29/09/2024
La entrada y salida de mercancías en un país, especialmente de productos de alta tecnología como los teléfonos celulares, está estrictamente regulada para garantizar la legalidad de las operaciones comerciales y el cobro de impuestos. En Argentina, la validación del ingreso legal o ilegal de estos dispositivos recae principalmente en la Dirección General de Aduanas. Sin embargo, cuando se detectan irregularidades o se sospecha de contrabando, la Policía Federal Argentina (PFA) juega un rol crucial en la investigación y desarticulación de estas redes ilícitas. Un reciente caso de gran envergadura, que comenzó como una denuncia de contrabando de celulares de alta gama, terminó por destapar una profunda y compleja interna dentro de la propia fuerza policial, llevando a acusaciones cruzadas y a una intervención judicial que puso en jaque la credibilidad de un anónimo y la actuación de un juez.
La Alarma de Samsung y el Inicio de la Pesquisa
El origen de esta intrincada trama se remonta al 5 de febrero de este año, cuando abogados de la reconocida firma tecnológica Samsung presentaron una denuncia alarmante. Según su exposición, en el mercado argentino se estaban comercializando cerca de dos millones de teléfonos celulares de alta gama de su marca que no habían ingresado al país por los canales legales establecidos, es decir, a través de la Aduana. Esto implicaba una clara maniobra de contrabando, con las consiguientes pérdidas económicas para la empresa y una significativa evasión de impuestos para el Estado nacional. La magnitud de la denuncia encendió las alarmas y puso en marcha una investigación judicial que, inicialmente, buscaba desentrañar la red detrás de esta importación ilegal de dispositivos.
La causa, que fue asignada por sorteo al juez Pablo Yaradola, siguió el curso habitual de este tipo de expedientes: el magistrado delegó la investigación al fiscal Jorge Dahl Rocha. Esta práctica es común en el ámbito judicial, ya sea por la carga de trabajo del juez o por la complejidad del caso. La fiscalía, a su vez, solicitó la colaboración de una de las divisiones más especializadas de la Policía Federal Argentina: el Departamento Delitos Federales, en ese momento bajo el mando del comisario Diego De la Fuente y su segundo, el comisario Lionel Carlos Selva. Su expertise en este tipo de delitos era fundamental para rastrear y desmantelar las operaciones ilícitas.
El 21 de febrero, en el marco de esta investigación, se llevaron a cabo una serie de allanamientos estratégicos. Estos procedimientos fueron realizados en los lugares donde se sospechaba que se estaban comercializando los equipos contrabandeados. Es importante destacar que, además del personal del Departamento Delitos Federales de la PFA, también participó de las medidas la Dirección General de Aduanas. La presencia de Aduana era clave, ya que son los funcionarios de esta entidad los que poseen la autoridad y los conocimientos técnicos para validar el ingreso legal —o ilegal— de los celulares, así como para cuantificar la pérdida económica para la empresa y la evasión de impuestos al haberse salteado los controles aduaneros.
El Rol de la Policía Federal en la Lucha contra el Contrabando
Mientras que la validación formal del ingreso de mercaderías es una atribución de la Dirección General de Aduanas, la Policía Federal Argentina, a través de sus divisiones especializadas como el Departamento Delitos Federales, desempeña un papel insustituible en la investigación y persecución del contrabando. Su función no es la de “validar” en el sentido administrativo, sino la de investigar, reunir pruebas, realizar allanamientos y detener a los responsables de actividades ilícitas. En el caso del contrabando de celulares, la PFA actúa como el brazo ejecutor de la justicia, aplicando sus recursos y experiencia para desarticular las redes criminales que operan al margen de la ley. Su trabajo es fundamental para identificar los puntos de venta, los depósitos clandestinos y a los principales actores de estas organizaciones, permitiendo a la justicia avanzar en la causa.
El allanamiento principal en esta causa tuvo como resultado la imputación del empresario Natalio Andrés Dabúl. En su poder se secuestraron casi 137.000 dólares, medio millón de pesos argentinos, y dinero en otras monedas como euros. Además, se incautó una gran cantidad de elementos de tecnología de alta gama, entre ellos los supuestos teléfonos contrabandeados, siete pendrives con información de cuentas y una máquina de minar criptomoneda, utilizada para realizar pagos al exterior. Estas diligencias iniciales conformaron los dos primeros cuerpos del expediente, delineando una investigación sólida sobre el contrabando.
El Anónimo que Sacudió la Estructura Policial
Sin embargo, la causa dio un giro inesperado y se adentró en un terreno mucho más pantanoso con la llegada de un mail anónimo al juzgado del doctor Pablo Yaradola. Este correo, supuestamente escrito por un agente de la Federal enemistado con sus jefes, acusaba directamente a los comisarios Diego De la Fuente y Lionel Carlos Selva, quienes estaban a cargo de la investigación de contrabando. Las acusaciones eran graves: “robar” mercadería y dinero durante los allanamientos, solicitar “coimas” a los presuntos infractores para que “los resultados de los allanamientos den negativos”, e incluso intimidar y maltratar al empresario Dabúl, ingresando a su comercio con armas largas y a los gritos, y denigrando a su mujer en un segundo procedimiento. También se mencionó una presunta discriminación por su condición de judío ortodoxo.
El texto anónimo, que el juez Yadarola decidió incorporar al expediente, motorizó 67 medidas judiciales contra los jefes policiales. Afirmaba que “El señor De La Fuente siempre se ha comportado de en forma irregular en toda su carrera policial en todos los destinos que tuvo y en nuestro ambiente es de público conocimiento sus formas y ritmo de vida imposibles de solventar siendo un policía”. Sobre Selva, a quien el anónimo confundía el apellido llamándolo “Silva”, el texto señalaba que “de manera burlona” le habría dicho al comerciante “quedate tranquilo que voy a cuidar de tu mujer” antes de un allanamiento. Incluso se hablaba de presuntos falsos procedimientos en compras clandestinas de tabaco y una supuesta piratería del asfalto policial. Lo más llamativo es que, a partir de la incorporación de este anónimo, el juez Yaradola reasumió la investigación, desplazando al fiscal, una resolución poco frecuente.
La Batalla Judicial y la Desacreditación del Anónimo
La defensa de los comisarios, a cargo del abogado Claudio Calabressi, actuó rápidamente. La Cámara Nacional en lo Penal Económico, a través de los tres camaristas integrantes de la Sala B de la Cámara de Apelaciones, emitió una resolución que benefició a los dos comisarios jefes, desacreditando y anulando el anónimo con duros términos. Los jueces consideraron “llamativo que un integrante del Departamento Delitos Federales de la Policía Federal no conozca con precisión el apellido de uno de sus jefes y que decida formular una denuncia anónima mediante la remisión de un correo electrónico al juzgado que ordenó un procedimiento”.
El fallo de la Sala B fue contundente al señalar que el juez Yaradola nunca le tomó declaración indagatoria a Dabúl, el principal imputado por contrabando, pero en cambio incorporó al expediente una declaración suya, presentada a través de sus abogados, en la cual ratificaba el contenido del anónimo. Esto generó suspicacias, ya que el comerciante nunca había denunciado los supuestos robos o maltratos que el anónimo le atribuía a los comisarios. El defensor Calabresi opinó que el fallo “vino a poner un límite a esta causa trucha armada mediante un mail de dudosa procedencia… con el solo fin de ensuciar a funcionarios policiales honestos. El juez Yaradola se encargó de investigarlos pidiendo infinidad de pruebas sin lograr obtener una sola en contra y en sentido contrario, dejar de investigar al principal imputado de esta causa, al que ni siquiera llamó a declarar”.
La Sala B de la Cámara de Apelaciones dispuso que el expediente tuviera un cambio de fuero y “se remita a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de esta ciudad para que por sorteo se determine el juzgado de ese fuero que deberá conocer en la misma”. Esto implicaba que el juez Yaradola debería haber realizado lo mismo al recibir el mail anónimo, en lugar de incorporarlo directamente a la causa. La defensa del comisario Selva, a cargo del abogado Claudio Calabressi, incluso podría solicitar el juicio político del juez Yaradola por su accionar en la causa, lo que demuestra la gravedad de la situación.
Testimonios que Desmienten y la Interna Policial
Para complicar aún más la narrativa del anónimo, al menos cinco testigos de los allanamientos realizados tanto en el comercio como en los domicilios del empresario declararon en la causa y desmintieron los maltratos que los comisarios habrían realizado sobre el imputado. Uno de ellos, un civil, declaró bajo juramento de decir la verdad: “Fue un trato bueno, muy amable, todos tratamos de llevarnos bien en ese momento. No hubo maltrato, griterío, nada. Siempre de buena manera”. Otro testigo incluso aseguró que los policías les ofrecieron gaseosas. Estos testimonios contrastan fuertemente con las acusaciones de violencia e intimidación detalladas en el anónimo.
La investigación, que comenzó con la legítima intención de combatir el contrabando, derivó en un terreno que poco tiene que ver con un trámite judicial habitual y mucho con las profundas internas policiales. En las piramidales estructuras de los organismos de seguridad, estas disputas son comunes entre los uniformados, generalmente disconformes con el reparto de cargos y designaciones. Fuentes del Ministerio de Seguridad, a cargo de Sabina Frederic, sugirieron que el anónimo y su contenido “podría haber sido utilizado para armar una causa contra los comisarios Selva y De La Fuente, dado su proximidad con el comisario general Juan Carlos Hernández —el nuevo jefe de la fuerza— y la buena relación que este mantiene con la ministra Frederic”.
El anónimo incluso contenía un tramo donde el policía hablaba “como anécdota” de algo que era de “voz pópuli” entre los compañeros: cómo uno de los comisarios implicados aseguraba tener que recaudar “100 lucas verdes por mes para el jefe”, infiriendo que se refería al propio jefe de la Federal, sin especificar un nombre. Sin embargo, el juez Yaradola no pidió investigar este tramo del correo. Cerca de la ministra Frederic, se apoya a Hernández, asegurando que se le hizo una “tomografía” antes de designarlo, con un legajo o un perfil sin manchas. Esta situación no es aislada; un anónimo de Gendarmería, por ejemplo, fue uno de los núcleos de la causa del fiscal José Campagnoli contra el ex comisario Pedro Potocar.
Tabla Comparativa: Acusaciones vs. Realidad Judicial
| Acusación del Anónimo | Hallazgos y Desmentidos Judiciales / Observaciones |
|---|---|
| Comisarios robaron mercadería y dinero. | El comerciante nunca denunció el robo. |
| Solicitaron “coimas” para resultados negativos. | No se encontraron pruebas en su contra. |
| Maltrato e intimidación a Dabúl y su esposa. | Testigos de los allanamientos desmintieron los maltratos, afirmando un trato amable. |
| Discriminación por condición de judío ortodoxo. | No hay elementos que corroboren esta acusación. |
| Anónimo escrito por un agente de la Federal. | La Cámara cuestionó la credibilidad, señalando que el autor no conocía el apellido de un jefe y que era un mail anónimo. |
| Juez Yaradola reasumió la investigación desplazando al fiscal. | Calificado como “poco frecuente” por la Cámara y cuestionado por su accionar. |
| Declaración de Dabúl ratificando el anónimo. | Presentada por sus abogados, no como indagatoria directa, y sin denuncia previa del comerciante sobre los hechos. |
Preguntas Frecuentes
¿Quién es responsable de validar el ingreso legal de celulares al país?
La validación del ingreso legal o ilegal de los teléfonos celulares, así como de otras mercancías, es una atribución y responsabilidad principal de la Dirección General de Aduanas (DGA) en Argentina. Son ellos quienes controlan la documentación, el pago de impuestos y el cumplimiento de las normativas aduaneras.
¿Cuál fue el motivo original de la investigación que involucró a la Policía Federal?
La investigación se inició a raíz de una denuncia de la empresa Samsung, que alertó sobre la comercialización de cerca de dos millones de teléfonos celulares de alta gama que habrían ingresado al país de forma ilegal, es decir, por contrabando, sin pasar por los controles aduaneros correspondientes.
¿Qué papel jugó la Policía Federal Argentina en este caso de contrabando?
La Policía Federal Argentina, específicamente su Departamento Delitos Federales, fue solicitada por la fiscalía para colaborar en la pesquisa. Su rol fue el de investigar las maniobras de contrabando, realizar allanamientos en los lugares de venta o depósito de los equipos, y secuestrar la mercadería y el dinero relacionado con la actividad ilícita.
¿Por qué se desacreditó y anuló la denuncia anónima contra los comisarios?
La Cámara Nacional en lo Penal Económico desacreditó la denuncia anónima por varias razones, incluyendo la falta de precisión del autor sobre el apellido de uno de los comisarios, la naturaleza anónima del mail, y la falta de pruebas que respaldaran las graves acusaciones de robo, coimas y maltratos. Además, los testimonios de los testigos de los allanamientos contradijeron las afirmaciones del anónimo.
¿Qué implicaciones tuvo este caso para la interna de la Policía Federal Argentina?
El caso reveló profundas divisiones y tensiones internas dentro de la PFA. Se sugirió que el anónimo pudo haber sido utilizado como una herramienta para “armar una causa” contra los comisarios involucrados, dada su cercanía con el nuevo jefe de la fuerza y la ministra de Seguridad. Esto expuso las pugnas por poder y los posibles intentos de desprestigiar a funcionarios dentro de la institución.
El caso del contrabando de celulares, más allá de su relevancia económica y judicial, se convirtió en un reflejo de las complejas dinámicas y las tensiones internas que pueden surgir en las fuerzas de seguridad. La línea entre la investigación legítima y las operaciones internas de desprestigio se vuelve difusa, y es el sistema judicial quien debe, en última instancia, discernir la verdad y garantizar la justicia. La transparencia y la integridad de los funcionarios policiales son pilares fundamentales para la confianza pública, y episodios como este ponen a prueba la solidez de las instituciones.
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Contrabando de Celulares: La Intriga en la PFA puedes visitar la categoría Policía.