13/01/2024
En el complejo entramado de las decisiones que definen el rumbo de una nación, emerge un concepto que, si bien no se encuentra formalmente definido en manuales de políticas empresariales como una 'política de cortesía', sí se manifiesta de forma contundente en la interacción entre el poder político, los intereses económicos y la sociedad civil: el corte político. Este término describe la dinámica de poder mediante la cual se toman y ejecutan decisiones cruciales, a menudo con profundas implicaciones sociales y ambientales, y cómo estas decisiones pueden llevar a la represión y criminalización de la disidencia. En Argentina, este 'corte político' ha sido particularmente visible en el ámbito del extractivismo, especialmente en la polémica expansión del fracking.
La narrativa oficial a menudo presenta estas políticas como un camino ineludible hacia el desarrollo y la soberanía energética, minimizando o negando los impactos adversos y silenciando las voces críticas. Sin embargo, un examen más profundo revela cómo este 'corte político' no solo reconfigura el mapa geopolítico y económico del país, sino que también genera un caldo de cultivo para la conflictividad social, donde las fuerzas de seguridad y el sistema judicial pueden convertirse en herramientas para asegurar los intereses de las grandes corporaciones, a expensas de los derechos de las comunidades y del medio ambiente.
La Geopolítica de los Hidrocarburos y el Corte Político
Durante los últimos ciento cincuenta años, la civilización global ha dependido en gran medida de la explotación de combustibles fósiles. Esta dependencia ha forjado un escenario donde el acceso a estos recursos estratégicos es sinónimo de poder y, en ocasiones, de conflictos armados y tensiones geopolíticas. Las grandes empresas petroleras ostentan un poder de lobby inmenso, ejerciendo una influencia considerable sobre las decisiones políticas a nivel mundial. La historia reciente, desde la guerra del Chaco hasta la invasión de Irak, ilustra cómo el control del petróleo se ha convertido en un objetivo central de la política exterior de las potencias.
Frente al inminente agotamiento de los hidrocarburos convencionales, algunos países europeos han optado por una transición hacia energías limpias y la eficiencia energética. Sin embargo, la vía adoptada por gigantes como Estados Unidos, y replicada en Argentina, ha sido la expansión de la frontera hidrocarburífera mediante la explotación de combustibles no convencionales, una opción de menor calidad, mayor costo económico y significativamente más contaminante. Este giro representa un claro ejemplo de 'corte político', donde la decisión de priorizar la extracción de recursos a cualquier costo ambiental y social se impone sobre alternativas más sostenibles. En EE. UU., por ejemplo, esta política se manifestó en exenciones de normativas ambientales y cláusulas de confidencialidad que amparan a las empresas petroleras, limitando la transparencia y el control público sobre sus actividades.
El Caso Argentino: YPF, Chevron y la Profundización del Extractivismo
En Argentina, la expropiación parcial del 51% de las acciones de YPF en 2012, presentada como un acto de recuperación de la soberanía, marcó un punto de inflexión. No obstante, el modelo de sociedad anónima adoptado por la 'nueva' YPF permitió que acuerdos con otras empresas se manejaran como convenios entre sociedades privadas, eludiendo la rendición de cuentas pública. Un ejemplo paradigmático de este 'corte político' fue el controvertido convenio con la empresa Chevron para la explotación del yacimiento Vaca Muerta.
Chevron, una transnacional con un historial de graves condenas ambientales, especialmente en Ecuador por contaminación de la Amazonía, fue elegida como socio principal. Este acuerdo no solo se concretó en medio de irregularidades y un levantamiento de embargo judicial que pesaba sobre la empresa, sino que también fue acompañado por el Decreto 929. Este decreto, diseñado a medida de Chevron, previó beneficios fiscales sustanciales, como la exención de derechos de exportación y la libre disponibilidad de divisas, contraviniendo la Ley Nacional de Hidrocarburos y la Ley General del Ambiente. Estas prerrogativas ilustran cómo el 'corte político' puede flexibilizar el marco legal para favorecer intereses corporativos, incluso a costa de la normativa ambiental y la fiscalidad nacional. La opacidad de este acuerdo y la falta de consulta a las comunidades mapuches, en flagrante violación del convenio 169 de la OIT, evidencian un patrón de decisiones unilaterales que priorizan la inversión por encima de los derechos humanos y ambientales.
El fracking o fractura hidráulica, técnica central en la explotación de hidrocarburos no convencionales, conlleva riesgos ambientales y sociales significativos. Estudios técnicos y experiencias en otros países, como Estados Unidos, han documentado la contaminación de aguas subterráneas y superficiales con gas metano, la activación de fallas geológicas que causan microsismos, impactos severos en la salud humana y animal, y la emisión de gases de efecto invernadero que potencian el calentamiento global. A pesar de la negación oficial y los argumentos de un 'fracking seguro' por parte de la industria, la realidad en la Patagonia Norte argentina ya ha mostrado sus consecuencias, con derrames petroleros, explosiones y mortandad de peces.
La promesa de desarrollo regional, empleo y una amplia red de servicios, a menudo bajo el concepto de 'cluster', contrasta con la realidad de localidades como Añelo en Neuquén. Este pueblo, cercano a Vaca Muerta, ha experimentado un aumento desmedido en los alquileres, escasez de infraestructura básica como hospitales y servicios públicos adecuados, y la reproducción de los problemas sociales típicos de los enclaves extractivistas, como el aumento de la criminalidad, la trata de personas y las adicciones. Este 'mal desarrollo' es un subproducto directo del 'corte político' que favorece la acumulación de capital sin una planificación social y ambiental integral.
Además, el 'corte político' no solo se manifiesta en las decisiones económicas y ambientales, sino también en la esfera social a través de la criminalización de la protesta. El discurso oficial tiende a estigmatizar a los ambientalistas como 'fundamentalistas' o promotores de 'terrorismo ambiental', deslegitimando sus reclamos y justificando la represión. Los conflictos por el fracking han sido escenario de fuertes represiones, amedrentamiento y persecución judicial, especialmente contra las comunidades indígenas. La Justicia provincial, en muchos casos, ha fallado sistemáticamente a favor de las corporaciones, violando derechos preexistentes de los pueblos originarios y persiguiendo a líderes comunitarios bajo cargos como 'usurpación'. Esta alineación de los poderes político, económico y judicial es una característica distintiva del 'corte político' que busca silenciar la disidencia y asegurar la continuidad de los proyectos extractivos a cualquier costo social.
Resistencias y Criminalización: La Respuesta Ciudadana
Frente al avance del extractivismo y el 'corte político' que lo sustenta, diversas organizaciones sociales, comunidades de pueblos originarios y asambleas de vecinos autoconvocados han emergido como focos de resistencia. Inspirados en luchas previas contra la megaminería, estos colectivos han promovido la sanción de ordenanzas municipales que prohíben el fracking en sus territorios, como fue el caso pionero de Cinco Saltos en Río Negro, y decenas de otras localidades en Entre Ríos, Mendoza y Buenos Aires. Estas normativas locales apelan al principio precautorio, la protección del agua y la salud, y el derecho a la participación y decisión de las poblaciones.
Sin embargo, la respuesta del 'corte político' no se ha hecho esperar. Los fallos judiciales, en muchos casos, han revocado estas ordenanzas, declarándolas inconstitucionales y reafirmando la primacía de los intereses provinciales y nacionales sobre las decisiones locales. La represión de las manifestaciones, las denuncias penales por 'usurpación' contra comunidades indígenas que defienden sus territorios ancestrales y la constante campaña de estigmatización contra los mapuches son claros ejemplos de cómo el 'corte político' utiliza el aparato del Estado, incluyendo a las fuerzas de seguridad y el sistema judicial, para contener y desarticular la protesta social, asegurando el avance de la agenda extractivista. La quema de viviendas y el acoso constante a líderes comunitarios son tácticas de amedrentamiento que buscan quebrar la resistencia organizada.
Tabla Comparativa: Fracking: Promesas vs. Realidad
| Aspecto Clave | Argumento de la Industria y el Gobierno | Realidad y Denuncias de Comunidades/Expertos |
|---|---|---|
| Seguridad Operacional | Tecnología avanzada garantiza un 'fracking seguro', sin riesgos de contaminación. | Contaminación de acuíferos, activación de fallas geológicas, impactos en la salud humana y animal. Accidentes frecuentes en zonas de explotación. |
| Uso del Agua | Consumo mínimo de agua, se construirán acueductos para gestionar la demanda. | Uso intensivo de millones de litros de agua en zonas áridas, exacerbando la escasez hídrica y contaminando fuentes vitales. |
| Desarrollo Regional | Generación masiva de empleo, crecimiento económico, infraestructura y servicios. | Creación de 'pueblos campamentos' con problemas urbanos y sociales severos (inflación, falta de servicios, criminalidad). Beneficios concentrados, no distribuidos. |
| Transparencia y Legalidad | Acuerdos legítimos, dentro del marco legal, con beneficios para el país. | Acuerdos opacos (ej. Chevron), decretos a medida que violan leyes existentes, falta de audiencias públicas y consulta previa a comunidades afectadas. |
| Impacto Social | Progreso y bienestar para las comunidades, respeto por los derechos. | Desalojos, criminalización de la protesta, estigmatización de ambientalistas y pueblos originarios, represión de manifestaciones. |
Preguntas Frecuentes
¿Qué se entiende por 'corte político' en el contexto extractivo?
El 'corte político' se refiere a la forma en que las decisiones gubernamentales, influenciadas por grandes intereses económicos, priorizan la explotación de recursos naturales a gran escala, a menudo ignorando o suprimiendo los impactos ambientales y sociales negativos. Implica una alineación de poderes (ejecutivo, legislativo, judicial) y el uso de herramientas legales y de fuerza para facilitar estos proyectos y contener la disidencia.
¿Qué es el fracking y por qué es tan controversial?
El fracking (fractura hidráulica) es una técnica para extraer gas y petróleo no convencionales inyectando millones de litros de agua, arena y químicos a alta presión para fracturar rocas subterráneas. Es controversial debido a sus severos impactos ambientales (contaminación de agua, sismicidad) y sociales (afectación a la salud, desplazamiento de comunidades, uso intensivo de recursos).
¿Cómo afecta el fracking a las comunidades y al medio ambiente?
Afecta a las comunidades con la contaminación de sus fuentes de agua, problemas de salud derivados de la exposición a químicos, aumento de costos de vida, y la pérdida de sus medios de subsistencia tradicionales. En el medio ambiente, causa degradación del suelo, contaminación del aire y agua, y contribuye al cambio climático por la emisión de gases.
¿Qué rol juegan las fuerzas de seguridad en los conflictos extractivos?
En el marco del 'corte político', las fuerzas de seguridad a menudo actúan como un brazo ejecutor para garantizar la continuidad de los proyectos extractivos. Esto puede incluir la represión de protestas, el desalojo de comunidades de sus tierras y la criminalización de líderes y activistas sociales bajo diversos cargos, como 'usurpación' o 'alteración del orden público', lo que limita el legítimo derecho a la protesta y la defensa territorial.
¿Existen alternativas al modelo extractivista?
Sí. Muchos expertos y organizaciones proponen la transición hacia un nuevo paradigma energético basado en la eficiencia energética, la descentralización productiva y el desarrollo de energías alternativas y limpias (eólica, hidráulica, fotovoltaica). Estas alternativas buscan satisfacer las necesidades energéticas sin comprometer el medio ambiente ni los derechos de las futuras generaciones, promoviendo un desarrollo verdaderamente sostenible y equitativo.
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