La Inseguridad en Perú: Un Gasto Ineficiente

La seguridad ciudadana en Perú ha trascendido su definición tradicional para convertirse en un desafío multifacético que impacta directamente en la economía y el bienestar social. Lejos de ser un mero problema de orden público, la criminalidad organizada y la respuesta estatal frente a ella representan una compleja cadena de decisiones presupuestales, modelos de inversión y priorización de servicios públicos. En este contexto, expertos como Noam López, politólogo e investigador de la Pontificia Universidad Católica del Perú, han encendido las alarmas, diagnosticando una estrategia de seguridad fallida que prioriza el gasto punitivo y reactivo sobre la planificación preventiva y descentralizada. ¿Qué está sucediendo realmente con la policía y la seguridad en el Perú? La respuesta yace en una profunda desconexión entre la inversión y la efectividad, una brecha que cuesta vidas, paraliza la economía y erosiona la confianza ciudadana.

Un Enfoque Fallido: Gasto Punitivo vs. Prevención Real

Desde hace años, la política de seguridad en Perú parece estar atrapada en un ciclo de respuestas inmediatas y visiblemente impactantes, pero a menudo superficiales. Se ha observado una tendencia persistente a invertir sumas considerables en elementos que, si bien son parte del equipamiento policial, no abordan la raíz del problema criminal. Hablamos de la adquisición de cámaras de videovigilancia, patrulleros, la declaratoria constante de estados de emergencia y una creciente presencia militar en las calles. Estas medidas, aunque pueden generar una percepción momentánea de control, rara vez desmantelan las estructuras criminales o evitan que los delitos ocurran en primer lugar. La lógica detrás de estas inversiones es puramente reactiva: actuar después de que el crimen ha sucedido, en lugar de anticiparlo y prevenirlo.

Paradójicamente, mientras se destinan recursos a estas soluciones de "vitrina", se descuidan enfoques de seguridad probadamente más eficaces. Modelos como el policiamiento proactivo orientado a la resolución de problemas, el policiamiento comunitario —que fomenta la colaboración entre la policía y la ciudadanía— y el policiamiento basado en inteligencia son sistemáticamente relegados. Estos enfoques requieren una inversión en capacitación, tecnología de análisis de datos, y una estrategia de largo plazo que va más allá de la simple presencia uniformada. La priorización de recursos en elementos simbólicos, como gorras, chalecos o megáfonos para las juntas vecinales, en lugar de programas sostenibles de prevención, revela una comprensión superficial y errónea de lo que significa una verdadera seguridad ciudadana. Es una estrategia que confunde la apariencia de seguridad con su esencia.

La Alarmante Cifra de la Prevención: ¿Por Qué Tan Poco?

Si el problema de la seguridad en Perú es, en gran parte, económico, la asignación presupuestal para la prevención del delito es, cuanto menos, desconcertante. El Programa Presupuestal 0030 del Ministerio de Economía, cuyo objetivo es la reducción de delitos y faltas, destina una cantidad irrisoria para tareas preventivas: menos de S/700,000. Esta cifra, por sí sola, ya es un indicador de la escasa prioridad que se otorga a la anticipación del crimen. Pero el panorama se vuelve aún más desolador al analizar su distribución.

Para poner esto en perspectiva, si dividimos estos S/700,000 entre las 1,318 comisarías que existen en el país, el resultado es que cada estación policial recibe, en promedio, menos de S/500 al año para actividades de prevención. ¿Qué tipo de programas o capacitaciones efectivas se pueden implementar con menos de medio millar de soles anuales? La respuesta es obvia: prácticamente ninguno. Esta ineficiencia en la asignación de recursos se traduce en una Policía Nacional del Perú (PNP) con manos atadas, carente de las herramientas básicas para cumplir con una de sus funciones primordiales.

Los efectos de esta desinversión son palpables en el día a día de las comisarías a lo largo y ancho del país. Reportes recientes revelan situaciones críticas: la comisaría de 28 de Julio en Ayacucho opera sin radios, dependiendo del WhatsApp personal de los agentes para coordinar operaciones. En Madre de Dios, patrulleros se encuentran inmovilizados por falta de mantenimiento, transformando vehículos esenciales en meros adornos. Estos ejemplos no son incidentes aislados; son síntomas de un 'modelo de gestión de recursos administrativos en seguridad fallido', como lo describe Noam López. La conclusión es ineludible: se invierte en responder al crimen una vez que ha ocurrido, no en evitar que suceda, lo que a la larga encarece todo el sistema de seguridad y perpetúa el ciclo de la criminalidad.

El Costo Oculto de la Criminalidad: Cuando el Estado Llega Tarde

La criminalidad organizada en Perú ha evolucionado, adoptando nuevas formas y desafiando las estrategias tradicionales. La extorsión, por ejemplo, se ha convertido en una plaga que afecta a un amplio espectro de la sociedad, desde pequeños negocios hasta grandes restaurantes en ciudades como Trujillo, Lima o Piura. Este tipo de delito, ejecutado mayormente a través de WhatsApp o llamadas telefónicas, es un claro ejemplo de cómo las medidas reactivas y visibles, como la presencia militar o el uso de drones, resultan ineficaces. Un dron, por muy avanzado que sea, no previene una llamada extorsiva.

La falta de inversión en estrategias clave como la inteligencia policial y la articulación interinstitucional es alarmante. En un país donde la sofisticación del crimen organizado va en aumento, la ausencia de laboratorios de criminalística modernos, sistemas integrados de información y una interoperabilidad efectiva entre las distintas fuerzas del orden es una deficiencia crítica. Esta carencia estructural obliga a la policía a operar con desventaja, limitando su capacidad para investigar, desarticular redes criminales y recolectar evidencia de manera eficiente.

Esta situación genera una paradoja devastadora: el delito sigue avanzando y mutando, volviéndose más complejo y dañino, mientras que los recursos públicos se dilapidan en medidas costosas que ofrecen soluciones de corto plazo y bajo impacto real. Lo que se gasta mal hoy, advierte López, será mucho más caro mañana. Este costo no se mide solo en dinero, sino en vidas perdidas, en una creciente percepción de riesgo que frena la inversión privada y en la desintegración del tejido social. La criminalidad, cuando no se ataca de raíz con inteligencia y prevención, se convierte en un lastre económico y social insostenible.

Transparencia Opaca: El Silencio de los Datos sobre Criminalidad

Una de las piedras angulares para una gestión de seguridad efectiva es el acceso a datos precisos, actualizados y homologados. Sin embargo, en Perú, la situación es preocupante. Desde hace tres años, el país carece de una cifra homologada y consistente sobre la criminalidad. La Encuesta Nacional de Programas Presupuestales, que solía presentar datos semestrales sobre victimización, ahora lo hace solo una vez al año, y con menos detalle. Esta 'gestión de la seguridad ha comenzado a cerrar su información en lugar de abrirla', una tendencia regresiva que tiene profundas implicaciones.

El impacto económico de esta opacidad es inmenso. Sin data georreferenciada, sin diagnósticos confiables y sin una comprensión clara de las dinámicas del delito, la asignación de recursos se realiza a ciegas. Las autoridades no saben con certeza qué zonas priorizar, qué tipos de delitos están en aumento o qué estrategias están demostrando ser efectivas. Esta falta de transparencia y de información oportuna significa que las políticas de seguridad se planifican con indicadores incompletos y, a menudo, subregistrados, creando una ilusión de mejora que no se corresponde con la cruda realidad que vive la ciudadanía. En esencia, se están tomando decisiones multimillonarias sin la base de evidencia necesaria, lo que condena las iniciativas a la ineficacia y perpetúa el problema de la inseguridad.

El Centralismo que Paraliza: Una Seguridad sin Descentralización

El modelo centralista en la gestión de la seguridad es otro factor que contribuye a la ineficacia del sistema peruano. A pesar de que las regiones son a menudo las más golpeadas por la criminalidad, su capacidad de acción y decisión en materia de seguridad es escasa. La mayor parte de las decisiones presupuestales y estratégicas se toman en Lima, sin una comprensión profunda de las realidades y necesidades específicas de cada localidad. Esta centralización excesiva genera una lentitud burocrática y una desconexión palpable.

Para ilustrar este punto, Noam López señala que solo dos decretos legislativos de 2023 (DL 1571 y 1579) permitieron a los gobiernos regionales invertir en seguridad. Sin estas normativas específicas, la compra de patrulleros o la implementación de laboratorios habría sido prácticamente imposible para las autoridades locales. Esto significa que, en la práctica, los gobiernos regionales están 'prácticamente ausentes' en la lucha contra el crimen, a pesar de ser los primeros en línea de defensa.

La consecuencia directa de este centralismo es que una denuncia de extorsión en el norte del país, por ejemplo, debe esperar la aprobación y el análisis de Lima antes de que se pueda actuar. Esta falta de autonomía y agilidad es la antítesis de la eficiencia, especialmente frente a delitos dinámicos y en constante evolución como la minería ilegal, el tráfico de tierras o el contrabando de insumos químicos. Cuando el Estado llega tarde, no solo es ineficaz, sino también mucho más costoso, ya que el daño ya está hecho y la complejidad para revertirlo es exponencialmente mayor.

El Subregistro de Denuncias: Una Base Falsa para la Acción Policial

La verdadera magnitud del problema delictivo en Perú es difícil de cuantificar debido a un fenómeno crítico: el subregistro de denuncias. Las estadísticas revelan una brecha alarmante entre la victimización real y los crímenes que llegan a conocimiento de las autoridades. Se estima que, de cada 100 peruanos, 26 han sido víctimas de delitos patrimoniales en el último año. Sin embargo, solo entre el 14% y el 17% de estos incidentes son denunciados. En casos aún más sensibles y complejos, como la extorsión o la violencia sexual, la tasa de denuncia puede ser inferior al 1%.

Este subregistro tiene consecuencias devastadoras para la eficacia del sistema de seguridad. Implica que la policía opera con una imagen distorsionada y subestimada del delito que realmente afecta a la población. Los planes operativos, las estrategias de despliegue y, crucialmente, las decisiones presupuestales se elaboran sobre una base falsa. Si los funcionarios no pueden sustentar la necesidad de mayor inversión en prevención con evidencia sólida de la magnitud del problema, el Congreso o el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) difícilmente aprobarán el gasto necesario. El resultado es un círculo vicioso: la falta de datos impide la inversión adecuada, lo que perpetúa la ineficacia policial y la desconfianza ciudadana, llevando a menos denuncias y, por ende, a menos datos. Así, el exiguo presupuesto preventivo de 2024 y 2025 se repite, condenando al país a una inseguridad crónica.

Frente a este panorama, la reforma policial se erige como una necesidad urgente para mejorar la eficiencia del gasto en seguridad. Noam López propone tres pilares fundamentales para esta transformación:

• Actualización de la formación policial: Los sílabos y la bibliografía utilizada en la formación de los agentes están desfasados por más de 30 años. Es imperativo modernizar los programas de estudio para que los policías adquieran habilidades y conocimientos relevantes para combatir el crimen contemporáneo.
• Gerencia de recursos efectiva: Es inaceptable que los policías en regiones carezcan de insumos básicos o de conectividad, como radios o acceso a internet para sistemas de información. Una gestión eficiente de los recursos es vital para que los agentes puedan realizar su trabajo.
• Integridad institucional: Es crucial implementar mecanismos reales y efectivos de depuración interna para combatir la corrupción y garantizar que la institución policial opere con la máxima transparencia y ética.

Estas reformas, lejos de ser meros ajustes, son transformaciones estructurales que no solo reducirían el costo del crimen a largo plazo, sino que también permitirían reasignar recursos hacia áreas vitales como la prevención y la inteligencia. La buena noticia es que 'hay tesis, modelos, diagnósticos' que ofrecen soluciones. Lo que verdaderamente falta, según los expertos, es la decisión política y el presupuesto necesario para implementarlos y cambiar el rumbo de la seguridad en Perú.

Comparativa: Enfoque Actual vs. Enfoque Necesario en Seguridad

Para comprender mejor la dicotomía en la asignación de recursos, podemos contrastar el enfoque actual con la inversión necesaria para una seguridad efectiva:

Preguntas Frecuentes

¿Por qué la seguridad es un problema económico en Perú?

La seguridad es un problema económico porque la criminalidad genera costos directos (pérdidas por robos, extorsiones) e indirectos (desinversión, menor turismo, aumento de primas de seguros, costos de salud por violencia). Además, la forma en que el Estado invierte en seguridad, priorizando medidas reactivas y costosas sobre la prevención eficaz, resulta en un gasto ineficiente de los recursos públicos que no resuelve el problema de fondo, sino que lo perpetúa y encarece a largo plazo.

¿Cuánto invierte Perú en prevención del delito?

Según la información disponible, el programa presupuestal dedicado a la reducción de delitos y faltas (Programa 0030) asigna menos de S/700,000 para tareas preventivas a nivel nacional. Esto se traduce en un promedio de menos de S/500 por comisaría al año para programas de prevención, una cifra considerada 'casi absurda' por los expertos dada la magnitud del problema.

¿Qué tipo de delitos no se combaten eficazmente con las estrategias actuales?

Delitos como la extorsión (que se realiza por medios digitales como WhatsApp o llamadas), la minería ilegal, el tráfico de tierras y el de insumos químicos, no son combatidos eficazmente con las estrategias actuales de presencia militar o cámaras de videovigilancia. Estos requieren enfoques basados en inteligencia, investigación especializada, colaboración interinstitucional y presencia proactiva en las comunidades.

¿Cómo afecta el centralismo la seguridad ciudadana?

El centralismo implica que las decisiones clave sobre seguridad y la asignación de recursos se toman en Lima, sin considerar las realidades y necesidades específicas de cada región. Esto limita la capacidad de los gobiernos regionales para actuar con autonomía y agilidad frente a los problemas delictivos locales, generando una respuesta tardía y burocrática que favorece el avance del crimen en provincias y ciudades más allá de la capital.

¿Cuáles son las reformas policiales urgentes según los expertos?

Los expertos, como Noam López, plantean tres reformas urgentes: 1) la actualización y modernización de la formación policial, ya que los sílabos están desfasados por décadas; 2) una gerencia de recursos efectiva que garantice insumos básicos y conectividad para los policías en todo el país; y 3) la implementación de mecanismos reales de depuración interna para fortalecer la integridad institucional y combatir la corrupción dentro de la fuerza policial.

Conclusión

La radiografía de la seguridad en Perú, analizada desde una perspectiva económica y estratégica, revela un panorama crítico pero no irresoluble. La persistente apuesta por una lógica de gasto punitivo y reactivo, la alarmante desinversión en prevención, la opacidad en los datos, el asfixiante centralismo y el subregistro de denuncias son los pilares de una ineficiencia que el país ya no puede permitirse. La reforma policial, con una formación actualizada, una gestión de recursos eficiente y una integridad institucional inquebrantable, no es solo una opción, sino una imperiosa necesidad. El camino hacia una seguridad ciudadana efectiva y sostenible en Perú no es un misterio; las soluciones y diagnósticos existen. Lo que se requiere, con urgencia, es la voluntad política y la asignación presupuestal inteligente para transformar un sistema que, hoy por hoy, le cuesta demasiado a la nación.

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