PMT: ¿Héroes del Orden o Villanos del Asfalto?

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) es una figura omnipresente en nuestras calles, encargada de regular el flujo vehicular y garantizar la seguridad vial. Sin embargo, para muchos ciudadanos, su presencia a menudo se asocia más con la imposición de multas y la tensión que con la ayuda al conductor. ¿Por qué esta percepción negativa? ¿Es la PMT realmente “la mala de la película”, o hay una complejidad mayor detrás de su actuar que justifica su imagen?

La respuesta a esta pregunta es multifacética y se arraiga profundamente en la estructura administrativa de Guatemala. No todas las Policías Municipales de Tránsito operan bajo los mismos parámetros, a pesar de regirse por una ley general de tránsito. La independencia municipal es un factor clave que permite a cada comuna establecer sus propios reglamentos y protocolos, lo que se traduce en una aplicación de la ley que puede variar drásticamente de un municipio a otro. Esta autonomía, si bien busca responder a las necesidades locales, genera una disparidad que confunde y, en ocasiones, indigna a los ciudadanos.

La Discrecionalidad en el Asfalto: Un Mismo Código, Distintas Aplicaciones

Uno de los puntos más álgidos de la controversia radica en la discrecionalidad con la que los agentes de tránsito aplican las normativas. Esta variabilidad no solo se percibe, sino que se manifiesta en cifras y políticas opuestas, incluso dentro del mismo departamento central.

Tomemos, por ejemplo, la diferencia entre la Ciudad de Guatemala y Villa Nueva. En la capital, la imposición de cepos o inmovilizadores de vehículos es una práctica común. Tan solo en 2020, la comuna central reportó la colocación de más de 30 mil cepos, una cifra que evidencia una política de mano dura ante las infracciones de estacionamiento. Por el contrario, la municipalidad de Villa Nueva ha optado por una estrategia completamente distinta. Según sus propias declaraciones, no utilizan cepos por considerarlos de “choque social”. Su enfoque se inclina hacia el diálogo con los infractores y, solo como última instancia, la colocación de la multa. Dos escenarios diametralmente opuestos que ilustran la autonomía y la diversidad de criterios.

Esta divergencia en la aplicación de la ley es una fuente constante de tensión entre autoridades y ciudadanos. Casos que se vuelven virales en redes sociales, como los enfrentamientos documentados entre comerciantes y agentes de tránsito por la imposición de un cepo, o situaciones similares en centros de abasto, son un reflejo de la frustración ciudadana ante lo que a menudo se percibe como arbitrariedad o abuso de autoridad. La falta de un estándar unificado y la interpretación personal de las normativas por parte de los agentes alimentan esta percepción de injusticia y favoritismo.

¿Control Vial o Recaudación Forzosa? La Percepción de la PMT

Más allá de la discrecionalidad, una de las críticas más recurrentes hacia las Policías Municipales de Tránsito es que su función primordial se ha desviado de la gestión del flujo vehicular hacia la mera imposición de sanciones económicas. Amanda Morán, investigadora del Centro de Estudios Urbanísticos (Ceur) de la Universidad de San Carlos de Guatemala, sostiene que la función principal de estas entidades debería ser velar por la agilidad del tránsito. Sin embargo, su observación a lo largo de los años revela una realidad diferente: el accionar de la PMT se centra, principalmente, en la recaudación a través de multas.

Esta visión es compartida por otros analistas. Oswaldo Samayoa, del Centro de Estudios de Guatemala, califica el sistema actual como un “sistema administrativo a cargo de los municipios que se ha vuelto hasta cierto punto extorsivo”. Su argumento se basa en la falta de un verdadero sistema de jurisdicción de tránsito que permita a los ciudadanos apelar decisiones o argumentar sus razones ante la imposición de un cepo o una multa. La imposibilidad de un proceso de apelación justo y transparente refuerza la idea de que el objetivo principal es la sanción económica, sin espacio para la mediación o la comprensión de las circunstancias.

Sin embargo, la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) defiende la labor de las PMT. Marvin de León, Gerente de Anam, asegura que la imagen de “la mala de la película” es injusta. Según él, la Policía Municipal de Tránsito cumple una función esencial de normar y regular el control territorial para el beneficio de los vecinos. Las amonestaciones, lejos de ser un fin en sí mismas, buscan generar orden. La lógica es clara: si un conductor sabe que no debe estacionarse en un lugar y es advertido, la multa o el cepo son las consecuencias necesarias para evitar un desorden mayor en el tránsito. Anam argumenta que los altercados documentados son eventos mínimos y aislados, y que la mayoría de la población sí respeta la normativa de tránsito.

Tabla Comparativa: Enfoques Municipales sobre Infracciones

El Vacío de Regulación: ¿Quién Gobierna el Tránsito en Guatemala?

El meollo del problema, según los expertos, radica en la falta de una regulación centralizada y efectiva. El Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) se autodenomina en su portal web como “la institución rectora y garante del tránsito, de la seguridad y la gestión vial en Guatemala”. No obstante, en la práctica, su control sobre las policías municipales es mínimo.

Amanda Morán insiste en que el Departamento de Tránsito de la PNC debería observar a profundidad el accionar de las PMT. Sin embargo, la autonomía municipal permite a las comunas emitir sus propias normas, a pesar de la existencia de una ley general de tránsito que debería regir a nivel nacional. La realidad es que el Departamento de Tránsito de la PNC realiza “mínimas” acciones dentro de las ciudades, dejando un vacío que es llenado por las regulaciones locales, a veces dispares.

Sara Bolaños, directora de Tránsito de la PNC, reconoce esta dinámica. Explica que cada concejo municipal, como máxima autoridad, autoriza los manuales de procedimiento y protocolos para la aplicación de la ley por parte de los agentes. Si bien la ley es de observancia general, la interpretación y aplicación local es vasta. Bolaños reveló que existen 74 policías de tránsito autorizadas en el país y que, tras 30 supervisiones realizadas en 2022, se ha detectado que algunas no cumplen con los requerimientos establecidos. Incluso, se analiza la posibilidad de retirar la delegación de autoridad de tránsito en siete municipios, lo que subraya la existencia de inconsistencias y la necesidad de una supervisión más rigurosa.

Oswaldo Samayoa señala que la raíz de los problemas éticos y morales observados en el actuar de muchos agentes es precisamente esta falta de un sistema de jurisdicción de tránsito unificado. Sugiere que es prudente mejorar los juzgados municipales, garantizando que los jueces sean independientes y no allegados a los alcaldes o consejos municipales, lo que permitiría un proceso más justo y menos propenso a la percepción de extorsión.

Hacia un Tránsito Más Justo y Eficaz: Propuestas y Desafíos

La complejidad de la relación entre la PMT y los ciudadanos exige soluciones multifacéticas. Una mayor supervisión y estandarización por parte del Departamento de Tránsito de la PNC es crucial. Si bien la autonomía municipal es un pilar, la uniformidad en la aplicación de una ley tan fundamental como la de tránsito es vital para generar confianza y equidad entre los conductores.

En este sentido, iniciativas como el “plan de integración operativa de policías municipales de tránsito 2023” del Departamento de Tránsito de la PNC, aunque enfocadas en aspectos específicos como el uso del alcoholímetro, representan un paso hacia la estandarización y profesionalización. La capacitación del personal de las PMT en procedimientos uniformes y el correcto uso de herramientas es fundamental para reducir la discrecionalidad y mejorar la percepción pública.

Además, es imperativo fortalecer los mecanismos de apelación y revisión de multas. Un sistema donde el ciudadano sienta que tiene voz y que sus argumentos serán escuchados por una autoridad imparcial, sin vínculos con la administración municipal, podría mitigar la sensación de indefensión y arbitrariedad. La transparencia en los procesos y la rendición de cuentas son pilares para reconstruir la confianza.

Preguntas Frecuentes sobre la PMT

¿Cuál es la función principal de la Policía Municipal de Tránsito?

La función principal de la PMT es regular y ordenar el flujo vehicular dentro del territorio municipal, garantizar la seguridad vial, prevenir accidentes y hacer cumplir las normativas de tránsito. Idealmente, su labor debería centrarse en la agilización del tráfico y la educación vial, más allá de la mera imposición de sanciones.

¿Por qué hay diferencias en la aplicación de la ley de tránsito entre municipios?

La principal razón es la autonomía municipal. Aunque existe una Ley de Tránsito general a nivel nacional, cada municipalidad tiene la potestad de crear sus propios reglamentos y manuales de procedimiento. Esto permite la adaptación a las necesidades locales, pero también genera disparidad en la aplicación de sanciones y protocolos, como el uso de cepos o el enfoque inicial ante una infracción.

¿Quién regula a las Policías Municipales de Tránsito?

Formalmente, el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) es la institución rectora del tránsito a nivel nacional. Sin embargo, en la práctica, su control sobre las PMT municipales es limitado debido a la autonomía de cada comuna. Los concejos municipales son la máxima autoridad que autoriza los procedimientos de sus propias PMT, aunque la PNC realiza supervisiones y puede intervenir en casos de incumplimiento grave.

¿Se puede apelar una multa o un cepo de la PMT?

Según expertos, en la práctica, el sistema actual en muchos municipios se ha vuelto un “sistema administrativo” que dificulta la apelación efectiva. A menudo, no se le permite a la persona argumentar sus razones o apelar la decisión de manera transparente ante una autoridad judicial independiente. Mejorar los juzgados municipales con jueces imparciales es una propuesta para subsanar esta deficiencia.

¿Qué se está haciendo para mejorar la percepción y el actuar de la PMT?

Se están llevando a cabo capacitaciones y planes de integración operativa por parte del Departamento de Tránsito de la PNC para estandarizar procedimientos y el uso de herramientas como el alcoholímetro. Además, la PNC realiza supervisiones a las PMT para asegurar que cumplan con los requerimientos, llegando incluso a analizar el retiro de autoridad en municipios donde se detectan incumplimientos significativos. La discusión sobre la necesidad de una mayor regulación centralizada y juzgados municipales independientes también está sobre la mesa.

En conclusión, la percepción de la Policía Municipal de Tránsito como “la mala de la película” es un reflejo de una compleja interacción entre la autonomía municipal, la disparidad en la aplicación de la ley, la priorización de la sanción sobre la gestión del tráfico y la falta de una regulación centralizada y efectiva. Si bien la PMT cumple una función indispensable para el ordenamiento vial, es crucial que su accionar se oriente hacia la transparencia, la equidad y, sobre todo, el servicio ciudadano, para así transformar su imagen y fortalecer la confianza pública.

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