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Pedro Castillo: ¿Demócrata o Autócrata?

13/05/2025

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Desde el momento de su detención, el expresidente Pedro Castillo ha estado en el ojo del huracán mediático y político. Su afirmación de estar “incomunicado” generó un intenso debate y preocupación, pero la realidad revelada por la Defensoría del Pueblo pinta un cuadro muy diferente. Este artículo profundiza en las razones por las cuales diversas voces y hechos señalan que Castillo no actuó como un demócrata, analizando su intento de disolver el Congreso, las condiciones de su reclusión y las implicaciones legales y políticas de sus decisiones.

¿Por qué castillo no es un demócrata?
Jiménez, además, refirió que Castillo “no es un demócrata” y “busca presionar a las autoridades a través de la convulsión social” para obtener resultados a favor de sus intereses personales.

La detención de Pedro Castillo se produjo en flagrancia, apenas una semana después de haber ordenado la disolución inconstitucional del Congreso de la República, la intervención del Poder Judicial, el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional, y la instalación de un gobierno de “excepción”. Estas acciones, calificadas por muchos como un golpe de Estado, marcaron un punto de inflexión en la crisis política peruana, llevando a su inmediata aprehensión y al inicio de investigaciones por presuntos delitos de rebelión y conspiración.

Índice de Contenido

El Intento de Quebrar el Orden Constitucional

El 7 de diciembre, Pedro Castillo sorprendió al país al anunciar, en un mensaje a la nación, la disolución del Congreso y la reorganización de diversas instituciones del Estado. Esta medida fue ampliamente condenada por su inconstitucionalidad, ya que no se ajustaba a los procedimientos establecidos en la Carta Magna para la disolución parlamentaria, la cual solo puede ocurrir bajo circunstancias muy específicas que no se cumplían en ese momento. Al intentar subvertir el orden democrático y concentrar el poder en el Ejecutivo, Castillo demostró un claro desprecio por los pilares de la democracia y el Estado de Derecho.

Las acciones de Castillo no solo fueron un ataque directo a la institucionalidad, sino que también generaron una profunda incertidumbre y polarización en la sociedad peruana. La rápida reacción de las fuerzas armadas, la policía y el propio Congreso, que procedió a la vacancia presidencial, impidió que el intento de quiebre institucional se consolidara, salvaguardando la democracia, aunque no sin un costo social significativo.

¿Incomunicado o con Visitas Ilimitadas? La Realidad de la Diroes

A pesar de las reiteradas afirmaciones del expresidente Pedro Castillo de encontrarse “incomunicado” en la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes), los reportes oficiales desmienten categóricamente esta versión. La Defensoría del Pueblo, a través de su defensora en funciones, Eliana Revollar, reveló que Castillo ha recibido un asombroso número de visitas desde el inicio de su detención preliminar. En tan solo cinco días, 139 personas acudieron a la Diroes para verlo, llevando consigo diversos enseres.

La delegación de la Defensoría del Pueblo visitó la Diroes para verificar las condiciones de detención del exmandatario. Sus hallazgos fueron concluyentes: Castillo tiene acceso a tres ambientes, lo que le proporciona suficiente espacio para moverse. Además, se le permite comunicarse libremente con sus abogados, familiares y allegados. Aunque el expresidente se negó a dialogar directamente con los representantes de la Defensoría, a través de la ex primera ministra Betssy Chávez y luego personalmente, confirmó su derecho a no conversar, lo que la institución documentó en un acta. Revollar enfatizó que “sus condiciones son adecuadas, que cuenta con ambientes [para desplazarse], que conferencia con sus abogados, la situación no es una en la que sus derechos fundamentales se hayan irrespetado”.

Contrastando con esta versión oficial, Ronald Atencio, uno de los abogados de Castillo, argumentó que la queja de “incomunicación” se refiere a la falta de acceso a un celular, televisión o radio, lo que le impediría conocer lo que sucede en el país. Atencio también mencionó que las visitas se realizan de uno en uno, y que los abogados a menudo tienen “pocos minutos” con él. Sin embargo, estas declaraciones no desvirtúan el hecho de la gran cantidad de personas que han tenido acceso a él, lo que contradice la idea de un aislamiento total.

Los Visitantes Polémicos y la Narrativa de Afectación

Entre los numerosos visitantes del expresidente Pedro Castillo figuran figuras políticas controvertidas, como los congresistas Katy Ugarte y Pasión Dávila del Bloque Magisterial, Guido Bellido (no agrupado) y la ex primera ministra Betssy Chávez, de Perú Democrático. Un informe de Inteligencia de la Policía ha señalado a Bellido y Chávez como presuntos instigadores de las protestas violentas que sacudieron el país tras la detención de Castillo.

Betssy Chávez, quien enfrenta una denuncia constitucional en el Parlamento por ser supuestamente coautora de los delitos de rebelión y conspiración, ha sido una figura recurrente en las visitas. Fuentes de El Comercio indicaron que ella podría estar manejando las redes sociales de Castillo Terrones, desde donde se han publicado cartas del exmandatario. En estas cartas, Castillo ha calificado de “usurpadora” a la presidenta Dina Boluarte y la ha responsabilizado por el “feroz ataque” contra los manifestantes. La exministra de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Pérez Tello, ha criticado que algunos congresistas estén “abusando de sus prerrogativas” para ingresar repetidamente a la Diroes y “fungir de mensajeros de Castillo Terrones”, sobre todo cuando las expresiones del exmandatario “azuzan a la población”.

El ex jefe de Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, también visitó a Castillo antes de pasar a la clandestinidad. Estas visitas constantes y la gestión de la narrativa pública desde su detención sugieren un esfuerzo coordinado para mantener una presencia política y una estrategia de defensa que va más allá de la mera atención legal.

La Visión de los Expertos: ¿Castillo No es un Demócrata?

Expertos en derecho y política han sido enfáticos al señalar que las acciones y la conducta de Pedro Castillo son incompatibles con los principios democráticos. Juan Jiménez Mayor, exministro de Justicia y Derechos Humanos y exjefe de Gabinete Ministerial, afirmó sin rodeos que Castillo “no es un demócrata” y que “busca presionar a las autoridades a través de la convulsión social” para obtener resultados a favor de sus intereses personales. Jiménez Mayor calificó como “desproporcionado” el número de visitas que ha recibido Castillo en tan pocos días de detención preliminar, sugiriendo que los congresistas deberían extender su preocupación a otros ciudadanos recluidos en penales del país.

Por su parte, Marisol Pérez Tello, también exministra de Justicia, secundó la opinión de que el informe de la Defensoría del Pueblo no solo confirma el respeto de los derechos de Castillo, sino que también expone el uso excesivo de prerrogativas parlamentarias. Pérez Tello recordó que Castillo “dio un golpe de Estado” y que el Ministerio Público debe garantizar que no haya impunidad, especialmente considerando las investigaciones por actos de corrupción que pesan sobre el expresidente.

¿Por qué Castillo le pidió seguridad a la casa de sus padres?
Al preguntar por el motivo del pedido, según el relato de Alfaro, Castillo le pidió dar seguridad a la casa de sus padres, a la vivienda de la primera ministra, Betssy Chávez, y a su antecesor en el cargo, Aníbal Torres. Tras ello, se cortó la llamada.

El hecho de que Castillo, según lo referido por el congresista Guido Bellido, no recordara las circunstancias en las que leyó el Mensaje a la Nación con el que rompió el orden constitucional, añade otra capa de complejidad a la narrativa, aunque no exime la responsabilidad de sus actos.

El Debate Legal: Vacancia Presidencial vs. Juicio Político

La situación de Pedro Castillo ha revivido un importante debate jurídico en Perú sobre las vías para remover a un presidente. La congresista Susel Paredes, del Partido Morado, ha sostenido que la moción de vacancia presidencial, tal como fue aplicada, fue un “error jurídico”. Paredes argumenta que la figura de la vacancia por “permanente incapacidad moral” debe ser para hechos “súper concretos” y no una herramienta para remover a un presidente por razones políticas o por haber ganado una elección.

Según Paredes, si un presidente ha incurrido en delitos, el camino correcto es el juicio político, que se inicia en el Parlamento pero culmina en un proceso penal una vez que el mandatario deja el cargo. Esta distinción es crucial para mantener la separación de poderes y evitar el uso político de figuras legales. La congresista sugirió que el fujimorismo pudo haber impulsado la moción de vacancia como una “bomba de humo” para desviar la atención de sus propios procesos judiciales, como el que afronta Keiko Fujimori.

Aunque el Congreso tenía los votos para admitir a debate la moción de vacancia, Paredes consideraba que no contaban con el respaldo para vacar al mandatario bajo los argumentos presentados antes del intento de golpe de Estado. Sin embargo, el autogolpe de Castillo cambió drásticamente el panorama, justificando su detención en flagrancia y las posteriores acciones legales.

Figura LegalDescripciónContexto de AplicaciónConsecuencias
Vacancia PresidencialRemoción del presidente por el Congreso, usualmente por "permanente incapacidad moral o física".Hechos graves que impiden al presidente ejercer su cargo, como incapacidad mental o actos que demuestran total falta de idoneidad moral.Cese inmediato del cargo. La sucesión se da según la Constitución.
Juicio PolíticoProceso iniciado por el Congreso por infracción constitucional o delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.Conductas que constituyen infracción a la Constitución o delitos.Inhabilitación para ejercer cargos públicos, destitución, o acusación ante el Poder Judicial para un proceso penal. Se aplica después de que el presidente deja el cargo, a menos que se trate de flagrancia.

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ha aclarado que el penal de Barbadillo, dentro de la Diroes, solo alberga al expresidente Alberto Fujimori. La detención de Castillo es de carácter policial, no penitenciaria, lo que explica las condiciones diferentes de reclusión y el régimen de visitas, aunque la gran cantidad de estas sigue siendo un tema de debate.

Preguntas Frecuentes

¿Por qué se considera que Pedro Castillo no es un demócrata?

Se le considera no demócrata principalmente por su intento de disolver inconstitucionalmente el Congreso de la República, intervenir poderes del Estado y establecer un gobierno de excepción, acciones que atentan directamente contra el orden constitucional y la separación de poderes, pilares de cualquier democracia.

¿Estuvo Pedro Castillo realmente incomunicado durante su detención?

No, la Defensoría del Pueblo ha desmentido esta afirmación. Se reveló que Castillo recibió 139 visitas en los primeros cinco días de su detención, tiene acceso a tres ambientes y puede comunicarse con sus abogados y familiares. La “incomunicación” a la que se refiere su defensa es la falta de acceso a medios de comunicación como celular, televisión o radio.

¿Quiénes visitaron a Pedro Castillo en la Diroes?

Entre sus visitantes se encuentran congresistas como Katy Ugarte, Pasión Dávila, Guido Bellido y Betssy Chávez. Algunos de estos, como Bellido y Chávez, han sido señalados por informes policiales como presuntos instigadores de protestas violentas. También lo visitó el ex jefe de Gabinete Ministerial, Aníbal Torres.

¿Qué es un golpe de Estado en el contexto peruano?

Un golpe de Estado, en el contexto de las acciones de Castillo, se refiere a la ruptura del orden constitucional mediante la disolución ilegal de instituciones democráticas como el Congreso y la intervención de poderes autónomos como el Poder Judicial, buscando concentrar el poder y subvertir el Estado de Derecho.

¿Cuál es la diferencia entre vacancia presidencial y juicio político?

La vacancia presidencial es una figura constitucional para remover al presidente por razones como “permanente incapacidad moral o física”. El juicio político, en cambio, es un proceso parlamentario por infracciones constitucionales o delitos cometidos en el ejercicio de funciones, que puede llevar a la inhabilitación o a un proceso penal una vez que el presidente deja el cargo.

¿Qué consecuencias legales enfrenta Pedro Castillo?

Pedro Castillo es investigado por los presuntos delitos de rebelión y conspiración a raíz de su intento de disolver el Congreso. Además, cabe recordar que también tiene investigaciones pendientes por actos de corrupción, que deberá enfrentar una vez que culmine el proceso por los delitos relacionados con el intento de golpe de Estado.

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