La Confianza Ciudadana: Pilar de la Seguridad y la Democracia

En el corazón de la estabilidad democrática y la seguridad ciudadana se encuentra una relación fundamental: la que existe entre la ciudadanía y sus fuerzas policiales. Sin embargo, en diversas naciones de América Latina, esta relación se ha visto fracturada, erosionando la legitimidad de las instituciones y sembrando dudas sobre la capacidad del Estado para proteger a sus habitantes. La desconfianza no es solo un problema de percepción; es un síntoma de fallas estructurales que, si no se abordan, pueden minar los cimientos mismos de la democracia y perpetuar ciclos de inseguridad.

El Espejo Roto de la Confianza Pública

La situación de la Policía Nacional del Perú (PNP) es un claro ejemplo de esta crisis de confianza que afecta a la región. En las últimas semanas, la institución ha sido objeto de intensas críticas debido a los escasos resultados en la lucha contra la criminalidad y a la ineficiente atención en casos sensibles como las desapariciones y la violencia contra las mujeres. Un trágico feminicidio y descuartizamiento en Comas, perpetrado por un agente policial, no solo generó una ola de indignación, sino que también magnificó la urgencia de una reforma largamente postergada.

Las cifras son contundentes y reflejan la magnitud del desafío. Una encuesta de Ipsos 2024 revela que el 61% de los peruanos desaprueba la gestión de la PNP. Aún más alarmante es un estudio de CPI del 23 de noviembre, el cual indica que el 91.7% de los ciudadanos tiene poca o ninguna confianza en la institución; de este porcentaje, un 56.3% confía “medianamente” y un 35.4% no confía “nada”. Estos números no solo son un llamado de atención, sino una señal inequívoca de la necesidad imperante de un cambio profundo.

Cuando la Inseguridad Socava la Democracia

Yanilda González, profesora de la Universidad de Harvard y especialista en políticas públicas, ha investigado exhaustivamente cómo las fallas institucionales de las fuerzas policiales impactan negativamente en la calidad de la democracia. Según González, la policía es el «rostro del Estado más cercano a la ciudadanía», y su actuación impacta profundamente en la vida diaria de las personas, determinando si pueden ejercer sus derechos fundamentales.

En el caso peruano, González señaló tres episodios recientes que ilustran estas fallas: las muertes durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, las manifestaciones de transportistas en rechazo a las extorsiones, y la aprobación de la medida que transfiere al fuero militar y policial los casos de uso de armas de fuego contra ciudadanos. Estas situaciones, al reflejar una actuación policial autoritaria o deficiente, no solo erosionan los derechos fundamentales, sino que también alimentan la inseguridad y desestabilizan el sistema democrático.

La inseguridad se convierte en un desafío que trasciende el ámbito policial y amenaza la propia democracia. En Perú, el 87% de los ciudadanos teme salir a la calle de noche, según Ipsos. Este miedo, advierte González, alimenta tendencias autoritarias: el 80% de los peruanos está de acuerdo con suspender derechos civiles o aplicar la ley marcial para combatir la delincuencia. Esta preferencia por soluciones extremas evidencia cómo la ineficacia en la seguridad pública debilita los valores democráticos.

González explica que la función de la Policía en una democracia se desarrolla en dos dimensiones clave:

La violencia arbitraria o desigual, enfatiza González, no solo vulnera derechos fundamentales, sino que perpetúa la desigualdad y reduce drásticamente la confianza y cooperación de la ciudadanía con la Policía.

La Raíz del Problema: La Autonomía Histórica de la Policía

El «pecado original» de las democracias latinoamericanas, según Yanilda González, ha sido «no reformar las Policías y dejar que se gobiernen solas». Esta falta de reformas no se debe a la ausencia de capacidad técnica o recursos, sino a «decisiones políticas y resistencia activa por parte de las mismas fuerzas policiales». Las autoridades, históricamente, han permitido que la policía asuma un rol autoritario en lugar de una función democrática de protección.

La visión sobre la seguridad ha evolucionado hacia concepciones más amplias, como la seguridad multidimensional, que exigen un liderazgo civil capaz de movilizar diferentes entidades para una mejor articulación y colaboración con la Policía. Sin embargo, los procesos de modernización policial, a menudo “endógenos” y orientados a ajustes internos, carecen de las capacidades necesarias para impactar realmente en la calidad de vida de la gente y reconstruir la confianza ciudadana.

El Imperativo del Liderazgo Civil en la Reforma

Para avanzar en reformas que impacten significativamente la seguridad, es crucial adoptar una visión más amplia. Esto implica comprender que la reforma policial no es un problema exclusivo de la Policía, sino del Estado en su conjunto. Es necesario armonizar responsabilidades y ajustar la organización de las diversas entidades que tienen responsabilidades en seguridad y convivencia.

Un factor clave es reconocer los aspectos políticos que rodean la reforma policial y entender la relación histórica, a menudo transaccional, entre la autoridad civil y la Policía. Esta relación, atada a la necesidad política de obtener resultados rápidos, ha impedido un cambio profundo.

Es fundamental pensar y diseñar incentivos para que las autoridades nacionales, el Congreso y los partidos políticos desarrollen la voluntad política necesaria para impulsar una transformación real. Una transformación que beneficie la seguridad ciudadana, con la participación de la propia Policía y otras entidades, y que recoja el sentir y las expectativas de la ciudadanía.

Además, se debe aceptar que la Policía no opera en el vacío, sino en un contexto social, institucional y político que puede facilitar abusos y errores. Por ello, el trabajo de las instancias disciplinarias y de los organismos de control es esencial para frenar la corrupción y abrir espacios de diálogo con la ciudadanía. Promover estos espacios de diálogo amplio y con verdadera voluntad de escuchar las críticas es un paso crucial, aunque se reconoce que será un proceso caracterizado por la desconfianza inicial que requerirá acompañamiento y reglas claras.

Un Laberinto de Competencias y Delegación

En el direccionamiento de la seguridad ciudadana, persiste un problema de dispersión y superposición de competencias entre diversas entidades como el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, consejerías, alcaldes y gobernadores. Más allá de esto, existe una preocupante falta de coordinación y alineación, que se refleja en las constantes diferencias entre el manejo nacional y local de la seguridad.

La ausencia de claridad sobre quiénes son los responsables de ejecutar la política de seguridad es un obstáculo significativo; el diseño y la puesta en marcha de las políticas a menudo van por caminos separados. El gran reto es solucionar la ausencia de un liderazgo claro e integrador que dirija los esfuerzos de diversas agencias, permitiendo una ejecución coordinada y armonizada donde la Policía tenga funciones claras, pero no sea la única responsable.

La baja capacidad de ejecución en otras instancias lleva a que los avances en política queden truncados y las expectativas ciudadanas se frustren. Como consecuencia, la Policía termina asumiendo toda la responsabilidad sobre la seguridad ciudadana. Los mandatarios de todos los niveles, con contadas excepciones, delegan en la Policía estrategias y decisiones que producen resultados rápidos y visibles, muy convenientes para la gestión política pero poco duraderos.

Esta dinámica crea un gran incentivo para que las autoridades político-civiles evadan o deleguen su responsabilidad de dirigir a la Policía y la seguridad ciudadana. La necesidad de obtener resultados visibles prevalece. Dado que el éxito o fracaso de la gestión de seguridad del gobierno depende en gran medida del servicio de la Policía y su enorme capacidad operativa, esta institución goza de una posición muy ventajosa frente a la autoridad civil. Esta asimetría de capacidades agrava el problema, llevando a que las autoridades civiles se abstengan de impulsar iniciativas que puedan afectar o incomodar a la Policía, por el costo que implicaría perder su compromiso con la gestión de gobierno.

Se necesitan equipos civiles preparados, que aporten visiones estratégicas, democráticas y modernas para replantear la relación entre autoridades civiles y Policía. Esto abriría la puerta a las transformaciones que la ciudadanía espera: mayor transparencia, controles a la corrupción, uso adecuado de la fuerza, modelos de servicio efectivos, rendición de cuentas y una mayor apertura al control ciudadano. Las autoridades civiles no pueden renunciar a su responsabilidad de gestionar la seguridad y ejercer sus competencias de control sobre la Policía, ya que esto aplaza la solución a los problemas de fondo y amenaza el control democrático civil, propio de un estado social de derecho.

Demasiadas Funciones, Demasiada Incertidumbre Política

Otro desafío para la reforma policial es que la agenda de seguridad a menudo responde a las posiciones ideológicas y políticas de los gobiernos de turno. Estos enfoques cambian de un gobierno a otro, interrumpiendo procesos que necesitan tiempos prolongados para consolidarse, especialmente en cuerpos armados e instituciones de gran tamaño como la Policía. Este vaivén y la polarización que conlleva se trasladan a la entidad, produciendo divisiones internas que obstaculizan el progreso, afectan la unidad de mando y el desempeño.

Aunque las visiones políticas cambian, un común denominador es la ausencia de un liderazgo político claro e integrador, lo que ha debilitado la gobernanza y el desarrollo de visiones estratégicas y democráticas de la seguridad. Esto ha favorecido el aumento del pie de fuerza como la solución preferida para diversos problemas, en lugar de enfoques más integrales.

Además, debe revisarse la idea de que el primer contacto con el ciudadano sea, en todos los casos, la Policía. La Policía no tiene la capacidad ni el entrenamiento para responder a todos los llamados ciudadanos ni para atender todas las emergencias. Existen demasiadas funciones asignadas a la Policía que son ajenas a su función natural, lo que genera un desequilibrio en la atención de emergencias entre la Policía y otras agencias estatales.

Un ejemplo es el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (CNSCC) que concentró en la Policía una gran cantidad de funciones que podrían ser desarrolladas por otras agencias con mayor competencia y preparación. Deshacer esta asignación exige un esfuerzo de liderazgo político e institucional del Gobierno. No solo es necesario convencer a la Policía de que ceder funciones no le quita poder ni recursos, sino que también se debe lograr que las otras entidades asuman responsabilidades y ajusten su manera de trabajar a las necesidades de los ciudadanos.

Una redistribución de funciones entre diversas entidades con competencias de policía y una red de atención de emergencias las 24 horas, con la participación de entidades especializadas según los requerimientos, podría allanar el camino para que la Policía se enfoque en el desarrollo de su función constitucional y legal central.

El Camino Hacia una Policía Democrática y Confiable

La reforma policial y la mejora de la seguridad ciudadana requieren una decisión y voluntad política férrea por parte del gobierno nacional y de las autoridades civiles. Es imperativo que estas lideren de manera estratégica los ajustes en la organización institucional, los cambios culturales y una nueva manera de atender a la ciudadanía. Solo así se podrá reconstruir la confianza y la legitimidad del Estado en su conjunto.

El camino por recorrer es aún largo, pero los aportes de expertos y los estudios independientes son fundamentales para nutrir esta discusión crucial y avanzar hacia una policía que sea verdaderamente garante de la seguridad y los derechos en una sociedad democrática.

Preguntas Frecuentes (FAQs)

¿Por qué la ciudadanía desconfía tanto de la policía en América Latina?

La desconfianza se debe a una combinación de factores, incluyendo resultados deficientes en la lucha contra el crimen, ineficiencia en la atención de casos sensibles (como violencia de género), incidentes de abuso de poder o corrupción por parte de agentes, y una percepción de que la institución opera con excesiva autonomía y sin un control civil efectivo. Además, la violencia arbitraria o desigual por parte de la policía reduce la cooperación y la confianza.

¿Qué papel juega la política en la reforma policial?

La política juega un papel fundamental. Las reformas policiales no son solo un asunto técnico o de recursos, sino de decisiones políticas y voluntad para enfrentar la resistencia interna de las propias fuerzas. La falta de liderazgo civil, la priorización de resultados políticos rápidos y las agendas ideológicas cambiantes de los gobiernos de turno a menudo impiden que se implementen y consoliden reformas a largo plazo.

¿Es la policía la única responsable de la seguridad ciudadana?

No. Aunque la policía es el rostro más visible del Estado en materia de seguridad, la seguridad ciudadana es responsabilidad del Estado en su conjunto. Existe una dispersión y superposición de competencias entre diversas entidades (Ministerios de Defensa, Interior, gobiernos locales, etc.). La tendencia a delegar toda la responsabilidad en la policía se debe a la baja capacidad de ejecución de otras agencias y a la conveniencia política de obtener resultados rápidos y visibles, lo que agrava la asimetría de capacidades entre autoridades civiles y policiales.

¿Qué significa que la policía sea el "rostro del Estado"?

Significa que la policía es la institución más cercana y visible del Estado en la vida diaria de los ciudadanos. Su actuación determina directamente si las personas pueden ejercer sus derechos fundamentales, desde participar en una marcha sin violencia hasta ir a trabajar sin ser víctimas de delitos. Cuando la policía falla en su rol democrático, se erosiona la confianza en el Estado en su conjunto y se debilita la calidad de la democracia.

¿Cómo puede una reforma policial fortalecer la democracia?

Una reforma policial efectiva fortalece la democracia al garantizar que la policía cumpla su función de proteger los derechos ciudadanos dentro de los límites del Estado de derecho. Esto implica un liderazgo civil robusto que dirija la institución, la rendición de cuentas, la transparencia, el control del uso legítimo de la fuerza, y la redistribución de funciones para que la policía se enfoque en su misión principal. Al reconstruir la confianza ciudadana, se fortalece la legitimidad de las instituciones y se reduce la tendencia a buscar soluciones autoritarias ante la inseguridad.

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