¿Qué Pasó con Jesús Orta Martínez? Un Giro Inesperado

El nombre de Jesús Orta Martínez, exsecretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y exsecretario general de la extinta Policía Federal, ha vuelto a acaparar los titulares, pero esta vez con un giro que pocos esperaban. Después de años de ser señalado por presuntas irregularidades y desvíos millonarios, una resolución judicial reciente ha determinado que no existen elementos para librar una orden de captura en su contra por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado. Este desenlace, lejos de zanjar la polémica, abre nuevas interrogantes sobre el sistema de justicia y la rendición de cuentas en México.

La trayectoria de Orta Martínez ha estado marcada por posiciones clave en la seguridad pública mexicana, lo que ha magnificado el escrutinio sobre su gestión. Desde su paso por la Policía Federal hasta su breve periodo al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina, diversas acusaciones han pesado sobre él. Sin embargo, la reciente decisión judicial ha puesto un freno a una de las investigaciones más mediáticas en su contra, dejando a la Fiscalía General de la República (FGR) con las manos atadas para procesarlo por los mismos hechos.

Las Acusaciones que Rodearon a Jesús Orta Martínez

La sombra de la sospecha ha seguido a Jesús Orta Martínez desde hace varios años, derivado de su desempeño en diferentes cargos dentro del aparato de seguridad nacional y local. Las acusaciones principales se dividieron en dos frentes importantes, cada uno con sus propias particularidades y montos estratosféricos.

Por un lado, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) inició una investigación en su contra por presuntas irregularidades durante su gestión como titular de la Secretaría de Seguridad capitalina. La principal línea de investigación de la FGJCDMX se centró en la renta de mil 855 patrullas en julio de 2019. Fuentes cercanas a la dependencia señalaron que esta operación estuvo plagada de anomalías, lo que generó un proceso de revisión y escrutinio sobre la transparencia en el uso de los recursos públicos destinados a la seguridad en la capital.

Pero el caso de mayor envergadura y el que detonó una orden de aprehensión previa, provino de la Fiscalía General de la República (FGR). A Orta Martínez se le acusó de un supuesto desvío de 2 mil 519 millones 617 mil 114 pesos de la extinta Policía Federal. Estos fondos, que formaban parte de la partida “Gastos de Seguridad Pública y Nacional”, estaban destinados a la operatividad y equipamiento de la corporación. La FGR sostenía que dichos recursos fueron utilizados en compras irregulares de patrullas, aeronaves y tecnología a sobreprecio durante el sexenio pasado, específicamente cuando Orta Martínez se desempeñó como secretario general de la Policía Federal y director general de Administración del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La denuncia original que dio pie a esta investigación fue interpuesta por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Es importante recordar que, tras su salida de la SSC-CDMX en octubre de 2019, la entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, reconoció públicamente que la renuncia de Orta se dio luego de que tuvieron conocimiento del inicio de una investigación de la FGR por sus cargos anteriores. Esta declaración añadió una capa más de complejidad al caso, sugiriendo que las autoridades de la Ciudad de México estaban al tanto de los señalamientos federales.

La gravedad de las acusaciones llevó a la FGR a solicitar órdenes de aprehensión no solo contra Orta Martínez, sino también contra 12 de sus colaboradores en la Policía Federal, buscando llevar ante la justicia a un grupo que supuestamente operó este mega desvío de recursos. Incluso, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió una ficha roja para localizar y detener a Orta Martínez, lo que indicaba la seriedad con la que se tomaba el caso a nivel internacional.

El Amparo que Detuvo la Persecución Penal

El 7 de agosto de 2020, un juez de control con residencia en el Penal del Altiplano, Estado de México, giró la orden de aprehensión contra Jesús Orta Martínez y los otros 12 exservidores públicos. Sin embargo, este fue solo el inicio de una batalla legal que culminaría con una sorprendente victoria para el exfuncionario.

La defensa de Jesús Orta Martínez presentó un amparo, un recurso legal fundamental en el sistema judicial mexicano que busca proteger a los ciudadanos de actos de autoridad que violen sus derechos. Fue un Tribunal Colegiado quien concedió este amparo al exfuncionario. La razón detrás de esta decisión fue crucial: los magistrados consideraron que los mandamientos de captura eran inconstitucionales.

¿Por qué inconstitucionales? De acuerdo con la resolución, las órdenes de aprehensión fueron emitidas sin aclarar el resultado de una auditoría clave y, lo que es aún más relevante, en una resolución por escrito y no en una audiencia privada y oral, tal como establecen las reglas del nuevo sistema penal acusatorio. Este detalle procedimental resultó ser el punto de quiebre en el caso.

Con el amparo concedido, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, tuvo que revisar nuevamente la solicitud de la FGR. El 22 de septiembre de 2023, en una nueva resolución, el juez determinó que no existían elementos suficientes para librar nuevamente una orden de captura en su contra. El acuerdo, publicado por Alfonso Alexander López Moreno, juez Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales de Toluca, confirmó que “la autoridad responsable (el juez de Almoloya) dejó sin efectos la orden de aprehensión dictada el 7 de agosto de 2020 […] y emitió una nueva resolución […] en la cual, de manera fundada y motivada, se contrastaron las razones expuestas por el Ministerio Público en su solicitud de orden de aprehensión, determinando negar la orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía”.

Esta decisión tiene una consecuencia jurídica trascendental: la causa penal contra Orta Martínez por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado, ya no puede ser reactivada por los mismos hechos. La FGR ha quedado impedida para acusarlo por estos cargos específicos, a menos que surjan delitos diferentes a los que originalmente intentó imputarle. Esta situación subraya la importancia de la correcta aplicación del debido proceso y las formalidades legales en cualquier investigación criminal, por grave que sea la acusación.

El amparo no solo benefició a Jesús Orta Martínez, sino también a otros 12 exservidores públicos de la Policía Federal que eran señalados por los mismos delitos. Entre ellos se encuentran: Edgar Ulises Calderón Luna, ex suboficial; Federico Emilio Metzger Sánchez Armas, ex director de Área en la División de Fuerzas Especiales; Carlos Hipólito Rivera Codina, adscrito a la División de Fuerzas Federales; y Osvaldo Martínez Hernández, subdirector de área en la Dirección de la Tesorería. La lista se completa con Leopoldo Martínez Escamilla, Carmen Patricia Quiñónez Piña, José Manuel Correa Flores, Israel Luna Espinosa, Verónica Tlahuitzo Pérez, Jorge Carlos Ruiz Alavez, María Eldy Sosa Calderón y Everardo Guzmán Linares. La FGR, sin embargo, ha impugnado este fallo, por lo que será un tribunal colegiado quien tenga la última palabra sobre si confirma, modifica o revoca la sentencia.

Un Pasado Marcado por la Controversia y las Protestas

Además de las acusaciones de corrupción, Jesús Orta Martínez también fue una figura central en un episodio que marcó su paso por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México: la protesta feminista de agosto de 2019, conocida como la “diamantina rosa”.

Durante una conferencia de prensa en la que Orta Martínez daba informes sobre la SSC-CDMX, manifestantes feministas se acercaron a él y le arrojaron diamantina rosa. Este acto, que se volvió icónico, fue una forma de protesta directa y contundente para exigir justicia por casos de violación a mujeres presuntamente cometidos por policías de la alcaldía Azcapotzalco. La imagen de Orta Martínez cubierto de brillantina se viralizó rápidamente, simbolizando la frustración y la indignación de la sociedad ante la percepción de impunidad y la falta de acción de las autoridades frente a la violencia de género, incluso cuando los presuntos agresores eran elementos de seguridad pública.

Este incidente no solo expuso la vulnerabilidad de los altos funcionarios ante la protesta social, sino que también puso de manifiesto la creciente exigencia de la sociedad civil por una rendición de cuentas efectiva y una respuesta contundente a las violaciones de derechos humanos, especialmente aquellas perpetradas por agentes del Estado. La “diamantina rosa” se convirtió en un símbolo de la lucha feminista y de la presión ciudadana sobre las instituciones de seguridad.

Análisis Comparativo del Caso

El caso de Jesús Orta Martínez es complejo, con múltiples facetas y desarrollos legales. Para entender mejor las diferentes acusaciones y el estado actual de cada una, es útil visualizarlas en una tabla comparativa:

Preguntas Frecuentes (FAQ) sobre el Caso de Jesús Orta Martínez

A continuación, respondemos algunas de las preguntas más comunes sobre este caso que ha generado tanto debate:

¿Quién es Jesús Orta Martínez?

Jesús Orta Martínez es un exfuncionario público mexicano que ha ocupado cargos importantes en el ámbito de la seguridad. Fue secretario general de la extinta Policía Federal y, posteriormente, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México durante el inicio de la administración de Claudia Sheinbaum.

¿De qué se le acusaba principalmente?

Las acusaciones más graves provenían de la Fiscalía General de la República (FGR), que lo señalaba por el desvío de más de 2 mil 500 millones de pesos de la Policía Federal, atribuyéndole delitos como delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado. Adicionalmente, la FGJCDMX lo investiga por irregularidades en la renta de patrullas en la capital.

¿Por qué no puede ser detenido ahora por el caso de la Policía Federal?

Un juez federal negó emitir una nueva orden de aprehensión en su contra después de que un Tribunal Colegiado le concediera un amparo. El amparo se basó en que la orden original fue emitida con vicios procesales, como no aclarar el resultado de una auditoría y no ser emitida en una audiencia oral, lo cual viola las reglas del nuevo sistema penal acusatorio.

¿Qué significa el amparo concedido a Jesús Orta Martínez?

El amparo concedido significa que la orden de aprehensión original fue declarada inconstitucional por errores en el procedimiento judicial. Esto llevó a que la FGR no pudiera obtener una nueva orden de captura por los mismos hechos y delitos (delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado) que ya había intentado imputarle.

¿Se le puede volver a acusar por los mismos hechos?

No, la FGR quedó impedida para acusarlo por los mismos hechos que ya intentó imputarle a través de la causa penal 239/2020. Sin embargo, si surgieran nuevos hechos o delitos diferentes a los que fueron objeto de este amparo, la FGR podría iniciar una nueva investigación.

¿Qué pasó con la investigación por la renta de patrullas en la Ciudad de México?

La investigación por la renta de mil 855 patrullas en julio de 2019, a cargo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), sigue su curso. Esta es una investigación local e independiente del caso federal que fue impactado por el amparo.

¿Qué fue el incidente de la “diamantina rosa”?

Fue un acto de protesta en agosto de 2019 donde manifestantes feministas arrojaron diamantina rosa a Jesús Orta Martínez. Simbolizó la exigencia de justicia por casos de violación a mujeres presuntamente cometidos por policías de la alcaldía Azcapotzalco, y se convirtió en un momento icónico de la protesta social contra la impunidad.

El caso de Jesús Orta Martínez es un claro ejemplo de la complejidad del sistema judicial mexicano, donde los procedimientos y las formalidades legales pueden determinar el destino de investigaciones de alto perfil. Mientras que para algunos esta resolución podría significar un triunfo de la justicia y el debido proceso, para otros, especialmente para aquellos que buscan la rendición de cuentas por presuntos actos de corrupción, podría interpretarse como un revés o incluso una señal de impunidad. Lo cierto es que este capítulo en la historia de la seguridad pública mexicana deja abiertas muchas reflexiones sobre cómo se persiguen los delitos y se garantiza la justicia en el país.

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