23/12/2023
La labor policial es, por naturaleza, una de las más complejas y escrutadas en cualquier sociedad. En su intento por mantener el orden y garantizar la seguridad, las fuerzas del orden a menudo se ven envueltas en situaciones que trascienden el mero cumplimiento del deber, dando lugar a incidentes que marcan profundamente a las comunidades y a los propios uniformados. Este artículo se sumerge en un análisis de diversos episodios ocurridos tanto en Chile como en Colombia, revelando la intrincada relación entre la autoridad, la ciudadanía y la búsqueda de justicia, especialmente cuando los derechos humanos se ven comprometidos o cuando la vida de un agente está en juego.
Desde las protestas masivas que sacudieron Chile en 2019, hasta los operativos diarios y lamentables pérdidas de vidas de agentes en Colombia, la patrulla policial se convierte a menudo en el epicentro de encuentros que pueden derivar en tragedias, abusos o, por el contrario, en actos de servicio ejemplares. Exploraremos casos emblemáticos, las respuestas institucionales y los obstáculos que enfrentan las víctimas y las autoridades en la determinación de responsabilidades.
El período comprendido entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020 fue testigo de una ola de protestas sin precedentes en Chile, desencadenando una serie de incidentes que pusieron a prueba la institucionalidad y la actuación de las fuerzas policiales. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) se convirtió en un actor clave, presentando miles de acciones judiciales que buscaban esclarecer y sancionar presuntas violaciones a los derechos humanos.
Víctimas de la Fuerza: Casos que Claman Justicia
Uno de los casos más dramáticos que ilustra la brutalidad de algunos encuentros es el de Isaías Coronado. El 23 de enero de 2020, mientras disfrutaba de un paseo con familiares y amigos en el barrio Lastarria, se vio inmerso en enfrentamientos entre manifestantes y Carabineros. Un carro lanza agua, identificado como LA49, le apuntó directamente al rostro, provocándole un traumatismo craneano complicado, pérdida de memoria temporal y hemorragia interna. Isaías pasó 16 días hospitalizado, lidiando con principios de meningitis y un tratamiento para prevenir la epilepsia. A pesar de la gravedad de las lesiones, la causa de Coronado aún se encuentra desformalizada, reflejando la lentitud y los desafíos del sistema judicial en estos complejos procesos.
El caso de Isaías no es aislado. El INDH presentó un total de 3.191 acciones judiciales, de las cuales 3.150 fueron querellas. Sin embargo, a la fecha, solo se han logrado condenas en 14 de estas, afectando a 27 funcionarios públicos, 26 de ellos carabineros y uno de la Armada. Un hito importante fue la condena de 12 años de prisión para el agresor de Fabiola Campillai, por apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas, un veredicto que marcó un precedente significativo.
Apremios Ilegítimos y Tortura: Delitos en Debate
El delito más denunciado por el INDH fue el de apremios ilegítimos, con 1.992 casos. Este concepto se refiere a la privación de libertad o la realización de vejámenes y tormentos por parte de un funcionario público que abusa de sus atribuciones. La Región Metropolitana concentró casi la mitad de estos casos (48,3%), seguida por Valparaíso y La Araucanía. En segundo lugar, se encuentran los casos de tortura, con 485 sucesos, un delito que implica la imposición intencional de dolores o sufrimientos graves con un fin determinado, como obtener información o castigar.
Para el Ministerio Público, lograr condenas por tortura ha sido particularmente complejo. Un ejemplo de esta dificultad es una causa de Puente Alto, donde Carabineros fueron acusados de torturar a Leonardo Salazar y Matías Soto con golpes reiterados dentro de una patrulla, causándoles graves lesiones en las costillas. Aunque el INDH y la Fiscalía calificaron los hechos como tortura, el Tribunal Oral en lo Penal de Puente Alto cambió la calificación a apremios ilegítimos, condenando a seis de los ocho funcionarios involucrados, y absolviendo al subteniente González. Ymay Ortiz, directora de la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público, subraya la necesidad de avanzar en la comprensión y tipificación de la tortura, dada la escasez de doctrina y jurisprudencia en los tribunales.
El Costo de las Protestas: Traumas Oculares y Perdigones
El uso de armamento no letal, como la escopeta antidisturbios y la carabina lanza gases, generó un alarmante número de lesionados. El INDH constató 3.236 víctimas de lesiones físicas, de las cuales 207 sufrieron algún tipo de trauma ocular. Estos casos se dividieron en 82 víctimas con trauma ocular, 76 con pérdida de visión y 49 con estallido de globo ocular, cifras que aún son objeto de debate entre organizaciones de derechos humanos.
El caso de Gustavo Gatica es quizás el más emblemático: perdió la visión de ambos ojos tras recibir perdigones en medio de un enfrentamiento el 8 de noviembre de 2019. El excomandante Claudio Crespo, quien lideraba un piquete de uniformados y era de los pocos autorizados para usar la escopeta con perdigones, fue formalizado por apremios ilegítimos y lesiones graves gravísimas. A pesar de la gravedad de su caso y el de otros, hasta la fecha, no existe ninguna condena en los casos de víctimas de trauma ocular.
El uso excesivo de perdigones y bombas lacrimógenas no se limitó a la llamada "zona cero" de Plaza Italia. La revisión de las querellas del INDH muestra que 674 víctimas denunciaron heridas por perdigones y 290 por cartuchos de bombas lacrimógenas en diversas capitales regionales del país.
Obstáculos en la Búsqueda de Justicia
La justicia no siempre es expedita. De las querellas presentadas por el INDH, 550 (un 17%) han terminado con la decisión del Ministerio Público de no perseverar en el procedimiento, lo que significa que la investigación se cierra por falta de responsables o antecedentes suficientes. De estas, 404 fueron denuncias por apremios ilegítimos y 99 por torturas. La Región Metropolitana lidera en causas cerradas con 227 casos.
Un caso que ejemplifica esta dificultad es el de un joven boliviano de 18 años en Mejillones, quien perdió la visión de su ojo izquierdo por un perdigón disparado por Carabineros de civiles. A pesar de un video que registraba el hecho, la fiscalía decidió no perseverar por imposibilidad de identificar al autor debido a la baja resolución de las imágenes. Aunque la Corte de Apelaciones de Antofagasta revocó esta decisión, la situación subraya la complejidad de obtener pruebas irrefutables en medio del caos de las protestas.
Tabla Comparativa de Denuncias INDH (Chile, 2019-2020)
| Tipo de Delito Denunciado | Número de Casos | Porcentaje Regional (RM) | Condenas Logradas (INDH) |
|---|---|---|---|
| Apremios Ilegítimos | 1.992 | 48,3% (964 casos) | 14 (total INDH, incluye otros delitos) |
| Tortura | 485 | 30% (146 casos) | 0 |
| Lesiones Físicas (total) | 3.236 | N/A | N/A |
| Trauma Ocular (total) | 207 | N/A | 0 |
El Rol del Consejo de Defensa del Estado (CDE)
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) también ha jugado un papel crucial, aunque más discreto. Ha revisado cerca de 6.000 causas enviadas por el Ministerio Público, decidiendo querellarse en 33 de ellas, además de 6 ampliaciones. El CDE interviene en casos de delitos graves con lesiones gravísimas, donde el agente del Estado se expone a una penalidad severa, o en investigaciones con resultado de muerte. También actúa de inmediato si se reporta adulteración de partes o obstrucción a la justicia por parte de fuerzas policiales o armadas.
Un ejemplo de su intervención es el caso del funcionario de Carabineros Ofricinio Carrillo Castillo, quien el 20 de diciembre de 2019 embistió con un vehículo táctico antidisturbios (“zorrillo”) a Óscar Pérez Cortéz, aplastándolo contra otro carro policial. Pérez sufrió múltiples fracturas en la pelvis. La querella del CDE ha facilitado que 25 de las 33 investigaciones en las que participa hayan sido formalizadas por el Ministerio Público, lo que equivale a un 75% de estos procesos, según Juan Peribonio, presidente del CDE.
Incidentes Policiales en Colombia: Entre la Criminalidad y el Riesgo
En Colombia, la patrulla policial también es protagonista de incidentes diarios, pero con una dinámica diferente, a menudo centrada en la lucha contra la criminalidad y, lamentablemente, en la pérdida de vidas de sus propios agentes.
Persecuciones y Capturas: El Día a Día Policial
La eficacia policial se ve reflejada en operativos como el ocurrido el 21 de abril de 2023 en el barrio Andrea, Usme. Tras el hurto a un joven, una patrulla activó un "plan candado" que permitió interceptar un vehículo con dos ocupantes que portaban un arma de fuego y teléfonos celulares robados. La víctima los reconoció de inmediato, logrando la recuperación de sus pertenencias. En un hecho posterior, en la misma localidad, un ciudadano intentó huir al percatarse de la presencia policial, a pesar de no estar siendo perseguido, y fue interceptado con un arma ilegal.
La Tragedia de los Uniformados: Héroes Caídos
Lamentablemente, la vida de un patrullero en Colombia está constantemente expuesta al peligro. El 21 de abril de 2023 se logró la captura de dos presuntos asesinos del patrullero Jose Aldair Pérez López, adscrito a la estación de policía de Kennedy. El uniformado fue asesinado el 1 de julio de 2022, en su día de descanso, al oponerse a un hurto. Los capturados, alias “Chuki” y alias “Gomelo”, este último aceptando haber disparado, tenían un extenso prontuario criminal. La investigación, basada en horas de video y análisis forense, permitió su identificación y detención en Soacha y Bosa.
Otro trágico suceso ocurrió en Bogotá, donde un policía de tránsito perdió la vida el lunes 24 de abril de 2023 al colisionar su motocicleta contra un articulado de TransMilenio en el carril exclusivo de estos buses. El accidente, al parecer, se produjo por exceso de velocidad, y las autoridades competentes investigan las causas exactas.
El mismo lunes, la Policía Nacional enlutó nuevamente con el asesinato del patrullero William Jesús Palacio Izquierdo en Cartagena. El joven de casi 26 años fue interceptado y atacado a tiros por dos hombres en motocicleta cuando regresaba a casa tras terminar su turno. La Policía Metropolitana de Cartagena ha ofrecido una recompensa de hasta $50 millones por información que conduzca a la captura de los responsables, destacando la gravedad de estos ataques contra la fuerza pública.
Preguntas Frecuentes (FAQ)
1. ¿Qué son los apremios ilegítimos en el contexto policial?
Los apremios ilegítimos se refieren a acciones en las que un funcionario público, abusando de su autoridad, priva a una persona de su libertad sin cumplir las formalidades legales, o le inflige vejámenes y tormentos. Es un delito que implica un abuso de poder por parte de la autoridad.
2. ¿Cuál es la diferencia entre apremios ilegítimos y tortura?
La tortura es un delito más grave que los apremios ilegítimos. Implica la imposición intencional de dolores o sufrimientos graves a una persona con un fin determinado, como obtener información, castigar, intimidar o coaccionar. Mientras que los apremios pueden ser vejámenes o privaciones de libertad arbitrarias, la tortura añade un componente de intencionalidad y gravedad extrema del sufrimiento con un propósito específico.
3. ¿Por qué es difícil obtener condenas en casos de violaciones a los derechos humanos por parte de agentes del Estado?
La dificultad radica en varios factores: la complejidad de la prueba (especialmente en entornos de alta confusión como protestas), la falta de identificación clara de los responsables (por uniformes, distancia, baja resolución de grabaciones), la ausencia de testigos que quieran declarar, la posible adulteración de pruebas y la falta de jurisprudencia o doctrina clara en algunos tipos penales, como la tortura, que dificulta su acreditación en juicio.
4. ¿Qué papel juegan instituciones como el INDH y el CDE en Chile?
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) es un organismo autónomo que se encarga de proteger y promover los derechos humanos. Recibe denuncias, monitorea situaciones en terreno y presenta acciones judiciales (querellas) en representación de las víctimas. El Consejo de Defensa del Estado (CDE) es un organismo público que representa los intereses del Estado en juicios. En casos de delitos graves cometidos por funcionarios públicos, el CDE puede querellarse para asegurar que se persigan las responsabilidades penales y civiles.
5. ¿Qué tipo de incidentes afectan a los patrulleros de policía en Colombia?
Los patrulleros en Colombia enfrentan una variedad de incidentes, desde la participación en operativos exitosos de captura de delincuentes y recuperación de bienes, hasta ser víctimas de actos criminales graves. Lamentablemente, es común que sean agredidos, heridos o asesinados en el cumplimiento de su deber o incluso fuera de él, como en casos de hurto o sicariato, lo que subraya el alto riesgo asociado a su profesión.
Conclusión: Un Desafío Constante para la Sociedad
Los incidentes policiales, ya sean producto del control del orden público o de la lucha contra la criminalidad, reflejan un desafío constante para las sociedades. En Chile, el foco está en la rendición de cuentas por las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto de las protestas, con un camino judicial largo y complejo para las víctimas. En Colombia, la atención se centra en la seguridad de los propios agentes, que arriesgan su vida a diario frente a la delincuencia organizada y común.
La búsqueda de justicia, la protección de los derechos humanos y la garantía de la seguridad pública son pilares fundamentales que exigen un equilibrio delicado. Los casos expuestos demuestran la necesidad de fortalecer los mecanismos de investigación, mejorar la capacitación policial, asegurar la transparencia y, sobre todo, garantizar que cada incidente sea tratado con la seriedad y celeridad que merece, tanto para las víctimas que buscan reparación como para los agentes que cumplen su deber en condiciones de alto riesgo.
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