La Muerte de Daiana Abregú en Comisaría de Laprida

El eco de un grito desgarrador aún resuena en Laprida. Era un domingo por la tarde, 5 de junio, cuando la vida de la familia Abregú se desmoronó. Laura, envuelta en una toalla tras una ducha, escuchó la voz de su hija, seguida por la sentencia incomprensible de un oficial: “lamentablemente, Daiana decidió quitarse la vida”. Daiana Soledad Abregú, de 26 años, conocida cariñosamente como “La Sole” por su familia, había sido detenida por una contravención y, horas después, fue encontrada sin vida en la Comisaría Comunal de Laprida. Este trágico suceso ha desatado una ola de interrogantes, un profundo dolor y una incansable búsqueda de la verdad que ha puesto en jaque a las autoridades policiales y judiciales.

Desde aquel fatídico día, la carátula del caso permanece inalterable: “averiguación de causales de muerte”. El fiscal Ignacio Calonje, titular de la Unidad Fiscal de Instrucción Especializada en Violencia Institucional de Azul, a cargo de la investigación, ha admitido públicamente que aún no se ha llegado a una certeza sobre la causa de muerte. Las hipótesis de un homicidio o un suicidio se analizan con igual peso, generando una profunda incertidumbre que alimenta la angustia de la familia y la indignación de una comunidad que empieza a hablar.

Un Misterio Sin Resolver: La Investigación Fiscal y sus Desafíos

El fiscal Calonje se enfrenta a un escenario complejo y lleno de contradicciones. A un mes de la muerte de Daiana, la falta de una línea de investigación clara es un factor que genera tensión y frustración. Una de las primeras acciones de la fiscalía fue ordenar allanamientos en los domicilios de cinco efectivos policiales que tuvieron contacto con Daiana durante su detención: Adrián Nuñez, Pamela Di Bin, Victor Mallón, Vanesa Nuñez y Yasmin Larios. Sus teléfonos celulares fueron secuestrados y están siendo peritados, en busca de pistas que puedan arrojar luz sobre lo ocurrido. Además, los comisarios Marcelo Amaya y Cristian Barrios, quienes dirigían la dependencia, fueron desplazados a otra unidad en Bahía Blanca a los pocos días del suceso.

A pesar de la separación de estos agentes de sus tareas, el fiscal Calonje ha declarado que, por el momento, no citará a ninguno de ellos para tomar declaración testimonial. Su argumento es que, hasta no tener certezas en la línea de investigación, no puede convocar a alguien sin saber si es culpable, cómplice o autor. Esta postura, si bien busca evitar acusaciones prematuras, es vista con escepticismo por la familia y sus abogados, quienes insisten en la necesidad de avanzar con mayor celeridad.

Un dato crucial que surgió de la investigación fiscal son los resultados de los primeros exámenes toxicológicos. Estos revelaron que el cuerpo de Daiana dio “negativo” para drogas y alcohol, lo que contradice la versión inicial de la policía que sostenía que la joven había sido detenida en un “estado alcoholizado”. Esta discrepancia es un punto clave que pone en entredicho la narrativa policial y refuerza las sospechas de la familia. Asimismo, el estudio de las cámaras de seguridad alrededor de la comisaría ha arrojado “algunas imágenes relevantes”, aunque aún quedan otras por analizar, lo que sugiere que la tecnología podría ser un aliado fundamental para desentrañar el misterio.

La Batalla por la Verdad: Autopsias y Protocolos Cuestionados

La lucha por la verdad de lo ocurrido con Daiana ha estado marcada por la controversia en torno a las pericias forenses. La primera autopsia, realizada por la Asesoría Pericial de Azul y ordenada por el primer fiscal de la causa, Christian Urlezaga, determinó una muerte por asfixia mecánica. Sin embargo, este examen fue duramente criticado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), un organismo clave en la defensa de los derechos humanos y la prevención de la tortura.

La CPM denunció que la autopsia no respetó el Protocolo de Minnesota, una guía internacional fundamental para la investigación de muertes potencialmente ilegítimas o bajo custodia del Estado. Este protocolo busca asegurar la independencia y la exhaustividad de la investigación, evitando que funcionarios estatales sospechados de crímenes puedan influir en el proceso. En este caso, la misma policía estaba bajo sospecha, lo que hacía imperativo seguir dicho protocolo. Las falencias detectadas por la CPM fueron múltiples: faltante de radiografías, ausencia de análisis para determinar si las marcas o heridas en el cuello de la joven eran anteriores o posteriores a su muerte, y un registro fotográfico y fílmico limitado. Además, se cuestionó la especialidad de la médica forense, señalando que el Protocolo de Minnesota exige un equipo multidisciplinario para estos casos complejos.

Ante estas graves irregularidades, la CPM ha insistido incansablemente en la necesidad de una segunda autopsia. Sin embargo, esta solicitud ha generado un contrapunto con el fiscal Calonje, quien ha expresado dificultades logísticas y de recursos para llevarla a cabo. Según el fiscal, las asesorías periciales cercanas no realizan este tipo de procedimientos y no dispone de vehículos especiales para trasladar cuerpos. De hecho, reveló que las fotos de la primera autopsia se tomaron con un celular, evidenciando las precariedades del sistema. A pesar de valorar el trabajo de la CPM, Calonje argumenta que el primer examen arrojó elementos suficientes para proseguir con la investigación, aunque está evaluando la sugerencia del organismo de que el Instituto de Ciencias Forenses de Lomas de Zamora realice los nuevos exámenes. Mientras tanto, el cuerpo de Daiana permanece en un depósito del cementerio local, a la espera de una sepultura o un nuevo examen que pueda brindar las certezas que la familia tanto anhela.

Las Fallas Sistémicas: Comisarías Clausuradas y Negligencia

El caso de Daiana Soledad Abregú no es un hecho aislado, sino que desnuda profundas fallas sistémicas dentro de las fuerzas policiales de la provincia de Buenos Aires. La Comisaría Comunal de Laprida, donde Daiana perdió la vida, había sido previamente clausurada tanto administrativa como judicialmente y no contaba con capacidad para alojar personas. Esta información se desprende de un informe del Centro de Operaciones Policiales (COP) del Ministerio de Seguridad bonaerense, enviado a la CPM en mayo de 2022, que detalla una situación similar en muchas otras comisarías de la provincia.

Datos alarmantes del Ministerio de Seguridad, recopilados por la CPM, indican que el 39% de las personas detenidas en comisarías en la provincia de Buenos Aires están en dependencias clausuradas. Esto representa a 1687 personas en condiciones irregulares, lo que subraya la grave crisis de infraestructura y supervisión dentro del sistema penitenciario y de detención provisional. La detención de Daiana en una comisaría clausurada es un claro ejemplo de la falta de cumplimiento de las normativas y de la exposición de los detenidos a riesgos innecesarios.

Además de las condiciones de la dependencia, el caso ha puesto en evidencia graves omisiones en los protocolos de vigilancia y notificación. Según fuentes policiales de Laprida, los detenidos deben estar bajo monitoreo constante, y cada dos horas, un superior debe realizar una inspección rutinaria con otros dos guardias. Sin embargo, estas mismas fuentes admitieron que tales procedimientos “casi nunca se cumplían” y que las guardias, a menudo, “se falsificaban con una firma en la planilla oficial de la dependencia”.

La negligencia también se extendió a la comunicación judicial. El abogado Sergio Roldán, quien patrocina a la familia, afirmó que lo primero que un policía debe hacer al detener a alguien es notificar al secretario de turno del juzgado de paz. No obstante, el juzgado de Laprida se enteró de la detención de Daiana cuando ya había fallecido. Estas irregularidades no solo demuestran un grave incumplimiento de los deberes policiales, sino que también obstaculizan la transparencia y la rendición de cuentas en casos de muertes bajo custodia.

La Voz del Pueblo: Un Grito por Justicia en Laprida

La muerte de Daiana ha sido un catalizador para la comunidad de Laprida. El 8 de junio, tres días después del suceso, una multitud se congregó frente a la Comisaría Comunal, algo “nunca visto en 20 años” según una vecina. El dolor y la indignación se transformaron en un clamor colectivo por justicia. La pregunta “¿Quién nos cuida de la policía?” se ha convertido en un estandarte de las marchas y movilizaciones.

La familia Abregú ha recibido el apoyo no solo de sus vecinos, sino también de la Comisión Provincial por la Memoria, que en su rol de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, ingresó a la comisaría junto a los padres de Daiana y el fiscal Calonje para una inspección. La presencia de este organismo de derechos humanos ha sido fundamental para visibilizar las irregularidades y presionar por una investigación transparente.

El recuerdo de Daiana, una joven amante de los tatuajes y la música, que “no paraba” y siempre buscaba la felicidad en las cosas sencillas, es el motor que impulsa a su familia a seguir adelante. Su padrastro, Roberto, fue el primero en revisar el cuerpo y encontrar marcas y el tabique roto, detalles que no le cerraban con la versión oficial. Laura, su madre, insiste en que Daiana no tenía depresión ni tomaba pastillas, y que era impensable que quisiera quitarse la vida. El pueblo, en su mayoría, comparte esta incredulidad, alimentando la convicción de que algo más grave ocurrió dentro de esas paredes.

La Querella: ¿Homicidio o Negligencia?

Los abogados Pía Dufau y Sergio Roldán, quienes ofrecen patrocinio gratuito a la familia Abregú, se han convertido en pilares fundamentales en la búsqueda de la verdad. Ambos, movidos por su compromiso con la justicia y su conocimiento de Daiana y la comunidad de Laprida, han asumido la representación de los particulares damnificados. Desde el inicio, señalaron las inconsistencias en la investigación, especialmente la falta de separación de la policía de la causa y las irregularidades en la primera autopsia.

Aunque la carátula del caso sigue siendo “averiguación de causales de muerte”, la querella apunta a un cambio de rumbo. Las pruebas preliminares de la autopsia, aunque aún en peritaje y no confirmadas por el fiscal Calonje, sugieren que Daiana pudo haber sido asesinada tras ser atacada con una bolsa en la cabeza. Los abogados destacan que los exámenes arrojaron que los pulmones de Daiana “están contaminados”, un indicio que, de confirmarse, sería devastador para la hipótesis del suicidio. La práctica de tortura con bolsas en la cabeza, conocida como “la bolsa”, no sería ajena a la comisaría de Laprida, según testimonios extrajudiciales de personas que aseguran haber sido víctimas de este método y fuertes golpizas.

La otra hipótesis que manejan los abogados es la negligencia institucional. Roldán enfatiza que Daiana debería haber estado bajo “permanente vigilancia” desde que ingresó a su celda, algo que, como se mencionó, no se cumplía. La falta de cumplimiento de los protocolos de monitoreo y la falsificación de registros de guardia son factores que abren la puerta a la responsabilidad de la policía en lo ocurrido. La querella está segura de que Daiana no intentó quitarse la vida y están decididos a probarlo, luchando para que la responsabilidad de todo lo que sucede en una comisaría recaiga completamente sobre la fuerza policial.

Preguntas Frecuentes sobre el Caso Daiana Abregú

El silencio del parlante en la casa de Daiana, que antes reproducía cumbia o rock nacional mientras ella limpiaba o cocinaba, ahora se rompe solo en la puerta de la comisaría, donde reproduce canciones feministas en cada marcha. El recuerdo de “La Sole”, su alegría y su vitalidad, contrastan brutalmente con la opacidad de su muerte. La familia Abregú, junto a sus abogados y el apoyo de la comunidad y organismos de derechos humanos, está decidida a luchar hasta que la verdad salga a la luz y se haga justicia por Daiana Soledad, para que el grito de “¿Quién nos cuida de la policía?” encuentre finalmente una respuesta.

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