Seguridad en CABA: El Rol de Mauricio Macri

La gestión de Mauricio Macri al frente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, iniciada en 2007, marcó un punto de inflexión significativo en la política de seguridad y control urbano de la capital argentina. Con un fuerte enfoque en la creación de una fuerza policial propia, su administración buscó transformar el panorama de la seguridad ciudadana, enfrentando tanto logros institucionales como intensas controversias.

La Génesis de la Policía Metropolitana: Un Nuevo Paradigma de Seguridad

Desde el inicio de su mandato, Mauricio Macri puso en la agenda la necesidad de que la Ciudad de Buenos Aires contara con su propia fuerza policial, separada de la Policía Federal Argentina. Este anhelo de autonomía en materia de seguridad se concretó el 17 de marzo de 2008 con la sanción de la ley que creaba la Policía Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires.

El plan inicial contemplaba una fuerza robusta de aproximadamente 15.000 agentes. Sin embargo, la puesta en marcha fue más gradual de lo esperado. A fines de septiembre de 2009, las actividades se encontraban demoradas, con un primer grupo de solo 40 agentes destinados a controlar vendedores ambulantes y unos 250 policías adicionales enfocados en el control del tránsito para ese año. La operación plena de la Policía Metropolitana comenzó el 5 de febrero de 2010, con 500 agentes desplegados en barrios específicos como Villa Pueyrredón, Coghlan y Villa Urquiza.

La expansión de la fuerza fue progresiva. Hacia fines de 2011, la Policía Metropolitana ya contaba con 2500 efectivos. Su equipamiento incluía 76 patrulleros dotados de GPS y cámaras internas y externas, y se habían instalado 2000 cámaras fijas en diversos puntos estratégicos de la ciudad. Para ese entonces, la Policía Metropolitana tenía a su cargo la custodia de la Comuna 4 (que abarca La Boca, Barracas, Parque Patricios y Pompeya), la Comuna 12 (Villa Pueyrredón, Villa Urquiza, Coghlan y Saavedra) y la Comuna 15 (Villa Ortúzar, Parque Chas, Agronomía, La Paternal, Chacarita y Villa Crespo), consolidando su presencia en áreas clave de la ciudad.

Crecimiento de la Policía Metropolitana (2010-2011)

Controversias y Desafíos en el Desarrollo de la Fuerza

La creación de la Policía Metropolitana no estuvo exenta de controversias significativas que marcaron sus primeros años y generaron un intenso debate público. Estos episodios, que incluyeron desde cuestionamientos a la idoneidad de sus mandos hasta conflictos financieros y denuncias por violencia, pusieron a prueba la resiliencia de la nueva institución y la gestión de Macri.

La Cuestionada Designación de Jorge "Fino" Palacios

Uno de los episodios más resonantes fue la designación de Jorge "Fino" Palacios como primer jefe de la Policía de la Ciudad el 3 de julio de 2009. Palacios, un excomisario de la Policía Federal Argentina, había sido dado de baja de esa fuerza en 2004 debido a grabaciones que lo vinculaban con uno de los imputados en el secuestro de Axel Blumberg, sin conocimiento de sus superiores. Además, Palacios había sido acusado de encubridor por el fiscal en la causa del atentado terrorista contra la AMIA de 1994, aunque el juez interviniente no hizo lugar a su procesamiento en ese momento. También fue procesado y sobreseído en la causa sobre los homicidios cometidos durante la represión policial del 20 de diciembre de 2001, donde se hizo presente sin órdenes que justificaran su presencia.

La designación de Palacios generó un fuerte rechazo por parte de organizaciones de derechos humanos, como los familiares del atentado a la AMIA y Madres de Plaza de Mayo. Mauricio Macri defendió inicialmente a Palacios, atribuyendo las críticas a una "intencionalidad política". Sin embargo, menos de dos meses después de su nombramiento, el 25 de agosto de 2009, Palacios renunció. Poco más de un mes después, el 1 de octubre, fue procesado por encubrir el atentado a la AMIA. Posteriormente, Mauricio Macri reconoció que "fue un error no haber reconocido el nivel de conflictividad que podía traer", admitiendo que Palacios "terminó metiendo en esa guerra a mi gobierno". La causa fue elevada a juicio oral y público a mediados de mayo de 2012.

Conflicto Financiero con el Gobierno Nacional por la Policía Federal

La relación con el Gobierno Nacional también presentó fricciones en materia de seguridad. En septiembre de 2009, se reveló que el gobierno de Mauricio Macri mantenía una deuda de $36.000.000 debido a la falta de pago de las remuneraciones de unos 1700 agentes de la Policía Federal que habían sido solicitados por la Ciudad de Buenos Aires para custodiar edificios y funcionarios públicos. Este conflicto financiero se resolvió el 3 de noviembre de 2009, tras una reunión entre funcionarios nacionales y porteños, donde la Ciudad de Buenos Aires finalmente canceló la deuda. Sin embargo, las autoridades porteñas manifestaron su postura de no pagar más por la seguridad en espacios públicos, considerándola parte de la tarea de la Policía Federal en el distrito, aunque reconsiderarían la presencia de efectivos para el cuidado de hospitales y otros edificios públicos.

La Unidad de Control del Espacio Público (UCEP)

En octubre de 2008, Macri creó por decreto la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP), bajo la órbita del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Su objetivo era mantener el orden en el espacio público, nucleando a empleados que ya trabajaban para el gobierno de la ciudad desde gestiones anteriores. Sin embargo, este cuerpo fue objeto de numerosas denuncias por parte de periodistas y organizaciones sociales, quienes lo acusaron de basar su actividad en desalojos nocturnos de plazas y edificios tomados, utilizando metodologías violentas e intimidatorias. Se recibieron denuncias por violencia y amenazas, aunque el gobierno porteño negó actuar con violencia y prometió investigar.

El 17 de marzo de 2011, Mauricio Macri fue imputado en la causa relacionada con la UCEP. Si bien en julio de 2011 el juez Facundo Cubas dictó la falta de mérito para Macri y los 32 imputados, y en diciembre de 2011 fue sobreseído por la jueza María Fontbona de Pombo, la Sala I de la Cámara del Crimen declaró nulo el sobreseimiento en abril de 2012. Fuentes judiciales deslizaron que la jueza reemplazante no suele firmar resoluciones de tal impacto político en esa situación. Además, se señaló que el fallo no mencionaba pruebas fílmicas ni documentos de una de las computadoras de los encargados de la UCEP, que describían operativos con fotos, planos y un código de siglas para asignar prioridad a los desalojos según el nivel de los funcionarios del PRO que los solicitaran. En julio de 2013, la Cámara de Casación rechazó el planteo de Mauricio Macri, confirmando que se lo investigaría en esta causa.

Otras Medidas de Control y Orden Urbano

Más allá de la Policía Metropolitana, la gestión de Macri implementó otras herramientas y políticas destinadas al control y la regulación del espacio público y las actividades urbanas.

La Agencia Gubernamental de Control (AGC)

El 13 de diciembre de 2007, la Legislatura porteña sancionó la creación de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), un organismo con amplias facultades para intervenir en la seguridad, salubridad e higiene alimentaria de establecimientos, habilitaciones de actividades públicas y privadas, y obras civiles. La AGC tiene la potestad de recurrir al auxilio de la fuerza pública y aplicar multas y sanciones. Con 2500 empleados, incluyendo 800 inspectores, su creación generó cuestionamientos sobre la delegación de facultades de control del Jefe de Gobierno.

La AGC también enfrentó controversias internas y denuncias. Su primer titular, Federico Young, renunció en marzo de 2009 tras ser confrontado en la Legislatura por 14 contratos a militares y gendarmes que no supo explicar. Posteriormente, se sucedieron otros directores, y en mayo de 2010, los propios trabajadores de la agencia denunciaron el pago de “retornos” para habilitar recitales en bares de la Ciudad, señalando a directivos de la agencia. En junio de ese año, hubo un allanamiento a una dirección a cargo de Martín Farrell por una denuncia de la Defensoría del Pueblo por la habilitación irregular de una estación de servicio.

Veto a la Ley de Registro de Cuidadores de Vehículos ("Trapitos")

En un esfuerzo por regular el orden en el espacio público, en diciembre de 2011, la Legislatura porteña aprobó la Ley 4113, que creaba un registro de cuidacoches. Sin embargo, el 2 de febrero de 2012, el Gobierno porteño oficializó el veto a esta ley. Entre los argumentos esgrimidos, se sostuvo que la ley era inconstitucional y socavaba “el principio de libre disfrute” del uso del espacio público. Esta decisión evidenció una postura firme del gobierno de Macri respecto a la informalidad en el uso del espacio público y la actividad de los llamados "trapitos", priorizando la regulación y el control sobre la formalización.

Impacto en la Seguridad Vial y el Tránsito

Si bien no es directamente "policial", la política vial de la gestión Macri tuvo un impacto en la seguridad ciudadana y el orden público. Se creó el Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte para fiscalizar el tránsito vehicular. Inicialmente, se reportó una disminución del 50% en los casos positivos de alcoholemia, lo que contribuyó a reducir accidentes en 2009. Sin embargo, el índice de fatalidades por accidentes de tránsito volvió a incrementarse fuertemente en 2010 y, según un informe de la Defensoría del Pueblo porteña, aumentó un 47% en el primer semestre de 2013, siendo la mayoría de las víctimas fatales peatones. Esta fluctuación muestra la complejidad de la gestión de la seguridad vial en una metrópolis como Buenos Aires.

La administración de Macri también impulsó proyectos de inversión en infraestructura vial, como la inauguración de 22 pasos bajo nivel para mejorar el flujo de tránsito y la seguridad en cruces ferroviarios. Además, se desarrolló una extensa red de bicisendas y el sistema Ecobici de bicicletas públicas, promoviendo modos de transporte alternativos y contribuyendo a la organización del espacio urbano. La implementación de carriles exclusivos para taxis y autobuses (Metrobús) en avenidas clave como Juan B. Justo, 9 de Julio y el Metrobús Sur, buscó optimizar el transporte público y reducir los tiempos de viaje, impactando indirectamente en el orden y la fluidez del tránsito.

Preguntas Frecuentes sobre la Seguridad y Control en la Gestión Macri

¿Cuál fue el principal cambio en la seguridad durante la gestión de Macri?

El cambio más significativo fue la creación y puesta en marcha de la Policía Metropolitana, una fuerza policial propia de la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de dotar a la capital de autonomía en materia de seguridad.

¿Qué controversias rodearon la creación de la Policía Metropolitana?

Las principales controversias incluyeron la cuestionada designación de su primer jefe, Jorge "Fino" Palacios, quien tenía antecedentes penales y acusaciones de encubrimiento, así como un conflicto financiero con el Gobierno Nacional por el pago de servicios de la Policía Federal. También se sumaron las denuncias de violencia y el procesamiento judicial de funcionarios de la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP).

¿Cómo impactaron las políticas de Macri en el tránsito y la seguridad vial?

La gestión implementó medidas como la creación de agentes de tránsito, pasos bajo nivel, bicisendas y el sistema Metrobús, buscando mejorar la fluidez y seguridad vial. Inicialmente hubo mejoras en la reducción de alcoholemia positiva, pero los informes posteriores mostraron un aumento en las fatalidades por accidentes de tránsito en ciertos períodos.

¿Se logró una reducción significativa del delito en la Ciudad de Buenos Aires con la nueva fuerza policial?

El texto proporcionado se enfoca en los aspectos institucionales, de creación y operatividad de la Policía Metropolitana, así como en las controversias que la rodearon. No se mencionan estadísticas directas sobre la reducción de la criminalidad general en la Ciudad de Buenos Aires como resultado específico de la acción de la nueva fuerza policial.

¿Qué otros organismos de control se crearon o reformaron?

Se creó la Agencia Gubernamental de Control (AGC) con amplias facultades de fiscalización en seguridad, higiene, habilitaciones y obras civiles. También se intentó regular a los cuidacoches con una ley que fue vetada por el gobierno porteño.

Conclusión: Un Legado de Transformación Institucional

La gestión de Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires dejó un legado innegable en el ámbito de la seguridad y el control urbano. La creación de la Policía Metropolitana representó una profunda transformación institucional, dotando a la capital de una fuerza de seguridad propia que, a pesar de las iniciales y notables controversias, logró consolidarse y expandir su presencia en la ciudad. Los desafíos iniciales, como la polémica designación de Jorge "Fino" Palacios y las acusaciones de la UCEP, fueron episodios que marcaron el camino, obligando a la administración a ajustar rumbos y enfrentar el escrutinio público y judicial.

Más allá de la policía, las políticas de control y ordenamiento del espacio público, desde la creación de la Agencia Gubernamental de Control hasta las inversiones en infraestructura vial como el Metrobús y los pasos bajo nivel, reflejaron una visión integral de la gestión urbana que buscaba mejorar la calidad de vida y la seguridad de los porteños. En definitiva, el periodo de Macri fue de una intensa reconfiguración en la forma en que la Ciudad de Buenos Aires abordaba su propia seguridad y el orden de sus espacios, sentando las bases para lo que hoy es su estructura de fuerza pública.

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