La Dualidad Policial: ¿Resguardo o Riesgo?

La percepción pública sobre la labor policial es a menudo compleja y contradictoria. Mientras la ciudadanía espera una presencia constante y activa en la lucha contra el crimen, en ocasiones se observa a las fuerzas del orden en un aparente "resguardo", generando interrogantes y especulaciones. ¿Por qué la policía, en determinadas circunstancias, parece preferir la protección a la acción directa? La respuesta no es única, sino que se ramifica en diversas realidades, desde pactos oscuros y complicidad criminal hasta estrategias legítimas de seguridad de alto nivel y la protección de infraestructuras críticas. Este artículo desglosará las múltiples facetas de este fenómeno, explorando casos concretos que ilustran la intrincada dinámica entre el deber policial, las amenazas externas y, en ocasiones, las decisiones controvertidas.

Cuando la Inacción Es un Pacto: El Caso de Los Doce Apóstoles en Colombia

La historia de la seguridad en Colombia ha estado marcada por episodios de violencia y la lamentable interconexión entre actores estatales y grupos armados ilegales. Uno de los capítulos más sombríos, y que responde directamente a la pregunta de por qué la policía podría "quedarse resguardada en lugar de arriesgarse a salir", es el tristemente célebre caso del grupo paramilitar "Los Doce Apóstoles" en el norte de Antioquia, entre 1992 y 1994. Este caso no solo reveló la existencia de una maquinaria de violencia, sino también la presunta complicidad de miembros de la fuerza pública.

El epicentro de esta compleja red fue Yarumal y Santa Rosa de Osos. El presunto líder de esta estructura criminal, Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, fue capturado por su supuesta responsabilidad en los crímenes de este grupo. Sin embargo, lo más impactante para la opinión pública fue la revelación de cómo la policía local, lejos de combatir a estos paramilitares, supuestamente colaboraba con ellos.

El Testimonio que Destapó la Verdad

La pieza clave para desentrañar este entramado fue el testimonio del mayor (r) de la Policía Juan Carlos Meneses. Al asumir como comandante del Distrito Policial 7 de Antioquia en Yarumal a principios de 1993, Meneses relató que su predecesor, el capitán Pedro Manuel Benavides, le explicó la "dinámica especial" de la zona: la operación de un grupo de "limpieza social" liderado por Santiago Uribe. La advertencia fue clara: la policía debía trabajar con ellos, evitando enviar hombres o realizar operativos cuando los paramilitares actuaran. Esta revelación es una respuesta directa y escalofriante a la pregunta inicial: la policía prefería resguardarse porque existía un "convenio" explícito para permitir la acción criminal.

Meneses, quien solo duró poco más de tres meses en el cargo antes de ser trasladado, no se quedó en silencio. En 2010, en Buenos Aires, Argentina, ante una comisión internacional liderada por el premio Nobel de Paz Adolfo Pérez Esquivel, Meneses denunció públicamente cómo los paramilitares entrenaban en la finca La Carolina, propiedad de los Uribe, y cómo los policías bajo su mando habían asistido en la comisión de crímenes. Las grabaciones de conversaciones con Benavides, donde este confiesa su relación con Uribe y la omisión policial a cambio de dinero, se convirtieron en pruebas contundentes de la profundidad de esta complicidad.

La Reacción de los Medios y la Sociedad

Mucho antes de que se vinculara directamente a Santiago Uribe, el noticiero NTC, dirigido por Daniel Coronell, ya había expuesto la colaboración entre la policía y un grupo de "limpieza social" que actuaba en Yarumal. Meneses, en el libro "El Clan de los Doce Apóstoles" de Olga Behar, relató cómo los medios mostraban la sangre de las víctimas cerca del Comando de Policía, resaltando la inacción de la fuerza pública. “No era difícil entender que en un pueblo con tanta confrontación, la Policía prefiriera quedarse resguardada que arriesgarse a salir”, afirmó, explicando que era parte del acuerdo con Santiago Uribe, de “no reprimir al grupo, de dejarlo actuar y salir cuando ya las cosas las habían hecho”. Este incidente generó un gran escándalo, evidenciando la complicidad.

Olga Behar, a través de su investigación y su libro, profundizó en esta alianza, incluso sugiriendo la participación del Ejército en este oscuro episodio. Sus afirmaciones sobre el liderazgo de Santiago Uribe y la posterior legitimación de acciones civiles a través de las Convivir (cooperativas de seguridad rural) resaltaron la grave infiltración y permisividad estatal en el contexto del paramilitarismo.

Otros Actores en la Trama Oscura

El caso involucró a otros personajes clave que reforzaron la narrativa de la complicidad y el paramilitarismo. Gonzalo Palacios, el párroco de Yarumal, fue señalado por los medios como el origen del nombre "Los Doce Apóstoles" debido a su supuesta participación. Aunque fue detenido y luego liberado, las acusaciones populares hablaban de que usaba los secretos de confesión para planear asesinatos y que sus sermones atacaban a los mismos sectores que eran blanco de la "limpieza social".

Testimonios como el de Eunicio Pineda Luján, quien trabajó en la finca La Carolina, corroboraron las versiones de Meneses, solidificando las pruebas sobre los crímenes y la relación con Santiago Uribe. Incluso figuras prominentes del paramilitarismo como Salvatore Mancuso, excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y otros como alias ‘El Alemán’, ‘El Tuso’ y ‘Alberto Guerrero’, ratificaron ante la justicia la jefatura de Santiago Uribe sobre Los Doce Apóstoles, aunque sin entrar en detalles sobre la “limpieza social”.

La defensa de Santiago Uribe, liderada por el reconocido abogado Jaime Granados, ha sostenido que la investigación es un "montaje" y una "persecución política" contra la familia Uribe Vélez. Sin embargo, la acumulación de testimonios y pruebas ha planteado serios cuestionamientos sobre la autonomía y la integridad de la fuerza pública en ciertas regiones durante ese periodo, donde la preferencia por "quedarse resguardada" no era por miedo al criminal, sino por acuerdo con él.

La Seguridad de Alto Nivel: Protegiendo a la Presidencia

En un polo opuesto a la inacción por complicidad, encontramos situaciones donde la presencia policial masiva y el "resguardo" son una manifestación legítima y necesaria del Estado para proteger a sus más altos dignatarios. El caso de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, ilustra cómo un elevado número de efectivos policiales puede ser asignado a la protección de un jefe de Estado, no por una preferencia de los agentes a evitar el riesgo, sino por una directriz basada en la seguridad presidencial y análisis de inteligencia.

El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Alberto Otárola, justificó la considerable cantidad de policías resguardando a la presidenta Boluarte, indicando que esta medida se fundamenta en informes de inteligencia y en supuestas amenazas que podrían poner en riesgo su integridad. Esta justificación se apoya en normativas vigentes desde 2021 y 2022 que establecen que el jefe de Estado tiene derecho a una “seguridad integral”.

Evaluación de Riesgos y Amenazas Concretas

La asignación de personal de seguridad para un mandatario no es arbitraria. Otárola explicó que los criterios se basan en una exhaustiva evaluación de inteligencia y una apreciación de riesgo que contempla todas las circunstancias y hechos fácticos que puedan amenazar la seguridad del presidente de la República. Esta es una práctica estándar en cualquier democracia, donde la estabilidad del gobierno y la continuidad del Estado dependen, en parte, de la protección física de sus líderes.

El primer ministro mencionó dos incidentes recientes que subrayan la necesidad de esta vigilancia intensificada: un asalto a policías que resguardaban al hijo de la presidenta, y los sucesos en Ayacucho, cuando la mandataria fue objeto de un forcejeo por parte de dos ciudadanas. Estos eventos, sumados a la información de inteligencia, refuerzan la justificación de una protección robusta.

La seguridad presidencial recae en el Ministerio del Interior, la Dirección de Seguridad del Estado y, específicamente, en una División de Seguridad Presidencial de la Policía Nacional del Perú (PNP). Esta unidad especializada es la encargada de asignar el número de efectivos y la logística correspondiente, aplicando criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Reportes periodísticos, como el de Willax TV, han señalado que más de 35 policías están dedicados a la seguridad de Boluarte, además de siete comisarios encargados exclusivamente de vigilar su residencia en Surquillo.

En este escenario, la policía no "prefiere quedarse resguardada" en el sentido de evitar el peligro, sino que su "resguardo" es una misión activa y de alto riesgo, directamente vinculada a la protección de una figura clave del Estado. Es una función esencial para mantener el orden público y la gobernabilidad en un país, y difiere fundamentalmente de la inacción por corrupción o negligencia. La alta visibilidad de estos despliegues, a menudo criticada por el público que percibe una desatención a la delincuencia común, es en realidad el reflejo de una estrategia de seguridad nacional prioritaria.

Fortalezas en el Orden Público: El Resguardo de Instituciones Clave

Una tercera razón por la cual la policía puede ser vista en un estado de "resguardo" o con una presencia masiva en un lugar específico es la protección de instituciones vitales del Estado, especialmente durante periodos de alta tensión social o manifestaciones. El Palacio de Justicia en el Cercado de Lima, Perú, ha sido escenario de este tipo de despliegues, generando debates sobre la priorización de recursos policiales.

Un video viral que circuló en Facebook mostraba un gran contingente de la Policía Nacional del Perú (PNP) resguardando el Palacio de Justicia, con comentarios que criticaban la situación: “Miles de policías cuidando alrededor del palacio mientras la delincuencia invade la ciudad”. Sin embargo, este tipo de información a menudo carece de contexto, llevando a interpretaciones erróneas.

El Contexto Real Detrás de la Presencia Masiva

La investigación de este video reveló que la grabación no era reciente, de julio de 2023, como se afirmaba, sino que provenía de febrero del mismo año. En esa fecha, varios medios de comunicación peruanos reportaron que la PNP había desplegado un considerable número de efectivos para resguardar el Palacio de Justicia y otras instituciones públicas. ¿La razón? Una serie de manifestaciones sociales que habían comenzado tras la vacancia de Pedro Castillo y la asunción de Dina Boluarte como presidenta en diciembre de 2022.

Durante estas protestas, que unieron a organizaciones como la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), la policía adoptó una postura de estrategia preventiva. La presencia masiva no era una señal de inacción o de evasión de responsabilidades, sino una medida proactiva para mantener el orden público, prevenir desmanes, proteger la infraestructura estatal y garantizar la seguridad de los ciudadanos que transitaban por la zona. Es una clara demostración de una estrategia de contención y disuasión en situaciones de alto riesgo de alteración del orden público.

Este tipo de despliegue subraya que el "resguardo" policial no siempre implica pasividad. En muchas ocasiones, es una forma de estrategia defensiva activa, diseñada para controlar una situación potencialmente volátil sin recurrir a la fuerza excesiva. La policía se posiciona para proteger, contener y, si es necesario, restablecer el orden. La crítica de que estos efectivos deberían estar combatiendo la delincuencia común ignora la naturaleza especializada y temporal de estas misiones, que son fundamentales para la estabilidad democrática y la protección del patrimonio público.

Análisis Comparativo: Razones del Resguardo Policial

Para comprender mejor las distintas facetas del "resguardo" policial, es útil establecer una comparación entre los escenarios analizados:

Preguntas Frecuentes sobre la Actuación Policial

¿La inacción policial siempre implica corrupción o complicidad?

No necesariamente. Si bien el caso de Los Doce Apóstoles es un ejemplo claro de complicidad criminal, la inacción policial también puede deberse a falta de recursos, capacitación inadecuada, miedo genuino ante situaciones de peligro extremo, o incluso órdenes estratégicas para evitar confrontaciones mayores que puedan escalar la violencia. Sin embargo, es crucial investigar cada caso para determinar la verdadera causa.

¿Por qué la policía asigna tantos efectivos a una sola persona o lugar, dejando otras zonas desprotegidas?

La asignación de efectivos responde a una evaluación de riesgos y prioridades. La seguridad presidencial o la protección de instituciones vitales en momentos de crisis son consideradas prioridades de seguridad nacional debido a su impacto en la gobernabilidad y la estabilidad del país. Aunque la percepción de desprotección en otras áreas es una preocupación válida, las decisiones de despliegue se toman basándose en análisis de inteligencia y la gravedad de las amenazas.

¿Cómo puede la ciudadanía denunciar la inacción o complicidad policial?

Es fundamental que la ciudadanía denuncie cualquier sospecha de inacción, negligencia o complicidad policial ante las autoridades competentes. Esto incluye las fiscalías, los órganos de control interno de la policía (asuntos internos o inspectorías), las defensorías del pueblo y, en casos de violaciones a los derechos humanos, organizaciones internacionales. La participación ciudadana es clave para la rendición de cuentas y la depuración de las instituciones.

¿Cuál es el rol de los medios de comunicación en la denuncia de estos casos?

Los medios de comunicación, como se vio en el caso de NTC Noticias y Daniel Coronell, juegan un papel vital en la exposición de irregularidades y en la presión por la transparencia y la justicia. Su labor investigativa puede sacar a la luz verdades incómodas y forzar a las autoridades a actuar, convirtiéndose en un contrapeso esencial en la democracia.

¿Qué medidas se toman para prevenir la infiltración de grupos criminales en la policía?

La prevención de la infiltración de grupos criminales es un desafío constante. Incluye rigurosos procesos de selección y reclutamiento, pruebas de confianza, monitoreo constante del comportamiento de los agentes, programas de formación ética y en derechos humanos, fortalecimiento de los mecanismos de control interno y externo, y una mayor rendición de cuentas. Además, la mejora de las condiciones laborales y salariales puede reducir la vulnerabilidad a la corrupción.

Conclusión: Un Rostro Complejo de la Seguridad

La pregunta sobre por qué la policía podría "preferir quedarse resguardada que arriesgarse a salir" revela una compleja amalgama de factores que van más allá de una simple preferencia. Como hemos explorado, la respuesta abarca desde la oscura realidad de la complicidad con el crimen organizado, como el caso de Los Doce Apóstoles, hasta la legítima y necesaria seguridad presidencial y la estrategia de orden público para proteger instituciones vitales en momentos de crisis.

En el primer escenario, el resguardo es una traición al juramento de proteger y servir, una omisión deliberada que permite la impunidad y el sufrimiento. Es un recordatorio doloroso de la vulnerabilidad de las instituciones ante la corrupción y la infiltración del paramilitarismo.

En los otros casos, sin embargo, el "resguardo" se transforma en una acción proactiva y esencial del Estado. La presencia masiva de efectivos en la protección de un presidente o de un Palacio de Justicia no es un signo de pasividad, sino de una estrategia defensiva y de contención, diseñada para prevenir males mayores y mantener la estabilidad democrática. Es una misión de alta responsabilidad que, aunque a veces malinterpretada por la ciudadanía, es crucial para el funcionamiento de un país.

Comprender estas distinciones es fundamental para un análisis informado de la labor policial. Exige a la ciudadanía no solo demandar acción, sino también entender las complejidades de la seguridad pública y las múltiples facetas del despliegue policial. Solo a través de la transparencia, la rendición de cuentas y una vigilancia constante, tanto por parte de las autoridades como de la sociedad civil, se podrá garantizar que la policía cumpla su verdadero propósito: proteger a todos los ciudadanos y no solo a unos pocos, ni mucho menos, pactar con quienes los amenazan.

Si quieres conocer otros artículos parecidos a La Dualidad Policial: ¿Resguardo o Riesgo? puedes visitar la categoría Seguridad.