21/07/2025
La seguridad ciudadana se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la nación, con la criminalidad en ascenso y una percepción generalizada de vulnerabilidad. En este contexto apremiante, el Pleno del Congreso de la República ha tomado una decisión trascendental: aprobar por insistencia el dictamen que declara en emergencia a la Policía Nacional del Perú (PNP) por un periodo de 180 días. Esta medida, respaldada por una abrumadora mayoría de 85 votos a favor, busca dotar a la institución policial de las herramientas urgentes y necesarias para enfrentar la grave crisis de inseguridad que afecta al país.
La aprobación por insistencia significa que la autógrafa de ley, previamente observada por la presidenta Dina Boluarte, ha sido ratificada en sus mismos términos, haciendo que no requiera de una segunda votación para su promulgación. Este acto legislativo es el resultado de un consenso en la Comisión de Presupuesto, que defendió la propuesta argumentando que no vulnera la separación de poderes ni el principio de competencia, sino que responde a un mandato legal y temporal para evaluar y fortalecer la capacidad operativa de la PNP.
- ¿Qué Implica la Declaratoria de Emergencia de la PNP?
- Reestructuración Institucional: La Base del Cambio
- Flexibilización Presupuestaria: Un Arma Estratégica
- Incentivos para el Personal Policial: Reconocimiento al Esfuerzo
- Participación de Gobiernos Regionales y Locales en la Lucha Contra la Criminalidad
- Mecanismos de Fiscalización y Control
- Preguntas Frecuentes (FAQ)
- ¿Por qué se declaró en emergencia a la Policía Nacional del Perú?
- ¿Cuánto tiempo durará la declaratoria de emergencia de la PNP?
- ¿Qué cambios se esperan en la estructura de la PNP y el Ministerio del Interior?
- ¿Cómo se financiarán las medidas de fortalecimiento de la PNP?
- ¿Recibirán los policías un aumento de sueldo por esta ley?
- ¿Quién supervisará el uso de los recursos asignados durante la emergencia?
- ¿Qué rol tendrán los gobiernos regionales y locales?
¿Qué Implica la Declaratoria de Emergencia de la PNP?
La declaración de emergencia no es un mero formalismo; conlleva una serie de acciones concretas y directas orientadas a la gestión interna, operativa y logística de la institución policial. Durante los 180 días que dure esta situación, el Poder Ejecutivo tiene el encargo expreso de realizar gestiones prioritarias para:
- Dotación de Equipamiento y Servicios: Asegurar que la PNP cuente con los recursos materiales y tecnológicos necesarios para su labor diaria, desde vehículos y armamento hasta sistemas de comunicación y herramientas de investigación.
- Mejoramiento de Infraestructura: Gestionar la mejora o culminación de obras en las dependencias policiales, garantizando condiciones adecuadas para el personal y el desarrollo de sus funciones. Se dará prioridad a los departamentos fronterizos y a las ciudades que ya se encuentran en estado de emergencia, reconociendo la urgencia en estas zonas.
Además, esta iniciativa otorga un rol crucial a la Contraloría General de la República, autorizándola a realizar un control concurrente sobre todas las adquisiciones que realice el Ministerio del Interior (MININTER) en el marco de esta ley. El MININTER, a su vez, deberá informar al Congreso sobre las inversiones, bienes o servicios contratados o ejecutados a favor de la Policía Nacional del Perú, garantizando la transparencia y el uso adecuado de los fondos públicos.
Reestructuración Institucional: La Base del Cambio
Una de las medidas más ambiciosas y de mayor alcance de esta ley es la orden de reformar la propia estructura de la PNP y del Ministerio del Interior. Para ello, se ha establecido un cronograma y una responsabilidad clara:
- La Secretaría General del Ministerio del Interior, en estrecha coordinación con la Secretaría Ejecutiva de la PNP, deberá realizar una evaluación exhaustiva del estado situacional del sector Interior.
- Este proceso de evaluación tiene un plazo de noventa días hábiles, contados a partir de la entrada en vigencia de la ley.
- Una vez concluida la evaluación, ambas instituciones deberán emitir una propuesta de reestructuración del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional del Perú.
Esta reestructuración busca optimizar la eficiencia, modernizar los procesos y fortalecer la capacidad de respuesta de ambas entidades frente a los desafíos actuales de la seguridad ciudadana. Es un reconocimiento de que las soluciones a largo plazo requieren una revisión profunda de la operatividad y la organización.
Flexibilización Presupuestaria: Un Arma Estratégica
Para asegurar que las medidas propuestas puedan implementarse con la celeridad requerida, la ley otorga al Ministerio del Interior un amplio margen de acción en materia presupuestaria. Se le exonera de diversas restricciones contempladas en la Ley de Presupuesto Público 2025, permitiéndole una mayor flexibilidad en la gestión de sus recursos. Esta es una de las facultades más significativas y debatidas de la norma, buscando agilizar las inversiones necesarias.
Exoneraciones Clave de la Ley de Presupuesto Público 2025:
La ley aprobada establece una serie de exoneraciones específicas que empoderan al MININTER para reasignar y utilizar fondos de manera más ágil. A continuación, se detallan las principales:
| Artículo Exonerado | Detalle de la Exoneración | Impacto y Permite |
|---|---|---|
| Artículo 9, numerales 9.5, 9.6, 9.8 y 9.10 | Permite reasignar recursos de partidas específicas (como “Combustibles, Carburantes, Lubricantes y afines”, “Repuesto y accesorios”, “Suministros para mantenimiento y reparación”, “Servicio de mantenimiento”) a otras partidas o genéricas de gasto. | Otorga al MININTER la capacidad de redirigir fondos de áreas menos críticas o con excedentes hacia necesidades más urgentes como equipamiento, personal o infraestructura, sin las restricciones habituales. Permite flexibilidad para gastos operativos y de mantenimiento. |
| Partidas de Gasto como suministros médicos, impuestos y transferencias a organismos internacionales de salud | Permite modificaciones presupuestarias sin las limitaciones establecidas en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025 y el Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. | Facilita la adquisición rápida de insumos esenciales para la salud del personal policial y otras necesidades relacionadas, sin los procesos burocráticos que suelen ralentizar estas compras. |
| “Actividad: 5006144 Atención de Actividades de Emergencia” | Permite anular créditos presupuestarios de esta actividad sin las restricciones habituales, incluyendo la posibilidad de redirigir recursos hacia otras unidades ejecutoras o actividades. | Proporciona una herramienta para movilizar fondos destinados originalmente a emergencias generales hacia las necesidades específicas de la PNP en el marco de esta declaratoria de emergencia, adaptándose rápidamente a las circunstancias. |
| Proyectos de inversión, programas IOARR y obras por impuestos | Permite destinar recursos a estos proyectos sin contar con la documentación requerida (ej. expediente técnico). | Agiliza la ejecución de obras de infraestructura y proyectos de mejora para la PNP, eliminando la necesidad de trámites documentarios extensos que suelen retrasar el inicio de las obras. Esto acelera la modernización de comisarías, escuelas, etc. |
| Artículo 33, numeral a) | Exonera de la obligación de habilitar recursos solo si los programas presupuestales han alcanzado las metas de los indicadores de producción física de producto. | Permite al MININTER realizar modificaciones presupuestarias sin estar atado al cumplimiento de metas previas, lo que es crucial en una situación de emergencia donde la prioridad es la acción inmediata. |
| Artículo 48.1 del Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público | Elimina restricciones aplicables a las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional y programático, incluyendo la obligación de alcanzar metas programadas, restricciones en la reasignación de créditos y la necesidad de informes favorables para modificaciones excepcionales. | Confiere al MININTER una flexibilidad sin precedentes en la gestión de su presupuesto, permitiéndole reasignar y utilizar fondos de manera mucho más eficiente y rápida para combatir la criminalidad, sin las trabas burocráticas habituales. |
Es importante destacar que, a pesar de estas amplias flexibilizaciones, la ley especifica que todas las modificaciones presupuestarias que se efectúen en el marco de lo dispuesto en el presente artículo solo se orientan al Programa Presupuestal 0030 “Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana”. Esto asegura que los fondos se destinen directamente al objetivo central de la ley.
Incentivos para el Personal Policial: Reconocimiento al Esfuerzo
Reconociendo el arduo trabajo y el riesgo que implica la labor policial, la ley aprobada también contempla un importante incentivo para los miembros de la institución. Se establece que los policías que voluntariamente realicen patrullajes adicionales, ya sean a pie o en vehículos, recibirán un pago especial.
Para hacer posible este beneficio, el Ministerio del Interior ha sido exonerado de cumplir el artículo 6 de la Ley de Presupuesto 2025. Esto significa que no está obligado a seguir las normas que prohíben aumentos o ajustes en sueldos, bonificaciones, beneficios y otros conceptos económicos en las entidades gubernamentales. Esta exoneración le otorga la flexibilidad necesaria para realizar ajustes en estos conceptos, independientemente de las restricciones legales que rigen para otras instituciones públicas, y excluye los límites relacionados con arbitrajes laborales y aumentos dentro de las escalas remunerativas. Este es un paso crucial para empoderar y motivar a la fuerza policial.
Participación de Gobiernos Regionales y Locales en la Lucha Contra la Criminalidad
La lucha contra la criminalidad es una tarea que involucra a todos los niveles de gobierno. Por ello, la norma estipula que los gobiernos regionales y locales también podrán realizar transferencias al Ministerio del Interior. Estas transferencias deberán tener como propósito específico financiar productos, actividades y proyectos previstos en el Programa Presupuestal 0030 “Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana”.
Para que estas transferencias sean válidas, deberán ser aprobadas mediante la suscripción de un convenio y un acuerdo de concejo municipal en el caso de los gobiernos locales, o un acuerdo de consejo regional para los gobiernos regionales. Dichos acuerdos deberán ser publicados en el Diario Oficial El Peruano, garantizando la formalidad y publicidad de los acuerdos.
Mecanismos de Fiscalización y Control
Con el aumento de la flexibilidad presupuestaria y la agilización de procesos, la necesidad de una estricta fiscalización se vuelve aún más crítica. La ley aborda este punto al reforzar el papel de la Contraloría General de la República. Esta entidad tendrá la facultad de “realizar el control concurrente correspondiente a las adquisiciones que realice el Ministerio del Interior, los gobiernos regionales y los gobiernos locales en el marco de lo dispuesto por la presente ley”.
El control concurrente es un mecanismo de supervisión que se realiza durante la ejecución de los procesos, permitiendo identificar y alertar sobre riesgos o irregularidades en tiempo real. Esto es fundamental para asegurar que los recursos se utilicen de manera eficiente, transparente y de acuerdo con los objetivos de la ley, previniendo actos de corrupción y garantizando que cada sol invertido contribuya efectivamente al fortalecimiento de la PNP y a la mejora de la seguridad ciudadana.
Preguntas Frecuentes (FAQ)
¿Por qué se declaró en emergencia a la Policía Nacional del Perú?
Se declaró en emergencia debido a la grave crisis de inseguridad ciudadana y el aumento de la criminalidad que afecta al país, con el objetivo de dotar a la PNP de herramientas urgentes y necesarias para su fortalecimiento institucional y efectividad en la lucha contra el delito.
¿Cuánto tiempo durará la declaratoria de emergencia de la PNP?
La declaratoria de emergencia tendrá un plazo de 180 días.
¿Qué cambios se esperan en la estructura de la PNP y el Ministerio del Interior?
La ley encarga a la Secretaría General del MININTER y a la Secretaría Ejecutiva de la PNP realizar una evaluación en 90 días hábiles para emitir una propuesta de reestructuración de ambas instituciones, buscando optimizar su eficiencia y capacidad de respuesta.
¿Cómo se financiarán las medidas de fortalecimiento de la PNP?
La ley otorga al Ministerio del Interior amplias exoneraciones de restricciones presupuestarias de la Ley de Presupuesto Público 2025. Esto le permite reasignar y utilizar fondos de manera más flexible y rápida para adquirir equipamiento, mejorar infraestructura y destinar recursos a proyectos específicos de seguridad ciudadana.
¿Recibirán los policías un aumento de sueldo por esta ley?
La ley establece un pago especial para los policías que voluntariamente realicen patrullajes adicionales. Para ello, el MININTER está exonerado de las normas que prohíben aumentos o ajustes en sueldos y bonificaciones, lo que facilita la entrega de este incentivo económico.
¿Quién supervisará el uso de los recursos asignados durante la emergencia?
La Contraloría General de la República realizará un control concurrente sobre todas las adquisiciones y el uso de los fondos por parte del Ministerio del Interior, gobiernos regionales y locales en el marco de esta ley, asegurando la transparencia y eficiencia en el gasto.
¿Qué rol tendrán los gobiernos regionales y locales?
Los gobiernos regionales y locales podrán realizar transferencias de fondos al Ministerio del Interior, mediante convenios y acuerdos de concejo/consejo regional, para financiar proyectos y actividades específicas del Programa Presupuestal 0030 “Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana”.
En conclusión, la declaratoria de emergencia de la Policía Nacional del Perú y las medidas dispuestas por el Congreso representan un esfuerzo significativo para abordar la crisis de seguridad que vive el país. Al dotar a la PNP de mayor flexibilidad presupuestaria, impulsar una reestructuración interna y establecer mecanismos de control, se busca fortalecer su capacidad operativa y su efectividad en la lucha contra la criminalidad. El éxito de estas iniciativas dependerá de una implementación rigurosa y transparente, así como del compromiso de todas las instituciones involucradas para garantizar una seguridad ciudadana efectiva y duradera para todos los peruanos.
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