23/01/2025
La calma en el campus universitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), conocida cariñosamente como la 'Decana de América', se rompió abruptamente el pasado sábado 21 de enero de 2023. Un operativo policial de gran magnitud, que incluyó la irrupción con tanquetas y un contingente de fuerzas especiales, se llevó a cabo con el objetivo de desalojar a cientos de manifestantes que se habían refugiado en sus instalaciones. Este suceso, que dejó un saldo de casi doscientos detenidos, desató una ola de controversia a nivel nacional e internacional, poniendo en el ojo del huracán la legalidad y justificación de la acción policial en el marco del estado de emergencia que vive el país andino.
El hecho no solo generó un intenso debate sobre los límites de la autoridad y la autonomía universitaria, sino que también expuso la profunda división en las narrativas oficiales y las vivencias de los afectados. Mientras el gobierno defendía la legalidad y necesidad del operativo, la propia universidad y los familiares de los detenidos alzaban su voz para denunciar presuntos abusos y la falta de cumplimiento de los procedimientos legales. ¿Qué llevó a esta intervención forzosa y cuáles son las distintas caras de esta compleja situación?
El Operativo: Un Despliegue de Fuerza Inusitado
La mañana del 21 de enero, alrededor de 400 efectivos de la Policía Nacional del Perú, respaldados por vehículos blindados conocidos como tanquetas y unidades de fuerzas especiales, irrumpieron en el campus de la UNMSM. El despliegue fue impactante; los videos y testimonios que circularon posteriormente mostraron cómo uno de los portones principales de la universidad fue derribado por un vehículo blindado para permitir el ingreso de las fuerzas del orden. Este acto marcó el inicio de una intervención que, según los informes, se realizó sin la presencia de fiscales, un punto clave de discordia.
Dentro del recinto universitario se encontraban cientos de manifestantes, muchos de ellos llegados desde diversas regiones andinas del país, como Huancavelica, para participar en las protestas antigubernamentales en Lima. Estas personas habían encontrado en la universidad un lugar temporal de descanso y refugio. La intervención policial culminó con la detención de 193 individuos, quienes fueron trasladados a diversas dependencias policiales, incluida la Dirección contra el Terrorismo (Dircote).
La magnitud del operativo y la forma en que se llevó a cabo generaron de inmediato acusaciones de uso excesivo de la fuerza y de no respetar los procedimientos legales establecidos para las detenciones, especialmente la ausencia de representantes del Ministerio Público o de la Defensoría del Pueblo, cuya presencia suele ser requerida en este tipo de intervenciones para garantizar el debido proceso y los derechos de los ciudadanos.
La Versión Oficial: Seguridad y Estado de Emergencia
Desde el Gobierno, la voz principal en la justificación del operativo fue la del ministro del Interior, Vicente Romero. En sus declaraciones, Romero afirmó categóricamente que la intervención policial en la UNMSM estaba "justificada de acuerdo a ley". El ministro enfatizó que la acción se enmarcaba dentro del estado de emergencia que regía en el país, una condición legal que, según su interpretación, eximía la necesidad de la presencia de fiscales para la intervención.
Romero explicó que la motivación principal del operativo era "dar seguridad" y restablecer el orden. Además, defendió la actuación de la Policía Nacional, calificando su trabajo durante esos días de manifestaciones antigubernamentales como "excepcional". Aseguró que durante la operación en San Marcos "no hubo ni un solo herido" por parte de los agentes de seguridad, un punto que contrasta con la preocupación generalizada por el bienestar de los detenidos y las acusaciones de maltrato por parte de familiares y organismos de derechos humanos.
El ministro también aprovechó la ocasión para calificar la marcha multitudinaria de la semana anterior, conocida como la 'Toma de Lima', como un "fracaso", reforzando la narrativa gubernamental de control de la situación y minimizando el impacto de las protestas ciudadanas.
La Postura de la Universidad: Entre la Petición y la Denuncia
La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a través de un comunicado institucional, ofreció una versión que añadió capas de complejidad a la situación. Por un lado, la UNMSM reconoció haber solicitado la intervención policial. Esta solicitud, según la universidad, se debió a una denuncia de agresión contra su personal de seguridad privada y con el objetivo de lograr la "liberación de las puertas tomadas" por los manifestantes. Este punto sugiere que la universidad buscaba una solución a la ocupación de sus instalaciones.
Sin embargo, y aquí radica la controversia, la misma universidad denunció vehementemente la forma en que se llevó a cabo la intervención. En su comunicado, la UNMSM señaló que la Policía Nacional del Perú "en evidente uso de la fuerza, ingresó al campus universitario, sin presencia de la Defensoría del Pueblo ni del representante del Ministerio Público". Por lo tanto, la institución denunció un "abuso de autoridad" hacia sus estudiantes y los demás intervenidos. Esta dualidad en la postura de la universidad —solicitar la intervención pero condenar su ejecución— subraya la tensión entre la necesidad de mantener el orden y el respeto a los derechos fundamentales y los procedimientos legales.
El Lado Humano: La Angustia de los Familiares
Más allá de las declaraciones oficiales y los comunicados institucionales, la intervención en San Marcos dejó una profunda huella de angustia en los familiares de los detenidos. La escena a las afueras de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) en Lima, y otras dependencias policiales, se convirtió en un reflejo del drama humano. Decenas de personas, muchas de ellas llegadas desde regiones lejanas, esperaban bajo el intenso sol de verano noticias de sus seres queridos.
Domitila Quispe, una mujer de 47 años, es un claro ejemplo de esta desesperación. Llegada desde la región sureña de Huancavelica junto a su hermano Silverio (40) para participar en las manifestaciones contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, Domitila no había tenido noticias de Silverio desde el momento de la intervención. "Quiero saber dónde está mi hermano", clamaba frente a la Dircote. "Me envió un mensaje por Whatsapp que estaba detenido", explicó, añadiendo su preocupación por el bienestar de su hermano: "Tiene el celular apagado, quiero saber si estará comiendo o no. Él ha venido para participar en la marcha pacífica". Esta situación se replicaba en decenas de familias, que exigían información clara y el respeto a los derechos de los detenidos, quienes habían sido trasladados tras ser tumbados en el suelo durante el allanamiento.
Controversias y Preguntas Abiertas
La intervención en la UNMSM abrió un sinfín de interrogantes y debates legales y éticos. La principal controversia gira en torno a la ausencia de fiscales y representantes de la Defensoría del Pueblo. Aunque el ministro Romero argumentó que el estado de emergencia permitía esta omisión, juristas y defensores de derechos humanos han señalado que el debido proceso y la protección de los derechos humanos no deberían suspenderse, incluso en estados de excepción. La presencia de un fiscal es crucial para garantizar la legalidad de las detenciones y el respeto a la integridad física de los ciudadanos.
Otro punto de debate es el uso desproporcionado de la fuerza. La irrupción con tanquetas en un campus universitario, un espacio tradicionalmente considerado de autonomía y debate académico, fue percibida por muchos como una agresión a estos principios. Las imágenes de los vehículos blindados derribando el portón de la universidad generaron una fuerte condena, independientemente de la legalidad de la posterior detención de los manifestantes. La tensión entre el mantenimiento del orden público y el respeto a las libertades individuales y la autonomía universitaria se hizo más evidente que nunca.
Análisis Comparativo de Versiones
| Aspecto | Versión del Ministro del Interior | Versión de la UNMSM y Familiares |
|---|---|---|
| Justificación | Justificada por ley, estado de emergencia como sustento legal. | Solicitud inicial por agresión a seguridad, pero denuncia abuso de autoridad en la ejecución. |
| Legalidad del Procedimiento | No necesaria presencia fiscal por emergencia. | Sin presencia de fiscal ni Defensoría del Pueblo, lo que constituye un incumplimiento de procedimientos legales. |
| Uso de Fuerza | Operativo para "dar seguridad", sin heridos en agentes de seguridad. | Irrupción "a la fuerza", con tanquetas y derribo de portón; preocupación por el bienestar de los detenidos. |
| Resultados | Trabajo policial "excepcional", 'Toma de Lima' fracaso. | 193 detenidos, angustia de familiares, exigencia de información y respeto a derechos. |
Preguntas Frecuentes (FAQ)
¿Por qué la policía ingresó a la Universidad de San Marcos?
Según el Ministro del Interior, la intervención se realizó para "dar seguridad" y estaba justificada por el estado de emergencia en el país. La UNMSM, por su parte, había solicitado una intervención debido a una denuncia de agresión contra su personal de seguridad y para la "liberación de las puertas tomadas" por manifestantes.
¿Cuántas personas fueron detenidas en la intervención?
El operativo policial resultó en la detención de 193 personas, la mayoría de ellos manifestantes provenientes de distintas regiones del país que se habían refugiado en la universidad.
¿Fue legal la intervención policial según el Ministro?
El ministro Vicente Romero afirmó que la intervención fue "justificada de acuerdo a ley" y que, debido al estado de emergencia, no era necesaria la presencia de fiscales durante el operativo.
¿Qué denunció la Universidad de San Marcos sobre la intervención?
Aunque la UNMSM solicitó la intervención, posteriormente denunció un "abuso de autoridad" por parte de la Policía Nacional, argumentando que la irrupción se dio "en evidente uso de la fuerza" y "sin presencia de la Defensoría del Pueblo ni del representante del Ministerio Público", lo que implicaría un incumplimiento de los procedimientos legales.
¿Cuál es la situación de los detenidos?
Los 193 detenidos fueron trasladados a diversas dependencias policiales, como la Dircote. Sus familiares expresaron gran angustia por la falta de información sobre su paradero y bienestar, demandando transparencia y respeto a sus derechos.
Conclusión
La intervención policial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se erige como un episodio emblemático de las tensiones sociales y políticas que ha vivido Perú. La acción, justificada por el gobierno en aras de la seguridad y amparada en el estado de emergencia, ha sido duramente criticada por la propia institución universitaria y por la sociedad civil debido a la forma en que se llevó a cabo y la aparente omisión de procedimientos legales básicos. La controversia sobre la presencia o ausencia de fiscales y defensores de derechos humanos durante un operativo de tal magnitud sigue siendo un punto álgido de debate.
Más allá de los argumentos legales, el rostro humano de esta intervención se manifiesta en la angustia de los familiares que buscan a sus seres queridos, muchos de ellos ciudadanos que viajaron desde lejos para expresar sus demandas. El caso de la UNMSM no solo plantea interrogantes sobre el uso de la fuerza policial, sino que también resalta la fragilidad de los derechos ciudadanos en contextos de crisis y la constante pugna por la transparencia y el respeto al debido proceso. Este evento, sin duda, permanecerá como un punto de inflexión en la discusión sobre el orden público y las libertades civiles en el Perú contemporáneo.
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