¿Quién Impulsó la Polémica Norma del Crimen en Callao?

El Callao, provincia constitucional y puerto principal del Perú, ha sido durante años un punto neurálgico en la lucha contra el crimen organizado. La escalada de violencia y la sofisticación de las bandas delictivas han llevado a las autoridades a buscar medidas extraordinarias. Una de las más debatidas en los últimos tiempos ha sido la autorización para que las Fuerzas Armadas (FFAA) brinden apoyo a la Policía Nacional del Perú (PNP) en la contención de la criminalidad. Pero, ¿quiénes fueron los artífices detrás de esta controvertida iniciativa que ha generado un amplio debate en la opinión pública y entre expertos en seguridad y derechos humanos?

La promoción de la norma que permite la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía Nacional en el Callao, y también en Lima, tuvo sus orígenes en el ámbito legislativo. Fueron específicamente las congresistas que representan a la provincia constitucional del Callao, Patricia Chirinos, del partido Avanza País, y Noelia Herrera, de Renovación Popular, quienes tomaron la iniciativa de solicitar al Poder Ejecutivo esta medida. Su objetivo era claro: dotar de un respaldo adicional a la Policía Nacional en su ardua tarea de combatir la creciente ola de delincuencia que azota al primer puerto, donde la presencia del crimen organizado se ha vuelto una constante preocupación para sus habitantes.

Las Promotoras: Voces desde el Congreso por el Callao

Ambas legisladoras, Patricia Chirinos y Noelia Herrera, hicieron pública su gestión a través de sus respectivas cuentas en redes sociales, confirmando que habían entregado al entonces ministro del Interior, Luis Barranzuela, la solicitud formal para la intervención de las Fuerzas Armadas. Es importante destacar que, si bien la resolución suprema final abarcó tanto Lima como Callao, la solicitud inicial de las congresistas se centró exclusivamente en la situación crítica que vivía su jurisdicción, el Callao. Fuentes dentro del Ministerio del Interior confirmaron la activa participación de estas legisladoras en la promoción de la norma, fundamentándose en las alarmantes cifras que señalaban un significativo incremento del crimen organizado en la región.

La preocupación de las congresistas no era infundada. El Callao ha enfrentado históricamente desafíos complejos relacionados con la criminalidad, desde el tráfico ilícito de drogas hasta el sicariato, pasando por la tenencia ilegal de armas y los robos. La percepción de inseguridad y la realidad de una criminalidad que parecía desbordar la capacidad operativa de la Policía Nacional motivaron la búsqueda de soluciones drásticas, como la intervención militar, una medida que, si bien excepcional, es vista por algunos como necesaria ante escenarios de crisis.

El Fundamento Oficial: ¿Por qué la Intervención Militar?

La resolución suprema n.° 191-2021-IN, que finalmente autorizó la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional, no se basó únicamente en las solicitudes políticas. El documento oficial cita como fundamento un informe clave de la Oficina de Planeamiento Operativo Institucional (OFIPOL) de la propia Policía Nacional. Este informe fue determinante, ya que recomendaba explícitamente la expedición de una norma que permitiera la intervención de los institutos castrenses. La justificación de OFIPOL era contundente: “en lo que va del año, se advierte un incremento significativo del índice delictivo (en Lima y Callao), en las que operan organizaciones delictivas dedicadas, entre otros, al tráfico ilícito de drogas en sus distintas modalidades, tenencia ilegal de armas, robos, hurtos y demás delitos que ponen en peligro la integridad física de la ciudadanía y que han logrado sobrepasar la capacidad operativa de la PNP”.

Este diagnóstico oficial pintaba un panorama sombrío, donde la capacidad de respuesta de la Policía Nacional se veía superada por la envergadura y la violencia de las organizaciones criminales. La resolución suprema buscaba, entonces, proporcionar un refuerzo considerable, aprovechando la logística, el personal y la capacidad disuasoria de las Fuerzas Armadas para restaurar el control y el mantenimiento del orden interno, así como para prestar apoyo en la ejecución de operaciones policiales específicas. Sin embargo, la vaguedad en la delimitación de funciones y la ausencia de una estrategia clara han sido puntos de fricción y crítica desde su promulgación.

La Resolución Suprema 191-2021-IN: Un Vistazo Crítico

A pesar de la urgencia y la justificación oficial, la resolución suprema n.° 191-2021-IN ha sido objeto de severas críticas desde diversos sectores. La principal objeción radica en la naturaleza misma de las funciones de las Fuerzas Armadas, que por Constitución están entrenadas y destinadas para la defensa externa y la soberanía nacional, no para labores de seguridad ciudadana interna, que son competencia exclusiva de la Policía Nacional. Expertos y organizaciones de derechos humanos han expresado su profunda preocupación por esta medida.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) fue una de las primeras en demandar al Ejecutivo la derogatoria de la resolución, calificándola de “demanda antidemocrática del espectro político conservador”. Su argumento central es que “no se responde a la violencia con más violencia. Ninguna razón de estado la puede justificar”. Esta postura subraya el riesgo de militarizar la seguridad ciudadana, lo que podría llevar a violaciones de los derechos humanos y a una desnaturalización de las funciones de las fuerzas militares.

La exministra de Defensa, Nuria Esparch, durante el gobierno de Francisco Sagasti, también se sumó a las voces críticas, resaltando que “el uso de las FFAA solo puede ser para garantizar a los ciudadanos el ejercicio de sus libertades y derechos, y no para atentar contra las garantías constitucionales”. Esparch hizo hincapié en la necesidad fundamental de delimitar con claridad el tipo de apoyo requerido, algo que, según ella, no se precisa adecuadamente en la resolución. Además, recordó la diferencia numérica entre ambas instituciones: la Policía Nacional cuenta con aproximadamente 120 mil efectivos, mientras que los institutos castrenses suman alrededor de 90 mil uniformados, lo que sugiere que la solución podría no ser simplemente una cuestión de número de efectivos.

El Debate Nacional: ¿Militares en Seguridad Ciudadana?

La discusión sobre la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna no es nueva en el Perú, pero esta resolución reavivó el debate con particular intensidad. Organizaciones internacionales de renombre también alzaron su voz:

• José Miguel Vivanco, director para América de Human Rights Watch (HRW): Recordó enfáticamente que “los soldados están entrenados para la guerra, no para el control del orden público”. Esta distinción es crucial, ya que las tácticas militares están diseñadas para escenarios de conflicto armado, no para interactuar con la población civil en contextos de orden público, lo que aumenta el riesgo de uso desproporcionado de la fuerza.
• Amnistía Internacional: También manifestó su preocupación “por la resolución que autoriza la intervención de las FFAA en apoyo de la PNP”, haciendo hincapié en la importancia de que las fuerzas de seguridad operen bajo marcos de derechos humanos estrictos y que la militarización no sea la respuesta predeterminada a la delincuencia común.

Desde la perspectiva constitucional, el experto Luciano López explicó que la Constitución establece que la intervención de las Fuerzas Armadas en asuntos internos es excepcional, limitada a situaciones de estado de excepción, emergencia o de sitio, y para delitos muy concretos como terrorismo y narcotráfico. López señaló un punto grave: la competencia para decretar una medida tan extrema como esta, según la Constitución, es una decisión que debe tomar el Consejo de Ministros, y en este caso, se cuestionó si ese procedimiento se había seguido adecuadamente, lo que podría invalidar la medida.

Por su parte, Mariano González, exministro de Defensa, si bien no descartó la idea de apoyo, enfatizó que cualquier intervención debería responder a una estrategia integral y un planeamiento detallado. “En esencia, esto debería responder necesariamente a toda una estrategia y con un planeamiento. No podría ser un hecho aislado. Es decir, no es simplemente una iniciativa de buena voluntad”, afirmó. Para González, la idea de que las Fuerzas Armadas brinden cobertura en operaciones policiales no es inherentemente mala, pero su efectividad depende de una planificación rigurosa, de lo contrario, “no se lograría absolutamente nada”.

Preparación y Capacitación: El Rol del Mindef

Ante las críticas y preocupaciones, el Ministerio de Defensa (Mindef) emitió un comunicado para asegurar que su personal militar estaba preparado para la tarea y que sus acciones se enmarcarían en el respeto a los derechos humanos. El Mindef informó que “nuestro personal militar ha recibido instrucción en temas de derechos humanos en el Centro del Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos de las Fuerzas Armadas (CDIH-DDHH), institución perteneciente al Ministerio de Defensa”.

El director del CDIH-DDHH, coronel EP Erik Asencios Freyre, detalló que se había entrenado específicamente a oficiales subalternos (capitanes, tenientes y subtenientes), así como a técnicos, suboficiales y oficiales de mar, en materia de derechos humanos. Este esfuerzo de capacitación busca mitigar los riesgos inherentes a la intervención militar en labores de seguridad ciudadana y asegurar que los efectivos actúen conforme a los protocolos internacionales y nacionales de derechos humanos.

Cifras que Hablan: La Cruda Realidad del Callao

La decisión de recurrir a las Fuerzas Armadas no fue tomada en un vacío. Las estadísticas delictivas en el Callao, y en general en Lima, presentaban un panorama alarmante. Según cifras policiales publicadas por La República el 18 de octubre del año en cuestión, en 2020 se registraron 447 homicidios, de los cuales un preocupante 31% fueron por sicariato. La situación era aún más crítica en el Callao, donde de 127 crímenes, el 45% fueron consumados por sicarios.

Estas cifras, que evidencian la brutalidad y la organización detrás de muchos de los delitos, fueron un factor clave para que el Ejecutivo considerara la intervención de las FFAA como un respaldo necesario para las operaciones policiales. La norma, sin embargo, ha sido criticada por no citar la existencia de ningún plan de seguridad ciudadana específico para Lima y Callao, ni precisar el tiempo exacto que duraría la cooperación militar con la Policía Nacional, lo que genera incertidumbre sobre la temporalidad y la estrategia a largo plazo de esta medida.

Tabla Comparativa: Argumentos a Favor y en Contra de la Intervención Militar

La intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana es un tema que genera un amplio espectro de opiniones. A continuación, se presenta una tabla que resume los principales argumentos esgrimidos por los diferentes actores:

Más Allá de la Norma: Preguntas Frecuentes sobre la Seguridad en el Callao

La complejidad de la seguridad en el Callao y la implementación de medidas excepcionales como la intervención militar, generan muchas dudas entre la ciudadanía. A continuación, abordamos algunas de las preguntas más comunes relacionadas con la situación del crimen organizado en el primer puerto.

¿Qué le pasó a los imputados del crimen organizado del Callao?

Un ejemplo reciente de la lucha contra el crimen organizado en el Callao es el caso Rich Port II. En este contexto, el juez de investigación preparatoria Víctor Zúñiga declaró infundada la solicitud de variación de prisión preventiva por arresto domiciliario a favor del exalcalde del Callao, Juan Sotomayor. Sotomayor es investigado precisamente por el presunto delito de crimen organizado, lo que subraya la seriedad de los cargos y la determinación de las autoridades judiciales en perseguir a quienes se vinculan con estas redes delictivas. Este tipo de decisiones judiciales son cruciales para desarticular las estructuras criminales y enviar un mensaje claro sobre la impunidad.

¿Cuáles son las diferentes modalidades del crimen en el Callao?

Según informes del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la población del Callao está expuesta a diversas modalidades delictivas. El 28.2% de la población mayor de 15 años ha sido víctima de algún hecho delictivo. Esto, considerando que el Callao tiene una población que supera el millón de habitantes (aproximadamente 1,010,315), significa que un número considerable de ciudadanos ha experimentado la delincuencia. Las modalidades más comunes, como se desprende de la información general sobre el incremento delictivo, incluyen:

• Tráfico Ilícito de Drogas: En sus distintas modalidades, desde microcomercialización hasta el transporte a gran escala debido a la ubicación portuaria.
• Tenencia Ilegal de Armas: Un factor que potencia la violencia en otros delitos.
• Robos y Hurtos: Tanto a mano armada como bajo otras modalidades, afectando a ciudadanos y comercios.
• Sicariato: Ejecuciones por encargo, que representan una de las formas más violentas y organizadas del crimen.
• Agresiones y Secuestros: Otros delitos que ponen en peligro la integridad física y la libertad de las personas.

La diversidad de estas modalidades refleja la complejidad y la ramificación de las redes criminales que operan en la región.

¿Cómo será el patrullaje integrado contra el crimen en el Callao?

El patrullaje integrado es una estrategia fundamental para la seguridad ciudadana que busca optimizar los recursos y la coordinación entre la Policía Nacional y el Serenazgo municipal. El incremento de operativos y el patrullaje integrado en el Callao ha sido un compromiso reiterado por autoridades como el exministro del Interior Vicente Romero, quien se reunió con autoridades del Callao para promover espacios de diálogo y consenso en favor de la seguridad ciudadana.

Este modelo de patrullaje implica que efectivos de la PNP y serenos trabajen juntos en las calles, compartiendo información y coordinando acciones para una respuesta más rápida y efectiva ante los incidentes delictivos. La meta es aumentar la presencia policial y de seguridad municipal en zonas críticas, disuadir a los delincuentes y generar una mayor sensación de seguridad entre los vecinos. Si bien es una medida distinta a la intervención militar, el patrullaje integrado es una herramienta constante en la lucha diaria contra la delincuencia común y el crimen organizado a nivel local, complementando cualquier otra estrategia de mayor envergadura.

¿Cuál es la diferencia entre el rol de la PNP y las FFAA en seguridad interna?

La Constitución peruana establece claramente las funciones de cada institución. La Policía Nacional del Perú (PNP) es la fuerza encargada de garantizar el orden interno, el libre ejercicio de los derechos fundamentales de las personas y la seguridad ciudadana. Su entrenamiento se enfoca en el control del orden público, la investigación criminal y la prevención del delito, siempre bajo principios de proporcionalidad y respeto a los derechos humanos.

Las Fuerzas Armadas, por otro lado, están constitucionalmente destinadas a garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República. Su entrenamiento es militar, enfocado en la defensa nacional y el uso de la fuerza letal en contextos de guerra. Su intervención en el orden interno es excepcional y solo se da en estados de emergencia o sitio, o en delitos específicos como terrorismo y narcotráfico, y siempre en apoyo a la PNP, nunca reemplazándola en sus funciones primordiales.

¿Qué alternativas existen a la militarización para combatir el crimen organizado?

Expertos y organizaciones de la sociedad civil sugieren que, en lugar de una militarización que puede tener efectos adversos, se deben fortalecer las capacidades de la Policía Nacional. Esto incluye:

• Mayor inversión en logística y tecnología para la PNP: Equipamiento moderno para investigación, patrullaje y comunicación.
• Capacitación especializada: Entrenamiento continuo en técnicas de investigación criminal, inteligencia, y respeto a los derechos humanos.
• Mejora de las condiciones laborales de los policías: Salarios dignos, seguro de vida, y bienestar para el personal y sus familias.
• Fortalecimiento de la inteligencia policial: Para desarticular redes criminales desde su raíz, identificando financistas y líderes.
• Coordinación interinstitucional: Entre PNP, Ministerio Público, Poder Judicial y gobiernos locales para una respuesta integral.
• Prevención social del delito: Programas que aborden las causas subyacentes de la criminalidad, como la pobreza, la falta de oportunidades y la exclusión social.

El debate sobre la seguridad en el Callao y la intervención de las Fuerzas Armadas es un reflejo de la complejidad del fenómeno criminal en el Perú. Si bien la preocupación por la seguridad es legítima y la necesidad de acción urgente es innegable, la elección de las herramientas y estrategias para combatirla debe ser cuidadosamente evaluada, garantizando siempre el respeto al marco constitucional y a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.

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