Justicia en Perú: Golpes Policiales y Desafíos Legales

La labor de las fuerzas del orden y el sistema judicial en Perú es una constante batalla en múltiples frentes. Desde la desarticulación de complejas organizaciones criminales que extorsionan y siembran el terror, hasta la delicada gestión de los legados del terrorismo y la indispensable supervisión de la conducta policial interna, cada día presenta nuevos desafíos. Este artículo se adentra en varios casos recientes que ilustran la complejidad y la tenacidad de esta lucha, destacando las operaciones de gran envergadura y los intrincados procesos legales que definen la búsqueda de justicia en el país.

Un Golpe Contundente al Crimen Organizado en el Norte

La región de Piura, al norte de Perú, fue escenario de una impresionante megaoperación policial y fiscal que asestó un duro golpe a una de las organizaciones criminales más temidas de la zona: “Los Capos de la Construcción”. Este grupo, que operaba con impunidad desde hace al menos seis años en Piura, Paita y Sullana, se había consolidado como una red dedicada al cobro de cupos, sicariato, extorsión, marcaje y tenencia ilegal de armas. La magnitud de la intervención subraya la creciente sofisticación del crimen organizado y la determinación de las autoridades para desmantelarlo.

La investigación contra esta banda criminal se inició en agosto del año anterior, un trabajo meticuloso que culminó en la madrugada de un viernes con la detención de 38 presuntos integrantes. La operación fue un despliegue sin precedentes de recursos humanos y logísticos: 700 efectivos policiales del Departamento de Investigación Contra el Crimen Organizado (Depinco) de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), así como agentes de Inteligencia de la Región Policial Piura, se movilizaron en 85 vehículos. A ellos se sumaron 50 fiscales especializados en crimen organizado del Ministerio Público, lo que demuestra la coordinación y el compromiso interinstitucional.

Los allanamientos se realizaron de manera simultánea en 42 inmuebles distribuidos en Piura y dos en la capital, Lima. Incluso se intervino en dos celdas del penal Río Seco, evidenciando la capacidad de la organización para operar desde el interior de los centros penitenciarios. Los cabecillas, identificados como Slyng Leonel Correa Calero, alias “Gordo Calero”, y su lugarteniente y hermano Cleyter Martín Correa Calero, alias “Tete”, fueron capturados. Según las investigaciones, estos individuos crearon falsos sindicatos de construcción civil como fachada para extorsionar a empresarios y cometer sus ilícitos, controlando obras y exigiendo pagos ilegales.

El modus operandi de “Los Capos de la Construcción” era descarado y brutal. Extorsionaban a empresas del sector, exigiéndoles cupos mensuales para permitirles operar en determinadas zonas. Además, imponían a sus propios trabajadores en las obras, a quienes les cobraban S/. 200 soles por obtener una plaza de trabajo y S/. 40 soles semanales para mantenerla. Entre las obras afectadas por su accionar figuran proyectos de infraestructura vital para la región, como el parchado de la avenida Grau en el distrito 26 de octubre, la autopista El Sol, el baipás Sullana–Paita–Piura, y el mantenimiento de calles en la urbanización San Ramón, Zona Industrial y la avenida Vice. Su alcance también se extendía a grandes empresas y entidades educativas, como Tottus, Cementos Pacasmayo y la institución educativa particular Nuestra Señora de Fátima, todas víctimas de sus extorsiones.

Un aspecto particularmente preocupante de esta organización es la implicación de seis policías en sus filas. Cuatro de ellos pertenecían a la Macro Región Piura, uno a la Dirección de Inteligencia (Dirin) y otro a la Oficina de Inteligencia (Ofinte). Incluso un alumno de la Escuela Técnico Superior de la PNP en Sullana fue detenido. Estos agentes, identificados como Irwin Wilmer Castillo Mendoza, David Antonio Peña Esteves, Perfecto Manuel Castillo Sánchez, Carlos Rony Llontop Santamaría, Brayan Eduardo Vilela Jaramillo, George Kevin Valenzuela Morán, y el alumno Brian Arnold Miranda Correa, utilizaban su posición para favorecer a la banda, entregándoles información crucial sobre las operaciones policiales. La Policía Nacional atribuye a “Los Capos de la Construcción” la responsabilidad de al menos dos asesinatos y tres tentativas de homicidio, producto de la violenta guerra por el control de las obras con otras bandas rivales.

La Batalla Legal contra el Terrorismo: El Dilema de la Prisión Preventiva

La memoria del terrorismo que azotó Perú en las décadas de 1980 y 1990 sigue siendo una herida abierta, y la prisión preventiva se convierte en una herramienta crucial para la justicia en casos que buscan cerrar esos capítulos. La reciente revelación del arraigo en Argentina de Maritza Garrido Lecca, quien cumplió 25 años de cárcel por terrorismo y su complicidad con la cúpula senderista, ha reavivado el debate sobre la situación de otros condenados que, tras purgar sus penas, han abandonado el país.

Junto a Garrido Lecca, otros nombres de ex terroristas que cumplieron condena y salieron del país incluyen a Martha Huatay Ruiz, Lori Berenson, Peter Cárdenas Schultez y Jaime Francisco Castillo Petruzzi. El caso de Martha Huatay Ruiz, integrante de Socorro Popular –el brazo jurídico de Sendero Luminoso–, ha cobrado particular relevancia. Se descubrió que también se trasladó a Argentina en junio de 2022, en pleno proceso judicial por el devastador atentado en la calle Tarata, Miraflores, ocurrido el 16 de julio de 1992.

Ante esta situación, la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos ha solicitado nueve meses de prisión preventiva contra Martha Huatay por su presunta implicación en el caso Tarata. Sin embargo, la audiencia programada para evaluar este pedido se frustró debido a que Huatay no pudo ser ubicada en el domicilio que consignó por escrito en Magdalena, un lugar donde, según el propietario, no reside desde 2008. Esta situación ha obligado a la jueza Soledad Barrueto a disponer su notificación mediante edictos judiciales en el diario oficial El Peruano, un procedimiento que alarga el proceso y evidencia la dificultad de ubicar a los implicados que ya no tienen arraigo en el país.

Similar es el caso de Flumencio Jayo Díaz, alias “Camarada Jorge”, contra quien el Ministerio Público ha solicitado cadena perpetua por su participación en el mismo atentado de Tarata, que dejó 17 personas fallecidas y 155 heridas. Jayo Díaz, quien ya cumplió una condena de 25 años por terrorismo, no registra oficialmente su salida del país, pero tampoco ha podido ser ubicado personalmente por las autoridades, salvo por una declaración virtual en agosto de 2022. La procuraduría antiterrorismo ha solicitado que tanto Huatay como Jayo Díaz paguen S/2 millones por concepto de reparación civil solidaria a favor del Estado.

Según el requerimiento de prisión preventiva, a Jayo Díaz se le imputa, en su condición de tercer miembro del Comité de Socorro Popular, haber recibido la orden para ejecutar el atentado con un coche bomba, planificado y coordinado con Martha Isabel Huatay Ruiz. El vehículo utilizado contenía 500 kilos de dinamita. La fiscalía respalda esta acusación con sentencias judiciales, informes policiales y declaraciones de otros sentenciados, como Óscar Ramírez Durand, alias “Feliciano”, quien aseguró que Jayo Díaz era uno de los cinco miembros de la dirección de Socorro Popular y, por lo tanto, debía conocer la acción de Tarata.

La fiscalía ha advertido sobre el alto riesgo de fuga de Jayo Díaz, ya que no cuenta con ninguna medida coercitiva personal ni impedimento de salida del país. Su domicilio es incierto, y las constataciones domiciliarias han sido infructuosas. La ausencia de un arraigo laboral o familiar, y la falta de bienes inmuebles a su nombre, refuerzan la preocupación de que pueda sustraerse de la acción de la justicia. La gravedad de la pena que enfrenta, que podría ser cadena perpetua, y la falta de voluntad para resarcir el daño causado, son factores determinantes en la solicitud de prisión preventiva, cuya audiencia ha sido programada para el próximo 22 de marzo.

Tabla Comparativa: Ex-Condenados por Terrorismo y su Situación Actual

Desafíos Internos: La Justicia frente a la Conducta Policial

La confianza en las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia es fundamental para el estado de derecho. Sin embargo, casos de presunta mala conducta policial pueden erosionar esta confianza y plantear serios desafíos al sistema. Un reciente incidente en Macusani, Puno, puso en el ojo público la importancia de la supervisión interna y la aplicación rigurosa de la ley a los propios agentes del orden.

Dos efectivos policiales, Álvaro Apaza Cutipa y Antony Aliaga Córdoba, fueron detenidos junto a un tercer implicado, Wilber Timo Ccanque Aquise, bajo la acusación de haber abusado sexualmente de una joven de 22 años en la comisaría de Macusani. La Fiscalía Penal de Carabaya dispuso la liberación de Apaza Cutipa y Aliaga Córdoba al no encontrar elementos suficientes que desvirtuaran su derecho a la inocencia. Sin embargo, Wilber Timo Ccanque Aquise permanece detenido mientras continúan las diligencias preliminares.

Este caso resalta la importancia de la solicitud de prisión preventiva por parte de la Fiscalía. Si la Fiscalía no solicita esta medida antes de que venza el plazo de detención preliminar, el oficial Ccanque Aquise, al igual que sus compañeros, podría quedar en libertad. La versión de la denunciante indica que, tras asistir a una discoteca, los efectivos la habrían llevado a la comisaría y cometido el delito. El parte policial señala que los oficiales fueron intervenidos tras el presunto hecho, luego de haberse encontrado con la mujer en un local nocturno y haberla trasladado a la sede policial en un vehículo de propiedad de Ccanque. La víctima fue trasladada posteriormente al Hospital San Martín de Porres de Macusani.

La Defensoría del Pueblo en Puno, a través de su jefe Jacinto Ticona, ha instado a la Fiscalía a solicitar la prisión preventiva para el presunto autor del hecho, a individualizar las responsabilidades de cada agente policial y a que la Oficina de Disciplina de la Inspectoría de la Policía inicie una investigación célere y emita una sanción ejemplar. Por su parte, el Programa Nacional Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) ha brindado acompañamiento permanente a la víctima, quien ha sido trasladada a la casa de sus familiares en la provincia de Azángaro. Estos casos evidencian la necesidad de una vigilancia constante y una acción decidida para asegurar que la justicia prevalezca, incluso cuando los implicados visten el uniforme de la ley.

Preguntas Frecuentes

• ¿Cuántos efectivos policiales y fiscales participaron en la megaoperación contra “Los Capos de la Construcción” en Piura?
  En la megaoperación participaron 700 efectivos policiales de diversas unidades y 50 fiscales especializados en crimen organizado.
• ¿Cuántos meses de prisión preventiva ha solicitado la Fiscalía contra Martha Huatay Ruiz en el caso Tarata?
  La Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos ha solicitado nueve meses de prisión preventiva contra Martha Huatay Ruiz.
• ¿Por qué la Fiscalía ha pedido prisión preventiva contra Flumencio Jayo Díaz?
  La Fiscalía ha solicitado prisión preventiva contra Flumencio Jayo Díaz principalmente por el alto riesgo de fuga, dado que no tiene un domicilio estable, carece de arraigo laboral y familiar, y no posee bienes inmuebles a su nombre, además de enfrentar una pena de cadena perpetua por terrorismo agravado.
• ¿Qué pasaría si la Fiscalía no solicita prisión preventiva a tiempo en un caso como el de los policías de Puno?
  Si la Fiscalía no solicita la prisión preventiva antes de que venza el plazo de detención preliminar, el imputado deberá ser puesto en libertad, lo que podría dificultar o impedir su procesamiento judicial posterior.
• ¿La organización criminal “Los Capos de la Construcción” operaba solo en Piura?
  No, “Los Capos de la Construcción” operaban en Piura, Paita y Sullana, afectando diversas obras y empresas en estas tres ciudades del norte de Perú.

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