Montes de María: La Tragedia Oculta de la Guerra

Los Montes de María, una región de profunda riqueza cultural y ancestral entre Sucre y Bolívar, fue escenario de una violencia que dejó cicatrices imborrables: 56 masacres, cientos de miles de desplazados, una economía en ruinas y una tristeza honda entre sus cultos y luchadores campesinos. La narrativa oficial a menudo simplifica estos eventos a una mera defensa contra la barbarie guerrillera, pero la verdad es mucho más compleja y sus raíces, más hondas. ¿Cómo pudo ocurrir tal horror en una zona no selvática, con presencia de fuerza pública, fiscales, jueces y gobierno? La impunidad, la facilidad con la que los victimarios actuaban a solo un par de horas de Cartagena, la capital turística de Colombia, y la falta de protección para los valientes campesinos que luchaban por su tierra, son preguntas que claman por respuestas y que revelan una trama de alianzas oscuras y complicidades que se tejieron en el corazón de esta región.

Las Raíces Profundas de la Tragedia

Para entender la magnitud del conflicto en los Montes de María, es crucial retroceder en el tiempo. Mucho antes de que los tristemente célebres jefes de las Autodefensas de Córdoba, Salvatore Mancuso y los hermanos Vicente y Carlos Castaño, pisaran estas tierras, una guerra sorda y sucia ya venía gestándose desde la década de los setenta. La reforma agraria del presidente Carlos Lleras Restrepo (1966-1970) fue un catalizador inesperado. Su promesa de titular tierras a los arrendatarios que por años habían labrado las fincas de sus patrones desató el pánico entre los hacendados, quienes reaccionaron expulsando a miles de campesinos.

Estos campesinos, antaño fieles siervos, se organizaron con el apoyo oficial en la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc). Al ritmo del acordeón y con el canto de “la tierra es pa’l que la trabaja”, regresaron a las fincas que habían habitado por generaciones, ocupándolas pacíficamente y exigiendo su titulación. Invadieron más de 400 haciendas, un movimiento que, según el investigador Alejandro Reyes, en 1976, no dejó más de diez muertos en esa larga lucha por la tierra. Entre los años setenta y ochenta, la Anuc logró que el Incora titulara 546 fincas en parcelaciones colectivas y empresas comunitarias, sumando unas 120 mil hectáreas. Este cambio súbito en un orden feudal que había permanecido inamovible por siglos alarmó a algunos terratenientes, quienes comenzaron a armar a sus peones para golpear a todo aquel que amenazara su modo de vida. Esta fue la primera semilla de venganza que, quince años después, cobraría miles de vidas.

Los 'Paras' Originales: Semillas de Venganza

Hacia fines de los ochenta, pequeños grupúsculos de matones armados surgieron como hongos en la quebrada geografía montemariana y en las regiones aledañas de Sucre. Bandas como La Mano Negra en El Carmen de Bolívar, La Cascona en Sincelejo (mencionada incluso en una lista de paramilitares revelada en 1987 por el ministro César Gaviria), ‘Muerte a Secuestradores y Comunistas’ en Bolívar, Los RR en San Juan Nepomuceno, Los Benítez en San Pedro y Los Encapuchados de Colosó, comenzaron a operar. En San Juan de Betulia, Los Macarenos fueron entregados a la policía por 300 campesinos hartos de las persecuciones, pero no duraron mucho tiempo presos.

La lógica inicial, según dirigentes de la región, era que la Policía y la Armada permitían que cuatreros comunes siguieran delinquiendo a cambio de su colaboración en asesinatos contra líderes sociales. Era la mentalidad de la Guerra Fría, que confundía guerrilla con dirigencia social, interpretando cualquier intento de cambio como subversión. Un comerciante de El Carmen de Bolívar describió cómo en su pueblo, hacia 1987 u 88, se formó un paramilitarismo local donde la fuerza pública utilizaba a ex-presos para señalar guerrilleros, resultando en muertos diarios en la “calle del crimen”.

En Macayepo, la banda de Los Rodríguez, liderada por Rodrigo Mercado Peluffo, alias ‘Cadena’ (quien después se convertiría en un sanguinario jefe de las AUC), operaba como ladrones y asaltantes de buses. A pesar de que el pueblo se armó para expulsarlos, el comandante de la Armada los defendía como “gente decente”. ‘Cadena’, tras la muerte de un familiar a manos de la guerrilla, se unió a esta banda y, según alias ‘Diego Vecino’, exjefe paramilitar, luego fue contratado como carnicero y guía de operaciones militares por la Infantería de Marina. Más tarde, fue escolta de Javier Piedrahita, un caballista cercano a los narcotraficantes Ochoa Vásquez, quien lo conectó con Carlos Castaño. Desde 1994, ‘Cadena’ trabajó en la Convivir “Nuevo Amanecer” de Piedrahita, y tras un “curso de comandante” en las escuelas de Castaño, se convirtió en el “señor del terror” de los Montes de María a partir de 1997.

Fortunas Sospechosas y Alianzas Oscuras

El origen del paramilitarismo en la región no puede contarse sin la llegada, desde los años ochenta, de personajes con fortunas misteriosas, muchos vinculados al narcotráfico, que compraron grandes fincas. Estos nuevos terratenientes llegaron con hombres armados, acostumbrados a un negocio que se regulaba a bala. Municipios costeros como Tolú, Toluviejo y San Onofre, importantes corredores para la salida de droga, vieron la mayor concentración de estas compras de tierra.

Se recuerda a ‘Los Carranceros’, una banda que llegó en los noventa, asociada al empresario esmeraldero Víctor Carranza. Aunque Carranza fue absuelto de cargos por conformación de grupos paramilitares y negó vínculos con la banda que llevaba su apellido, testimonios locales indicaban que ‘Los Carranceros’ cuidaban los corredores de cocaína del Golfo de Morrosquillo, cobrando por sus servicios de protección. Eventualmente, esta banda fue masacrada por órdenes de Castaño y Mancuso, que no toleraban grupos que no se les plegaran, y la fuerza pública oficializó la “victoria”.

Otras Convivir, como ‘Esperanza Futura’ de Álvaro Botero Maya y Héctor Julio Alfonso Pastrana (esposo de ‘La Gata’), y la Convivir Caser de Samuel Segundo Mayoriano, también fueron autorizadas en la misma época, a menudo sirviendo de fachada legal para grupos armados ilegales que ya operaban y cometían abusos. La estrategia de arropar de legalidad a estos grupos sugiere una orquestación desde niveles más altos.

Grandes narcotraficantes como Luis Enrique Ramírez Murillo, alias ‘Miki’ Ramírez, compraron fincas y establecieron empresas, como Frutas Tropicales de Colombia S.A., que también sirvieron de base para grupos armados como Los Valdés, responsables de la masacre de Pichilín en 1996. ‘Miki’ Ramírez fue el cerebro detrás de la Convivir Montesmar. De manera similar, ‘Chepe Barrera’ y un empresario antioqueño de apellido Pineda establecieron sus propios grupos de autodefensa en El Guamo, y la familia Méndez en Córdoba-Tetón, dando origen a la banda de Los Méndez, a la que se le atribuye la masacre de El Salado.

El Recambio de Guerrillas y su Impacto

Paralelamente al surgimiento de los paramilitares, las guerrillas, ya afianzadas en otras partes del país, crecieron en la región. El MIR-Patria Libre fue la primera manifestación guerrillera, intentando tomas y asaltos a comienzos de los ochenta, para luego desmovilizarse en 1994. Sin embargo, el 7 de noviembre de 1985, las FARC llegaron a Sucre, mostrando una actitud sectaria hacia la Anuc, a la que miraban con desdén por haber negociado la titulación de tierras con el gobierno. Coparon las bases de la Anuc, las juntas comunales, y asesinaron a activistas agrarios que se les resistían. A pesar de proclamar su lucha por la tierra, no se conoce un solo predio que la guerrilla haya conseguido para los campesinos.

Las guerrillas aprovecharon la frustración del movimiento campesino ante la detención de la reforma agraria. La presión sobre los campesinos era inmensa: “Uno iba a las zonas de cultivos y aparecían dos o tres tipos armados y preguntaban que si uno había visto al ejército; y luego venían a la casa los del ejército a preguntar por los guerrilleros. A uno lo ponían en una situación de inseguridad. Muchos prefirieron irse”, relata don Joaquín Maza de Mampuján.

En 1987, el EPL hizo su aparición en El Carmen de Bolívar, inicialmente extorsionando a grandes finqueros y repartiendo reses entre los campesinos, pero pronto la violencia escaló con secuestros y asesinatos. Muchos ganaderos encontraron en la venta de sus tierras al Incora una solución al acoso guerrillero, a menudo haciendo negocio con el Estado al vender a precios inflados tierras devaluadas por la inseguridad.

La primera masacre en los Montes de María, documentada por José Francisco Restrepo, ocurrió en septiembre de 1992 en El Cielo, Chalán, dejando ocho muertos a manos de hombres armados de identidad aún desconocida. A medida que otras guerrillas se desmovilizaban (como la CRS en 1994), las FARC, con sus frentes 35 y 37, consolidaron su presencia en Sucre y Bolívar, controlando corredores estratégicos y extorsionando a la población. El asesinato del exgobernador de Sucre, Nelson Martelo, en 1995, marcó un punto de quiebre, intensificando el conflicto.

El Estallido de la Violencia y la Patente de Corso

A mediados de los noventa, la violencia en los Montes de María escaló dramáticamente. Las FARC generalizaron el secuestro, llevando a Sucre a ser uno de los departamentos más afectados en 1996. Las quemas de fincas y tractomulas eran diarias, causando pérdidas multimillonarias. La espiral de violencia entre paramilitares y guerrillas fue en ascenso, desmintiendo la versión de algunos exjefes paramilitares de que su ofensiva fue solo una reacción: desde el principio, la guerra se libró más contra los civiles que entre los armados.

La fuerza pública, aunque combatió a la guerrilla, a menudo protegió o no actuó contra los paramilitares. Algunos oficiales tenían su “puntería distorsionada por la ideología de la Guerra Fría”, viendo líderes sociales y políticos como “objetivos militares” en lugar de los verdaderos jefes guerrilleros. Un empresario de El Carmen de Bolívar lo resumió: “No se podía hablar de nada. Era un tuti-fruti entre guerrillas, paramilitares, policía, y cuando la Armada venía, lo maltrataban a uno. Había tres enemigos guerrilla, paras y fuerza pública”.

El asesinato del dirigente de la Anuc, Rodrigo Montes, en 1994, y las amenazas al alcalde de Chalán, Edinson Zamora, marcaron el inicio de una persecución contra el Movimiento Cívico de Sucre, una opción de renovación política que amenazaba a los caciques tradicionales. Luis Miguel Vergara, líder de este movimiento y alcalde de Corozal, fue asesinado en 1996, y quince concejales del Movimiento Cívico también fueron ultimados. Los paramilitares eliminaron así cualquier posibilidad de renovación política democrática.

El gobierno de Ernesto Samper (1994-1998), debilitado por escándalos, permitió la creación de las Cooperativas de Seguridad Rural, las Convivir. Estas se convirtieron en una “patente de corso” para que los paramilitares desataran su guerra, dándoles acceso a armas de uso privativo de la fuerza pública y salvoconductos para matar y huir, amparados por los carnets de las Convivir. La alianza de políticos, ganaderos (incluyendo narcotraficantes) y el paramilitarismo de los Castaño ya estaba fraguada cuando se creó la primera Convivir en 1995. La famosa reunión en la finca Las Canarias de Miguel Nule Amín en 1997, que la versión oficial señala como el inicio formal del paramilitarismo, fue en realidad la formalización de una alianza ya en marcha.

La Ironía de la Guerra y la Resistencia

La expansión paramilitar en los Montes de María, irónicamente, no consiguió su principal objetivo: acabar con la guerrilla. En cambio, destrozó a las familias más pobres, dejando cientos de viudas y huérfanos, despojó a los campesinos de sus tierras, aplastó el liderazgo social y asfixió cualquier intento de renovación política. Abrió y limpió corredores de tráfico ilícito y aseguró contratos jugosos para empresarios. Todo esto sin erradicar a la guerrilla, que incluso creció en ataques a medida que el paramilitarismo se expandía. El terror de unos alimentaba el odio de los otros, en un ciclo vicioso de violencia.

Cuando se inició el proceso de desmovilización paramilitar en 2003, la guerrilla en los Montes de María seguía intacta. La versión oficial que reduce el conflicto a una gesta antiguerrillera es insuficiente; el paramilitarismo y la guerrilla prosperaron porque se alimentaron de venganzas heredadas, odios profundos por una disputa de tierras nunca resuelta y, crucialmente, la complicidad de políticos y empresarios locales, quienes por miedo, miopía o ambición, se plegaron a métodos bárbaros importados por el narcotráfico.

La justicia quedó trunca, con el asesinato y expulsión de funcionarios diligentes asegurando la impunidad. El Gobierno Nacional no protegió a la población civil, sino que la dejó a su suerte, con una fuerza pública permeada por ideas anticomunistas y la corrupción del dinero fácil. La creación de las Convivir fue como echar gasolina a un incendio incipiente. Los asesinatos y amenazas sistemáticas dejaron a la región sin sus mejores inteligencias, paralizada por el miedo.

A pesar de todo, muchos valientes resistieron, aunque les faltó el poder para detener la máquina de guerra. Un respiro llegó con una estrategia doble posterior: la negociación que desmovilizó a los paramilitares (a pesar de sus trampas) y una fuerza pública mejor conducida desde el gobierno Nacional. De la mano de oficiales valientes, entre los que se destacó el entonces coronel Rafael Colón, la fuerza pública enderezó su norte y combatió y desvertebró por parejo a guerrillas y paramilitares. Este tiempo de mayor reposo ha traído prosperidad, y hoy, tejedores de sociedad, colectivos de víctimas y organizaciones sociales, buscan construir las bases para una sociedad mejor, una que haya aprendido las amargas lecciones.

Lecciones Amargas y un Futuro Incierto

A pesar de los esfuerzos actuales, los problemas fundamentales que originaron el conflicto persisten: una tierra mal repartida, una institucionalidad débil incapaz de poner orden en la titulación legítima (que hoy es un rompecabezas tras sucesivos despojos), los negocios del narcotráfico que siguen prosperando en el Golfo de Morrosquillo, y una dirigencia política corrupta y miope obsesionada con sus privilegios. Además, algunos miembros de la fuerza pública o políticos, rezagados en la historia, continúan viendo “peligrosos comunistas” entre los líderes sociales, resultando en asesinatos impunes en el campo. Solo si estos factores cambian, los montemarianos podrán evitar que su triste historia se repita. La memoria de lo sucedido es un faro para el futuro.

Preguntas Frecuentes sobre el Conflicto en Montes de María

¿Por qué fue tan alta la impunidad en los Montes de María?

La impunidad en Montes de María se debió a una combinación de factores. En primer lugar, la justicia fue “trunca” por el asesinato y la expulsión de fiscales y funcionarios diligentes que intentaron investigar los crímenes. En segundo lugar, hubo una clara complicidad y tolerancia por parte de algunos miembros de la fuerza pública hacia los grupos paramilitares, a quienes en ocasiones protegieron o permitieron operar libremente. La mentalidad de la Guerra Fría también jugó un papel, ya que se confundía la dirigencia social con la subversión, lo que justificaba la persecución de líderes campesinos y políticos. Finalmente, la creación de las Cooperativas Convivir por parte del gobierno nacional otorgó una fachada legal a los grupos armados, dificultando su persecución y facilitando sus crímenes al darles acceso a armas y salvoconductos.

¿Cómo se originó el paramilitarismo en la región de Montes de María?

El paramilitarismo en Montes de María no fue un fenómeno espontáneo. Sus raíces se encuentran en la década de los setenta, cuando la reforma agraria generó miedo entre los grandes hacendados, quienes comenzaron a armar a sus peones para proteger sus tierras. Hacia fines de los ochenta, surgieron pequeños grupos armados locales, a menudo vinculados a terratenientes y políticos, que operaban con cierta permisividad de la fuerza pública. La llegada de narcotraficantes en los años ochenta, quienes compraron grandes extensiones de tierra y trajeron sus propias estructuras armadas para proteger sus negocios ilícitos, fue un factor clave. Finalmente, a mediados de los noventa, estos grupos locales se articularon con las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) de los hermanos Castaño y Salvatore Mancuso, formalizando alianzas con élites políticas y económicas de la región, como lo evidenció la reunión en la finca Las Canarias.

¿Cuál fue el papel de la Fuerza Pública durante el conflicto en Montes de María?

El papel de la Fuerza Pública en Montes de María fue complejo y a menudo contradictorio. Si bien combatieron a la guerrilla, en muchos casos mostraron una clara ineficacia o, peor aún, complicidad con los grupos paramilitares. Informes y testimonios indican que algunos oficiales de la Armada, el Ejército y la Policía tuvieron una “puntería distorsionada” por la ideología anticomunista de la Guerra Fría, priorizando la persecución de líderes sociales y políticos en lugar de los verdaderos jefes guerrilleros. La creación de las Convivir, autorizadas por el gobierno, les dio a los paramilitares una fachada legal y acceso a armamento, lo que, en la práctica, significó una vía libre para su expansión. Sin embargo, en etapas posteriores del conflicto, y con una mejor conducción desde el gobierno, se destacó el papel de oficiales valientes, como el Coronel Rafael Colón, quienes sí combatieron y desarticularon por igual a guerrillas y paramilitares.

¿Quién fue el Coronel Rafael Colón?

El Coronel Rafael Colón fue un oficial de la Fuerza Pública que se destacó por su valentía y liderazgo en la fase posterior del conflicto en Montes de María. El texto indica que, de la mano de unos oficiales valientes y mejor conducidos desde el gobierno Nacional, el entonces Coronel Rafael Colón fue fundamental en el proceso donde la fuerza pública “enderezó su norte y combatió y desvertebró por parejo a guerrillas y paramilitares”. Su mención sugiere un punto de inflexión en la actuación de la fuerza pública en la región, pasando de una posible ineficacia o complicidad a una estrategia más equitativa y efectiva en la lucha contra todos los grupos armados ilegales.

¿Qué impacto tuvo el conflicto en los campesinos de Montes de María?

El impacto del conflicto en los campesinos de Montes de María fue devastador. Sufrieron directamente las consecuencias de 56 masacres, miles de asesinatos políticos y el desplazamiento forzado de cientos de miles de personas. Sus campos quedaron desolados y muchos se vieron obligados a vivir en tugurios urbanos. Fueron despojados de sus tierras, y lo que quedaba de su liderazgo social fue aplastado. La violencia generó una profunda tristeza y ruina económica, afectando a una población de rica cultura ancestral. A pesar de su lucha por la tierra y su cultura, fueron las principales víctimas de una guerra que, paradójicamente, no acabó con la guerrilla pero sí los arruinó y les dejó una tristeza honda en sus corazones.

Si quieres conocer otros artículos parecidos a Montes de María: La Tragedia Oculta de la Guerra puedes visitar la categoría Policía.