08/02/2024
La protesta social es un pilar fundamental de cualquier sociedad democrática, un espacio donde la ciudadanía ejerce su derecho a la libre expresión y asociación para exigir cambios, denunciar injusticias o simplemente hacerse escuchar. Sin embargo, en la Ciudad de México, este derecho ha estado bajo un escrutinio constante, especialmente a raíz de eventos trágicos que han marcado la última década. La sombra de la represión y la falta de rendición de cuentas ha llevado a la discusión de un controvertido "dictamen policial" que, para muchos, amenaza con coartar aún más las libertades civiles.
Este debate se intensificó con la conmovedora historia de Juan Francisco KuyKendall, un activista que se convirtió en un símbolo de la fragilidad de los derechos humanos en el país. Su caso, y la respuesta del estado ante las manifestaciones, ponen de manifiesto la urgencia de entender qué implica un dictamen de la policía en este contexto y cómo la legislación propuesta podría transformar el panorama de la protesta en la capital mexicana.
El Trágico Legado de Juan Francisco KuyKendall y el Derecho a la Protesta
El 1 de diciembre de 2012, una fecha marcada por la toma de protesta del entonces Presidente Enrique Peña Nieto, se convirtió en el inicio de una tragedia personal que resonaría en el ámbito de los derechos humanos en México. Juan Francisco KuyKendall, un dramaturgo y activista cultural, cayó herido de bala de goma en la cabeza en la esquina de Artilleros y Emiliano Zapata, frente al Palacio Legislativo de San Lázaro. Permaneció en coma por más de un año, falleciendo el 25 de enero de 2014. Su muerte no fue un incidente aislado, sino el punto de partida de lo que activistas y observadores de derechos humanos han calificado como una "época negra" para las libertades en la Ciudad de México.
La imagen de KuyKendall, con el rostro descubierto y la masa encefálica expuesta sobre el asfalto, se grabó en la memoria colectiva como un crudo recordatorio de la violencia ejercida por las fuerzas del orden. Su caso simboliza la impunidad que a menudo acompaña a las violaciones de derechos humanos. A pesar de las pruebas que sugerían que la bala provino de rifles de la Policía Federal, hasta la fecha de la información disponible, no se había identificado ni sancionado a los responsables. Esta falta de justicia para KuyKendall ha alimentado la preocupación de que nadie que se manifieste en el Centro Histórico y sufra un encapsulamiento o una detención, reciba reparación.
Desde el 1 de diciembre de 2012 hasta octubre del año siguiente, se registraron aproximadamente 300 detenciones y más de 1200 personas fueron encapsuladas en decenas de manifestaciones sociales. Estas cifras, junto con testimonios de desalojos, contenciones y caos, pintan un cuadro de represión sistemática. Las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), las conmemoraciones de matanzas estudiantiles como la del 10 de junio de 1971 o el 2 de octubre de 1968, fueron escenarios de enfrentamientos donde la línea entre manifestantes pacíficos y grupos violentos se difuminaba, a menudo convenientemente para justificar la intervención policial.
Las tácticas empleadas por la policía, como el "kettling" (o encapsulamiento), que consiste en rodear a los manifestantes con filas de agentes para acorralarlos y dispersarlos, han sido ampliamente criticadas a nivel internacional. Estas acciones no solo limitan la libertad de movimiento, sino que también pueden atrapar a personas no involucradas, durar horas y generar un ambiente de pánico y vulnerabilidad. La muerte de KuyKendall y las experiencias de miles de manifestantes han puesto en evidencia la necesidad urgente de una regulación clara y respetuosa de los derechos humanos en el manejo de las protestas.
México Bajo el Escrutinio Internacional en Derechos Humanos
La situación de los derechos humanos en México ha sido motivo de constante preocupación para la comunidad internacional, y los eventos ocurridos en el Centro Histórico de la Ciudad de México son solo una parte de un panorama más amplio. El país ha reprobado consistentemente los exámenes en la materia, evidenciando graves deficiencias en la protección y garantía de los derechos fundamentales de sus ciudadanos.
En noviembre de 2013, México se sometió al Examen Periódico Universal (EPU), un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que evalúa cada cuatro años el cumplimiento de las obligaciones y compromisos en esta materia por parte de los Estados miembros. Los resultados fueron desalentadores: el Consejo emitió 176 recomendaciones para México, casi el doble de las 93 formuladas cuatro años antes. Esto subraya la creciente preocupación internacional por la situación del país.
Organizaciones como Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW) han publicado informes contundentes que detallan un sombrío panorama. Los reportes de AI de 2013 señalaron ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura cometidas por fuerzas de seguridad y la policía. Alarmantemente, apenas el 10 por ciento de las siete mil denuncias oficiales contra autoridades había sido investigado, lo que refuerza la percepción de impunidad. HRW, por su parte, también centró sus focos en las consecuencias de la lucha contra grupos del crimen organizado, incluyendo ejecuciones, desapariciones y torturas, así como la falta de investigación adecuada.
En este contexto, el Centro Histórico de la Ciudad de México se ha convertido en un epicentro de esta crisis. Expertos como Sandra Serrano García de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) lo describen no solo como un lugar histórico, sino como un "centro neurálgico, político y social" donde se ha buscado una "segregación de los movimientos sociales". La idea subyacente, según Serrano, es "quitémoslos, borrémoslos, alejémoslos de donde se ven, de donde ya tenemos arreglados los espacios peatonales", a pesar de que el centro capitalino debería ser, por antonomasia, un espacio para la manifestación pública.
¿Qué es el Dictamen de la Policía y la Propuesta de Ley de Manifestaciones Públicas?
En respuesta, o quizás como una forma de control, a la efervescencia social y los incidentes violentos que marcaron el primer año del sexenio de Enrique Peña Nieto, surgió la propuesta de la Ley de Manifestaciones Públicas para el Distrito Federal. Esta iniciativa, que se materializa en un dictamen de la policía, fue aprobada en comisiones unidas y de Derechos Humanos en diciembre, con altas probabilidades de convertirse en ley gracias al apoyo de las bancadas mayoritarias del PRI y el PAN.
El dictamen busca establecer un marco legal para la realización de protestas y el actuar policial. Entre sus puntos clave, se encuentran:
- Obligación de Escucha y Solución: Se establecería la obligación para la Secretaría de Gobernación y el Gobierno del Distrito Federal de escuchar de inmediato a los manifestantes y ofrecerles soluciones a sus demandas.
- Capacitación en Derechos Humanos: Los elementos policiales tendrían que ser capacitados en materia de derechos humanos para garantizar un manejo adecuado de las manifestaciones.
- Procedimientos Administrativos y Judiciales: Se contempla la posibilidad de iniciar procedimientos administrativos y judiciales para aquellas personas que sientan que sus derechos fueron vulnerados durante una manifestación.
- Aviso Previo de Manifestaciones: Quizás el punto más polémico, la ley exigiría a quienes realicen una marcha de cualquier tipo, incluyendo las religiosas, avisar a las autoridades con 48 horas de antelación.
A primera vista, algunos de estos puntos podrían parecer avances en la regulación y el respeto de los derechos humanos. La capacitación policial y los mecanismos para denunciar abusos son, en teoría, positivos. Sin embargo, la esencia y las implicaciones de esta ley, especialmente la del aviso previo, han generado una fuerte oposición y críticas por parte de activistas y expertos en derechos humanos, quienes ven en ella una amenaza directa al derecho a la protesta.
La Controversia: ¿Regulación o Criminalización de la Protesta?
La propuesta de Ley de Manifestaciones Públicas, a pesar de sus aparentes buenas intenciones en algunos aspectos, ha sido interpretada por muchos como un intento de criminalización de la protesta social. La principal crítica se centra en la exigencia de notificar las marchas con 48 horas de antelación. Para Sandra Serrano García de la Flacso, esta normativa "implica quitarle el sentido de la sorpresa a la toma de las calles", una característica inherente a muchas manifestaciones espontáneas y legítimas.
El derecho a la libre manifestación y asociación está constitucionalmente garantizado en México. La crítica es que esta ley parece priorizar un "supuesto derecho a andar en un coche" o la fluidez del tránsito, por encima de un derecho fundamental. "Lo que propone, esa ley, es un resguardo a un supuesto derecho a andar en un coche. Y criminalizar al que se manifiesta", enfatiza Serrano. Esto sugiere un cambio en la balanza, donde la comodidad de la ciudad se antepone a la expresión pública de disenso.
Francisco Cerezo, del Comité Cerezo, coincide en que la muerte de Juan Francisco KuyKendall es el resultado de estrategias gubernamentales para "criminalizar" el derecho a la protesta. Para él, los responsables de la muerte de KuyKendall, desde el que disparó hasta los mandos que avalaron la acción, deberían haber sido enjuiciados y sancionados, y sobre todo, la estructura que permitió esa muerte "debió ser ya desmantelada". La preocupación es que, en lugar de desmantelar estructuras represivas, esta ley las legitime y fortalezca.
La "circunstancia política" que rodea esta ley, según Serrano, "invita a pensar que todo es un connato y nada está pasando en el país". Es decir, al regular y potencialmente limitar las marchas, se busca dar la impresión de que no hay problemas significativos que ameriten una protesta masiva y espontánea. Esto representa una "criminalización de la protesta en toda su extensión", un retroceso que busca "que nadie tome las calles" y "que nadie se atreva a decirnos que estamos haciendo algo mal".
Las experiencias de encapsulamientos masivos, como los sufridos por los maestros de la CNTE en el Zócalo o en diversas marchas, donde personas eran retenidas por horas sin justificación clara, demuestran la efectividad de las tácticas policiales para disuadir la protesta. La ley, para sus críticos, no solo no aborda estos abusos, sino que sienta las bases para su legalización y normalización, bajo el pretexto de "orden" y "seguridad".
Preguntas Frecuentes sobre el Dictamen Policial y la Protesta
- ¿Qué es un dictamen de la policía en el contexto de manifestaciones?
- En este contexto, un dictamen de la policía se refiere a un documento o propuesta legislativa, como el que precede a la Ley de Manifestaciones Públicas para el Distrito Federal. Establece las directrices y normas que regirán la actuación de las fuerzas del orden y los derechos y obligaciones de los manifestantes durante las protestas públicas.
- ¿Por qué es importante el caso Juan Francisco KuyKendall?
- El caso de Juan Francisco KuyKendall es crucial porque se ha convertido en un símbolo de la violencia y la impunidad en el manejo de las protestas en México. Su muerte, a causa de una bala de goma durante una manifestación, destaca la necesidad de justicia y rendición de cuentas por parte de las autoridades, y ha impulsado el debate sobre los límites y la protección del derecho a la protesta.
- ¿Qué implica la propuesta de Ley de Manifestaciones Públicas?
- La propuesta de ley busca regular las protestas, incluyendo la obligación de las autoridades de escuchar a los manifestantes, la capacitación en derechos humanos para la policía, y mecanismos de denuncia por violaciones. Sin embargo, su punto más controvertido es la exigencia de notificar las marchas con 48 horas de antelación, lo que ha generado críticas por considerar que restringe la libertad de expresión y la protesta espontánea.
- ¿Cómo afecta esta ley al derecho a la protesta?
- Los críticos argumentan que esta ley podría limitar severamente el derecho a la protesta, especialmente las manifestaciones espontáneas. Al requerir aviso previo, se elimina el elemento sorpresa y la capacidad de reaccionar rápidamente ante eventos. Además, se teme que la ley sirva como herramienta para la criminalización de los manifestantes y para priorizar el orden público sobre las libertades civiles.
- ¿Qué es el "kettling" o encapsulamiento policial?
- El "kettling" es una táctica policial de control de multitudes que consiste en rodear a un grupo de manifestantes con líneas de policías para acorralarlos y evitar que se dispersen. Puede durar horas y atrapar a personas no involucradas en la protesta. Es criticado por restringir la libertad de movimiento y generar situaciones de alto estrés y riesgo.
La muerte de Juan Francisco KuyKendall y las subsiguientes experiencias de represión en la Ciudad de México han puesto de manifiesto la compleja relación entre el Estado, la ciudadanía y el derecho a la protesta. El dictamen de la Ley de Manifestaciones Públicas, aunque presentado como una medida para ordenar y proteger, es percibido por muchos como un intento de regular excesivamente, e incluso sofocar, la voz de la disidencia. La balanza entre la seguridad pública y las libertades fundamentales se inclina peligrosamente hacia el control, amenazando la esencia misma de una sociedad abierta y democrática. El futuro de la protesta en México pende de un hilo, y la memoria de "Kuy" sirve como un recordatorio constante de lo que está en juego.
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