Ale Flores: Impunidad Policial en un Caso Sin Fin

La desaparición de un niño es una herida abierta en el corazón de una comunidad, una máxima que debería resonar con fuerza en cada institución dedicada a la seguridad y la justicia. Sin embargo, la historia de Alejandro Flores, un pequeño de cinco años que se desvaneció en Río Cuarto, Córdoba, el 16 de marzo de 1991, es un crudo recordatorio de cómo esa máxima puede ser ignorada, distorsionada y, finalmente, sepultada bajo un manto de impunidad.

Aquel fatídico día, Rosa, su madre, solo quería alimentar a su beba de cuatro meses. Alejandro, cariñosamente conocido como “Ale”, había ido a casa de una prima, a escasos cincuenta metros, para ver dibujitos animados. Rosa lo acompañó un trecho, pero el llanto de su hija la hizo regresar. Poco después, una fuerte tormenta de viento, tierra y lluvia azotó la zona. La preocupación creció cuando Ale no apareció en casa de su tía. Medio centenar de vecinos, sin el menor apoyo policial, se lanzaron a una búsqueda desesperada. Con la batería de un camión y luces improvisadas con nailon, exploraron hasta el cauce del río. Cuando acudieron a un hospital, un patrullero que salía les dijo que no sabían nada de un niño desaparecido y, excusa tras excusa, que su radio estaba rota. La Policía, que debería haber sido el primer pilar de apoyo, se convirtió en una barrera de indiferencia y desidia, marcando el inicio de una odisea de diecisiete años para Rosa, que culminaría con el hallazgo de los restos de su hijo.

La Sombra de la Mentira: Una Madre Engañada

La indiferencia inicial de las autoridades rápidamente mutó en un patrón de burlas y engaños. Cada vez que Rosa acudía a la Policía o a los Tribunales de Río Cuarto en busca de respuestas, se encontraba con frases despectivas: “¿Qué hace usted acá? Váyase. Si hay alguna novedad, ya le vamos a avisar”. Le mintieron diciéndole que su propio padre se lo había llevado, una afrenta más a su desesperación. Pero el colmo del desprecio llegó con una elaborada mentira que la llevó a los confines del país y más allá.

Desde la desaparición de Ale, Rosa comenzó a recibir mensajes confusos: que estaba en un lugar o en otro, que una banda se lo había llevado para quitarle los órganos. Hasta que, un día, la citaron en la Catedral de Río Cuarto. Sentada en un banco específico, escuchó una voz de mujer a sus espaldas: “No te des vuelta. Tu hijo está en Punta Arenas, lo adoptó un militar y le hizo un documento falso”. Rosa, aturdida, intentó girarse, pero la conminaron a mantener la vista al frente. La mujer se marchó, dejando tras de sí solo la imagen de sus zapatos marrones, su cartera a juego, un traje blanco y su pelo negro, tipo carré. La identidad de esa “canalla” nunca se supo.

Con esa información, Rosa acudió al juzgado de menores que llevaba el caso de su hijo, pero le respondieron que no tenían fondos para viajar a Chile. La desidia era palpable. ¿Sabían en los tribunales que todo era una farsa? Rosa, impulsada por un amor inquebrantable, no se rindió. “Vendí lo que tenía, salí a pedir”, relató. Con ayuda de la hermana de una mujer con cáncer y el obispo Artemio Staffolani, quien la conectó con la diócesis de Chile, Rosa viajó. En Chile, paradójicamente, recibió más ayuda que en su propio país, pero Ale no estaba allí. La mentira de Punta Arenas fue solo un cruel desvío en su ya tormentosa búsqueda.

La Verdad Emerge de la Oscuridad: El Testimonio Clave

Ale no estaba en Chile. La verdad, dolorosa y oculta, comenzaría a revelarse años después, de la mano de un testigo inesperado. En 1996, el policía Jorge Muo se presentó en la fiscalía para dar una información escalofriante. Afirmó haber escuchado que un patrullero había atropellado a Ale el mismo día de su desaparición, el 16 de marzo de 1991. Según Muo, los policías lo habían llevado a casa de la novia de uno de ellos y luego a la de otra enfermera, con la esperanza de salvarlo. Pero el niño no resistió. En medio de la tormenta, el impacto lo había lanzado por los aires, golpeándolo del lado derecho. Las enfermeras no pudieron salvarlo, y los policías, según Muo, “lo tiraron por ahí”, cuidando siempre de mover los restos si la investigación se acercaba.

Por fin, Rosa tenía una explicación para lo ocurrido con su hijo. Sin embargo, la reacción del fiscal Luis Cerioni fue fulminante: le dijo que Muo era un mentiroso, que estaba loco. La frustración de Rosa estalló, y agarró al fiscal del cuello, teniendo que ser separada para evitar ser arrestada. Muo, por su parte, fue expulsado de la Policía. La institución, en lugar de investigar una denuncia grave que implicaba a sus propios miembros, optó por silenciar al testigo y desacreditar a la víctima. Los dos policías señalados por Muo eran Gustavo Javier Funes y Mario Luis Gaumet, este último al volante del patrullero del Comando Radioeléctrico.

Los Dos Policías: Impunidad y Retiro

Diecisiete años después de la desaparición de Ale Flores, el 2 de julio de 2008, un vecino que inexplicablemente se cruzó en un terreno baldío aledaño a un club, cerca del colegio San Ignacio, encontró huesos. El examen de ADN no dejó lugar a dudas: eran los restos de Ale. El análisis forense reveló lesiones en las costillas, fracturas en una muñeca y en la clavícula derecha, y hundimiento de tórax, heridas consistentes con la versión de Jorge Muo. La verdad, aunque tardía, comenzaba a asomar.

El nuevo fiscal del caso, Javier Di Santo, el mismo que investigó sin avances el crimen de Nora Dalmasso, siguió la pista de Muo, apuntando a Funes y Gaumet. Su conclusión fue idéntica a la del desacreditado policía, y con el tiempo, fue corroborada por una de las enfermeras. Funes y Gaumet atropellaron al chico, y cuando murió, descartaron el cuerpo. Di Santo dictaminó: “… Ambos imputados habrían procedido a borrar todo rastro del hecho, a reparar los daños del automóvil y a enterrar el cuerpo para eludir toda investigación en su contra”.

A pesar de estas contundentes conclusiones, los dos policías fueron imputados y casi al mismo tiempo sobreseídos. Nunca pasaron ni un minuto detenidos. La razón: había pasado demasiado tiempo. Fueron sobreseídos por prescripción, la figura legal que extingue la posibilidad de perseguir un delito debido al transcurso del tiempo establecido por la ley. Ambos pidieron el pase a retiro de la Policía y, a día de hoy, viven su vejez y gozan de su jubilación. La justicia, en este caso, fue esquiva, dejando una profunda herida de impunidad en la memoria de Rosa y de la sociedad.

La Justicia Esquiva: Un Sistema en Cuestión

El caso de Ale Flores, impulsado por el incansable abogado Enrique Zabala, llegó hasta la Corte Suprema de la Nación. Pero en 2014, el máximo tribunal del país confirmó que el caso estaba prescripto. Sin embargo, la Corte afirmó, además, que ello no implicaba “desentenderse de la obligación del Estado de asegurar el derecho de los padres de conocer la verdad de los hechos”. A pesar de esta declaración, en la investigación sobre posibles complicidades, nada ha ocurrido desde hace casi una década. La verdad, para la familia, sigue siendo una meta inalcanzable en su totalidad.

Este caso es un espejo que refleja las profundas fallas de un sistema que, en teoría, debería proteger a sus ciudadanos, pero en la práctica, a menudo los desampara. Cuando se afirma que las malas acciones tienen su castigo, la realidad de Funes y Gaumet lo desmiente. Cuando se dice que un niño desaparecido siempre importa, el adverbio “siempre” se torna relativo ante la prescripción y la falta de responsabilidad. Y cuando se dice que a alguien le robaron la vida, debe pensarse, entre muchos, en Ale Flores, quien hoy tendría 35 años.

Cuando la Autoridad Falla: Reflexiones sobre la Función Policial

El caso de Alejandro Flores no es solo una tragedia individual; es un síntoma de problemas estructurales en el funcionamiento de las fuerzas de seguridad. La sociedad moderna, por definición, no puede subsistir sin una subordinación que garantice el orden y la protección de los derechos de cada uno de sus miembros. La autoridad policial, entonces, se erige como una concesión de la libertad, una delegación de la sociedad para promover el orden y evitar lesiones al derecho, incluso del miembro más insignificante.

El Rol Fundamental de la Policía

Una policía eficaz debe basarse en la planificación, la organización, la ejecución y el control, todas funcionando coordinadamente para alcanzar un objetivo primordial: la seguridad ciudadana. La planificación, de tipo intelectual, requiere capacidad, experiencia y previsión. Sin embargo, cuando las estructuras policiales están excesivamente militarizadas o sujetas a reglamentos obsoletos, se resta toda la capacidad de aporte intelectual, creatividad, sorpresa, imaginación y flexibilidad necesarias para combatir la delincuencia de manera dinámica y eficaz. El caso de Ale Flores es un claro ejemplo de cómo la ausencia de una planificación adecuada y la primacía de la burocracia sobre la acción directa pueden tener consecuencias devastadoras.

La policía, como institución, debería ser un bastión de incorruptibilidad y moral acrisolada. Sus actuaciones deberían caracterizarse por la firmeza y corrección, su trato por la amabilidad y la cortesía, y sus resoluciones por la suavidad y la firmeza. Los oficiales, desde su formación, deberían ser educados para amar y dignificar su uniforme, evitando la prepotencia y la arrogancia. Sin embargo, la realidad, como lo demuestra la historia de Ale Flores, dista mucho de este ideal. La indiferencia, la mentira y la falta de rendición de cuentas mostradas por algunos miembros de la fuerza en este caso socavan la confianza pública y el propio patrimonio moral de la institución.

Organización y Mando: ¿Eficacia o Burocracia?

La estructura de una policía debe ser eficiente y funcional. Idealmente, cuenta con una Dirección General y subdirecciones especializadas en operaciones, recursos humanos, logística, gabinete técnico y cooperación internacional. A nivel territorial, se organiza en jefaturas, comisarías provinciales, zonales, locales y de distrito, además de puestos fronterizos y unidades especializadas. Esta compleja red debe asegurar una respuesta ágil y coordinada. Sin embargo, el caso de Ale Flores revela cómo, a pesar de estas estructuras, la falta de una buena organización puede llevar a la inacción y al encubrimiento. La burocratización excesiva y la inhibición de la iniciativa de los mandos operativos pueden paralizar la capacidad de respuesta de la policía, desviándola de su misión fundamental.

El mando policial, el arte de conducir a los subordinados hacia el bienestar de los ciudadanos, es fundamental. Sin embargo, en muchas ocasiones, este mando se ejerce de manera autócrata o autoritaria, donde las decisiones son irrefutables y no se busca el aprecio ni el afecto de los subalternos. La experiencia demuestra que un mando basado en la intimidación, el terror y la obediencia ciega, en lugar de la convicción y el ejemplo, conduce a la ocultación de errores y a la falta de respaldo moral. Cuando los superiores cometen actos inmorales, implícitamente autorizan a sus subordinados a hacerlo, abriendo la puerta a la corrupción generalizada.

El Patrimonio Moral y la Obediencia Ciega

La moral individual y colectiva, la dignidad personal y la virtud del bien en la conciencia son pilares fundamentales para el funcionamiento de cualquier institución policial. El honor, esa obligación viva y presente de cumplir estrictamente el deber en defensa de la mayoría sin perjudicar a las minorías, es lo que debería apartar a los agentes de lo indigno, lo criminal y lo deshonesto. Sin embargo, en el caso de Ale Flores, el “honor institucional” pareció quedar olvidado frente al miedo y el oportunismo. La impunidad de los responsables directos y la falta de acción contra las complicidades reflejan una pérdida del patrimonio moral.

La obediencia, aunque esencial en una fuerza de seguridad, no debe ser ciega ni irreflexiva. Existen teorías de obediencia que permiten al subalterno discernir y, en ciertas circunstancias, suspender o modificar una orden si esta tiende notoriamente a la perpetración de un delito o si causa graves daños no previstos. Sin embargo, en la práctica, la obediencia absoluta, donde el subalterno cumple la orden sin discusión y reclama después, a menudo lleva a que el reclamante sea sancionado. Este sistema, que castiga la disidencia y protege el encubrimiento, fomenta la complicidad y el abuso de poder, creando un ambiente donde el miedo a las represalias impide denunciar irregularidades, incluso delitos.

La Necesidad de un Liderazgo Responsable

Un buen jefe policial debe ser un líder que estimule y anime a sus subalternos, que reciba con beneplácito las sugerencias de todos los sectores sociales y que comparta los éxitos y fracasos. Su filosofía debe estar definida por la misión de servir a la sociedad, reconociendo la autoridad civil legalmente constituida. Sin embargo, la realidad a menudo muestra jefes que priorizan su propio beneficio económico, que carecen de conceptos de justicia y democracia, o que se preocupan más por la imagen que por la erradicación de la corrupción. La falta de autoenjuiciamiento y el ocultamiento sistemático de errores por parte de las autoridades superiores impiden la mejora continua y erosionan la confianza pública. La ciudadanía, frente a un Carabinero o un delincuente, a menudo siente el mismo miedo a las represalias, lo que lleva a la falta de denuncias y a la distorsión de las estadísticas delictivas.

Justicia y Reparación: Una Deuda Pendiente

La justicia, en su esencia, consiste en conducir y tratar con caballerosidad e imparcialidad a todos los ciudadanos, otorgando recompensas a quienes las merecen y castigando las faltas oportunamente. Existen diferentes tipos de justicia: la conmutativa (igualdad en el intercambio), la distributiva (proporcionalidad en la distribución) y la retributiva (reacciones sociales a las acciones humanas). En el caso de Ale Flores, la justicia retributiva brilló por su ausencia, y la indemnización, cuando se aplica, a menudo es insuficiente o injusta.

Cuando la justicia es omitida o lesionada, se genera una agresividad contra el autor de la injusticia. La falta de sanciones efectivas alimenta el sentimiento de que los crímenes graves pueden repetirse. La teoría de la “defensa social” busca proteger a la sociedad del delincuente, pero la “readaptación social” es la que busca transformar al individuo. Sin embargo, para readaptar, primero hay que identificar y neutralizar a los criminales, incluso si son miembros de las fuerzas armadas o policiales. El caso de Ale Flores es un ejemplo palpable de cómo la falta de sanción y una indemnización justa y oportuna perpetúan la sensación de injusticia y obstaculizan el camino hacia la verdad y la reparación.

Preguntas Frecuentes sobre el Caso y la Policía

¿Quiénes eran los policías implicados en la desaparición de Ale Flores?

Los dos policías señalados por el testigo clave, Jorge Muo, y posteriormente por la investigación del fiscal Javier Di Santo, fueron Gustavo Javier Funes y Mario Luis Gaumet. Gaumet era quien conducía el patrullero del Comando Radioeléctrico que, según la investigación, habría atropellado a Alejandro Flores el día de su desaparición. Ambos fueron acusados de ocultar el cuerpo y borrar las pruebas.

¿Por qué los policías no fueron condenados por la muerte de Alejandro Flores?

A pesar de que las pruebas y testimonios apuntaban a su culpabilidad, Gustavo Javier Funes y Mario Luis Gaumet fueron sobreseídos por prescripción. Esto significa que, legalmente, el tiempo establecido por la ley para perseguir el delito había expirado antes de que se pudiera dictar una condena. Nunca estuvieron detenidos y, tras el sobreseimiento, pidieron el pase a retiro de la Policía, gozando actualmente de su jubilación. La Corte Suprema de la Nación confirmó esta prescripción en 2014.

¿Qué se puede aprender del caso Ale Flores sobre la función policial?

El caso de Alejandro Flores expone profundas fallas en la función policial y en el sistema de justicia. Revela la importancia de una policía transparente, responsable y al servicio de la ciudadanía, que no encubra sus errores ni proteja a sus miembros corruptos. Subraya la necesidad de una formación ética rigurosa, un liderazgo íntegro y mecanismos de control externos que garanticen la rendición de cuentas. El caso es un recordatorio de que la impunidad socava la confianza pública y que el Estado tiene una obligación ineludible de asegurar la verdad para las víctimas, incluso cuando la justicia penal se ve impedida por tecnicismos legales.

La historia de Ale Flores es un eco persistente de que la verdad y la justicia son pilares irrenunciables de una sociedad que aspira a ser verdaderamente libre y segura. La memoria del pequeño Ale debe ser un constante recordatorio para todas las fuerzas del orden de su compromiso inquebrantable con la vida, la integridad y la dignidad humana.

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