Seguridad Policial: ¿Régimen o Ciudadano?

La creciente ola de inseguridad ciudadana que azota a la nación peruana ha puesto en el ojo de la tormenta la labor y la estructura de la Policía Nacional del Perú (PNP). En un contexto donde la percepción de riesgo se eleva día a día, las voces expertas se alzan para señalar las grietas profundas en el sistema. Arturo Huaytalla Quispe, sociólogo y especialista en seguridad ciudadana, residente en España y excoordinador del Observatorio Nacional de la Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ha lanzado una seria advertencia: la crisis de seguridad no reside únicamente en las calles, sino en la manera misma en que la institución policial concibe y aborda su misión, transformándola en un régimen antes que en un servicio al ciudadano.

La visión de Huaytalla es contundente y compleja, señalando que las reformas urgentes que el país demanda parecen estar "atrapadas entre intereses políticos y una institucionalidad debilitada". Esta afirmación resuena con la frustración de una ciudadanía que clama por soluciones efectivas, pero que se encuentra con un entramado de desafíos que van desde la corrupción interna hasta la desorganización en la gestión de la información vital para la toma de decisiones.

La Seguridad como Régimen: Una Mirada Crítica a la Orientación Policial

Uno de los puntos más álgidos de la crítica de Arturo Huaytalla es la premisa de que la Policía Nacional está abordando la seguridad "como un régimen, antes que al ciudadano". Esta distinción es crucial. Abordar la seguridad como un régimen implica una perspectiva que prioriza el control, la imposición de la autoridad y el mantenimiento de un orden preestablecido, a menudo desde una lógica jerárquica y burocrática. En este enfoque, la institución podría operar bajo sus propias reglas internas y prioridades, que no siempre se alinean con las necesidades, derechos y expectativas de la población a la que debe servir.

Por el contrario, un enfoque centrado en el ciudadano implicaría que la seguridad es un servicio público fundamental, diseñado para proteger y empoderar a la comunidad. Significaría una policía más cercana, más accesible, transparente y responsive a las demandas de la gente. El contraste entre estas dos aproximaciones es abismal y tiene consecuencias directas en la eficacia de las políticas de seguridad y en la relación de confianza entre la institución y la sociedad.

Cuando la seguridad se convierte en un régimen, se corre el riesgo de que las acciones policiales se perciban como autoritarias o desvinculadas de la realidad cotidiana de los ciudadanos. Se prioriza la estadística de intervenciones o detenciones sobre la reducción efectiva del miedo y la mejora de la calidad de vida. Este modelo puede generar fricción social, desconfianza y, en última instancia, socavar la legitimidad de la fuerza policial, dificultando aún más la cooperación ciudadana, un elemento indispensable para cualquier estrategia de seguridad exitosa.

La Corrupción Estructural: Un Cáncer que Carcome la Institución

La problemática de la seguridad ciudadana en Perú no puede disociarse de la alarmante realidad de la corrupción policial. Huaytalla reveló un dato escalofriante: un censo realizado en 2023 a 90 mil policías indicó que 9 de cada 10 efectivos reportaron que algún colega había cometido actos de corrupción. Esta cifra no es solo una estadística, es un grito de alerta sobre una enfermedad sistémica que debilita la capacidad operativa de la PNP y erosiona la poca confianza que la ciudadanía aún puede tener en sus instituciones.

La corrupción en el seno de la policía adopta múltiples formas: desde pequeños sobornos hasta la participación en redes criminales organizadas. Sus efectos son devastadores: desvío de recursos, impunidad para los delincuentes, protección a actividades ilícitas y una profunda desmoralización dentro de las filas honestas de la institución. Cuando los guardianes de la ley se convierten en parte del problema, la sociedad queda a merced de la delincuencia sin un escudo efectivo.

A pesar de este sombrío panorama, Huaytalla señala que existe una "fuerza interna dentro de la institución que rechaza esta posición vinculada a la corrupción del país". Esta resistencia interna es un punto de partida crucial para cualquier intento de reforma. Son los efectivos honestos, comprometidos con su vocación de servicio, quienes pueden liderar el cambio desde adentro, pero necesitan el respaldo de políticas claras y una voluntad política inquebrantable para erradicar estas prácticas.

El Laberinto de los Datos: Cuando las Cifras no Coinciden

Una de las paradojas más frustrantes en la lucha contra la inseguridad es la falta de coherencia en los datos. Huaytalla enfatiza que "la crisis de la delincuencia no solo está en la calle, sino en los datos y registros administrativos de todos los sistemas de justicias y seguridad en el fondo". Es decir, la radiografía del crimen en el Perú es difusa y contradictoria, con cifras que varían significativamente entre diferentes entidades como el Ministerio del Interior, la Fiscalía y la Policía.

El especialista citó el ejemplo del Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef), que realiza conteos a través de certificados de defunción, los cuales a menudo presentan un "gran subregistro". En contraste, la Policía se basa en los datos de denuncias policiales, que también tienen sus propias limitaciones (muchos crímenes no son denunciados). Esta disparidad de fuentes y metodologías genera un panorama confuso:

"El problema es que en todas las instituciones hay diferencias y discursos por ciertos actores y se asume como una verdad", explicó Huaytalla. Esta fragmentación de la información impide tener una imagen clara y precisa de la realidad criminal, lo que a su vez obstaculiza el diseño de políticas públicas efectivas y la asignación eficiente de recursos. Sin datos fiables, cualquier estrategia de seguridad se construye sobre cimientos inestables, condenada a ser reactiva y no preventiva. A pesar de estas inconsistencias, la tendencia general que sí revelan todos los registros administrativos (Policía, morgue, Fiscalía) es "una tendencia a la alta desde hace varios años", lo que subraya la urgencia de la situación.

La Pérdida de Especialización y la Urgencia de un Enfoque Ciudadano

Otro factor crítico identificado por Huaytalla es que la unificación de la Policía en un solo cuerpo, si bien pudo tener objetivos loables en su momento, generó una "pérdida de especialización en la orden y seguridad". Históricamente, las fuerzas policiales contaban con divisiones más específicas y capacitadas para abordar distintas facetas de la seguridad. La dilución de estas especializaciones puede llevar a una menor eficacia en la respuesta a delitos complejos o en la gestión de situaciones que requieren un conocimiento muy particular.

Frente a esta situación, el sociólogo es enfático: "Amerita plantear una especialización con la ciudadanía". Esto no solo implica una policía con conocimientos técnicos específicos para cada tipo de delito, sino también una fuerza policial que comprenda las dinámicas sociales, culturales y comunitarias. Una especialización en la ciudadanía significaría:

• Policía de Proximidad: Efectivos que conozcan a sus comunidades, sus problemas específicos y que construyan relaciones de confianza con los vecinos.
• Capacitación en Derechos Humanos: Formación constante en el respeto a las garantías individuales, fundamental para una policía democrática.
• Atención a Víctimas: Personal especializado en el trato y acompañamiento a víctimas de delitos, brindando un soporte humano y profesional.
• Inteligencia Comunitaria: Recopilación de información no solo de fuentes criminales, sino también de las preocupaciones y alertas de la propia ciudadanía.
• Prevención Situacional: Diseño de estrategias que aborden las causas y oportunidades del delito en entornos específicos, con participación comunitaria.

Esta orientación hacia una "especialización con la ciudadanía" es la antítesis del abordaje de la seguridad como un régimen. Es un llamado a una policía que se vea a sí misma como parte de la comunidad, no por encima de ella, y que priorice la protección y el bienestar de las personas como su objetivo supremo.

Preguntas Frecuentes (FAQ) sobre la Seguridad Policial en Perú

La complejidad de la situación de la seguridad en Perú genera muchas interrogantes. A continuación, abordamos algunas de las más comunes, basándonos en las alertas de especialistas como Arturo Huaytalla:

¿Qué significa que la policía aborde la seguridad como un "régimen"?

Significa que la institución policial tiende a priorizar el control, la imposición de la autoridad y el mantenimiento del orden desde una perspectiva interna y jerárquica, en lugar de enfocarse en las necesidades, derechos y el bienestar directo de los ciudadanos. Se aleja de un modelo de servicio público centrado en la comunidad.

¿Cuál es el problema con los datos de seguridad en Perú?

Existe una grave inconsistencia y falta de coherencia entre los registros administrativos de diferentes instituciones (Policía, Fiscalía, SINADEF, Ministerio del Interior). Esto impide tener una imagen clara y precisa de la realidad delictiva, dificultando el diseño de políticas públicas efectivas y la asignación adecuada de recursos. A menudo, hay subregistros significativos que ocultan la verdadera magnitud de ciertos crímenes.

¿Qué tan extendida es la corrupción en la Policía Nacional del Perú?

Según un censo realizado en 2023, 9 de cada 10 policías encuestados admitieron que algún efectivo había cometido actos de corrupción. Esto indica que la corrupción es un problema estructural y generalizado dentro de la institución, lo que socava su eficacia y la confianza pública.

¿Qué implicaciones tiene la pérdida de especialización policial?

La unificación de la policía ha llevado a una dilución de las capacidades específicas para abordar diferentes tipos de delitos o situaciones. Una menor especialización puede traducirse en una respuesta menos eficiente a la criminalidad compleja y una menor capacidad para interactuar de manera efectiva con las diversas realidades de la ciudadanía.

¿Qué propone Arturo Huaytalla para mejorar la seguridad ciudadana?

Huaytalla propone abordar la corrupción estructural, resolver la inconsistencia en los datos para tener una radiografía real del crimen y, fundamentalmente, que la policía retome una "especialización con la ciudadanía". Esto implica un enfoque más cercano a la comunidad, que priorice la protección y el servicio al ciudadano por encima del control rígido.

Conclusión: Un Llamado Urgente a la Reforma y la Transparencia

La situación de la seguridad ciudadana en Perú es crítica y multifacética. Las alertas lanzadas por especialistas como Arturo Huaytalla no son meras críticas, sino un llamado urgente a la acción. La noción de que la policía opera bajo un "régimen" en lugar de servir al ciudadano, la endémica corrupción estructural que la debilita desde adentro, y el caos en la gestión de los datos que impide una comprensión clara de la realidad, son problemas interconectados que requieren una reforma integral y valiente.

La clave para revertir esta situación reside en una profunda transformación institucional que ponga al ciudadano en el centro de la estrategia de seguridad. Esto implica no solo combatir la corrupción con firmeza, sino también invertir en la capacitación y especialización de los efectivos, mejorar drásticamente los sistemas de recopilación y análisis de datos, y fomentar una cultura de transparencia y rendición de cuentas. Solo así, la Policía Nacional del Perú podrá reconstruir la confianza con la sociedad y cumplir eficazmente su misión fundamental: garantizar la seguridad y la tranquilidad de todos los peruanos.

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