Testimonio Clave en Juicio de Pedro Castillo

El sistema judicial peruano continúa desentrañando los eventos que rodearon el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022, protagonizado por el entonces presidente Pedro Castillo. En el marco del juicio oral que busca esclarecer las responsabilidades por el presunto delito de rebelión, las declaraciones de testigos clave se convierten en pilares fundamentales para la construcción de la verdad procesal. Uno de los testimonios más esperados y reveladores ha sido el del general en retiro de la Policía Nacional del Perú (PNP), Jorge Angulo, cuyas palabras han arrojado nueva luz sobre las órdenes y acciones que se habrían gestado en las horas críticas de aquel día.

La audiencia del juicio oral, que ha capturado la atención pública y mediática, se centró en la participación de Angulo como testigo. Su testimonio no solo confirmó la existencia de comunicaciones directas entre el expresidente Castillo y altos mandos policiales, sino que también detalló el contenido de estas, revelando la presunta intencionalidad detrás de los actos que llevaron al quiebre constitucional. Este tipo de declaraciones son esenciales para la Fiscalía, ya que buscan corroborar la cadena de mando y las órdenes ejecutadas o intentadas durante el intento de disolución del Congreso.

El Testimonio Central del General Jorge Angulo: Órdenes Directas y Conspiración

El corazón del testimonio del General Angulo giró en torno a una conversación telefónica que, según sus propias palabras, presenció y de la que tomó conocimiento directo. Esta llamada, crucial para entender los eventos de aquel fatídico 7 de diciembre de 2022, se produjo entre el entonces presidente Pedro Castillo y el Comandante General de la Policía Nacional del Perú, Raúl Alfaro. Lo que Angulo escuchó en esa comunicación fue de una gravedad institucional sin precedentes: el expresidente Castillo habría instruido a Alfaro, quien en ese momento se encontraba con licencia médica debido a un contagio de COVID-19, a llevar a cabo dos acciones drásticas y anticonstitucionales: “cerrar el Congreso” de la República y “detener a la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides”.

La revelación de Angulo no solo detalla la existencia de estas órdenes, sino que también contextualiza la reacción inicial del Comandante General Alfaro. Según el testigo, Alfaro se dirigió a Castillo como “señor presidente” y le consultó el motivo detrás de tan radical disposición. Esta pregunta sugiere una posible perplejidad o una búsqueda de justificación ante mandatos que, evidentemente, se apartaban de la legalidad y de los protocolos institucionales. El hecho de que un mando policial de tan alta jerarquía estuviera recibiendo órdenes de esta naturaleza, y que estas fueran escuchadas por otros oficiales, subraya la seriedad de los cargos que pesan sobre el expresidente.

El testimonio de Angulo es vital porque vincula directamente a Castillo con la planificación y ejecución de acciones que configuran el delito de rebelión, al intentar subvertir el orden constitucional establecido. La narración del general, al ser un testigo directo de los hechos o de las comunicaciones que los desencadenaron, ofrece una perspectiva interna y de primera mano sobre las decisiones que se tomaban en el más alto nivel del poder ejecutivo y cómo estas impactaban en las fuerzas del orden.

La Firmeza Institucional: El Respeto a la Constitución

Frente a las órdenes que habrían emanado de la Presidencia de la República, el General Jorge Angulo también brindó un testimonio fundamental sobre la postura de las instituciones armadas y policiales. Indicó que, en cuestión de horas, tomó conocimiento de que la posición del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de la propia Policía Nacional del Perú, respecto al mensaje que había brindado el exmandatario a la nación, era de “respeto a la Constitución”. Esta declaración es de suma importancia, ya que demuestra que, a pesar de las presiones y las órdenes directas, las cúpulas militares y policiales se mantuvieron firmes en su compromiso con el Estado de Derecho y la institucionalidad democrática.

La decisión de las fuerzas del orden de acatar la Constitución y no las directivas ilegales del entonces presidente fue un factor determinante para que el intento de golpe de Estado fracasara. Angulo detalló cómo, unas horas después del mensaje presidencial, se realizaron “varias llamadas y coordinaciones” con un objetivo claro: “concretar la detención del exmandatario antes de que busque asilo en la embajada de México”. Este relato pinta un cuadro de urgencia y determinación por parte de las autoridades para restablecer el orden y evitar que Castillo eludiera la acción de la justicia.

En este contexto de coordinación y respuesta institucional, Angulo mencionó al General Vicente Álvarez, quien “dispuso para que llamemos al general jefe de seguridad del Estado y él disponga la intervención de la seguridad y del presidente de la República”. Esta cadena de mando y la rápida acción para detener a Castillo demuestran la cohesión y la lealtad de las fuerzas de seguridad hacia la legalidad, incluso cuando el propio jefe de Estado intentaba subvertirla. La actuación de la PNP y las FF.AA. en esos momentos críticos es un claro ejemplo de la defensa de la institucionalidad democrática, evitando un desenlace aún más caótico para el país.

La Controversia en la Plaza de Armas: Una Orden Desacatada

El testimonio del General Angulo no solo se limitó a los eventos directamente relacionados con el intento de golpe de Estado, sino que también abordó otro incidente significativo que refleja la supuesta injerencia del expresidente en asuntos de seguridad pública. Angulo ratificó que recibió una llamada del exjefe de la Región Policial Lima, Manuel Lozada, la mañana del mismo 7 de diciembre de 2022. Según Lozada, el entonces ministro del Interior, Willy Huerta, había dispuesto retirar la reja de seguridad que bloqueaba el acceso de manifestantes instalados en las inmediaciones de la Plaza de Armas, y que esta orden provenía directamente del propio exmandatario.

Este episodio es revelador por varias razones. Primero, sugiere un intento de Castillo de movilizar a la población o de facilitar el acceso de simpatizantes a un área crítica, lo cual podría interpretarse como una estrategia para consolidar su poder en medio de la crisis. Segundo, y quizás más importante, Angulo puntualizó que “desacató esta orden”. Su justificación fue que ya existía un plan de operaciones de seguridad fijado para la zona, y que para acatar una disposición de tal magnitud, se debía comunicar primero con su comandante general. Esta decisión de desobedecer una orden directa, aunque indirecta, del presidente, resalta la profesionalidad y el apego a los protocolos de seguridad por parte del general, quien priorizó la estabilidad y el orden público por encima de una instrucción que consideró irregular o peligrosa.

Este incidente en la Plaza de Armas, sumado a las órdenes de cerrar el Congreso y detener a la Fiscal de la Nación, pinta un cuadro de un presidente que, en sus últimas horas en el poder, habría intentado manipular tanto las estructuras de seguridad como la movilización ciudadana para sus propios fines. El testimonio de Angulo en este punto refuerza la narrativa de un intento de control total sobre la situación, que fue frustrado por la resistencia de las instituciones.

La Postura de Pedro Castillo Frente al Proceso Judicial

Mientras el General Jorge Angulo ofrecía su crucial testimonio, el principal acusado, Pedro Castillo, mantuvo una postura desafiante y silenciosa. El expresidente rechazó nuevamente el juicio oral en su contra por el presunto delito de rebelión, calificándolo de una “farsa judicial”. Esta declaración, aunque breve, resume su estrategia de defensa, que ha consistido en cuestionar la legitimidad del proceso y presentarse como víctima de una persecución política.

Tras expresar su rechazo al proceso, Castillo optó por guardar silencio durante toda la audiencia. Este derecho a no declarar es una prerrogativa legal de todo imputado y debe ser respetado. Sin embargo, en el contexto de un juicio de tan alta trascendencia, el silencio de Castillo contrasta con la contundencia de los testimonios presentados en su contra. Mientras los testigos detallan con precisión las órdenes y acciones que habrían emanado de la presidencia, la defensa de Castillo se ha centrado en deslegitimar el proceso en su conjunto, en lugar de refutar directamente las acusaciones.

La postura de Castillo de calificar el juicio como una “farsa judicial” es una estrategia común en casos de alto perfil político, donde los acusados buscan desacreditar la independencia del poder judicial y movilizar el apoyo de sus bases. No obstante, la sala del juicio oral debe basarse en las pruebas y testimonios presentados, y el silencio del acusado, si bien es un derecho, no impide que el proceso siga su curso y que se evalúen las pruebas disponibles para determinar su culpabilidad o inocencia. La expectación por el veredicto final permanece alta, y el camino hacia la justicia sigue su curso, paso a paso, con cada testimonio y cada prueba presentada ante el tribunal.

Tabla Comparativa: Órdenes Alegadas vs. Respuesta Institucional

Preguntas Frecuentes sobre el Juicio de Pedro Castillo

¿Quién es Jorge Angulo y cuál es su relevancia en este juicio?

Jorge Angulo es un general en retiro de la Policía Nacional del Perú (PNP). Su relevancia en el juicio oral contra Pedro Castillo radica en que fue testigo directo de eventos y comunicaciones clave que sustentan la acusación de rebelión. Su testimonio incluye haber escuchado una conversación telefónica donde Castillo habría dado órdenes ilegales, así como haber desacatado una orden presidencial para retirar barreras de seguridad en la Plaza de Armas.

¿Qué órdenes específicas habría dado Pedro Castillo, según el testimonio del General Angulo?

Según el testimonio de Angulo, Pedro Castillo habría ordenado al entonces Comandante General de la PNP, Raúl Alfaro, “cerrar el Congreso” y “detener a la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides”. Estas órdenes son consideradas elementos centrales de la acusación por el delito de rebelión.

¿Cómo reaccionaron las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional ante el mensaje presidencial de disolución?

De acuerdo con el General Angulo, tanto el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional del Perú adoptaron una postura de “respeto a la Constitución”. Esto implicó que no acataron las órdenes ilegales de Pedro Castillo y, por el contrario, coordinaron acciones para su detención, demostrando su lealtad al Estado de Derecho.

¿Por qué Pedro Castillo no declaró en la audiencia?

Pedro Castillo ejerció su derecho a guardar silencio durante la audiencia. Previamente, calificó el juicio oral en su contra como una “farsa judicial”, lo que sugiere una estrategia de defensa basada en el cuestionamiento de la legitimidad del proceso legal en su totalidad.

¿Qué significa que el juicio sea por el delito de rebelión?

El delito de rebelión se refiere a la acción de alzarse en armas para deponer el gobierno o impedir que ejerza sus funciones. En el caso de Pedro Castillo, se le acusa de este delito por intentar disolver el Congreso de manera inconstitucional y dar órdenes para detener a la Fiscal de la Nación, lo que se interpreta como un intento de subvertir el orden constitucional y democrático del país.

Conclusión: La Búsqueda de la Verdad y la Defensa de la Democracia

El juicio oral contra Pedro Castillo continúa su curso, y cada testimonio, como el del General Jorge Angulo, suma piezas a un complejo rompecabezas judicial. Las revelaciones sobre las órdenes directas para cerrar el Congreso y detener a la Fiscal de la Nación, así como el intento de manipular la seguridad en la Plaza de Armas, ofrecen una visión cruda de los eventos de diciembre de 2022. La resistencia de las instituciones, particularmente la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas, al apegarse estrictamente al respeto por la Constitución, emerge como un pilar fundamental que evitó un colapso mayor del sistema democrático peruano.

Mientras Pedro Castillo mantiene su postura de silencio y descalificación del proceso, la justicia avanza, ponderando cada prueba y cada declaración. La importancia de este juicio trasciende el caso individual del expresidente; es un proceso que busca reafirmar la vigencia del Estado de Derecho, la separación de poderes y la supremacía de la Constitución en el Perú. La transparencia y la rigurosidad con la que se desarrolle este proceso serán cruciales para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones y para sentar un precedente claro sobre las consecuencias de cualquier intento de socavar la democracia.

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