La Inseguridad Interna en la Policía: Un Desafío Urgente

La confianza en las instituciones que nos protegen es un pilar fundamental de cualquier sociedad. Sin embargo, ¿qué sucede cuando la inseguridad no proviene de las calles, sino de las propias filas de quienes juraron defenderla? Un reciente y estremecedor caso en la Policía Nacional del Perú (PNP) ha sacudido los cimientos de esta institución, revelando una profunda crisis de inseguridad interna que exige atención y soluciones urgentes. La agresión sexual sufrida por un joven suboficial a manos de sus propios compañeros no solo es un acto aberrante, sino también un doloroso recordatorio de que ciertas “tradiciones” y la falta de una cultura de rendición de cuentas pueden corroer la integridad desde dentro. Este incidente, lejos de ser aislado, pone en tela de juicio la capacidad de la policía para proteger a sus propios miembros y, por extensión, a la ciudadanía.

El Horrendo Ataque: Una "Tradición Policial" que Destruye

Hace aproximadamente un año, un joven suboficial de la PNP vivió una pesadilla que expuso la cara más oscura de la camaradería malentendida dentro de la institución. En las instalaciones de la División de Emergencia (Diveme), bajo la supuesta excusa de una “tradición policial” de iniciación, fue brutalmente atacado por un grupo de al menos diez compañeros, suboficiales del departamento de Rescate 1. Lo que comenzó con insultos y golpes escaló a una violación sexual, un acto de violencia incalificable que dejó a la víctima en un estado de vulnerabilidad y trauma extremos. Los agresores, en un despliegue de crueldad y desprecio por la dignidad humana, no solo lo golpearon y ultrajaron, sino que incluso lo filmaron con un celular, perpetuando el horror y la humillación. La excusa de que estos actos eran parte de un rito de iniciación o un “chongo” es inaceptable y revela una perversión de los valores que deberían regir a una fuerza policial.

La víctima, en un acto de valentía, logró liberarse y, en su desesperación, buscó apoyo en sus superiores: brigadieres, un mayor y un comandante. Sin embargo, la respuesta que recibió fue aún más devastadora. En lugar de ofrecerle protección y justicia, sus superiores intentaron persuadirlo para que no denunciara, invocando la “comprensión” hacia los agresores, quienes supuestamente eran “padres de familia” y perderían sus trabajos. Audios grabados por el propio suboficial revelaron la magnitud del encubrimiento institucional, donde se le ofrecía dinero –hasta 4.000 soles– para “tratamiento psicológico” a cambio de su silencio. “Se trata de evitar ahorita el escándalo”, se escuchaba en las grabaciones, una frase que encapsula la priorización de la imagen institucional sobre la justicia y el bienestar de un miembro de sus propias filas. Este intento de coacción y encubrimiento no solo es inmoral, sino que es un delito que socava la credibilidad de la cadena de mando y la integridad de la institución en su conjunto.

Respuestas Institucionales: Entre la Condena y las Irregularidades

La denuncia pública del caso, revelada por el programa “Cuarto Poder”, forzó una reacción de las autoridades. A dos días de la difusión del reportaje, la Policía Nacional del Perú (PNP) emitió un comunicado informando que la Inspectoría General de la PNP había realizado “investigaciones correspondientes” y tomado “medidas disciplinarias” contra los dos efectivos policiales que presuntamente participaron en el hecho, disponiendo su “cese temporal de empleo”. Si bien cualquier acción es mejor que la inacción, la medida de “cese temporal” para un crimen de esta magnitud resulta insuficiente y genera dudas sobre la verdadera voluntad de erradicar estas prácticas. Además, la PNP admitió tener conocimiento del caso desde hace un año, pero no lo hizo público, argumentando que se trataba de un “proceso interno”, una justificación que choca con el principio de transparencia y la necesidad de rendición de cuentas en un caso de tan grave impacto social.

Por su parte, el Ministerio del Interior (Mininter) también se pronunció, “condenando enérgicamente lo sucedido” y asegurando que “este crimen no quedará impune”. El Mininter reveló que la Defensoría de la Policía había intervenido y “detectado irregularidades durante las investigaciones”, lo que llevó a la disposición de que se ampliara la investigación para incluir a todos los implicados. Esta intervención del Mininter, aunque tardía, es crucial, ya que la detección de irregularidades sugiere que los procesos internos iniciales de la PNP no fueron lo suficientemente exhaustivos o imparciales. La promesa de no tener “contemplaciones” es un paso en la dirección correcta, pero la verdadera prueba estará en la aplicación de justicia plena y en la implementación de cambios sistémicos que prevengan futuras atrocidades.

La Voz de la Experiencia: Erradicar las "Tradiciones" Abusivas

La indignación ante este caso fue compartida por figuras como Alfredo Azurín, congresista y policía en retiro, quien no dudó en alzar su voz contra estas deplorables prácticas. Azurín, con la autoridad que le confiere su trayectoria en la institución, fue enfático al declarar que “esos rituales deben desaparecer”. Recordó que, en el pasado, estas “tradiciones” se utilizaban para “iniciar” a los policías, pero subrayó la necesidad imperante de “dejar de lado esas prácticas absurdas”. Su crítica más contundente recayó en la responsabilidad de los altos mandos: “los jefes son responsables”, afirmó, señalando que la permisividad o el encubrimiento desde la cúpula perpetúan estos abusos. La pregunta que surge es incisiva: “¿Cómo pretendemos acabar con la inseguridad si ocurre esto en la Policía?” La paradoja es evidente; una fuerza que no puede garantizar la seguridad y el respeto de los derechos de sus propios miembros difícilmente puede inspirar confianza en la sociedad que debe proteger.

El testimonio de Azurín resalta un punto crítico: la necesidad de que los policías se sientan seguros dentro de su propia institución. La idea de que un colega, un “promo” de la escuela, sea el que retiene a la víctima para que otros lo ultrajen, es una traición a la camaradería y al juramento de proteger. El hecho de que la mayoría de los agresores sigan en funciones en la PNP, mientras solo dos están con prisión preventiva, envía un mensaje peligroso de impunidad y debilita la moral de los efectivos que sí cumplen con su deber con ética y profesionalismo. La “gloriosa Policía Nacional del Perú”, como se la denomina, no puede permitirse que tales actos manchen su honor y su misión fundamental.

Consecuencias Legales y la Lucha Inconclusa por la Justicia

El informe del médico legista confirmó la agresión sexual, proporcionando una prueba contundente de la atrocidad cometida. El abogado de la víctima, Gino Zamora, ha señalado que la pena por este tipo de delitos es severa, oscilando entre 14 y 20 años de prisión, y que se agrava a 26 años cuando el crimen es cometido por miembros de la policía o las fuerzas armadas. Sin embargo, a pesar de la gravedad del delito y las pruebas irrefutables, la justicia ha avanzado a paso lento y de manera incompleta. Actualmente, solo dos de los múltiples policías identificados se encuentran con prisión preventiva, mientras que el resto, quienes participaron activamente en la agresión o fueron cómplices por omisión, siguen cumpliendo funciones en la PNP. Esta disparidad en la aplicación de la justicia es un factor clave que alimenta la sensación de impunidad y perpetúa la inseguridad interna.

La reticencia de la Región Policial Lima a conceder entrevistas sobre las medidas y protocolos establecidos desde el ataque, y si estas “tradiciones policiales” continúan sin ser impedidas, es preocupante. La falta de transparencia y la aparente lentitud en la toma de acciones drásticas no solo frustran a la víctima, sino que también envían un mensaje desalentador a otros posibles afectados y a la ciudadanía en general. La justicia debe ser pronta y efectiva, sin importar la jerarquía o el cargo de los implicados. La protección de los derechos humanos y la erradicación de la violencia deben ser prioritarias en todas las instituciones del Estado, y la policía, por su rol, tiene una responsabilidad aún mayor.

Estrategias para Erradicar la Inseguridad Interna en la Policía

Acabar con la inseguridad dentro de la policía es un desafío complejo que requiere un enfoque multifacético y un compromiso inquebrantable desde todos los niveles de la institución y del Estado. No se trata solo de castigar a los culpables, sino de transformar la cultura organizacional, fortalecer los mecanismos de control y garantizar que cada efectivo policial se sienta seguro y respetado dentro de su propio entorno laboral. A continuación, se proponen varias estrategias cruciales para abordar esta problemática:

1. Fortalecimiento de la Inspectoría y el Control Interno

Es fundamental que la Inspectoría General de la PNP opere con total independencia investigativa y cuente con los recursos humanos y técnicos necesarios para llevar a cabo investigaciones exhaustivas e imparciales. Esto implica:

• Garantizar que no haya injerencia de superiores o presiones políticas en los procesos investigativos.
• Asegurar la celeridad en las investigaciones y la aplicación de sanciones ejemplares.
• Establecer mecanismos claros para la denuncia y protección de los denunciantes, evitando represalias.

2. Fomentar una Cultura de Tolerancia Cero y Denuncia

La institución debe promover activamente una cultura de tolerancia cero hacia cualquier forma de abuso, acoso o violencia interna. Esto implica:

• Campañas de sensibilización y concientización sobre los derechos humanos y la ética policial.
• Creación de canales de denuncia seguros, confidenciales y accesibles para todos los efectivos, sin temor a consecuencias negativas.
• Implementación de protocolos claros para la atención y acompañamiento de víctimas, incluyendo apoyo psicológico y legal desde el primer momento.

3. Formación y Educación Continua en Ética y Derechos Humanos

La formación de los nuevos cadetes y la capacitación continua del personal activo deben incluir módulos robustos sobre ética policial, derechos humanos, prevención de la violencia de género y respeto a la diversidad. Es vital erradicar las tradiciones policiales que promueven la violencia o la humillación, reemplazándolas por ritos de iniciación basados en el compañerismo, el profesionalismo y el servicio.

4. Liderazgo Responsable y Rendición de Cuentas

Los jefes y superiores deben asumir su responsabilidad no solo en la prevención, sino también en la detección y sanción de los abusos. Esto implica:

• Establecer una cadena de mando que sea un ejemplo de integridad y respeto.
• Implementar mecanismos de rendición de cuentas claros para los mandos que permitan o encubran actos de violencia.
• Fomentar un ambiente donde la denuncia sea vista como un acto de lealtad a la institución y no como una traición.

5. Apoyo Integral a las Víctimas

Es imprescindible que las víctimas de violencia interna reciban un apoyo integral que incluya:

• Asistencia psicológica especializada para superar el trauma.
• Asesoría legal gratuita y acompañamiento durante todo el proceso judicial.
• Protección contra cualquier tipo de represalia o intimidación por parte de los agresores o sus allegados.

La siguiente tabla compara las respuestas observadas en el caso del suboficial con las acciones ideales para un abordaje efectivo de la inseguridad interna:

Preguntas Frecuentes (FAQ) sobre la Inseguridad Interna en la Policía

¿Qué se entiende por "tradiciones policiales" y por qué son problemáticas?

Las "tradiciones policiales" a las que se hace referencia son ritos de iniciación o prácticas informales que, históricamente, se han utilizado para integrar a los nuevos miembros en la institución. Si bien algunas pueden ser inofensivas, otras degeneran en actos de humillación, violencia física o sexual, y abuso de poder. Son problemáticas porque perpetúan ciclos de violencia, erosionan la disciplina, violan los derechos humanos de los propios efectivos y, en última instancia, socavan la confianza pública en la policía al demostrar que la institución no puede proteger ni siquiera a sus propios miembros.

¿Qué debe hacer un policía si es víctima de abuso o acoso dentro de la institución?

Un policía víctima de abuso debe denunciar de inmediato. Puede acudir a la Inspectoría General de la propia institución, a la Defensoría de la Policía, al Ministerio Público (Fiscalía) o a organizaciones de derechos humanos. Es crucial documentar cualquier prueba (audios, mensajes, testimonios) y buscar apoyo psicológico y legal. La Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, aunque orientada a la población en general, también puede ofrecer orientación inicial para casos de violencia.

¿Cómo se puede garantizar la independencia de las investigaciones internas en la policía?

La independencia se garantiza mediante la dotación de autonomía funcional y presupuestaria a los órganos de control interno, como la Inspectoría. También es crucial que sus miembros sean designados por mérito y no por afinidad política, y que existan mecanismos de supervisión externa (como la Defensoría del Pueblo o comisiones parlamentarias) que puedan auditar y exigir transparencia en sus actuaciones. La intervención temprana de la Fiscalía también es un factor clave para asegurar una investigación objetiva.

¿Cuál es la pena legal por abuso sexual cometido por un agente policial?

En el Perú, el delito de violación sexual tiene penas que oscilan entre 14 y 20 años de prisión. Sin embargo, cuando el agresor es un miembro de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas, la pena se agrava significativamente, pudiendo alcanzar hasta los 26 años de cárcel. Esto refleja la especial gravedad que la ley otorga a estos delitos cuando son cometidos por quienes tienen el deber de proteger y mantener el orden.

¿Cómo afecta la inseguridad interna la confianza pública en la policía?

La inseguridad interna erosiona la confianza pública de múltiples maneras. Primero, demuestra que la institución no es capaz de mantener el orden y la justicia dentro de sus propias filas, generando dudas sobre su capacidad para hacerlo con la ciudadanía. Segundo, la percepción de encubrimiento o impunidad desmotiva a la población a denunciar delitos, temiendo que no se les hará justicia. Tercero, afecta la moral y la ética de los propios agentes, dividiendo la institución y debilitando su capacidad operativa.

En resumen, el caso del suboficial de la PNP es un llamado de atención urgente. La erradicación de la inseguridad interna en la policía no es solo una cuestión de justicia para las víctimas, sino una necesidad imperativa para la salud y la credibilidad de una institución vital para la democracia y la seguridad ciudadana. Implica una reforma profunda de la cultura organizacional, un compromiso inquebrantable con la ética y la transparencia, y la aplicación de la ley sin contemplaciones. Solo así, al garantizar la seguridad y la dignidad de sus propios miembros, la policía podrá verdaderamente proteger a la sociedad y recuperar la confianza pública que le es indispensable.

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