vio envuelto en una de las acusaciones más graves y perturbadoras hasta la fecha. El joven Luis Fernando Araujo Enríquez, cuya desaparición fue reportada el sábado 14 de noviembre, fue ubicado finalmente el martes 17 de noviembre. Tras su aparición, Araujo Enríquez brindó un testimonio escalofriante que puso en el ojo de la tormenta a la unidad Terna. El joven denunció haber sido golpeado y secuestrado por agentes de este grupo.
Según el relato de Araujo, fue agredido y retenido por los Terna durante tres días, en condiciones inhumanas y de total aislamiento. “He sido agredido por lo que viene a ser el Grupo Terna, me han tenido reducido tres días sin comer, sin agua, en una habitación aparentemente escondido”, declaró el joven, detallando la angustia y el maltrato sufrido. Esta denuncia no solo es un testimonio desgarrador, sino que también representa una violación flagrante de los derechos humanos y un abuso de autoridad que va más allá de las funciones policiales establecidas.
Ante la gravedad de los hechos y la indignación generada en la opinión pública, la Policía Nacional del Perú se vio obligada a actuar. Se dispuso, en coordinación con el Ministerio Público, la realización de una investigación exhaustiva para determinar las causas y circunstancias exactas de lo sucedido con Luis Fernando Araujo Enríquez. Este caso se convirtió en un símbolo de las preocupaciones sobre la brutalidad policial y la impunidad, exacerbando la desconfianza de una parte de la sociedad hacia las fuerzas del orden y, en particular, hacia el Grupo Terna, cuya misión original de proteger a la ciudadanía se vio empañada por estas serias acusaciones.
La grave denuncia de secuestro y agresión contra Luis Fernando Araujo Enríquez, sumada a las múltiples acusaciones de detenciones arbitrarias e infiltración en protestas, provocó una ola de indignación que trascendió las redes sociales y se materializó en un clamor generalizado por parte de diversas organizaciones de la sociedad civil. Estas agrupaciones, defensoras de los derechos humanos y la justicia, exigieron de manera contundente la desactivación inmediata del Grupo Terna. Argumentaban que una unidad con tales antecedentes y que operaba con tácticas encubiertas, se había convertido en un peligro para la ciudadanía en lugar de un protector, y que su existencia era incompatible con una democracia que respeta las libertades fundamentales.
Sin embargo, la respuesta oficial a este pedido fue negativa. El entonces ministro del Interior, Ismael Rubén Vargas, descartó la solicitud de desactivar el Grupo Terna. Su argumento principal fue que no se podía cerrar una unidad policial completa y eficaz en la lucha contra la delincuencia común debido a la responsabilidad de “individualidades”. Es decir, el ministro sugirió que los actos denunciados eran producto de la conducta de agentes específicos y no de una falla estructural o doctrinal de la unidad en su conjunto. Esta postura, aunque busca preservar la operatividad de la unidad, generó aún más controversia, pues para muchos, la gravedad de las acusaciones demandaba una revisión profunda y no solo la investigación de casos aislados.
Paralelamente a este debate sobre el Grupo Terna, otro punto de contención en el ámbito de la seguridad y los derechos humanos en Perú fue la discusión sobre la Ley N.° 31012, conocida como Ley de Protección Policial. Esta normativa, aprobada en un contexto de respaldo a la labor policial, es objeto de severas críticas por diversos sectores que la consideran inconstitucional y un riesgo latente para la impunidad. La ley otorga protección legal a los policías cuando, “en ejercicio regular de su función constitucional, hace uso de sus armas o medios de defensa, en forma reglamentaria causando lesiones o muerte”. Los críticos sostienen que esta formulación es demasiado amplia y podría ser interpretada de manera que ampare abusos y excesos policiales, dificultando la investigación y sanción de los “malos efectivos” de la PNP que actúen fuera de la ley o con uso desproporcionado de la fuerza. La combinación de estas problemáticas –las acciones del Grupo Terna y la existencia de leyes percibidas como protectoras de la impunidad– ha puesto de manifiesto la urgente necesidad de una reforma integral en la institución policial y un fortalecimiento de los mecanismos de control y rendición de cuentas.
Preguntas Frecuentes sobre el Grupo Terna y sus Controversias
A continuación, respondemos algunas de las preguntas más comunes sobre el Grupo Terna y las controversias que lo rodean:
| Pregunta | Respuesta |
|---|---|
| ¿Qué es el Grupo Terna? | Es la Unidad de Inteligencia Táctica Operativa Urbana, una división especializada del Escuadrón Verde de la Policía Nacional del Perú (PNP) que opera con agentes encubiertos. |
| ¿Para qué fue creado el Grupo Terna? | Fue creado en abril de 2012 para combatir la delincuencia común, especialmente delitos menores contra el patrimonio como el arrebato y el cogoteo, utilizando tácticas de mimetización e infiltración. |
| ¿Cuál es la principal acusación que enfrenta el Grupo Terna? | La acusación más grave es la de secuestro y agresión a un joven manifestante, Luis Fernando Araujo Enríquez, quien denunció haber sido retenido y golpeado por agentes de esta unidad durante tres días en noviembre de 2020. |
| ¿Participó el Grupo Terna en las protestas de 2020? | Sí. Aunque la PNP inicialmente lo negó para la marcha del 12 de noviembre, el jefe del Escuadrón Verde reconoció su participación el 11 de noviembre, y numerosas denuncias en redes sociales con videos evidenciaron su presencia y accionar en las manifestaciones. |
| ¿Se ha desactivado el Grupo Terna tras las denuncias? | No. A pesar del clamor de la sociedad civil por su desactivación, el Ministerio del Interior descartó esta medida, argumentando que las acusaciones correspondían a responsabilidades individuales y no a fallas de la unidad en su conjunto. |
| ¿Qué es la Ley N.° 31012 o Ley de Protección Policial? | Es una ley que otorga protección legal a los policías cuando, en el ejercicio de su función, usan sus armas o medios de defensa causando lesiones o muerte. Es cuestionada por la sociedad civil por considerarla inconstitucional y un posible factor de impunidad para los abusos policiales. |
La situación del Grupo Terna es un reflejo de las tensiones inherentes entre la seguridad ciudadana y la protección de los derechos humanos. Mientras que su creación respondió a una necesidad legítima de combatir el crimen, su accionar en momentos de crisis social y las graves acusaciones en su contra han puesto en el centro del debate la transparencia, la rendición de cuentas y la reforma de las instituciones policiales en el Perú. La resolución de casos como el de Luis Fernando Araujo Enríquez será crucial para determinar la responsabilidad individual y colectiva, y para restaurar la confianza pública en una unidad que, por su naturaleza, debe operar con la máxima ética y respeto por la ley.
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