El Congreso y la Urgente Reforma Policial

La sociedad colombiana atraviesa un momento crítico, marcado por más de mes y medio de intensas protestas ciudadanas que han puesto en evidencia la imperiosa necesidad de una profunda reforma policial. Las cifras son contundentes y dolorosas: según el Ministerio de Defensa, 19 civiles y 2 uniformados han perdido la vida, mientras que 1.106 civiles y 1.253 uniformados han resultado lesionados. Este panorama de polarización y violencia subraya que el modelo actual de la Policía Nacional demanda una revisión exhaustiva, y en este proceso, el Congreso de la República emerge como un actor fundamental, con una responsabilidad ineludible en la construcción del futuro de la seguridad ciudadana en el país.

El clamor por la reforma no es nuevo, pero la coyuntura actual lo ha catapultado al centro del debate público y político. Recientemente, el presidente Iván Duque anunció una reforma, mientras que una propuesta de la oposición se hundía en su primer debate en la Cámara de Representantes. Paralelamente, la iniciativa que la propia Policía venía gestando desde hace año y medio ha quedado en segundo plano, cediendo la prioridad a la urgente necesidad de garantizar la observancia de los derechos humanos por parte de la institución. Este intrincado escenario legislativo y social resalta el papel central del poder legislativo: es en el Congreso donde se gestan, debaten y aprueban las leyes que definirán la estructura, doctrina y accionar de la Policía del mañana.

El Contexto de la Urgencia: Cifras y Demandas Ciudadanas

Las protestas que han sacudido a Colombia han dejado una huella imborrable, no solo en las calles, sino en la conciencia colectiva sobre el rol de la fuerza pública. Las estadísticas de víctimas, tanto civiles como uniformados, son un testimonio de la intensidad de los enfrentamientos y la fragilidad de la relación entre la ciudadanía y la policía. Este dramático balance ha catalizado una demanda unánime por un cambio estructural. La sociedad clama por una policía más cercana, más respetuosa de las libertades y con un enfoque genuino en la seguridad ciudadana, alejado de lógicas militarizadas.

La urgencia de la reforma se ve amplificada por la percepción de que la actual formación y doctrina policial no están plenamente alineadas con las necesidades de una sociedad democrática. Incidentes de abuso de autoridad, el uso desproporcionado de la fuerza y la falta de rendición de cuentas han erosionado la confianza pública, llevando a que amplios sectores de la población exijan una reconfiguración total de la institución. En este contexto, cualquier propuesta de reforma debe ser integral, abordando no solo aspectos operativos, sino también culturales y estructurales profundos.

Las Propuestas sobre la Mesa: Un Mosaico de Visiones

El debate sobre la reforma policial ha generado diversas propuestas, cada una con su propia filosofía y alcance. El anuncio del presidente Duque, aunque todavía en proceso de definición detallada, busca responder a la presión social. Sin embargo, su enfoque ha sido criticado por algunos sectores como insuficiente o demasiado conservador.

Por otro lado, la oposición ha impulsado iniciativas que, si bien han sido contundentes en sus demandas, como la disolución del ESMAD, han encontrado resistencia por su radicalidad, al punto de hundirse en el Congreso. La propuesta de la propia Policía, surgida de un proceso interno, parece haberse visto superada por la coyuntura, que exige un giro más pronunciado hacia el respeto de los derechos humanos y la desmilitarización.

Esta diversidad de enfoques subraya la complejidad de la tarea legislativa. El Congreso no solo debe evaluar cada propuesta en sus méritos, sino también buscar un punto de encuentro que permita avanzar hacia una reforma efectiva y consensuada. La clave reside en encontrar un "término medio" que satisfaga las demandas ciudadanas sin comprometer la capacidad de la fuerza pública para mantener el orden y garantizar la seguridad.

Hacia un “Término Medio”: La Visión de los Expertos

Para entender la complejidad de la reforma, es fundamental escuchar a los analistas y expertos en seguridad. Sus perspectivas ofrecen un diagnóstico preciso de los problemas y delinean caminos para una solución efectiva.

Néstor Rosanía: Profesionalización y Desideologización

Néstor Rosanía, director del Instituto de Estudios en Seguridad y Paz, critica las propuestas existentes. La del Gobierno, a su juicio, es "muy superficial y muy a favor de los policías". La de la oposición, en cambio, es "casi que vengativa", citando el ejemplo de la disolución del ESMAD, un cuerpo que, aunque requiere modificar su modelo de derechos humanos, existe a nivel internacional. Rosanía aboga por una "línea media" que priorice la profesionalización de la fuerza pública.

El investigador identifica tres problemas estructurales a abordar en la Policía Nacional:

1. Cambio en la Doctrina y Cultura Policial: Rosanía argumenta que la Policía tiene una "visión ideologizada de su función", sintiéndose de derecha y anclada en la lógica de la Guerra Fría. Esta mentalidad impide una adaptación a las necesidades de la sociedad contemporánea.
2. Interiorización en Derechos Humanos: Existe una reticencia a creer en los derechos humanos dentro de la institución. La meta es que los policías vean a los ciudadanos como aliados, no como enemigos, lo que implica un cambio profundo en su formación y praxis.
3. Reforma Estructural: La Policía colombiana es militarizada, con un enfoque más militar que de seguridad ciudadana. Rosanía sugiere que lo ideal sería que regresara al Ministerio del Interior o que tuviera su propio Ministerio de Seguridad, separándose del Ministerio de Defensa.

César Niño: La Naturaleza Civil y el Fin del Fuero Militar

César Niño, coordinador del Centro de Seguridad y Democracia de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la Sergio Arboleda, coincide con la necesidad de una reforma estructural profunda. Para Niño, es crucial "pensar en la naturaleza y la misión del cuerpo policial". La Policía, por definición constitucional, es un cuerpo civil armado, diseñado para resolver conflictos de seguridad y convivencia ciudadana. Sin embargo, la historia del conflicto armado colombiano ha distorsionado esta percepción, llevando a una policía militarizada que responde a complejidades bélicas.

El analista enfatiza que la pertenencia de la Policía al Ministerio de Defensa es un "craso error". Las Fuerzas Militares (Ejército, Fuerza Aérea, Armada) se encargan de la protección de la soberanía y las amenazas al orden constitucional. La Policía, al ser una entidad civil, no debería estar bajo esa misma órbita. Un punto de quiebre fundamental, según Niño, es que la Policía no tenga fuero penal militar. Una entidad de orden civil no puede estar protegida por este fuero, ya que esto contradice la definición de seguridad ciudadana y obstaculiza la construcción de una relación cívico-policial basada en la confianza y la legitimidad.

El Papel Ineludible del Congreso en la Reforma Policial

Es en este punto donde la responsabilidad del Congreso de la República se vuelve ineludible. Como el órgano legislativo por excelencia, tiene la capacidad y el deber de traducir las demandas sociales y las recomendaciones de los expertos en leyes que transformen la Policía Nacional. Su rol va más allá de aprobar o negar propuestas; implica un ejercicio de liderazgo, debate y construcción de consensos.

Funciones Clave del Congreso:

• Definición del Marco Legal: El Congreso es el único que puede modificar las leyes que rigen la estructura, funcionamiento y atribuciones de la Policía Nacional. Esto incluye la posibilidad de redefinir su ubicación institucional (Ministerio de Defensa, Interior o propio), su doctrina y sus protocolos de actuación.
• Debate y Construcción de Consensos: Ante la diversidad de propuestas (Gobierno, oposición, sociedad civil), el Congreso debe ser el escenario donde se debatan abiertamente y se busquen los puntos de encuentro. Es su responsabilidad encontrar ese “término medio” que permita una reforma efectiva y duradera, que no sea ni superficial ni vengativa.
• Garantía de Derechos Humanos: La legislatura tiene la obligación de asegurar que cualquier reforma policial incorpore de manera explícita y vinculante los principios de respeto a los derechos humanos, estableciendo mecanismos claros de control y rendición de cuentas para evitar abusos.
• Revisión del Fuero Penal Militar: Una de las responsabilidades más críticas del Congreso es abordar la cuestión del fuero penal militar para la Policía. Si se considera un “craso error” que una entidad civil esté protegida por este fuero, es el poder legislativo quien debe derogarlo o modificarlo, sentando las bases para una justicia más transparente y alineada con la naturaleza civil de la institución.
• Asignación Presupuestal: Toda reforma requiere recursos. El Congreso, a través de su facultad presupuestal, debe asegurar que la Policía cuente con la financiación necesaria para implementar los cambios propuestos, desde la formación y capacitación en derechos humanos hasta la modernización de equipos y la mejora de las condiciones laborales.
• Control Político y Seguimiento: Una vez aprobada la reforma, el Congreso no puede desentenderse. A través de debates de control político, citaciones a ministros y directores, y la creación de comisiones especiales, debe hacer seguimiento a la implementación de los cambios y asegurar que se cumplan los objetivos planteados.

Desafíos y Oportunidades para la Legislación

La tarea del Congreso no es menor. Enfrenta desafíos significativos, como la polarización política, la presión de diferentes actores y la complejidad técnica de la reforma. Sin embargo, también tiene una oportunidad histórica para sentar las bases de una nueva relación entre la Policía y la ciudadanía.

Superar la visión militarizada de la policía y reorientarla hacia un enfoque de seguridad ciudadana es un imperativo. Esto implica no solo un cambio de nombre o de ministerio, sino una transformación cultural profunda que solo puede ser impulsada por un marco legal claro y decidido emanado del Congreso.

Tabla Comparativa de Enfoques de Reforma

Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Por qué es urgente la reforma policial en Colombia?

La reforma es urgente debido a las recurrentes protestas ciudadanas, las cifras de víctimas y lesionados, la erosión de la confianza pública en la institución y la necesidad de adaptar la Policía a un enfoque de seguridad ciudadana en lugar de uno militarizado, garantizando el respeto irrestricto de los derechos humanos.

¿Qué tipo de reforma se necesita según los expertos?

Los expertos coinciden en que se necesita una reforma integral que aborde tres pilares: un cambio en la doctrina y cultura policial (desideologización), una profunda interiorización de los derechos humanos en su actuar y una reforma estructural que redefina su naturaleza civil y su ubicación institucional, idealmente fuera del Ministerio de Defensa.

¿Debe la Policía Nacional pertenecer al Ministerio de Defensa?

Según expertos como César Niño, la pertenencia de la Policía al Ministerio de Defensa es un "craso error". Argumentan que la Policía es un cuerpo civil armado cuya misión es la seguridad y convivencia ciudadana, mientras que el Ministerio de Defensa está diseñado para las Fuerzas Militares que protegen la soberanía y el orden constitucional. Se sugiere su traslado al Ministerio del Interior o la creación de un Ministerio de Seguridad propio.

¿Qué implica que la Policía tenga fuero penal militar?

Que la Policía tenga fuero penal militar significa que ciertos delitos cometidos por sus miembros, especialmente en el ejercicio de sus funciones, son juzgados por la justicia penal militar y no por la justicia ordinaria. Los expertos critican esto para una entidad civil, ya que afecta la transparencia, la rendición de cuentas y la construcción de legitimidad con la ciudadanía.

¿Cuál es el rol del Congreso en la reforma?

El Congreso tiene un rol fundamental en la reforma policial. Es el encargado de legislar, debatir y aprobar las leyes que redefinan la estructura, doctrina y accionar de la Policía. Su responsabilidad incluye garantizar la observancia de los derechos humanos, revisar el fuero penal militar, asignar los recursos necesarios y ejercer control político sobre la implementación de la reforma.

En síntesis, la reforma de la Policía Nacional no es solo una necesidad operativa, sino un imperativo democrático. El Congreso de la República tiene en sus manos la responsabilidad histórica de liderar este proceso, trascendiendo las diferencias políticas para construir una fuerza pública más profesional, respetuosa de los derechos humanos y, en última instancia, al servicio de todos los ciudadanos colombianos. Solo a través de un debate profundo y una legislación valiente se podrá restaurar la confianza y garantizar la legitimidad de una institución vital para la paz y la convivencia del país.

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