El Monopolio de la Fuerza: Límites y DDHH

Desde el ocaso de las monarquías absolutas y el surgimiento de los Estados liberales, se consolidó la premisa de que la autoridad para usar la fuerza debía recaer únicamente en una entidad centralizada y legítima: el Estado. Esta cesión de poder de los individuos al Estado no fue arbitraria, sino una medida diseñada para prevenir el caos, la anarquía y la justicia por mano propia, sentando las bases de una convivencia social organizada. La fuerza pública, encarnada principalmente por la policía y otras instituciones de seguridad, se convierte así en el brazo ejecutor de esta atribución exclusiva. Sus agentes son funcionarios estatales y, en el ejercicio de sus funciones, actúan en representación del Estado. Esto implica una enorme responsabilidad, ya que su actuación debe estar siempre alineada con los fines superiores de mantener el orden y proteger los derechos, no de vulnerarlos. Cristina Blanco, una experta en la materia, subraya que la capacitación de estos agentes en el uso válido de la fuerza es crucial. Un uso arbitrario o desproporcionado de la fuerza no solo socava la confianza pública en las instituciones, sino que, de manera muy probable, deriva en la afectación directa de derechos fundamentales de las personas. La pregunta clave que surge es: ¿cómo diferenciar un uso legítimo de la fuerza de un exceso o abuso? Para responder a esta interrogante, se han establecido principios universales que deben guiar la actuación de la fuerza pública.

El marco normativo internacional ha establecido un conjunto de principios rectores que deben gobernar el uso de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Estos principios buscan asegurar que la aplicación de la fuerza sea siempre una medida excepcional, legítima y proporcionada. Los tres pilares fundamentales son la necesidad, la legalidad y la proporcionalidad. Estos se encuentran plasmados en documentos esenciales como los Principios Básicos sobre el uso de la fuerza de la ONU, adoptados en 1990, y el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.

El principio de Legalidad es la base de todo uso legítimo de la fuerza. Implica que cualquier acción coercitiva por parte de los agentes estatales debe estar expresamente autorizada y regulada por la ley. No puede haber espacio para la arbitrariedad o la discrecionalidad ilimitada. La ley debe definir claramente en qué circunstancias, con qué propósitos y con qué límites se puede emplear la fuerza. Esto proporciona una garantía de claridad y previsibilidad tanto para los funcionarios como para los ciudadanos, quienes tienen el derecho a saber bajo qué supuestos pueden verse sujetos a la coerción estatal. Un uso de la fuerza que no esté amparado por la ley es, por definición, ilegítimo.

El principio de Necesidad establece que la fuerza solo debe ser utilizada cuando sea estrictamente indispensable y no exista otra alternativa menos gravosa para lograr el objetivo legítimo. Esto significa que los agentes deben agotar todas las demás opciones disponibles, como la negociación, la persuasión o el uso de medios no violentos, antes de recurrir a la fuerza física. Si la situación puede ser resuelta sin el uso de la fuerza, entonces no es necesaria. Este principio promueve la contención y la mínima intervención, buscando siempre minimizar los daños y las lesiones.

Una vez que se ha determinado que el uso de la fuerza es legal y necesario, el principio de Proporcionalidad exige que exista una relación armoniosa y equilibrada entre el nivel de amenaza o riesgo que se presenta y la intensidad de la fuerza utilizada. La respuesta debe ser congruente con la resistencia o el peligro enfrentado. Esto implica una evaluación cuidadosa de las circunstancias, considerando si el uso de la fuerza será letal o no letal, y dentro de cada categoría, las diferentes subcategorías y herramientas disponibles. Por ejemplo, no es proporcional usar un arma de fuego contra una persona que solo opone resistencia pasiva. Este principio es crucial para evitar el uso excesivo y desmedido de la fuerza.

Estos tres principios no son solo directrices; son estándares internacionales que deben guiar la actuación de todas las fuerzas de seguridad. Su observancia es fundamental para que el monopolio estatal de la fuerza sea una herramienta de protección y no de opresión.

Para comprender mejor la aplicación de estos principios, se presenta la siguiente tabla comparativa:

La trascendencia de estos principios se refleja en su adopción por parte de órganos internacionales de derechos humanos, como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han emitido importantes pronunciamientos que acogen y aplican estos principios. La CIDH, por ejemplo, los ha establecido como estándares aplicables a todos los países de la región en su Informe sobre seguridad y derechos humanos. Por su parte, la Corte Interamericana ha abordado estos principios en numerosas sentencias, aplicándolos concretamente a casos donde se ha cuestionado el uso de la fuerza por parte de agentes estatales.

Para las víctimas de abusos por parte de la fuerza pública, el sistema interamericano representa una vía de protección y justicia cuando las instancias internas fallan. Sin embargo, es fundamental entender que para acudir a este sistema, es un requisito haber agotado previamente las instancias judiciales y administrativas a nivel nacional. Esto significa que primero se debe presentar una denuncia ante las autoridades internas del país, buscando una investigación y una posible sanción. Solo si el asunto queda en impunidad, es decir, si las autoridades nacionales no investigan, procesan o sancionan adecuadamente a los responsables, entonces se puede elevar el caso al sistema interamericano. En un primer momento, se acude a la Comisión Interamericana, que evalúa la admisibilidad y el fondo del caso, pudiendo luego remitirlo, si lo considera pertinente, a la Corte Interamericana para una sentencia definitiva. Esta estructura busca fortalecer los sistemas de justicia nacionales, reservando la intervención internacional para aquellos casos donde la protección interna ha sido ineficaz.

Más allá de los principios de aplicación de la fuerza, una perspectiva de derechos humanos exige que el ser humano sea el componente central de cualquier acción coercitiva estatal. El uso de la fuerza debe ser siempre un medio para asegurar el libre ejercicio de derechos, no para coartarlos. Cristina Blanco enfatiza que el Estado debe proscribir la arbitrariedad en el uso de la fuerza, lo que implica un respeto irrestricto de los límites establecidos por la ley y los principios internacionales. La claridad sobre estos límites es esencial para que tanto los agentes como los ciudadanos conozcan sus derechos y obligaciones.

Además, desde una perspectiva de derechos humanos, se destaca la importancia de la disuasión y prevención del uso de la fuerza. Esto se traduce en la adopción de medidas positivas por parte del Estado para evitar situaciones de violencia en las que sea necesario recurrir a la coerción. Esto puede incluir políticas sociales, programas de prevención del delito, inversión en educación y oportunidades, y el fortalecimiento de la cohesión social. La fuerza debe ser el último recurso, no la primera respuesta. Entender que el crimen organizado o el pandillaje impiden a la ciudadanía ejercer sus derechos refuerza la idea de que la fuerza pública debe actuar para proteger esos derechos, pero siempre dentro de un marco de respeto absoluto a la dignidad humana.

La teoría del monopolio de la fuerza y sus principios se pone a prueba constantemente en la realidad, donde lamentablemente abundan los ejemplos de excesos y abusos. Los incidentes en Estados Unidos, con el uso desproporcionado de la fuerza contra ciudadanos afroamericanos, han generado protestas masivas y una discusión global sobre la discriminación estructural e institucional. No se trata de hechos aislados, sino de un problema arraigado que revela factores como la inequidad económica y la existencia de altos niveles de impunidad en casos de esta naturaleza. La desproporcionalidad en la afectación a personas afrodescendientes subraya la necesidad de un enfoque integral que aborde las raíces de la discriminación y la violencia.

En Perú, aunque no se ha registrado un factor racial o étnico constante como en EE.UU., existen situaciones que reflejan contextos similares de uso excesivo de la fuerza. El caso de Jerson Falla, quien murió tras ser detenido, llevado a una comisaría y sometido a golpes, es un trágico ejemplo de cómo la violencia policial puede tener consecuencias fatales. Este caso, aún en proceso, ilustra la necesidad de una investigación y sanción expeditas. Más allá de casos individuales, el marco general de las protestas sociales en Perú ha sido un escenario recurrente de uso excesivo de la fuerza policial. Informes de organizaciones de derechos humanos han documentado un número considerable de muertes en protestas, muchas de ellas vinculadas directamente a la acción desproporcionada de la policía. Estas protestas, a menudo relacionadas con conflictos socioambientales o la oposición a actividades extractivas, como el caso Conga, evidencian la tensión entre el derecho a la protesta y la obligación del Estado de mantener el orden sin recurrir a la violencia indebida. Estos escenarios ponen de manifiesto la urgencia de revisar y reformar las prácticas policiales y los mecanismos de rendición de cuentas.

Uno de los agravantes más corrosivos en los casos de violencia por parte de la fuerza pública es la impunidad. La impunidad, que se relaciona más con la administración de justicia que con la administración de la fuerza pública en sí misma, es un factor que no solo niega justicia a las víctimas y sus familias, sino que también permite y favorece la repetición de los hechos. Cuando un agente público comete un acto de uso arbitrario de la fuerza, especialmente si este resulta en una ejecución extrajudicial o en la afectación del derecho a la vida, el Estado tiene la obligación ineludible de investigar de oficio esos hechos. Esta investigación debe ser pronta, imparcial y exhaustiva, buscando identificar a los responsables y, si fuera el caso, sancionarlos penalmente.

La justicia es la que brinda las condiciones necesarias para dar una respuesta clara y decidida de sanción a actos de esta naturaleza. La falta de una respuesta judicial efectiva envía un mensaje devastador: que tales abusos son tolerados o que los responsables están por encima de la ley. Por el contrario, la aplicación de la justicia envía un mensaje poderoso no solo a las víctimas y sus familiares, ofreciéndoles reparación y reconocimiento, sino también a la sociedad en su conjunto. Este mensaje es que nadie está por encima de la ley, que los derechos humanos son inviolables y que el Estado está comprometido con la rendición de cuentas de sus agentes. La lucha contra la impunidad es, por tanto, una pieza central para restaurar la confianza en las instituciones y garantizar que el monopolio del uso de la fuerza cumpla su verdadero propósito: el de proteger y servir a la ciudadanía, en lugar de amenazarla.

A continuación, respondemos algunas de las preguntas más comunes sobre el monopolio del uso de la fuerza y sus implicaciones:

¿Quién tiene el monopolio del uso de la fuerza?

El monopolio del uso de la fuerza es una atribución exclusiva del Estado. Esto significa que solo las instituciones estatales, como la policía y otras fuerzas de seguridad, están legítimamente autorizadas para emplear la coerción física.

¿Cuál es el objetivo principal de este monopolio?

El objetivo primordial es asegurar la paz social, mantener el orden público, hacer cumplir la ley y, en última instancia, permitir el ejercicio pleno de los derechos y libertades de todos los ciudadanos.

¿Cuáles son los principios que rigen el uso de la fuerza por parte de la policía?

Los tres principios básicos son: Legalidad (el uso debe estar amparado por la ley), Necesidad (solo cuando no hay otra alternativa) y Proporcionalidad (la intensidad de la fuerza debe ser acorde al riesgo).

¿Qué pasa si la policía abusa de la fuerza?

Un uso arbitrario o excesivo de la fuerza puede constituir una violación de derechos humanos. En estos casos, el Estado tiene la obligación de investigar, procesar y sancionar a los responsables. Las víctimas pueden buscar justicia a nivel nacional y, si hay impunidad, acudir a instancias internacionales como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

¿Se puede denunciar un abuso policial a nivel internacional?

Sí, es posible. Sin embargo, para acudir a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es un requisito haber agotado previamente todas las vías legales y administrativas disponibles en el propio país donde ocurrió el abuso.

¿Qué papel juegan los derechos humanos en el uso de la fuerza?

Los derechos humanos son un componente central. El uso de la fuerza debe ser un medio para asegurar el libre ejercicio de derechos, no para vulnerarlos. Esto implica proscribir la arbitrariedad, tener claridad en los límites y priorizar la disuasión y prevención de la violencia.

Si quieres conocer otros artículos parecidos a El Monopolio de la Fuerza: Límites y DDHH puedes visitar la categoría Seguridad.