La Policía Nacional del Perú: Rol y Uso de la Fuerza

La Policía Nacional del Perú (PNP) representa el pilar fundamental en la protección de la ciudadanía y el mantenimiento del orden público. Su presencia es sinónimo de seguridad y su labor diaria es indispensable para garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades de todos los peruanos. Sin embargo, detrás de cada intervención policial, existe un complejo entramado de normativas y principios que regulan su actuación, especialmente en situaciones que demandan el uso de la fuerza. Comprender este marco legal no solo es esencial para la propia institución, sino también para la ciudadanía, que confía en el cumplimiento cabal de estas directrices.

El presente artículo busca desglosar la función del personal de la PNP, con un enfoque particular en el Decreto Legislativo Nº1186, una pieza clave que establece las reglas claras para el uso de la fuerza. Abordaremos desde los principios que rigen su accionar hasta los distintos niveles de intervención, pasando por las circunstancias que justifican la aplicación de la fuerza y las responsabilidades inherentes a tan delicada función. Además, exploraremos cómo se organiza esta institución vital para el país.

El Rol Fundamental de la Policía Nacional del Perú (PNP)

La Policía Nacional del Perú, como institución garante del orden interno y la seguridad ciudadana, tiene una finalidad constitucional clara: defender a la persona, la sociedad y el Estado. Esto implica una vasta gama de responsabilidades que van desde la prevención e investigación de delitos hasta la protección de bienes jurídicos tutelados y el control de la resistencia a la autoridad. Su labor es multifacética y se adapta a las dinámicas cambiantes de la sociedad, siempre con el objetivo primordial de preservar la convivencia pacífica y el respeto a la ley.

Para cumplir con esta misión, la PNP se dota de facultades específicas, entre las cuales el uso de la fuerza es una herramienta necesaria, pero estrictamente regulada. La complejidad de las situaciones que enfrenta el personal policial en el día a día exige un marco normativo preciso que determine cuándo, cómo y en qué medida se puede emplear la fuerza, asegurando que su aplicación sea siempre legítima y proporcional. Es aquí donde el Decreto Legislativo Nº1186 cobra una relevancia capital, al establecer las directrices que permiten a los agentes actuar con efectividad y dentro del respeto irrestricto a los derechos humanos.

Marco Legal del Uso de la Fuerza: Decreto Legislativo Nº1186

El Decreto Legislativo Nº1186, promulgado en agosto de 2015, representa la piedra angular que regula el uso de la fuerza por parte del personal de la Policía Nacional del Perú. Nace de la necesidad de dotar a la institución de reglas jurídicas claras que le permitan ejercer cabalmente su función policial, en consonancia con los estándares internacionales en materia de derechos humanos y las normas constitucionales. Este decreto establece el marco legal que define la fuerza como el medio que, en sus diferentes niveles, usa el personal de la PNP, dentro del marco de la ley, para lograr el control de una situación que constituye una amenaza o atenta contra la seguridad, el orden público, la integridad o la vida de las personas.

El alcance de este decreto es universal dentro de la institución, aplicando a todo el personal de la Policía Nacional del Perú en situación de actividad que usa la fuerza en defensa de la persona, la sociedad y el Estado. Esto subraya la importancia de que cada agente conozca y aplique sus disposiciones, garantizando así una actuación policial profesional y transparente. Es un instrumento diseñado para potenciar la capacidad operativa de la PNP, al mismo tiempo que salvaguarda los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Principios que Rigen el Uso de la Fuerza

El uso de la fuerza por parte del personal de la Policía Nacional se sustenta en el respeto de los derechos fundamentales y en la concurrencia de tres principios cardinales:

1. Legalidad: El uso de la fuerza debe orientarse al logro de un objetivo legal. Esto significa que los medios y métodos utilizados en cumplimiento del deber deben estar amparados en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la Constitución Política del Perú, y demás normas nacionales sobre la materia. Cualquier acción fuera de este marco sería ilegítima.
2. Necesidad: El uso de la fuerza en el cumplimiento del deber es necesario cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del objetivo legal buscado. Para determinar el nivel de fuerza a usar, se debe considerar, razonablemente, entre otras circunstancias, el nivel de cooperación, resistencia o agresión de la persona intervenida y las condiciones del entorno. Implica un análisis situacional antes de actuar.
3. Proporcionalidad: El uso de la fuerza es proporcional cuando el nivel de fuerza empleado para alcanzar el objetivo legal buscado corresponde a la resistencia ofrecida y al peligro representado por la persona a intervenir o la situación a controlar. Este principio exige una graduación y adecuación de los medios y métodos a emplear, de forma diferenciada y progresiva, según el nivel de cooperación, resistencia (activa o pasiva) o agresión.

Estos principios no solo guían la actuación policial, sino que también son la base para la interpretación de todas las disposiciones del Decreto Legislativo Nº1186, siempre en conformidad con la Constitución y las normas internacionales de derechos humanos.

Niveles del Uso de la Fuerza: De la Prevención a la Fuerza Letal

El Decreto Legislativo Nº1186 establece una clara progresión tanto en los niveles de resistencia del ciudadano como en los niveles de uso de la fuerza por parte del personal policial. Esta clasificación permite una respuesta gradual y adecuada a cada situación, minimizando el riesgo de un uso excesivo o innecesario de la fuerza.

Niveles de Cooperación, Resistencia o Agresividad del Ciudadano

Para determinar la respuesta policial, se evalúa la conducta del ciudadano:

• Resistencia Pasiva:
  • Riesgo latente: Amenaza permanente no visible presente en toda intervención.
  • Cooperador: Acata todas las indicaciones del efectivo policial sin resistencia manifiesta.
  • No cooperador: No acata las indicaciones. No reacciona ni agrede.
• Resistencia Activa:
  • Resistencia física: Se opone a su reducción, inmovilización y/o conducción, llegando a un nivel de desafío físico.
  • Agresión no letal: Agresión física al personal policial o personas involucradas, pudiendo usar objetos que atenten contra la integridad física.
  • Agresión letal: Acción que pone en peligro inminente de muerte o lesiones graves al efectivo policial o a personas involucradas en la intervención.

Niveles de Uso de la Fuerza por el Personal de la Policía Nacional

En correspondencia con los niveles de resistencia, la PNP aplica sus niveles de fuerza:

• Niveles Preventivos:
  • Presencia policial: Demostración de autoridad (uniformado, equipado, alerta, control visual) que previene y disuade.
  • Verbalización: Uso de comunicación oral con la energía necesaria y términos adecuados para ser comprendidos y facilitar el control.
  • Control de Contacto: Técnicas de comunicación, negociación y procedimientos para guiar o contener la acción o actitud de la persona o grupos.
• Niveles Reactivos:
  • Control físico: Técnicas policiales para controlar, reducir, inmovilizar y conducir, evitando lesiones.
  • Tácticas defensivas no letales: Uso de medios de policía no letales para contrarrestar y/o superar la agresión o resistencia.
  • Fuerza letal: Uso de armas de fuego contra quien realiza una acción que representa un peligro real e inminente de muerte o lesiones graves, con el objetivo de controlarlo y defender la vida propia o de otras personas.

Esta progresión asegura que el uso de la fuerza sea siempre el último recurso y se aplique de manera proporcional a la amenaza enfrentada.

Circunstancias y Reglas de Conducta en el Uso de la Fuerza

El personal de la Policía Nacional del Perú está facultado para usar la fuerza bajo circunstancias específicas y siguiendo reglas de conducta preestablecidas. Antes de cualquier aplicación de fuerza, el agente debe identificarse como tal, individualizar a la persona o personas a intervenir y dar una clara advertencia de su intención de usar la fuerza, con tiempo suficiente para que sea tomada en cuenta. Esta advertencia solo puede omitirse si pone en peligro al agente o a terceros, o si resulta evidentemente inadecuada dadas las circunstancias.

Las circunstancias en las que el personal de la PNP puede usar la fuerza, siempre de conformidad con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, incluyen:

• Detener en flagrante delito o por mandato judicial.
• Cumplir un deber u órdenes lícitas dictadas por autoridades competentes.
• Prevenir la comisión de delitos y faltas.
• Proteger o defender bienes jurídicos tutelados.
• Controlar a quien oponga resistencia a la autoridad.

Reglas de Conducta en el Uso Excepcional de la Fuerza Letal

El uso del arma de fuego, es decir, la fuerza letal, es una medida excepcional y solo se permite cuando es estrictamente necesario y cuando medidas menos extremas resulten insuficientes o inadecuadas. Las situaciones que justifican este nivel de fuerza son muy específicas y de extrema gravedad:

• En defensa propia o de otras personas en caso de peligro real e inminente de muerte o lesiones graves.
• Cuando se produzca una situación que implique una seria amenaza para la vida durante la comisión de un delito particularmente grave.
• Cuando se genere un peligro real e inminente de muerte o lesiones graves como consecuencia de la resistencia ofrecida por la persona que vaya a ser detenida.
• Cuando la vida de una persona es puesta en riesgo real, inminente y actual por quien se está fugando.
• Cuando se genere un peligro real o inminente de muerte del personal policial u otra persona, por la acción de quien participa de una reunión tumultuaria violenta.

Estas reglas subrayan la gravedad y la última ratio del uso de la fuerza letal, enfatizando la protección de la vida como su principal justificación.

Acciones Posteriores al Uso de la Fuerza

La responsabilidad del personal de la PNP no termina con la aplicación de la fuerza. Posterior a su uso, se deben realizar acciones obligatorias:

• Adoptar las medidas necesarias para brindar asistencia y servicios médicos a las personas heridas o afectadas, salvo impedimento.
• Comunicar lo sucedido a los familiares de las personas fallecidas, heridas o afectadas, o a quienes estas indiquen, salvo impedimento.
• Presentar un informe a la unidad policial correspondiente, detallando las circunstancias, medios empleados, personal interviniente, tipo de armas y municiones utilizadas, número e identidad de los afectados, y asistencias realizadas.

Derechos y Responsabilidades del Personal Policial

La delicada labor del personal de la Policía Nacional conlleva tanto derechos que los protegen como responsabilidades que garantizan una actuación ética y legal.

Derechos

En el ejercicio de su función relacionada al uso de la fuerza, el personal de la PNP tiene los siguientes derechos:

• A la protección y respeto de su vida, integridad personal, dignidad y las consideraciones que su autoridad le otorga.
• No acatar disposiciones u órdenes superiores para el uso de la fuerza cuando estas sean manifiestamente ilícitas o arbitrarias.
• Recibir formación, capacitación y entrenamiento permanente sobre el uso de la fuerza conforme a estándares nacionales e internacionales.
• La asignación de armamento, vestuario y equipo que garanticen el uso adecuado de la fuerza.
• Recibir tratamiento y asistencia médica por cuenta del Estado cuando resulte afectado en cumplimiento de su deber.
• Recibir orientación psicológica por cuenta del Estado para sobrellevar las tensiones generadas por el uso de la fuerza que afecten la vida o integridad física de otras personas.
• Recibir asesoramiento y defensa legal por cuenta del Estado, cuando se haya usado la fuerza en el ejercicio regular de sus funciones.

Responsabilidades

La contraparte de los derechos son las responsabilidades, que buscan asegurar la rendición de cuentas y prevenir abusos:

• Toda ocurrencia relacionada al uso de la fuerza o de arma de fuego debe ser informada al comando policial.
• Cuando el uso de la fuerza ocasione lesiones o muerte, se dispone la investigación administrativa correspondiente y se da inmediata cuenta a las autoridades competentes.
• El personal de la PNP no puede alegar obediencia a órdenes superiores si tenía conocimiento que el uso de la fuerza letal era manifiestamente ilícita. También son responsables los superiores que dieron dichas órdenes.
• Los superiores jerárquicos incurren en responsabilidad si, conociendo o debiendo conocer del uso ilícito de la fuerza por su personal, no adoptan medidas para impedirlo o no denuncian el hecho.
• El uso de la fuerza que contravenga el presente decreto legislativo genera responsabilidad administrativa disciplinaria, penal y civil.

Organización de la Policía Nacional del Perú

Para el cumplimiento efectivo de su misión, la Policía Nacional del Perú se organiza de manera estructurada y jerárquica. La institución se articula por procesos y componentes que están ordenados bajo los lineamientos y directrices del ministerio rector de la seguridad ciudadana, protección interna y orden público, que es el Ministerio del Interior. Esta organización se caracteriza por ser desconcentrada, lo que permite una mayor eficiencia en la gestión y operación a nivel nacional, adaptándose a las necesidades específicas de cada región o jurisdicción.

Aunque la información proporcionada no detalla la figura específica del 'jefe de personal', es implícito que dentro de esta estructura jerárquica existen divisiones y departamentos dedicados a la gestión de recursos humanos, incluyendo aspectos como la formación, el bienestar, la disciplina y la asignación del personal. La organización por subsistemas y componentes garantiza que cada aspecto de la función policial, desde la investigación criminal hasta la seguridad vial y el orden público, cuente con la dirección y el apoyo adecuados para su desarrollo óptimo.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Cuál es el propósito principal del Decreto Legislativo Nº1186?
Su propósito principal es establecer un marco legal que regule el uso de la fuerza por parte del personal de la Policía Nacional del Perú, asegurando que su aplicación se realice en cumplimiento de su finalidad constitucional y en conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos.

¿Qué principios fundamentales rigen el uso de la fuerza por parte de la PNP?
El uso de la fuerza se rige por los principios de Legalidad, Necesidad y Proporcionalidad. Estos principios aseguran que la fuerza sea empleada de manera justa, justificada y adecuada a la situación.

¿En qué circunstancias excepcionales puede la PNP usar la fuerza letal?
La fuerza letal, o el uso de armas de fuego, es excepcional y solo se permite en situaciones de peligro real e inminente de muerte o lesiones graves (en defensa propia o de terceros), durante la comisión de delitos graves que amenacen la vida, por resistencia que ponga en peligro la vida, al perseguir a alguien que fuga y pone en riesgo vidas, o en reuniones tumultuarias violentas que amenacen la vida.

¿Qué acciones debe tomar un oficial de la PNP después de usar la fuerza?
Después de usar la fuerza, el oficial debe asegurar asistencia médica a los afectados, notificar a sus familiares (si aplica) y presentar un informe detallado a su unidad policial sobre las circunstancias, medios usados y resultados.

¿Qué derechos tiene el personal de la PNP en el ejercicio de sus funciones relacionadas con el uso de la fuerza?
Tienen derechos como la protección de su integridad y dignidad, no acatar órdenes ilícitas, recibir formación y equipo adecuado, asistencia médica y psicológica si resultan afectados, y defensa legal por cuenta del Estado cuando actúen en el marco de la ley.

¿Cómo se organiza la Policía Nacional del Perú?
La PNP se organiza por procesos y componentes jerárquicamente ordenados, bajo la dirección del Ministerio del Interior, y su estructura es desconcentrada para una operación eficiente a nivel nacional.

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