27/02/2025
La seguridad pública en una nación tan vasta y compleja como México es un desafío multifacético que requiere la coordinación de diversas instituciones y la constante adaptación a nuevas realidades. Desde la vigilancia en las intrincadas zonas limítrofes, donde la colaboración interinstitucional se vuelve vital, hasta las trascendentales decisiones judiciales que moldean el futuro de las corporaciones policiales, cada acción tiene un impacto directo en la tranquilidad y el bienestar de los ciudadanos. Este artículo explora cómo los esfuerzos conjuntos de las fuerzas del orden, las determinaciones de la Suprema Corte de Justicia y las resoluciones en disputas territoriales convergen en la búsqueda de un México más seguro y justo, revelando los intrincados mecanismos que operan detrás de escena para proteger a la sociedad.
Policías en la Zona Limítrofe: Una Estrategia Binacional para la Seguridad
La vigilancia y el control en las zonas limítrofes representan una piedra angular en la estrategia de seguridad nacional. La interacción constante entre entidades federativas y la proximidad a rutas clave de tránsito hacen de estas áreas puntos críticos para la prevención del delito y el mantenimiento del orden. Un ejemplo palpable de esta colaboración es la iniciativa conjunta entre los estados de Jalisco y Guanajuato, donde las fuerzas de seguridad han intensificado su presencia y coordinación para blindar las carreteras que conectan ambas regiones.
Estos operativos no son meras demostraciones de fuerza; son el resultado de un diseño estratégico que busca maximizar la eficiencia y la cobertura. Oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato, a través de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, y de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, con la representación de la Policía del Estado y la Policía Vial, han unido sus capacidades. A esta sinergia se suman la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, consolidando un frente común que abarca diversos niveles de autoridad y experiencia militar.
Los patrullajes conjuntos se despliegan estratégicamente en tramos carreteros de vital importancia, como la Federal 45 (tanto la de cuota León-Aguascalientes como la libre León-Lagos de Moreno) y la Estatal 87 León-Ocampo, con su entronque en Comanja de Corona. Estas vías no solo son arterias de comercio y transporte, sino también puntos susceptibles para actividades delictivas si no se mantienen bajo estricta vigilancia.
Las actividades que realizan los agentes en estos puntos van más allá de la simple presencia disuasoria. Incluyen acciones de proximidad con la ciudadanía, un elemento crucial para construir confianza y fomentar la colaboración. Los oficiales no solo están allí para responder a emergencias, sino también para socializar medidas de seguridad preventivas. Esto implica educar a los automovilistas y, especialmente, a los operadores del transporte de carga, sobre cómo prevenir delitos patrimoniales y promover una conducción segura. Esta interacción directa es fundamental para crear una cultura de autoprotección y responsabilidad compartida.
Además del despliegue terrestre, la estrategia en las zonas limítrofes se ve reforzada por un apoyo aéreo significativo. Las corporaciones de ambos estados cuentan con recursos aéreos que permiten una visión más amplia del terreno, facilitando la detección de actividades sospechosas y la coordinación de operaciones en tierra. Esta capacidad aérea no solo amplía el rango de vigilancia, sino que también sirve como un factor disuasorio adicional, enviando un mensaje claro a quienes intenten quebrantar la ley.
El objetivo primordial de estos esfuerzos es doble: garantizar la seguridad de la ciudadanía y, de manera proactiva, inhibir la comisión de delitos. Es una muestra de cómo la cooperación interinstitucional y la implementación de estrategias integrales son esenciales para mantener la paz y el orden en las zonas de mayor vulnerabilidad y tránsito.
La Corte y la Consolidación de una Policía Honesta: El Caso de la Guardia Nacional
La lucha contra la corrupción policial ha sido una constante en la historia de la seguridad pública en México. La aspiración de contar con una corporación íntegra y eficaz choca a menudo con realidades complejas que han llevado a la penetración del crimen organizado en las estructuras de poder. En este contexto, la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a la Guardia Nacional ha generado un intenso debate y ha puesto de manifiesto la delicada balanza entre la eficacia operativa y el marco legal.
La mayoría de los ministros de la SCJN invalidaron la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), una medida que, para algunos, frenó un modelo de seguridad que estaba empezando a mostrar resultados en la difícil tarea de contener la violencia. Esta decisión implica que la Guardia Nacional, una corporación que goza de alta aprobación ciudadana, regrese al control de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Asimismo, se cancela la facultad del secretario de la Defensa para nombrar al comandante de la Guardia, y se elimina el requisito de que este sea un militar de alto rango.
La Corte, con esta acción, parece dificultar la consolidación de una corporación diseñada para evitar el resurgimiento de una policía corrompida o, peor aún, una policía “en manos de los delincuentes”, como se ha señalado en diversas ocasiones. La visión del gobierno de la Cuarta Transformación fue la de crear una nueva institución que, desde su origen, garantizara la probidad y combatiera eficazmente al crimen organizado, evitando la aparición de “super policías” que en realidad servían a intereses criminales.
Es crucial recordar los argumentos esgrimidos en el debate judicial. El ministro Arturo Zaldívar, por ejemplo, señaló acertadamente que el origen de la Guardia Nacional radicaba en el enorme desafío que significaba haber heredado un modelo de seguridad previamente comprometido. Hizo referencia a la revelación, surgida del juicio en Nueva York, de cómo la estructura de seguridad estaba diseñada para favorecer a grupos del crimen organizado. Zaldívar fue enfático al recordar que “todos los esfuerzos realizados por el Estado mexicano, desde la creación de la Policía Federal Preventiva en 1999, la Agencia Federal de Investigación en 2001, la Policía Federal en 2009 hasta su extinción en 2019, se encuentran marcados por la existencia probada de la pertenencia al crimen organizado de su más alto mando”. Este lamentable historial incluye la designación de altos cargos por individuos comprometidos con el crimen.
El ministro también aludió a la continuidad de este problema durante sexenios posteriores, como el de Enrique Peña Nieto, donde “las cúpulas de estas fuerzas policiales quedaron marcadas por los montajes, la alianza con el crimen organizado y la simulación”. La incorporación de la Policía Federal a la Secretaría de Gobernación no logró transformar una institución que ya estaba profundamente penetrada. Es precisamente para evitar estos riesgos históricos que el gobierno actual ha buscado edificar un nuevo modelo de seguridad pública, basado en una nueva institucionalidad, la depuración del personal, la eliminación de prácticas corruptas y la introducción de mecanismos de blindaje contra la descomposición institucional.
El diseño de la Guardia Nacional como un cuerpo militarizado ofrecía, según sus defensores, mayores garantías de honestidad y eficacia, así como un mayor blindaje frente al poder corruptor del narcotráfico y las bandas delincuenciales. A pesar de los debates jurídicos y políticos, la estrategia del gobierno federal ha mostrado resultados tangibles. Una encuesta reciente del INEGI (ENSU) reveló que, en el primer trimestre de este año, aunque el 62% de los mexicanos aún considera inseguro vivir en su ciudad, esta cifra representa el registro más bajo desde el tercer trimestre de 2013. El pico de inseguridad percibida se alcanzó en los primeros tres meses de 2018, con un 75%. Además, la misma encuesta indica que el 73.6% de la población considera a la Guardia Nacional “muy efectiva o algo efectiva” en el combate a la delincuencia. La decisión de la SCJN, al separar a la Guardia Nacional de la SEDENA, pone en riesgo una estrategia que, para muchos, está rindiendo frutos en beneficio de la sociedad.
El Peligro en la Demora: Justicia y Derechos Territoriales
La justicia no solo se imparte en los grandes debates nacionales sobre seguridad; también se manifiesta en las resoluciones que afectan directamente la vida y los derechos de comunidades específicas. Un ejemplo contundente de esto es la reciente orden de la Jueza Federal de Bariloche, Silvina Domínguez, al barrio privado Arelauquen Golf & Country Club SA. La magistrada ordenó que el club “proceda al corrimiento del alambrado perimetral que delimita su territorio hasta los límites catastrales que le corresponden, bajo apercibimiento de imponer sanciones conminatorias por cada día de retardo”.
Esta sentencia es el resultado de una medida cautelar solicitada por la comunidad mapuche, ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo en la instancia de conciliación. El litigio lleva dos años en el Juzgado Federal de Bariloche y se centra en un cerco perimetral del barrio privado que invade una porción del territorio reconocido por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) a la comunidad Lof Che José Celestino Quijada. El fallo no especifica la cantidad exacta de metros o hectáreas, pero remite al plano catastral determinado por el reconocimiento del INAI, que reconoce una porción de 304 hectáreas a la lof Quijada.
La jueza Domínguez ha sido enfática en sus fundamentos. Consideró que la Resolución 43/2021 del INAI “reconoce la ocupación actual, tradicional y pública de la comunidad lof che José Celestino Quijada perteneciente al pueblo mapuche respecto del territorio comunitario”. Para la magistrada, la “verosimilitud en el derecho se encuentra acreditada, toda vez que el Estado Nacional reconoció la ocupación sobre las tierras en litigio por parte de la parte actora (comunidad Quijada)”. Crucialmente, no se acreditó que la ocupación que realiza Arelauquen sobre la porción de tierra alambrada y objeto de la medida cautelar sea legítima.
Uno de los puntos clave de la sentencia es el reconocimiento del peligro en la demora. La jueza admitió que la dilación en el corrimiento de los límites podría tener “gravísimas e irreversibles consecuencias para la parte actora”, especialmente en lo que respecta a la subsistencia de la comunidad y su actividad económica. Esto subraya la importancia de la celeridad judicial cuando los derechos fundamentales de una comunidad están en juego.
Para la comunidad mapuche, esta resolución cautelar es un paso más en su lucha. Se suma a otras victorias judiciales que ya garantizaban su acceso a la lof por un camino más accesible (el mismo del country, ya que el alternativo era intransitable) y la habilitación de servicios básicos. Desde la comunidad, se critica que “este abuso y atropello fue silenciado durante años por el poderoso consorcio inmobiliario de capitales extranjeros quienes, no conformes con sus riquezas, avanzaron sobre nuestro territorio, dejándonos encerrados y empobrecidos”. Expresan la esperanza de que quienes habitualmente se indignan por las reafirmaciones de derechos territoriales de las comunidades originarias, condenen de igual forma el accionar del Country Club “usurpador” que, según ellos, los despojó de una parte esencial de su territorio hace más de 14 años.
Preguntas Frecuentes (FAQ)
¿Qué tipo de actividades realizan los policías en zonas limítrofes?
En las zonas limítrofes, los policías realizan patrullajes conjuntos con fuerzas de otros estados y corporaciones federales como la Guardia Nacional y SEDENA. Sus actividades incluyen vigilancia terrestre y aérea, acciones de proximidad con la ciudadanía, socialización de medidas de seguridad para prevenir delitos patrimoniales y promoción de una conducción segura, especialmente para transportistas y automovilistas.
¿Por qué la Suprema Corte intervino en el control de la Guardia Nacional?
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) intervino para invalidar la transferencia total de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). La decisión se basó en el marco constitucional que establece que la seguridad pública debe ser de carácter civil. La Corte buscó preservar el control civil de la corporación y evitar la consolidación de un modelo de seguridad que, según algunos ministros, podría contravenir principios fundamentales.
¿Cuál es el propósito de militarizar la Guardia Nacional según el gobierno?
Según el gobierno, el propósito de militarizar la Guardia Nacional era dotarla de mayor disciplina, honestidad y eficacia, buscando blindarla contra la corrupción que históricamente ha afectado a otras corporaciones policiales de carácter civil. Se argumenta que un cuerpo militarizado ofrece mayores garantías de integridad y una respuesta más contundente ante el crimen organizado, basándose en la experiencia y estructura de las Fuerzas Armadas.
¿Qué significa "peligro en la demora" en un contexto judicial?
En un contexto judicial, el “peligro en la demora” (periculum in mora) es un requisito fundamental para la concesión de medidas cautelares. Significa que, si la resolución judicial tarda en ser emitida o ejecutada, la parte solicitante podría sufrir un daño irreparable o de muy difícil reparación. En el caso de la comunidad mapuche, la jueza consideró que la demora en el corrimiento de los límites del country ponía en riesgo la subsistencia y las actividades económicas de la comunidad.
¿Cómo afecta el reconocimiento del INAI a las comunidades indígenas?
El reconocimiento del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) es crucial para las comunidades indígenas, ya que oficializa su ocupación tradicional y pública de un territorio. Este reconocimiento legal sirve como base para que las comunidades puedan reclamar y defender sus derechos territoriales y culturales, facilitando la protección de sus tierras ancestrales y su modo de vida frente a invasiones o disputas con terceros, como en el caso de la comunidad Lof Quijada y el country Arelauquen.
Conclusión: Un Esfuerzo Constante por la Seguridad y la Justicia
La seguridad y la justicia son pilares inquebrantables de cualquier sociedad próspera, y los ejemplos analizados demuestran la complejidad y el dinamismo de su construcción en México. Desde la necesaria coordinación policial en las zonas fronterizas, que busca crear un escudo protector contra el delito, hasta las decisiones de la Suprema Corte que delinean el futuro de nuestras instituciones de seguridad, cada paso es un acto de equilibrio entre la eficacia y el respeto al marco legal. Asimismo, las resoluciones judiciales en disputas territoriales nos recuerdan que la justicia debe ser pronta y efectiva, especialmente cuando los derechos fundamentales y la subsistencia de comunidades ancestrales están en juego. Estos esfuerzos combinados, aunque a veces controvertidos, son indispensables para forjar un país donde la ley prevalezca, la corrupción sea combatida y cada ciudadano pueda vivir con la tranquilidad y la dignidad que merece.
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