11/09/2026
La seguridad pública en América Latina se presenta hoy como un mosaico complejo de desafíos, donde la línea entre la autoridad legítima y las fuerzas paralelas se difumina, y la gestión del orden social pone a prueba la resiliencia de las instituciones. A medida que el vaho malsano de la violencia y la inestabilidad recorre la región como una neblina incontenible, los problemas de fondo persisten, a menudo intensificados por la acción de grupos criminales y la respuesta, a veces controversial, de las fuerzas del orden. Desde la emergencia de grupos de autodefensa armados en zonas asoladas por el crimen organizado hasta la tensión palpable en las calles durante las protestas ciudadanas, la policía y los cuerpos de seguridad se encuentran en la primera línea de una realidad que exige una comprensión profunda y matizada. Este artículo se adentrará en dos escenarios distintos, pero interconectados por la urgencia de la seguridad y la justicia, para ilustrar las complejidades que enfrentan los guardianes del orden en la región.
Guerrero: La Emergencia de las Autodefensas y el Poder del Narcotráfico
El estado de Guerrero, en México, es un epicentro de esta compleja dinámica donde la violencia y la cooptación territorial son la norma. Aquí, la brutalidad no cesa, impulsada por la disputa territorial entre dos potentes grupos delictivos que siembran el terror y el desplazamiento: Los Tlacos y el Cártel del Sur. Su objetivo es el control absoluto de vastas extensiones de terreno que abarcan al menos mil comunidades y un millón de hectáreas de bosques y tierras fértiles, ideales para el cultivo de amapola y mariguana, pilares de una economía ilícita multimillonaria. Pero la ambición de estos grupos va más allá de los cultivos ilegales; también se extiende a los casi 10 millones de pesos anuales que se obtienen del cobro de cuota a los 600 mineros que trabajan en la mina de Carrizalillo, según las denuncias de los propios afectados, lo que subraya la diversificación de sus fuentes de ingreso y su control sobre la vida económica local.
La brutalidad de esta confrontación ha dejado una estela de muerte y un reguero de desplazados. De marzo a junio de un año reciente, se registró al menos un centenar de asesinatos en Chichihualco (Leonardo Bravo), un municipio gravemente afectado. Además, unos 300 pobladores se vieron forzados a abandonar sus hogares, según el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón. Este éxodo forzado es resultado directo de los enfrentamientos entre el Cártel del Sur y la autodefensa de Tlacotepec, una fuerza que se autodenomina Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo. Esta última emergió en noviembre de 2018 bajo la coordinación de Salvador Alanís Trujillo, y de manera sorprendente, el propio Alanís ha reconocido haber sido auspiciado por un "barón" apodado Necho, a quien el Cártel del Sur señala directamente como el cabecilla de Los Tlacos, lo que plantea serias dudas sobre la independencia y legitimidad de esta autodefensa.
La primera incursión de esta autodefensa ocurrió el 11 de noviembre de 2018, en Filo de Caballos, un municipio de Chichihualco que se encuentra a unas tres horas de la capital de Guerrero. Aquel día, la violencia cobró la vida de al menos 14 hombres, sumiendo a la comunidad en el luto y el pánico. El Centro Morelos estima que, en ese momento inicial, cerca de 1,800 habitantes huyeron de sus hogares, abandonando todo en su desesperación por sobrevivir. De esos, lamentablemente, solo 135 permanecen refugiados en la cabecera de Chichihualco, viviendo con la mínima ayuda gubernamental de siete mil pesos mensuales por familia, pues el apoyo estatal ha cesado. La gran mayoría se dispersó por diversos puntos del país como Morelos, Acapulco, el Estado de México y Chilpancingo, e incluso algunas familias, en un acto de última esperanza, pidieron asilo en Estados Unidos, según Teodomira Rosales Sierra, abogada de la organización. Las historias de estos desplazados son de heridas abiertas, de una vida truncada y la angustia constante de enterarse por redes sociales de los nuevos enfrentamientos, los nuevos muertos y los nuevos desplazados en sus pueblos de origen. La escena en Filo de Caballos es desoladora y evoca un escenario de guerra; decenas de viviendas están tan agujereadas por las balas de Cuernos de Chivo y Barrets que parecen ruinas en obra negra, sus interiores desordenados, con utensilios tirados, ropa desparramada, discos pisoteados y fotografías familiares ladeadas en paredes llenas de agujeros, como si los moradores hubieran huido de un terremoto, llevándose apenas lo indispensable en su urgencia por huir. Los caminos que conducen a estos pueblos, en medio de bosques de neblina con olor a pino, están sembrados de cruces, marcando los lugares de los últimos tiroteos, y una Santa Muerte, venerada con veladoras de todos los tamaños, se erige entre las raíces de un gran árbol a la vera del camino, siempre encendida, según los locales.
La versión de Salvador Alanís, líder de la policía comunitaria, contrasta drásticamente con el testimonio de los desplazados. Él niega la existencia de tal éxodo, afirmando que quienes huyeron tenían lazos o trabajaban para el Cártel del Sur, es decir, les vendían la goma de opio que producían y la marihuana que cosechaban. Esta vasta sierra, con 1.5 millones de hectáreas, de las cuales 900 mil son de bosque y selva baja, y que es surcada por 23 ríos, es un territorio codiciado que alberga a 150 mil habitantes en 1,287 comunidades. La producción de amapola es monumental: Rigoberto Acosta González, dirigente del Consejo Regional de la Sierra de Guerrero, calcula que solo en las 26,000 hectáreas reconocidas por la Sedena en la sierra de Chilpancingo, Chichihualco y Tlacotepec, se cultivan 19,500 toneladas de goma de opio al año. Multiplicando esta cifra por el costo actual del kilo de goma, que por la pandemia y el cierre de fronteras ha subido a 10 mil pesos, este negocio ilícito genera unos 195 millones de pesos anuales solo en goma natural, sin ningún proceso todavía, una cifra que subraya la magnitud de la economía criminal que sustenta estos conflictos.
El conflicto también se centra en las minas de oro, un botín aún más lucrativo. La empresa canadiense Equinox Gold, administradora de la mina Los Filos-El Bermejal en Zumpango, produjo en 2019 más de 200 mil onzas de oro, cuyo valor asciende a más de 7 mil 800 millones de pesos anuales. Los 600 mineros que trabajan en esta empresa son el blanco de la extorsión del narcotráfico. Cada año, la minera reparte utilidades, entregando 160 mil pesos a cada minero, lo que suma un total de 96 millones de pesos entre sus trabajadores. De este monto, Los Tlacos exigen un 10% por "derecho de piso y seguridad" para trabajar en su zona de influencia, lo que representa cerca de 9.6 millones de pesos anuales, cifra que se suma a la espiral de violencia entre Los Tlacos y el Cártel del Sur. Los mineros han intentado negociar con el "barón" de Tlacotepec, usufructuario de esta cuota, para reducir el impuesto de 16 mil pesos que les parecía excesivo, pero este se negó, amenazando con retirar la seguridad de sus bienes y familias si dejaban de pagar.
La base de operaciones de la autodefensa de Heliodoro Castillo en Filo de Caballos es un testimonio visual de esta realidad. Un pueblo solitario, no completamente abandonado, donde salta a la vista la comandancia general de la autodefensa: un edificio vacío, con una mesa de billar a un costado de las oficinas principales, perforaciones por todos lados y cristales rotos, mientras en la azotea, hombres vigilan a todo el que entra por las dos entradas posibles. Alanís afirma que su autodefensa cuenta con un cuerpo de élite bien equipado y entrenado, cuya manutención es millonaria. Según sus cálculos, solo para mantener a diez de estos muchachos hacen falta 800 mil pesos, y si se habla de cien, el costo asciende a ocho millones de pesos. Además, la manutención, comida y compensaciones implican un gasto de 700 mil pesos quincenales, lo que se traduce en un millón 400 mil al mes, o 16 millones 800 mil pesos anuales. ¿Y quién sufraga estos costos exorbitantes? Alanís inicialmente mencionó "empresarios de la zona", grandes ganaderos y dueños de empresas en todo Heliodoro Castillo. Solo después, en una entrevista posterior, admitiría que el mayor inversor es Onésimo Marquina Chapa, Necho. A pesar de negar categóricamente vínculos con grupos delictivos, la realidad de su financiación y el armamento que portan (rifles de asalto, Cuernos), que no se corresponde con el de una policía comunitaria tradicional, genera profundos cuestionamientos sobre la legitimidad de su rol y la verdadera naturaleza de su lealtad.
En otro punto del continente, la Policía Nacional del Perú (PNP) se enfrenta a un tipo diferente de desafío, pero igualmente complejo: la gestión de la protesta social y la preservación del orden público en un clima de alta polarización política. Un incidente que capturó la atención pública y generó un intenso debate fue la agresión verbal sufrida por efectivos de la PNP durante una marcha convocada contra el gobierno del entonces presidente Pedro Castillo en Lima. El excongresista aprista Jorge del Castillo, megáfono en mano, arremetió violentamente con insultos y descalificaciones contra los agentes que, siguiendo órdenes, impedían el paso de manifestantes al centro histórico.
“Les han cambiado cinco generales en un año y acá están como unos cojudos defendiendo... ¡gente de mierda!”, vociferaba Del Castillo, en un claro acto de desprecio hacia la institución policial y hacia los individuos que la componen. La agresión verbal no se limitó a él; otro sujeto, que se encontraba con otros manifestantes en las inmediaciones de la avenida Abancay, también los llamó “oficiales maricones, vayan al VRAEM, mierdas, peleen ahí carajo”, instándolos a ir a zonas de conflicto armado. Del Castillo añadió que el presidente los enviaba como “carne de cañón” y que “la policía no puede reprimir al pueblo... Tienen que tomar conciencia, la Policía es del Pueblo”, intentando apelar a una supuesta lealtad superior a la del mando institucional.
La defensa del dirigente aprista fue que la policía había provocado a los manifestantes, agrediéndolos “innecesariamente” y sin que hubiera “ninguna provocación”. Alegó que la gente estaba pacífica y que se había dado la directiva expresa de “No toquen a la policía”, pero que la PNP no respetó a la gente y los provocó, incluso enviando a la Policía Montada a atacar a los ciudadanos. Esta narrativa de provocación policial, aunque desmentida por los hechos de agresión verbal iniciales, es común en contextos de protesta y busca justificar la reacción de los manifestantes.
La marcha, convocada por varios colectivos bajo el nombre “Reacciona Perú”, escaló rápidamente en tensión y desorden. Un grupo de manifestantes llegó a llevar un féretro cargado en hombros, intentando hacerlo pasar por encima de las rejas que bloqueaban el tránsito en el Cercado de Lima, un acto simbólico pero que representaba un intento de quebrantar el orden establecido. La situación derivó en enfrentamientos directos. En las inmediaciones del jirón Carabaya, la PNP se vio obligada a arrojar gases lacrimógenos a ciudadanos que exigían el retiro de las rejas de forma pacífica, una medida que, aunque busca dispersar, es percibida como agresión. La confrontación más intensa se dio entre las avenidas Ucayali y Abancay, cerca de la Biblioteca Nacional, donde la Policía Montada del Perú se enfrentó a un grupo de ciudadanos, generando escenas de caos y confusión.
Ante estos hechos de escalada de violencia y el uso de la fuerza, la Defensoría del Pueblo se pronunció, enfatizando la necesidad de “limitar” el uso de gases lacrimógenos y “evitar” la utilización de caballos en movilizaciones para prevenir afectaciones a la salud de los participantes y garantizar una gestión más humana de las protestas. Recordó que el derecho a la protesta es un derecho fundamental que debe ejercerse de manera pacífica y que sus comisionados se encontraban en el Centro de Lima supervisando el desarrollo de las movilizaciones para garantizar los derechos de las personas, haciendo un llamado a la calma y a evitar actos de violencia. Este incidente subraya la delgada línea que la policía debe transitar entre el cumplimiento de su deber de mantener el orden y el respeto a las libertades civiles, especialmente en contextos de gran efervescencia social, donde la percepción pública de su actuación es crucial para la estabilidad democrática.
Un Panorama Regional de Desafíos y Reflexiones
Los casos de Guerrero y Lima, aunque geográficamente distantes y contextualmente distintos, revelan patrones comunes y desafíos fundamentales para la seguridad pública en la región latinoamericana. En Guerrero, la ausencia o debilidad del Estado frente al avasallador poder del crimen organizado ha propiciado el surgimiento de fuerzas paralelas, las autodefensas, que, si bien nacen de la necesidad de protección ante la ineficacia oficial, pueden terminar entrelazadas con las mismas redes criminales que prometen combatir. La opacidad de sus fuentes de financiación, el origen de su vasto armamento y las acusaciones de estar al servicio de un grupo criminal, plantean serias dudas sobre su legitimidad y su verdadera alineación con los intereses de la población civil. La impunidad y la violencia se perpetúan en un ciclo vicioso, dejando a su paso comunidades devastadas, familias desplazadas y una economía regional cooptada por intereses ilícitos, donde la ley del más fuerte prevalece sobre el Estado de derecho.
En Lima, el desafío es de otra índole, pero igualmente crucial para la salud democrática: la gestión de la conflictividad social y la delicada relación entre la policía y la ciudadanía. La policía, como brazo visible del Estado, se encuentra a menudo en una posición ingrata, enfrentando la ira, los insultos y las provocaciones de los manifestantes mientras intenta, bajo presión, mantener el orden público. Incidentes de agresión verbal, como los protagonizados por figuras públicas, o el uso de la fuerza, incluso si son percibidos como necesarios por la autoridad, pueden erosionar profundamente la confianza pública y generar un ciclo de confrontación y resentimiento mutuo. La intervención de organismos como la Defensoría del Pueblo es vital no solo para recordar los límites del uso de la fuerza, sino también para asegurar que el derecho a la protesta pacífica se respete sin comprometer la seguridad de terceros ni el orden social. Es un equilibrio precario que requiere profesionalismo y contención por parte de los agentes.
Ambos escenarios resaltan una necesidad imperante y transversal en la región: el fortalecimiento de las instituciones estatales, particularmente las fuerzas policiales, como garantes de la seguridad y la justicia. Esto implica no solo dotarlas de recursos adecuados, tecnología y una capacitación constante que incluya el manejo de crisis y el respeto a los derechos humanos, sino también garantizar su independencia política, su transparencia en la actuación y una rigurosa rendición de cuentas ante la ciudadanía. Solo una policía verdaderamente respetada por su compromiso con la legalidad y legitimada por la confianza de la ciudadanía, puede ser el pilar inquebrantable de la seguridad y la justicia en sociedades tan dinámicas y desafiantes como las latinoamericanas. La construcción de una relación de confianza entre la policía y la comunidad es la base indispensable para construir una paz duradera, un orden social equitativo y un futuro donde la ley prevalezca sobre la violencia y el caos.
Preguntas Frecuentes (FAQs)
¿Qué es una "autodefensa" o "policía comunitaria" en el contexto mexicano?
Son grupos de ciudadanos armados que surgen en regiones afectadas por la violencia del crimen organizado, ante la percepción generalizada de ausencia o ineficacia de las fuerzas de seguridad del Estado. Su objetivo declarado es proteger a sus comunidades del flagelo de la delincuencia, pero a menudo su legitimidad es cuestionada por sus métodos, su armamento, que en ocasiones supera al de las fuerzas oficiales, y, lamentablemente, por sus vínculos con grupos criminales o intereses económicos ilícitos que desvirtúan su propósito original.
¿Por qué el control de las minas es relevante para los grupos delictivos en Guerrero?
Las minas de oro representan una fuente significativa de ingresos lícitos para las empresas y los trabajadores, pero también se han convertido en un punto neurálgico para la extorsión por parte de los grupos criminales. El cobro de "derecho de piso" o "cuotas de seguridad" a los mineros y a la operación misma de la mina les permite obtener millones de pesos anuales. Esta vasta suma se suma a sus ganancias provenientes del narcotráfico (amapola y mariguana), financiando así sus operaciones, su expansión territorial y consolidando su poder sobre las comunidades y la economía local.
¿Cuál es el rol de la Defensoría del Pueblo en las protestas sociales?
La Defensoría del Pueblo es una institución autónoma crucial, encargada de proteger y promover los derechos humanos, así como de supervisar la actuación de la administración pública para asegurar su apego a la ley y a los principios democráticos. En el contexto de las protestas sociales, su rol incluye monitorear el desarrollo de las movilizaciones para asegurar que se respeten los derechos de los manifestantes, como la libertad de expresión y reunión, y que el uso de la fuerza por parte de la policía sea proporcional, limitado y justificado, emitiendo recomendaciones y llamando a la calma cuando sea necesario para evitar escaladas de violencia.
¿Qué implicaciones tiene la agresión verbal a la policía durante una protesta?
La agresión verbal hacia los agentes del orden, aunque no sea de naturaleza física, puede contribuir significativamente a la escalada de tensiones en una protesta, deslegitimar la autoridad policial y dificultar enormemente el mantenimiento del orden público de manera pacífica. Además, afecta la moral y la dignidad de los efectivos policiales, y complica la construcción de una relación de confianza y respeto mutuo entre la policía y la ciudadanía, una relación que es esencial para la convivencia pacífica y el funcionamiento armónico de la sociedad.
¿Qué significa que la policía sea "carne de cañón" o "del pueblo"?
Cuando se afirma que la policía es "carne de cañón", se sugiere que los agentes son utilizados por las autoridades políticas o los mandos superiores como un instrumento desechable, expuestos a situaciones de alto riesgo o conflicto social sin una consideración adecuada de su seguridad, bienestar o su rol institucional. Por otro lado, la frase "la policía es del pueblo" busca recordar y enfatizar que la función primordial de la policía es servir y proteger a la ciudadanía en su conjunto, y que su legitimidad y autoridad emanan de esa relación de servicio, respeto mutuo y confianza con la sociedad, no de intereses políticos o de grupos específicos. Es un llamado a la conciencia sobre su verdadero propósito y a la necesidad de actuar siempre en beneficio de la comunidad.
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