PNP y la Doble Fiscal: ¿Neutralidad o Toma de Partido?

En el corazón de la institucionalidad peruana, una tensa disputa por la titularidad del Ministerio Público ha puesto a prueba los límites de la autoridad y la neutralidad de sus organismos. Mientras Patricia Benavides y Delia Espinoza se disputan la silla de la Fiscalía de la Nación, la Policía Nacional del Perú (PNP) se encuentra en una posición peculiar y aparentemente contradictoria, un dilema que ha generado un intenso debate público y legal. Aunque un oficio policial revelaba la asignación de seguridad a Patricia Benavides como “fiscal de la Nación”, la propia institución emitió un comunicado afirmando que “no ha reconocido a persona alguna como Fiscal de la Nación”. Esta dualidad de acciones y declaraciones plantea serias interrogantes sobre el rol de la PNP en la crisis actual y su interpretación de la ley.

La situación se agrava por el contexto político, donde incluso el primer ministro ha declarado que el Ejecutivo no tomará partido en esta confrontación. Sin embargo, las acciones de la PNP, un brazo ejecutor del Estado, parecen sugerir lo contrario para algunos observadores. Profundicemos en los detalles de este complejo escenario, analizando las motivaciones detrás de las decisiones policiales y las diversas interpretaciones que han surgido de este singular episodio de la justicia y el orden en el Perú.

La Controversia en el Ministerio Público: Dos Fiscales en Disputa

El epicentro de esta crisis es la disputa por la titularidad del Ministerio Público, una institución fundamental para la administración de justicia en el país. La controversia se remonta a la suspensión temporal de Patricia Benavides por parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en diciembre de 2023, en el marco de una investigación por presunta organización criminal. Tras su suspensión, Delia Espinoza asumió la titularidad de la Fiscalía de la Nación, ejerciendo las funciones inherentes al cargo. Sin embargo, el panorama cambió drásticamente el 12 de junio, cuando la JNJ, en una nueva resolución, decidió restituir a Benavides en su cargo como fiscal suprema y, por ende, como titular del Ministerio Público. Esta decisión, conocida públicamente el 13 de junio, fue notificada formalmente al Ministerio Público el lunes 16 de junio.

Ese mismo lunes, Patricia Benavides, acompañada de efectivos de la PNP y un grupo de personas de su entorno, intentó ingresar a la sede central del Ministerio Público con la intención de retomar posesión de su cargo. Sin embargo, este intento fue infructuoso, ya que Delia Espinoza se mantuvo firme en su posición, lo que escaló la confrontación a un nuevo nivel. En respuesta a lo que consideró una usurpación de funciones, Delia Espinoza interpuso una denuncia penal contra Benavides por presunta usurpación de la función pública, ostentación de distintivos de función o cargos que no ejercen, desobediencia y resistencia a la autoridad, grave perturbación de la tranquilidad pública y usurpación agravada. Además, Espinoza presentó un hábeas corpus contra la PNP para evitar una posible detención en su contra por permanecer en el cargo, recurso que fue desestimado por el Poder Judicial, añadiendo otra capa de complejidad a la situación.

El Papel de la PNP: Seguridad Personal y el Oficio “Urgente”

La seguridad personal de las altas autoridades es una función inherente de la Policía Nacional del Perú. No obstante, la forma en que esta función se ha ejecutado en el contexto de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y la disputa en el Ministerio Público ha generado controversia. Un oficio, calificado como “muy urgente”, emitido por la Comandancia General de la PNP el 14 de junio, reveló la disposición de brindar seguridad a la “Dra. Liz Patricia Benavides Vargas - Fiscal de la Nación”. Esta decisión, según el documento, se justificó en “atención a la normatividad legal vigente y ante los riesgos a que se enfrenta, como consecuencia de las denuncias y otras actuaciones propias de su cargo como Fiscal de la Nación”.

Lo notable de este oficio es la fecha de su emisión: apenas cuatro días antes de que el primer ministro, Eduardo Arana, declarara públicamente que el Ejecutivo no asumiría ninguna posición en la disputa entre Benavides y Espinoza. La orden de seguridad fue impartida por el jefe del Comando de Operaciones Policiales, el teniente general Carlos Céspedes Muñoz, quien dispuso que la Dirección Nacional de Orden y Seguridad (Dirnos) adoptara “las acciones pertinentes” para cumplir con el mandato. La comunicación interna de la PNP también instruía a diversas direcciones y unidades a tomar conocimiento de la resolución de la JNJ que restituyó a Benavides y a actuar en consecuencia. Esta acción temprana de la PNP, que implícitamente reconocía a Benavides como Fiscal de la Nación al asignarle el resguardo correspondiente a dicho cargo, contrasta con la postura de neutralidad que el Poder Ejecutivo intentaba proyectar.

La Posición Oficial de la PNP: “No Reconocemos a Nadie”

La aparente contradicción entre el oficio interno de la PNP y su comunicado público es uno de los puntos más álgidos de esta situación. Ante el creciente escrutinio, la PNP emitió un comunicado oficial en el que declaró de manera categórica que “la Policía Nacional del Perú no ha reconocido a persona alguna como Fiscal de la Nación, ya que ello no se encuentra dentro del marco de su competencia ni funciones”. Este comunicado buscaba aclarar que la asignación de resguardo a Patricia Benavides se dio porque así le fue requerido, y que dicha solicitud fue sustentada con la resolución emitida por la JNJ. Es decir, la PNP argumenta que su rol es meramente operativo y de protección, basado en solicitudes formales y documentos emitidos por otras instancias, sin que ello implique un reconocimiento de la titularidad del cargo.

Además, la PNP añadió que, “actualmente, ante la disputa por la titularidad del Ministerio Público”, brinda protección tanto a Patricia Benavides como a Delia Espinoza. Esta afirmación refuerza la idea de que la institución policial se mantiene al margen de la pugna por el liderazgo, priorizando la seguridad de ambas figuras en un contexto de alta tensión. El ministro del Interior, Carlos Malaver, en una entrevista, respaldó la decisión de la PNP, calificándola como “una respuesta a una comunicación y solicitud” de Benavides que adjuntaba la resolución de la JNJ. Malaver enfatizó que “debería de respetarse lo que emite la JNJ”, pero reiteró que su cartera “no va a dirimir nada al respecto”, alineándose con la postura de neutralidad del Ejecutivo. Esta postura oficial intenta desvincular a la PNP de cualquier toma de partido, presentándola como una entidad que simplemente cumple con su deber de protección en base a las normativas y solicitudes que recibe, sin inmiscuirse en la legitimidad de los cargos.

Opiniones y Justificaciones Legales: Un Mosaico de Puntos de Vista

La actuación de la PNP ha generado un amplio espectro de opiniones entre expertos legales y exfuncionarios, lo que subraya la complejidad de la situación. Por un lado, defensores de la decisión policial argumentan su justificación en la urgencia y la seguridad:

• Jorge del Castillo (abogado defensor de Patricia Benavides): Rechazó cualquier irregularidad en la decisión de la PNP, preguntando retóricamente “¿Qué pasaba si la doctora sufría un atentado el día 15? ¿Quién asumía la responsabilidad?”. Del Castillo sostuvo que la policía tiene la potestad de tomar medidas ante un “hecho público” como la emisión de la resolución de la JNJ, incluso si no había sido notificada formalmente al Ministerio Público. Para él, el resguardo estuvo “plenamente justificado” porque se trata de “cuidar vidas de personas”, y consideró “lógico” que hubiera un pedido de seguridad en un momento de tanta tensión.
• Víctor García Toma (ex-presidente del Tribunal Constitucional): Afirmó que la decisión de la PNP tiene un sólido sustento legal. Según García Toma, existe “una resolución que repone en el cargo a la doctora Benavides” y, además, un padrón oficial de operadores jurisdiccionales donde la doctora Espinoza habría sido retirada. Para él, el resguardo policial se guía “en función de ese registro”, lo que valida la acción de la policía.

Por otro lado, críticos de la actuación de la PNP señalan posibles irregularidades o una toma de posición encubierta:

• Eduardo Pérez Rocha (exdirector general de la PNP): Cuestionó severamente la posibilidad de que el comandante general de la institución disponga seguridad para Patricia Benavides y Delia Espinoza de forma simultánea, como si ambas ostentaran el cargo de Fiscal de la Nación. “No puedes tener dos tipos de seguridad integral para dos fiscales de la Nación. Eso no existe. Ahí el comandante general puede ser sometido a una denuncia. Si le da seguridad a Benavides, ¿quiere decir que se la quitará a Espinoza?”, sentenció. Pérez Rocha detalló que el esquema de resguardo asignado a la Fiscal de la Nación es integral, comprendiendo seguridad personal y domiciliaria. Este esquema, según la directiva general del Ministerio del Interior sobre protección a altas autoridades, está conformado por:
  

  Componente de Seguridad	Descripción
  Oficial de Armas	1 Mayor o Capitán, responsable de la escolta.
  Jefes de Grupo	2 Oficiales subalternos o suboficiales más antiguos.
  Protección Personal	4 Suboficiales de Armas.
  Protección Domiciliaria	4 Suboficiales de Armas.
  Conductores de Vehículo Seguidor	2 Suboficiales.
  Motociclistas	2 Suboficiales.

  Este nivel de detalle en el resguardo hace que la asignación duplicada sea logísticamente compleja y, para Pérez Rocha, legalmente cuestionable.
• Juan Jiménez Mayor (ex-primer ministro): Interpretó la decisión de la PNP como “un adelanto de decisión por parte del gobierno”. Sostuvo que, mientras la resolución de la JNJ no estuviera notificada y regularizada en el Ministerio Público, se trataba de una “decisión administrativa que no tiene ejecución”. Jiménez Mayor argumentó que el Poder Ejecutivo debería buscar un mecanismo de diálogo y no “tomar posición previamente, porque eso deslegitima al gobierno”.

Estas posturas divergentes demuestran la complejidad del marco legal y la delgada línea entre el cumplimiento del deber y la interpretación política en situaciones de crisis institucional.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Quién es el Fiscal de la Nación reconocido por la PNP?

Según su comunicado oficial, la Policía Nacional del Perú no ha reconocido a persona alguna como Fiscal de la Nación. La PNP sostiene que esta función de reconocimiento no se encuentra dentro de sus competencias. Su rol es brindar seguridad a las autoridades que la solicitan y que cuentan con resoluciones o normativas que justifican dicha protección, sin validar la titularidad del cargo.

¿Por qué la PNP le dio seguridad a Patricia Benavides?

La PNP asignó seguridad a Patricia Benavides tras una solicitud formal y en base a la resolución emitida por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que la restituyó en su cargo. Además, el oficio policial inicial justificó la medida por los “riesgos a que se enfrenta, como consecuencia de las denuncias y otras actuaciones propias de su cargo como Fiscal de la Nación”. Es decir, se priorizó la protección ante posibles amenazas, basándose en un documento oficial de la JNJ.

¿La PNP también protege a Delia Espinoza?

Sí, la Policía Nacional del Perú ha confirmado que, ante la actual disputa por la titularidad del Ministerio Público, también brinda protección a Delia Espinoza. Esta medida busca mantener la neutralidad de la institución y asegurar la seguridad personal de ambas figuras mientras la situación legal y administrativa se resuelve.

¿Es legal que la PNP brinde seguridad a ambos contendientes por el cargo?

Esta es una de las preguntas más debatidas. Hay opiniones divididas al respecto. Algunos expertos, como el exdirector de la PNP Eduardo Pérez Rocha, consideran que es irregular brindar “dos tipos de seguridad integral para dos fiscales de la Nación” simultáneamente, lo que podría implicar una extralimitación o una toma de posición implícita. Otros, como el ex-presidente del TC Víctor García Toma, argumentan que la decisión de la PNP tiene sustento legal en la resolución de la JNJ y los registros oficiales.

¿Qué es la JNJ y cuál es su rol en este caso?

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) es un organismo constitucional autónomo en Perú, encargado de nombrar, ratificar y destituir a jueces y fiscales de todos los niveles, así como a los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC). En este caso, la JNJ fue la entidad que inicialmente suspendió a Patricia Benavides y, posteriormente, la restituyó en su cargo como fiscal suprema, lo que la habilita para retomar la titularidad del Ministerio Público. Su resolución es un factor clave en la controversia y en la justificación de la actuación policial.

Conclusión: Un Desafío a la Institucionalidad

La situación actual en el Ministerio Público y la peculiar posición adoptada por la Policía Nacional del Perú revelan un profundo desafío a la institucionalidad del país. La aparente contradicción entre las acciones iniciales de la PNP al asignar seguridad a Patricia Benavides como “Fiscal de la Nación” y su posterior comunicado declarando neutralidad y no reconocimiento de ninguna titularidad, pone de manifiesto la complejidad de operar en un escenario de disputa de poderes. Mientras el Ejecutivo insiste en no tomar partido, las acciones de una de sus instituciones clave son objeto de un minucioso escrutinio. La ambigüedad en la postura de la PNP, aunque justificada por su deber de protección, plantea interrogantes sobre la claridad de los roles institucionales en momentos de crisis. Es imperativo que se alcance una resolución clara y definitiva sobre la titularidad del Ministerio Público para garantizar la estabilidad y el correcto funcionamiento de la justicia, permitiendo que la PNP se concentre plenamente en sus funciones de seguridad ciudadana sin ser arrastrada a disputas de carácter político o legal que escapan a su competencia directa.

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