1975: Huelga Policial en Lima y la Responsabilidad del Gobierno

El 5 de febrero de 1975, Lima amaneció sumida en una quietud inusual y perturbadora. Las calles, acostumbradas al bullicio matutino y a la presencia constante de la autoridad, se encontraron desguarnecidas. Las comisarías permanecían cerradas, las estaciones policiales vacías; una huelga policial, impensable y sin precedentes para la época, había dejado a la capital peruana a merced de la incertidumbre. Lo que comenzó como una protesta contenida en los cuarteles, escaló rápidamente a una revuelta social de proporciones devastadoras, marcando un antes y un después en la historia del Perú y cuestionando la principal responsabilidad del gobierno ante tal crisis.

La ausencia de la fuerza pública abrió las puertas a un torbellino de vandalismo: saqueos a plena luz del día, incendios que devoraron comercios e inmuebles, y una pérdida de vidas que jamás fue debidamente esclarecida. El caos se apoderó de la ciudad, transformando la rutina en una pesadilla. Ante esta situación límite, el entonces presidente, el general EP Juan Velasco Alvarado, se vio forzado a ordenar la salida de las Fuerzas Armadas a las calles, no para mediar, sino para reprimir los actos vandálicos de turbas que se entregaron al saqueo y la destrucción. Pero, ¿cómo se llegó a este punto de quiebre? ¿Y dónde recayó la verdadera carga de la responsabilidad en esta cadena de eventos?

El Origen de la Tormenta: Un Incidente que Despertó la Indignación

La chispa que encendió la pradera de la indignación policial se originó en un incidente aparentemente menor, pero cargado de simbolismo y autoritarismo. Según el investigador de Desco, Aldo Panfichi, el malestar comenzó el 31 de diciembre de 1974. Ese día, el presidente Velasco Alvarado salió de Palacio de Gobierno, y a diferencia de otras ocasiones, se había dado la orden explícita de impedir que los periodistas se acercaran a la comitiva presidencial. Sin embargo, un guardia civil de servicio, quizás por desconocimiento o por un malentendido, incumplió la orden, permitiendo que el automóvil presidencial fuera interceptado.

La reacción fue desproporcionada. El Jefe de la Casa Militar, General EP Enrique Ibáñez Burga, montó en cólera. Adjudicándose una insatisfacción personal por la custodia presidencial, no solo maltrató verbalmente al guardia responsable, sino que también lo agredió físicamente. La situación escaló aún más cuando ordenó la detención inmediata del agente y, para colmo, el retiro de todo el personal policial de servicio en Palacio, enviándolos de vuelta a su comandancia respectiva. Este acto de abuso de autoridad y humillación pública fue la gota que derramó el vaso para un cuerpo policial que ya arrastraba un profundo malestar.

La indignación no tardó en manifestarse. Horas después, en la Comandancia No. 22, un grupo de policías que debía terminar su turno se negó a salir de servicio. Su argumento era claro y resonante: consideraban inaceptables las ofensas y la agresión física sufridas por su colega en Palacio de Gobierno. Se gestó así un conato de huelga, una protesta espontánea que, por el momento, fue resuelta gracias a la mediación del General GC Ernesto Olivares Montano. Este oficial ordenó la libertad inmediata del guardia detenido y, en un gesto crucial, expresó su solidaridad institucional con el personal subalterno maltratado, logrando apaciguar momentáneamente los ánimos.

Pero la calma fue efímera. La policía, a pesar de la mediación, no se sentía satisfecha. La humillación y el desprecio a la autoridad interna habían calado hondo. A lo largo de enero de 1975, decenas de volantes comenzaron a circular profusamente por todas las comisarías del país, convocando a un paro policial. La semilla del descontento había germinado y estaba a punto de florecer en una protesta masiva. El lunes 3 de febrero de 1975, la promesa de esos volantes se hizo realidad: Lima amaneció, para sorpresa de muchos, sin custodia policial. El personal subalterno de la Guardia Civil no salió a las calles, arguyendo no solo el maltrato a su compañero, sino también otras reivindicaciones laborales y salariales largamente postergadas. Los agentes se acantonaron en el cuartel de Radiopatrulla, en La Victoria, dando inicio a una de las jornadas más turbulentas en la historia de la capital.

Lima Sin Ley: El Quiebre del Orden Público

La rebelión policial fue interpretada por el Comando Conjunto, la cúpula militar del gobierno de Velasco, como un acto de sedición, una afrenta directa a la autoridad del Estado. La respuesta no se hizo esperar: a la 11ª Región Militar se le ordenó debelar la huelga por la fuerza. Así, en la madrugada del 5 de febrero, el desalojo de los guardias acantonados en el cuartel de Radiopatrulla se produjo de forma violenta y contundente. Tanques y tropas militares tomaron por asalto el cuartel, deteniendo a decenas de sus ocupantes en una operación que no dejó dudas sobre la determinación del gobierno.

La represión, sin embargo, lejos de sofocar la protesta, actuó como un catalizador para una explosión social aún mayor. Inmediatamente después del desalojo, en la mañana del mismo 5 de febrero, piquetes de activistas y grupos populares organizaron una serie de manifestaciones relámpago en señal de protesta por la actitud represiva del gobierno militar. La ciudad, que ya estaba sin la protección policial, se convirtió en un polvorín. Horas más tarde, Lima presenció, entre asombrada y atónita, cómo la falta de resguardo policial abría las puertas al caos. Activistas y multitudes populares se lanzaron a las calles, protagonizando incendios, saqueando establecimientos comerciales en el centro de la capital y en algunos barrios periféricos, atacando diarios como “Correo” y “Ojo”, así como el local del Círculo Militar de la Plaza San Martín. Grupos de estudiantes volcaron y prendieron fuego a autos y camionetas. Fue un espectáculo de anarquía sin precedentes, los actos más vandálicos que la capital del Perú recordaba.

El gobierno militar, en un intento desesperado por restaurar el orden, emitió un decreto supremo declarando el estado de emergencia en todo el territorio nacional. Como consecuencia, “los comandantes generales de cada región militar asumirían el mando político-militar de la zona de seguridad que les corresponde”. Se impuso un toque de queda estricto, fijado a las 8 de la noche, y desde esa hora hasta las 5 de la mañana, nadie podía transitar por las calles de Lima y Callao sin un permiso especial. La ciudad se convirtió en un fortín, pero el daño ya estaba hecho. La pregunta persistía: ¿por qué este motín policial y la subsiguiente movilización en las calles de Lima? ¿Y quién tenía la verdadera responsabilidad?

Dos Verdades, Un Caos: Las Versiones en Contraste

Sobre los sucesos del 5 de febrero de 1975, surgieron rápidamente dos versiones contrapuestas, cada una buscando asignar la responsabilidad y el significado de la tragedia. Comprender estas narrativas es crucial para analizar el papel del gobierno.

La Versión Oficial del Gobierno Militar

La primera versión, la del propio gobierno militar, sostenía que los sucesos se produjeron debido a la acción de un “concertado grupo de ‘contrarrevolucionarios’”. Según esta narrativa, estos grupos, aprovechando los problemas institucionales que por esos días atravesaba la Guardia Civil, crearon una situación de caos y desgobierno. Su objetivo, se afirmaba, era el inicio de un plan subversivo destinado a derrocar al régimen. Los “grupos contrarrevolucionarios” responsabilizados eran el APRA, la “derecha” y la “ultraizquierda”, a quienes se les denominó “delincuencia política”. A ellos se sumaba el “lumpen” o “delincuencia social”.

El gobierno también insinuó la participación de autores intelectuales más poderosos, como la oligarquía y el imperialismo, sugiriendo incluso la activa presencia del Servicio de Inteligencia Norteamericano (CIA). En esta versión, se sostenía además que el pueblo de Lima no participó activamente en los hechos y que, conscientemente, se mantuvo al margen del vandalismo y los saqueos. La responsabilidad, por tanto, recaía exclusivamente en fuerzas externas y subversivas que buscaban desestabilizar el orden establecido.

La Versión de la Protesta y el Descontento Popular

La segunda versión, que ganó tracción entre la población y algunos analistas, indicaba que los sucesos no fueron una conspiración externa, sino una explosión de protesta y descontento popular contra el gobierno militar. Según esta perspectiva, los hechos se iniciaron cuando la huelga policial, lejos de ser negociada o comprendida, fue reprimida brutalmente por el gobierno. Esta represión desató demostraciones de rechazo de la población de Lima, que derivaron en una profunda crisis social y política. La única respuesta del gobierno, lamentablemente, fue una mayor y más indiscriminada represión.

Para esta versión, el gobierno tenía la principal responsabilidad. Los sucesos tuvieron como punto de partida el asalto violento al Cuartel de Radio Patrulla. Luego, una vez desatado el caos, no se adoptaron medidas de control efectivas en la ciudad para contener la ola de vandalismo. Y finalmente, cuando los acontecimientos desembocaron en una crisis generalizada, la única respuesta del gobierno fue la represión, sin capacidad de gestión o de diálogo. Aquí, la responsabilidad no era de agentes externos, sino de la propia gestión y las decisiones tomadas por el régimen.

Podemos contrastar ambas versiones en la siguiente tabla:

Un Precedente Histórico: El Legado de Febrero de 1975

Sea cual fuere la verdad completa, o la combinación de ambas, lo innegable es que los sucesos de febrero de 1975 representaron un punto de inflexión decisivo. Este hecho, cargado de violencia y desorden, trajo como consecuencia el inicio del fin del régimen de Juan Velasco Alvarado. La imagen de un gobierno militar fuerte y unificado se resquebrajó ante la incapacidad de controlar una situación interna tan delicada y la subsiguiente anarquía en la capital.

La crisis de febrero de 1975 expuso las profundas fisuras dentro del propio régimen y la creciente deslegitimación del liderazgo de Velasco. La respuesta represiva, aunque buscaba restaurar el orden, solo acentuó el descontento y la percepción de un gobierno que perdía el control. Menos de seis meses después, en agosto de ese mismo año, el general Francisco Morales Bermúdez, desde Tacna, encabezaría un golpe de estado incruento que depuso a Velasco Alvarado, dando inicio a la segunda fase del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas. Lo demás, como se dice, es historia ya conocida, pero los ecos de aquella huelga policial y la crisis de responsabilidad gubernamental resuenan hasta el día de hoy.

Preguntas Frecuentes sobre la Huelga Policial de 1975 y la Responsabilidad Gubernamental

La huelga policial de 1975 es un evento complejo y crucial en la historia peruana. Aquí respondemos algunas de las preguntas más comunes sobre este suceso y la responsabilidad del gobierno.

¿Cuál fue la causa principal que detonó la huelga policial de 1975?

La causa inmediata fue el maltrato físico y verbal de un guardia civil por parte del Jefe de la Casa Militar del presidente Velasco Alvarado, el General EP Enrique Ibáñez Burga, tras un incidente con la comitiva presidencial. Sin embargo, este fue solo el detonante para un malestar acumulado por años, relacionado con reivindicaciones laborales, salariales y condiciones de trabajo precarias dentro de la institución policial.

¿Cómo reaccionó el gobierno de Juan Velasco Alvarado ante la huelga?

Inicialmente, el gobierno intentó una mediación, pero al no lograr la satisfacción de los policías, declaró la huelga como un acto de sedición. La reacción principal fue la represión militar: se ordenó el desalojo forzoso de los policías acantonados en el cuartel de Radiopatrulla, utilizando tanques y tropas. Posteriormente, ante el caos y los saqueos en Lima, se declaró el estado de emergencia a nivel nacional y se impuso un toque de queda, desplegando a las Fuerzas Armadas para controlar la situación.

¿Qué consecuencias tuvo la huelga para la seguridad de Lima y la vida cotidiana?

La principal consecuencia fue el colapso total de la seguridad en Lima. La ausencia de policías en las calles permitió que la ciudad cayera en la anarquía. Se registraron saqueos masivos de comercios, incendios de edificios importantes (como los diarios “Correo” y “Ojo” y el Círculo Militar), y actos de vandalismo generalizados, incluyendo la quema de vehículos. Hubo pérdidas de vidas que nunca fueron esclarecidas, y la vida cotidiana se paralizó bajo el estado de emergencia y el toque de queda.

Según las diferentes versiones, ¿quiénes fueron los principales responsables del caos desatado?

Existen dos versiones principales: la del gobierno militar, que atribuyó la responsabilidad a grupos 'contrarrevolucionarios' (APRA, derecha, ultraizquierda, CIA) que buscaban desestabilizar el régimen. La segunda versión, más popular, señalaba al propio gobierno como el principal responsable. Argumentaba que la represión violenta de la huelga policial, la falta de medidas de control efectivas una vez desatado el caos y la respuesta únicamente represiva, fueron los factores clave que llevaron a la anarquía.

¿Cómo afectó este evento al gobierno de Juan Velasco Alvarado?

La huelga policial y el caos subsiguiente fueron un golpe devastador para la credibilidad y la autoridad del gobierno de Velasco Alvarado. Expusieron la fragilidad del régimen y su incapacidad para mantener el orden interno sin recurrir a la fuerza bruta. Este evento marcó el inicio del fin de su gobierno, ya que solo unos meses después, en agosto de 1975, Velasco fue depuesto por el general Francisco Morales Bermúdez en un golpe de estado.

En retrospectiva, la huelga policial de 1975 no fue solo un motín por reivindicaciones laborales, sino un síntoma profundo de un descontento social y una crisis de autoridad. La responsabilidad del gobierno de Velasco Alvarado, tanto en la creación de las condiciones para el estallido como en la gestión de la crisis, es un tema de debate histórico, pero su impacto en el destino del régimen es innegable. Aquel 5 de febrero de 1975 se convirtió en una cicatriz imborrable en la memoria colectiva del Perú, un recordatorio de la delgada línea que separa el orden del caos cuando la autoridad pierde la conexión con sus propios pilares.

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