Dina Boluarte y la Relación con las Fuerzas del Orden

La presidencia de Dina Boluarte, surgida de un golpe de Estado fallido, ha estado intrínsecamente ligada a la actuación de las fuerzas del orden desde el primer momento. Su ascenso al poder, lejos de ser un camino preestablecido, se cimentó en la rápida y decisiva intervención de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el posterior respaldo de las Fuerzas Armadas (FF. AA.). Esta relación, vital para la estabilidad de su gobierno, ha sido compleja y llena de matices, marcada por tensiones, desconfianzas iniciales y una constante necesidad de equilibrio entre la autoridad política y la autonomía operativa de los uniformados. La suerte de Boluarte y la capacidad de las instituciones policiales y militares para navegar la crisis han demostrado ser dos caras de la misma moneda en el convulso escenario político peruano.

El Ascenso Inesperado y la Reacción Policial Decisiva

El 7 de diciembre de 2022, el Perú fue testigo de un intento de autogolpe de Estado por parte del entonces presidente Pedro Castillo. Minutos después de su mensaje a la nación, la cadena de eventos que llevó a su detención y al ascenso de Dina Boluarte al sillón presidencial fue orquestada, de manera casi exclusiva, por la Policía Nacional del Perú. El comandante general de la PNP, Raúl Alfaro Alvarado, se encontraba en su despacho cuando recibió la orden directa de Castillo de intervenir los poderes del Estado, incluyendo el Congreso y la Fiscalía de la Nación. Alfaro, que también es abogado, no contradijo al exmandatario en ese momento, pero su aparente indolencia le permitió a Castillo, pasajeramente, creer que su plan podría funcionar. Sin embargo, apenas colgó, Alfaro se dirigió a su estado mayor con la contundente frase: “Está bien huevón el presidente, quiere que intervengamos al Congreso y a la fiscalía”.

Inmediatamente, se puso en marcha un operativo policial para detener a Castillo. La decisión de arrestarlo por flagrancia fue 100% policial, sin importar si ya había sido vacado o no. Este operativo relámpago fue crucial. Permitió que la transición de poder se iniciara de manera expedita y, posiblemente, evitó una crisis aún más profunda y la potencial huida de Castillo a la embajada de México, lo que habría provocado tensiones diplomáticas y sociales insostenibles. Las Fuerzas Armadas, por su parte, participaron en un comunicado conjunto respaldando la transición, pero su rol estuvo ajeno a la detención directa del expresidente. Este hecho subraya la profunda imbricación de la suerte de Dina Boluarte con la de la PNP, una relación que se ha mantenido en el centro de la escena política desde entonces.

Una Presidencia en Busca de Inteligencia y Confianza

Desde el inicio, se hizo evidente una desproporción a favor de los uniformados: ellos poseían y poseen un mayor conocimiento y capacidad de inteligencia que la propia presidenta. El 7 de diciembre, mientras Boluarte carecía de datos, la policía tenía fuentes, inteligencia e incluso las escoltas que, paradójicamente, terminaron deteniendo a su escoltado. La Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) palaciega, bajo la administración de Castillo, ya era disfuncional, y Boluarte la encontró en un estado amorfo y sin rumbo.

La búsqueda de un reemplazo para la DINI fue un claro indicio de esta necesidad. El Coronel EP (r) Juan Carlos Liendo fue enrolado el 18 de diciembre, supuestamente por recomendación de las FF. AA. Sin embargo, su permanencia fue breve. Liendo tenía un historial de declaraciones y tuits con posturas fóbicas hacia la izquierda, y su tendencia a ver una "insurrección terrorista" donde el fenómeno era más complejo, no gustó ni a la presidenta ni a su equipo. Boluarte, conocida por su capacidad de tomar decisiones bruscas, lo despidió sin previo aviso, un movimiento que, aunque tosco para un estadista cauteloso, fue característico de su estilo como "presidenta accidental, improvisada y temporal". Este episodio puso de manifiesto la delicada línea que Boluarte debe caminar entre sus antiguos aliados de la izquierda progresista (que hoy la repudian) y sus nuevos apoyos uniformados.

Finalmente, Liendo fue reemplazado por el General PNP (r) Roger Arista, un mando discreto y de mayor prestigio, lo que sugiere un intento por parte del gobierno de establecer una relación más armónica y funcional con los órganos de inteligencia y seguridad.

Las Tensiones con la Policía Nacional: Entre Órdenes y Resistencia

La relación de Boluarte con la PNP no ha estado exenta de fricciones. Uno de los primeros encontronazos importantes se produjo tras las muertes iniciales en Andahuaylas, donde la PNP admitió el uso de balas de goma. Boluarte declaró públicamente haber dado "indicaciones a la PNP de no usar armas letales, ni siquiera perdigones de goma". Sin embargo, fuentes policiales revelaron que se le explicó a la presidenta que no podían acatar esa orden en su totalidad, y ella, discretamente, tuvo que retractarse. Este incidente ilustra la tensión entre las directrices políticas y la realidad operativa en el terreno, donde la policía, en algunos casos, se vio completamente desbordada, como sucedió en Andahuaylas y Chincheros, donde los manifestantes intentaron tomar comisarías y aeropuertos.

Otro punto de conflicto surgió con el General Óscar Arriola, entonces jefe de la Dircote, conocido por su vehemencia en la lucha contra el terrorismo. El 17 de diciembre, Arriola ordenó el allanamiento de locales de partidos de izquierda (Nuevo Perú, Voces del Pueblo) y gremios (CCP), alegando flagrancia y la existencia de información sobre personas con armas. Aunque se encontraron objetos como machetes, hondas y explosivos artesanales, el impacto político del operativo fue considerable y provocó la ira de la presidenta. Aunque fuentes policiales aseguran que el cambio de Arriola a la Dirincri (Dirección de Investigación Criminal) el 30 de diciembre ya estaba previsto antes del 7 de diciembre, la percepción pública y las reacciones políticas no se hicieron esperar, evidenciando la sensibilidad de la autonomía policial frente a la política.

Las "marchas por la paz", promovidas por la PNP y basadas en el Artículo 195 de su Reglamento, también generaron controversia al involucrarse en actividades con contenido político. A regañadientes, la policía tuvo que retroceder, no sin antes escuchar declaraciones de Boluarte y el ministro del Interior, Víctor Rojas, que no fueron del agrado del comando policial.

Finalmente, el caso del mayor David Medina, colaborador del equipo especial liderado por Harvey Colchado que investigaba la "mafia castillista", ha generado otra tensión no resuelta. A pesar de un recurso de reconsideración y el pedido público de la fiscal Marita Barreto para su reposición, fuentes policiales y del entorno del ministro Rojas indican que en este tema "no hay vuelta atrás". La fama pública del equipo especial ha generado celos y una corriente crítica interna en la PNP, lo que dificulta cualquier intervención política a favor de Medina.

La Estrategia Militar: Despolitizando la Protesta

A diferencia de la PNP, las Fuerzas Armadas han mantenido una relación relativamente más tranquila con el gobierno de Boluarte. El Ministro de Defensa, General EP (r) Jorge Chávez Cresta, ha desempeñado un papel clave en esta dinámica. Con su experiencia en defensa civil, logró establecer un centro de monitoreo el 4 de diciembre en instalaciones de la FAP, donde se reunió el gabinete de crisis. Esta estrategia permitió enmarcar el manejo de las protestas como una "gestión transversal de desastre", despolitizando y desideologizando la respuesta de las fuerzas del orden. Bajo esta óptica, no se trata de "terruqueo" (acusación de terrorismo), sino de monitoreo de una situación excepcional, similar a una pandemia o un fenómeno natural.

El rol de las FF. AA. se ha limitado a proteger activos estratégicos y flanquear a los contingentes de la PNP, buscando disuadir a los manifestantes de atacar a los policías. Mientras que los efectivos de la PNP portan una variedad de armas, desde palos de goma hasta balas no letales (con solo los oficiales autorizados a portar armas mortales), todos los militares sí están facultados para llevarlas. Sin embargo, la estrategia parece haber sido la de una presencia disuasoria más que de confrontación directa, lo que ha contribuido a una menor fricción mediática, al menos hasta que avancen las investigaciones por las muertes en Ayacucho.

La PNP, por su parte, no goza de esa calma. Se ve obligada a desplegar cientos de efectivos en las zonas más conflictivas del país, enfrentando directamente la violencia y el riesgo. En las exposiciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la PNP presentó datos detallados sobre policías heridos y comisarías atacadas por día, lo que grafica la intensidad de los enfrentamientos y el costo humano para la institución. Una fuente policial sugirió la necesidad de que las FF. AA. se capaciten en manejo de disturbios con métodos no letales, en lugar de solo acompañar con armas de fuego.

El Desafío de la Legitimidad: ¿Por qué No se Reconoce a Boluarte?

Una de las principales razones detrás de la persistente inestabilidad y el desconocimiento de la presidencia de Dina Boluarte por parte de amplios sectores de la población y algunos líderes internacionales radica en la narrativa sobre la naturaleza de las protestas. Informes de inteligencia de la PNP, especialmente de la Dircote, han descrito la presencia organizada de agitadores, militantes activos del Movadef (brazo legal de Sendero Luminoso) e investigados por terrorismo en las movilizaciones de Lima e Ica. Se han identificado a individuos como Javier Melgarejo Mallma, Jorge Chero Herrera, María Atoche Vilca, Julia Valdiviezo Cornejo y Hilda Chulluncuy Madueño, todos ellos con vínculos o antecedentes relacionados con el Movadef o el terrorismo.

Además, se ha señalado el rol de "azuzadores" en Ica, particularmente en la zona conocida como "Barrio Chino", con figuras como Juan Gonzales Loayza, alias "Terruco", y Alejandro Ramos Sedano, quienes habrían promovido bloqueos y la no-reconocimiento del gobierno. Un factor crucial ha sido el cese de prefectos y subprefectos a nivel nacional. El exministro del Interior, Rubén Vargas, confirmó que muchos de estos funcionarios, nombrados por Pedro Castillo y algunos con vínculos con el Movadef, estuvieron involucrados en incitar la violencia. Un comunicado de prefectos y subprefectos de Ucayali, tras el intento de golpe de Castillo, no solo desconocía la presidencia de Boluarte, sino que exigía el cierre del Congreso y una asamblea constituyente, lo que demuestra la politización de estas figuras.

Ante esta narrativa de "desconocimiento" y "narrativa falaz" sobre la situación peruana, la Cancillería ha solicitado a sus misiones diplomáticas en el exterior actuar proactivamente para "revertir" esta percepción. El mensaje principal es claro: Pedro Castillo dio un golpe de Estado el 7 de diciembre, y la ascensión de Dina Boluarte fue constitucional, en su calidad de vicepresidenta. Se busca transmitir que el gobierno no ha ordenado una represión violenta, está abierto a visitas de mecanismos de derechos humanos, apuesta por el diálogo y ha propuesto el adelanto de elecciones generales, reconociendo que las protestas no han sido "solo pacíficas".

Hechos y Promesas: La Agenda de Seguridad Ciudadana

Más allá de la gestión de la crisis política y social, el gobierno de Dina Boluarte ha buscado proyectar una imagen de "gobierno de hechos" en temas clave como la seguridad ciudadana. Un ejemplo tangible de esto fue la inauguración de los laboratorios del "Sistema Integrado de Identificación Balística – IBIS Integrado" en Surquillo. En esta actividad, acompañada por el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, la presidenta reiteró su compromiso de apoyar a la Policía y fortalecer la lucha contra el crimen organizado y el uso ilegal de armas.

Boluarte ha sido enfática en pedir a jueces y fiscales que no liberen delincuentes, a pesar de la demora en la promulgación de la ley que restablece la detención preliminar. Su discurso se ha centrado en asegurar que los criminales permanezcan en las cárceles y no regresen a las calles. Incluso ha solicitado modificar el Código Penal para eliminar beneficios como el "2x1", garantizando que los delincuentes cumplan la totalidad de sus condenas. El gobierno ha prometido dedicar el año 2025 a la seguridad ciudadana, con el objetivo de dar "golpes severos al crimen organizado y la delincuencia común", buscando una "patria más segura para todas y todos los peruanos".

Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Cuál fue el papel clave de la PNP en la caída de Pedro Castillo?

El comandante general de la PNP, Raúl Alfaro, fue crucial. Tras recibir la orden directa de Pedro Castillo de intervenir los poderes del Estado, Alfaro no acató la instrucción y, en su lugar, puso en marcha un operativo rápido y decisivo para detener a Castillo por flagrancia. Esta acción 100% policial permitió el rápido inicio de la transición de poder hacia Dina Boluarte.

¿Por qué hubo tensiones entre la presidenta Boluarte y la PNP?

Las tensiones surgieron por varios motivos, incluyendo órdenes presidenciales sobre el uso de la fuerza (como la prohibición de balas de goma que la PNP no pudo acatar), operativos policiales de alto impacto político sin coordinación previa (como los allanamientos de la Dircote a locales de partidos de izquierda), el involucramiento de la PNP en "marchas por la paz" con contenido político, y decisiones internas de la institución que chocaron con la opinión pública o solicitudes del Ejecutivo, como el pase a retiro del mayor David Medina.

¿Cómo se ha manejado la relación con las Fuerzas Armadas durante las protestas?

La relación con las Fuerzas Armadas ha sido más estable. El Ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, ha enmarcado la respuesta militar a las protestas como una "gestión de desastre", despolitizando su rol. Las FF. AA. se han enfocado en proteger activos estratégicos y flanquear a la PNP, buscando una presencia disuasoria. Aunque tienen la potestad de usar armas letales, su participación directa en la represión ha sido menor en comparación con la PNP, lo que ha generado menos fricción.

¿Qué argumentos se usan para desconocer la presidencia de Dina Boluarte?

El desconocimiento de la presidencia de Boluarte se basa en varias narrativas. Por un lado, sectores de la población la ven como resultado de una "vacancia" o "golpe congresal" contra Castillo. Por otro, informes de inteligencia policial han identificado la presencia de agitadores vinculados al Movadef y Sendero Luminoso, así como de ex-prefectos y subprefectos nombrados por Castillo, quienes incitan a la violencia y al no reconocimiento del gobierno. La Cancillería peruana, por su parte, argumenta que Castillo dio un golpe de Estado y que la ascensión de Boluarte es constitucional.

¿Qué acciones ha tomado el gobierno de Boluarte en materia de seguridad ciudadana?

El gobierno de Boluarte ha enfocado su gestión en la seguridad ciudadana, inaugurando infraestructuras como el Sistema Integrado de Identificación Balística (IBIS). Ha pedido públicamente a jueces y fiscales no liberar delincuentes y ha propuesto modificaciones al Código Penal para endurecer las penas y eliminar beneficios como el "2x1". Su objetivo declarado es trabajar intensamente en 2025 para "dar golpes severos al crimen organizado y la delincuencia común" y lograr una "patria más segura".

En síntesis, la presidencia de Dina Boluarte se ha caracterizado por una dependencia crítica y, a la vez, una compleja interacción con las fuerzas policiales y militares. Desde la decisiva intervención de la PNP en la detención de Pedro Castillo, que marcó su ascenso al poder, hasta las continuas tensiones con la institución policial por el manejo de las protestas y la autonomía operativa, la relación ha sido un factor determinante en la estabilidad del país. Mientras que las Fuerzas Armadas han adoptado una postura más estratégica y despolitizada, la PNP ha estado en la primera línea de los conflictos, enfrentando desafíos constantes y la presión de una sociedad polarizada. La capacidad del gobierno para mantener el equilibrio, asegurar la confianza de los uniformados y, al mismo tiempo, responder a las demandas sociales y de derechos humanos, definirá en gran medida el futuro de su administración y la seguridad del Perú.

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