Conga: La Batalla por el Agua y el Oro en Perú

El proyecto minero Conga, ubicado en la región de Cajamarca, Perú, no es solo un emprendimiento de extracción de oro y cobre; es un símbolo de los profundos conflictos socioambientales que han marcado la historia reciente del país. Su propuesta de operación desató una de las mayores crisis de gobernabilidad y polarización social, poniendo en el centro del debate la coexistencia entre el desarrollo económico y la protección de los recursos naturales, especialmente el agua. La controversia en torno a Conga reveló fracturas significativas en la opinión pública y expuso las deficiencias en la gestión de conflictos por parte del Estado, dejando un legado de desconfianza y un llamado urgente a repensar el modelo de desarrollo minero en el Perú.

La Opinión Pública Dividida: Un Reflejo de la Tensión Nacional

La percepción pública sobre el proyecto Conga ha sido, desde sus inicios, marcadamente dividida, reflejando las profundas brechas entre las diferentes realidades y perspectivas en el país. Mientras que en la capital, Lima, el apoyo al proyecto tendía a ser mayor, en el interior del país, y de manera crucial en la región de Cajamarca, las opiniones estaban fuertemente polarizadas. Esta dicotomía no solo se manifestó en torno a la viabilidad del proyecto en sí, sino también en la interpretación de los trágicos eventos que lo rodearon, incluyendo las muertes ocurridas durante las protestas en Cajamarca, sobre las cuales también se observó una notoria división en la opinión pública.

La capital, a menudo más alejada de los impactos directos de la minería y con una visión más centrada en la macroeconomía, tendía a ver a Conga como una oportunidad de inversión y crecimiento. Sin embargo, en las regiones, particularmente aquellas con una historia de interacción con la minería y sus consecuencias, la preocupación por el impacto ambiental, especialmente en la disponibilidad y calidad del agua, era una prioridad ineludible. Esta brecha de percepción subraya la necesidad de un diálogo más inclusivo y de políticas que consideren las realidades locales más allá de los indicadores económicos generales.

El Origen de un Conflicto Emblemático: ¿Medio Ambiente o Manipulación Política?

Buena parte del debate sobre el conflicto provocado por la realización del proyecto Conga se centró en explicar su origen y naturaleza, dando lugar a dos narrativas polarizadas. Por un lado, se ubicaban quienes sostenían que el conflicto era una lucha legítima entre los defensores del medio ambiente y aquellos que solo buscaban el enriquecimiento de unos pocos. Esta perspectiva, a menudo asociada con sectores de la izquierda, veía en Conga una reedición de la lucha contra el sistema capitalista, ahora bajo un ropaje ecológico.

En el otro extremo, se encontraban quienes consideraban que el conflicto era producto de los intereses políticos de personajes locales que buscaban desestabilizar al gobierno, desinformar y manipular a una población que consideraban ignorante. Esta visión, más afín a posiciones conservadoras, a menudo sugería complots e intereses oscuros detrás de las protestas. Ambas caracterizaciones, aunque presentes en la prensa y en el discurso político, adolecían de una visión simplista y reducían un problema complejo a una confrontación binaria.

Lo más preocupante fue la escasa capacidad de análisis mostrada por funcionarios del gobierno central, cuyas declaraciones a menudo carecían de fundamentos y revelaban una nula articulación entre sus diferentes organismos. Un ejemplo notorio fue la declaración del entonces ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva, quien afirmó que “la violencia en Cajamarca desalienta a potenciales inversionistas; hay que ver qué intereses están detrás; las ONG que dicen defender a las comunidades son financiadas por mineras de otros países con los que competimos”. Estas acusaciones sin pruebas no solo mostraban ignorancia, sino que también desviaban la atención de las causas subyacentes del conflicto.

Causas Inmediatas del Conflicto: Una Confluencia de Intereses y Descontento

Como suele suceder en conflictos de esta magnitud, las causas fueron variadas y multifactoriales. El proyecto Conga encontró su punto más álgido cuando se logró articular un frente amplio compuesto por actores con diversos intereses, pero con coincidencias mínimas. Las principales causas inmediatas que impulsaron la oposición fueron:

• Un extendido y arraigado rechazo hacia la compañía Yanacocha: Buena parte de las poblaciones cajamarquinas mantenían un sentimiento negativo hacia la empresa, producto de un pésimo manejo social y de bajos estándares sociales y ambientales a lo largo de más de una década de su presencia en la región.
• Reclamo de inclusión de pobladores rurales: Las comunidades alrededor del proyecto exigían ser incluidas dentro del área de influencia directa para poder participar de los beneficios propuestos. La exclusión percibida generó un fuerte descontento.
• Preocupación por los impactos ambientales: Especialmente en la calidad y cantidad de agua disponible. Esta preocupación se intensificó al saber que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) fue aprobado siguiendo procedimientos percibidos como poco transparentes. La amenaza a lagunas y cabeceras de cuenca fue un punto central.
• Estrategias políticas: Actores políticos locales encontraron en el enfrentamiento al proyecto una manera eficaz de lograr presencia, legitimidad y liderazgo en la región, a la par de posicionarse en contra del gobierno central. Figuras como Gregorio Santos y Wilfredo Saavedra capitalizaron este descontento.

Los actores involucrados eran diversos, desde poblaciones rurales y grupos medioambientales hasta activistas políticos con diferentes agendas, incluyendo figuras ligadas a Patria Roja, remanentes del MRTA y al etnocacerismo radical.

El clima social en Cajamarca ya se había enrarecido con la inminente expansión de Yanacocha y el recuerdo de conflictos pasados, como el de Cerro Quillish en 2004. En este contexto, el Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca, liderado por Wilfredo Saavedra, logró aglutinar el descontento existente. El Gobierno Regional de Cajamarca, bajo la presidencia de Gregorio Santos, se sumó al apoyo del paro y la oposición al proyecto minero.

Cronología de una Crisis: Hitos Clave del Conflicto Conga

El conflicto por el proyecto minero Conga no surgió de la nada; fue el resultado de meses de escalada de tensiones y eventos clave que lo llevaron a convertirse en el principal conflicto social del país. La polarización creció con cada suceso, culminando en un escenario de confrontación entre las autoridades, la empresa y las comunidades.

La Gestión Gubernamental: Errores y Reacciones Ante la Crisis

La reacción del gobierno central para gestionar el conflicto de Conga fue, en muchos aspectos, torpe y contraproducente. Desde el inicio, se observó una falta de estrategia clara y una escasa capacidad de análisis. El entonces ministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, habría tratado con suma displicencia al Presidente Regional de Cajamarca, Gregorio Santos, en su despacho en Lima, lo que tensó aún más la relación. Además, hubo muestras públicas poco aceptables de parcialización con la compañía Yanacocha y declaraciones sobre la corrección del EIA que luego fueron desmentidas por el propio Ministerio del Ambiente (MINAM).

La falta de cohesión interna fue evidente, con diferentes funcionarios del gobierno enfrentándose públicamente, incluyendo a miembros de la Unidad de Resolución de Conflictos de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). La postura del propio Presidente Ollanta Humala, al anunciar “Conga va” y “no aceptaré ningún ultimátum”, lejos de apaciguar, exacerbó el enfrentamiento y consolidó la oposición.

Estos errores llevaron a una serie de cambios en el gabinete, incluyendo la renuncia del primer ministro Salomón Lerner y su reemplazo por Óscar Valdés Dacourt, así como la salida de los ministros de Energía y Minas y del Ambiente. El nuevo gabinete, bajo Valdés, anunció la convocatoria a un peritaje internacional para evaluar el EIA del proyecto, una medida que buscaba dar legitimidad y transparencia, aunque no logró disipar por completo la desconfianza.

Hacia una Minería Sostenible: Propuestas para la Transformación del Sector

Ante la complejidad del conflicto Conga, diversos analistas, como Gerardo Castillo Guzmán, plantearon soluciones que iban más allá de la viabilidad del proyecto, apostando por una transformación del sector minero en el Perú. Se propusieron tres puntos centrales:

1. “Descongalizar” el debate: La pregunta central no debería ser cómo sacar Conga adelante, sino cómo convertir la minería en uno de los ejes centrales del desarrollo nacional. Esto implicaría una revisión exhaustiva e independiente del proyecto Conga. Si no se encuentra sostenibilidad ambiental y social, el gobierno debería asumir las proyecciones de inversión minera y prepararse para ello, sin permitir que la oposición a Conga arrastre a otros proyectos importantes con estándares más altos.
2. Tornar creíble y efectivo el balance entre desarrollo minero y cuidado ambiental: El eslogan de “oro y agua” del Presidente, aunque bien intencionado, no se tradujo en acciones concretas. En lugar de fortalecer el MINAM y los organismos reguladores como OSINERGMIN, se buscaron soluciones que no garantizaban la independencia ni la especialización. Además, la ausencia de un plan serio de remediación para los miles de pasivos ambientales existentes minaba la credibilidad del compromiso ambiental del gobierno.
3. Crear una fuerte y positiva relación entre desarrollo minero y desarrollo social: El modelo seguido desde la década de 1990, que transfiere el 50 por ciento del impuesto a la renta pagado por las compañías mineras a las regiones sin un criterio de desarrollo más allá de la infraestructura, ha sido desastroso. Las obras de poca envergadura realizadas por gobiernos locales con escasas capacidades técnicas tienen un impacto bajísimo, y la mayoría se orienta a zonas urbanas, dejando a las poblaciones rurales donde se localizan los proyectos con muy bajas probabilidades de recibir impactos positivos a través del canon.

Estas propuestas resaltan la necesidad de generar una visión de desarrollo nacional, regional y rural que parta de la inversión minera, algo que, según Castillo Guzmán, los gobiernos anteriores no tuvieron y que se vuelve indispensable.

El Impacto en Hualgayoc: La Complejidad de las Áreas de Influencia

El análisis de Adrián Sisniegas Rodríguez, especializado en Derecho Ambiental y Recursos Naturales, pone de manifiesto cómo el proyecto Conga, y la forma en que se definió su área de influencia, afectó a poblaciones como la de Hualgayoc. La mina Yanacocha, la más grande de oro en Sudamérica, y el proyecto Conga, con sus depósitos de oro y cobre, se ubican en distritos de Celendín y Cajamarca. Sin embargo, la realidad social y ambiental a menudo trasciende las delimitaciones administrativas del Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

El problema fundamental radica en el establecimiento de las Áreas de Influencia Directa (AID) y Áreas de Influencia Indirecta (AII) sin una adecuada coordinación ni explicación a las poblaciones. Mientras que la AID comprende el área de emplazamiento del proyecto y las zonas directamente impactadas, y la AII abarca los espacios fuera de la AID con impactos indirectos, la práctica ha demostrado que estas definiciones pueden ser arbitrarias o incompletas.

Un caso paradigmático es el del Centro Poblado El Tambo, en el distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc. A pesar de que la evidencia de campo sugiere que esta población se vería afectada por el desarrollo del proyecto Conga y que sus habitantes fueron actores principales en las protestas, no fue tomada en cuenta en el EIA. Esto significa que ni Minera Yanacocha ni el Estado establecieron contacto ni consideraron a esta comunidad en sus planes de mitigación o beneficios.

Las razones de esta exclusión son complejas. Primero, la fuerte resistencia histórica de la población de Hualgayoc-Bambamarca a la minería, debido a la existencia de pasivos ambientales que han contaminado los ríos del valle del Llaucano, dejando un recuerdo negativo de la actividad. Segundo, la desconfianza generalizada hacia personas y vehículos foráneos, especialmente aquellos vinculados a la empresa minera, manifestada en la existencia de tranqueras y la aplicación de la “justicia rondera” a ingenieros y vehículos de la empresa. Estas barreras, aunque comprensibles desde la perspectiva de la comunidad, pudieron haber sido un impedimento para que la consultora y la empresa minera incluyeran a El Tambo, pero no deberían haberlo sido para una entidad estatal como el MEM, que con una mínima coordinación podría haber identificado los impactos más allá de las provincias inicialmente consideradas.

Este ejemplo subraya la facilidad con la que se pueden omitir zonas afectadas al establecer las áreas de influencia, generando una desprotección de los derechos ciudadanos y revelando las deficiencias institucionales en la verificación y seguimiento de la información de los EIA.

Relacionamiento Comunitario: La Base de la Licencia Social

Las falencias en el establecimiento de las áreas de influencia se extienden al relacionamiento de Minera Yanacocha con las poblaciones. El EIA de Conga identificó caseríos específicos dentro de la AID y AII, pero la forma en que la empresa interactuó con estas comunidades fue un factor clave en el escalamiento del conflicto.

Según testimonios de pobladores, Yanacocha inició su relacionamiento sin informar directamente sobre el verdadero alcance de lo que sucedería con las lagunas. Se utilizó una evidente asimetría de información: la empresa ingresaba a través de diversas formas, como la entrega de juguetes o insumos, o la capacitación en salud, educación o agricultura. El objetivo de estas reuniones, según los pobladores, era obtener firmas de la mayor cantidad de habitantes de los caseríos, que luego serían interpretadas como señal de aprobación al proyecto.

Cuando los dirigentes locales, rondas campesinas, frentes de defensa y ONG comenzaron a coordinar, la información sobre la posible desaparición de las lagunas se hizo pública. Fue entonces cuando los pobladores de los caseríos se dieron cuenta de que sus firmas habían sido utilizadas de manera engañosa, lo que generó una profunda desconfianza y un sentimiento de traición.

Una vez que el conflicto estalló, Minera Yanacocha redujo drásticamente su área de relacionamiento comunitario. Actualmente, se relaciona con un número mínimo de pobladores y caseríos, a quienes se les otorgan beneficios como contratación para limpieza de cunetas, servicios de transporte, construcción de infraestructura de agua potable o carreteras. Sin embargo, se ha comprobado que muchos caseríos del Área de Influencia Indirecta no reciben beneficios, contradiciendo la versión de la empresa de que existen 32 comunidades que apoyan el proyecto sin especificar sus nombres.

Este escenario resalta la imperiosa necesidad de que el relacionamiento comunitario se lleve a cabo de manera transparente y honesta. El Estado, a través de sus diversas instituciones (MEM, Ministerio del Ambiente, Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, Defensoría del Pueblo, OEFA y SENACE), tiene la obligación de reducir la asimetría de información que a menudo es mal utilizada por las empresas mineras para sustentar una supuesta “licencia social”, lo que inevitablemente genera grandes conflictos sociales.

Escenarios Actuales y Futuros: Un Horizonte Complejo para Conga

Los escenarios político y social que enfrentó el gobierno de Ollanta Humala en noviembre de 2011 eran claramente desfavorables para el proyecto Conga, a pesar de un contexto económico propicio con precios de metales que hacían rentable la inversión. Sin embargo, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, que asumió en 2016, heredó un panorama aún más desafiante, con los tres escenarios (político, social y económico) volviéndose desfavorables para la viabilidad de Conga.

En el ámbito político, Kuczynski, aunque a favor de una “minería ambientalmente aceptada”, reconoció que “Conga no es viable en tanto continúe el conflicto social”. Por otro lado, Gregorio Santos, figura central de la oposición, salió de prisión con un masivo respaldo popular, siendo percibido como un héroe en la defensa del agua, lo que se reflejó en su apoyo electoral continuo. Los alcaldes de distritos clave en el área de influencia, como Huasmín, Sorochuco y Celendín, pertenecen al Movimiento de Afirmación Social (MAS), liderado por Santos, lo que indica un persistente rechazo popular al proyecto.

En el escenario social, los grupos opositores, como las Rondas Campesinas, frentes de defensa y ONG, continúan promoviendo movilizaciones y monitoreos en las zonas cercanas a las lagunas, dado que los trabajos de Yanacocha, aunque suspendidos, no cesaron por completo. Por el lado de los grupos que apoyan el proyecto (Yanacocha, ALAC, trabajadores y la Cámara de Comercio de Cajamarca), se han enfocado en actividades de publicidad y proyectos de infraestructura, pero el Colectivo Cajamarca, que apoyaba a Conga, ya no existe.

Económicamente, la situación también ha empeorado. Los precios del oro y el cobre han caído significativamente desde 2011, lo que afecta la rentabilidad del proyecto. A pesar del crecimiento del PBI en el sector minero por otras operaciones, Cajamarca sigue siendo una de las regiones con mayores índices de pobreza y pobreza extrema en el país, lo que refuerza la percepción de que la minería no ha traducido sus ganancias en desarrollo local equitativo.

En resumen, el caso Conga es un claro ejemplo de que la existencia de concesiones mineras, estudios de impacto ambiental aprobados y permisos no garantizan la licencia social. La desconfianza de la población hacia la empresa y los conflictos generados por operaciones previas son factores socio-jurídicos cruciales. La forma en que se establecen las áreas de influencia y el relacionamiento comunitario transparente son fundamentales para evitar futuros conflictos y asegurar que la minería pueda realmente contribuir al desarrollo nacional de manera sostenible y equitativa.

Preguntas Frecuentes sobre el Proyecto Conga

¿Por qué el proyecto Conga generó tanta oposición en Cajamarca?
El proyecto Conga generó una fuerte oposición debido a un cúmulo de factores. Principalmente, la población de Cajamarca ya tenía un arraigado rechazo hacia Yanacocha por un historial de manejo social deficiente y bajos estándares ambientales. La preocupación por el impacto en la cantidad y calidad del agua, especialmente la afectación de lagunas y cabeceras de cuenca, fue central, sumado a la percepción de opacidad en la aprobación de su Estudio de Impacto Ambiental. Además, hubo actores políticos locales que capitalizaron este descontento para ganar legitimidad.

¿Cuál fue el principal punto de controversia ambiental en Conga?
El principal punto de controversia ambiental en el proyecto Conga fue la propuesta de la empresa de reemplazar cuatro lagunas de cabecera de cuenca por reservorios artificiales para la gestión del agua. Esta medida generó una enorme preocupación por la alteración irreversible del ciclo hídrico natural, la reducción de la disponibilidad de agua para consumo humano y agricultura, y la potencial contaminación de fuentes de agua vitales para las comunidades circundantes.

¿Cómo se vio afectada la población de Hualgayoc por el proyecto Conga?
La población de Hualgayoc, específicamente el Centro Poblado El Tambo en Bambamarca, se vio afectada por el proyecto Conga a pesar de no haber sido incluida en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) como área de influencia directa. Esta exclusión, combinada con la histórica resistencia de la población a la minería debido a pasivos ambientales previos en la zona y la desconfianza hacia la empresa, generó que sus preocupaciones y posibles impactos no fueran debidamente considerados, agravando el conflicto social y la desprotección de sus derechos.

¿Qué papel jugó el gobierno en el conflicto de Conga?
El gobierno central jugó un papel crucial pero controvertido en el conflicto de Conga. Su gestión fue percibida como torpe y parcializada a favor de la empresa, mostrando falta de capacidad de análisis y una estrategia inconsistente. Declaraciones públicas desafortunadas, contradicciones entre ministerios y la imposición de un estado de emergencia contribuyeron a exacerbar el conflicto. Aunque se intentó el diálogo y se convocó un peritaje internacional, la falta de transparencia y la incapacidad de construir confianza con las comunidades agravaron la situación, dejando lecciones importantes sobre la gestión de conflictos socioambientales en el país.

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