09/06/2026
En un mundo donde la innovación en seguridad se presenta como un camino hacia democracias más modernas y humanitarias, surge una preocupante paradoja en América Latina. Se nos ha dicho que las armas no letales son un avance: herramientas diseñadas para disuadir, dispersar o contener disturbios sin recurrir a la fuerza letal que históricamente ha marcado la represión. Sin embargo, una investigación periodística exhaustiva revela una realidad muy diferente. Lo que en teoría debería ser un mecanismo de protección ciudadana y contención controlada, se ha transformado en un floreciente negocio que, en manos de diversas fuerzas policiales, ha dejado una estela de dolor, miles de lesiones, traumas psicológicos y, trágicamente, muertes. Este artículo profundiza en cómo esta promesa de seguridad se ha desvirtuado, convirtiéndose en un verdadero negocio de la represión.
El Auge del Negocio de la Represión
En los últimos cinco años, América Latina ha sido el escenario de al menos veinte protestas ciudadanas de gran envergadura. Movilizaciones esperanzadoras, creativas, pero también cargadas de fuerza y rabia, que han durado meses en algunos países como Venezuela, Chile o Colombia, o han sido explosiones de unos pocos días en Bolivia, Ecuador o Guatemala. Cientos de miles, en su mayoría jóvenes, estudiantes, obreros y minorías vulnerables, han salido a las calles a reivindicar sus derechos y expresar su descontento. Ante este panorama, la respuesta rápida de los Estados, lejos de ofrecer soluciones a las demandas, ha sido, en muchos casos, la represión.
La justificación oficial para la compra de equipos antimotines y armas no letales es clara: contener desmanes, proteger a los manifestantes pacíficos y a los transeúntes, y asegurar que no se destruyan propiedades públicas o privadas, todo ello sin exponer irresponsablemente a los agentes. Pero la práctica dista mucho de esta teoría. Esta investigación pudo comprobar que ocho países de la región gastaron en los últimos cinco años al menos 112 millones de dólares en compras públicas de estos equipos. Una cifra que, con toda seguridad, es mayor, dado que la información en algunos países no es pública o lo es solo parcialmente.
El análisis de las compras públicas en este sector revela un incremento alarmante: en 2019, los gobiernos llegaron a triplicar las adquisiciones de equipos antidisturbios y armamentos menos letales, especialmente en Chile y Colombia. En 2020, el gasto prácticamente se duplicó, a pesar de las restricciones de la pandemia. Y en 2021, el gasto continuó creciendo, sobre todo en Brasil y Colombia, donde el descontento social arreció. Venezuela, con un régimen autoritario, presenta cifras aún más exorbitantes, con gastos de 500 millones de dólares en armas y equipos anti-movilizaciones en 2012, y la importación de 194 tanquetas antimotines de China hasta 2014.
Entre las principales proveedoras de este mercado se encuentra la empresa brasileña Condor Tecnologias Não-Letais, fundada en 1985 y con sede en Nova Iguaçu, Río de Janeiro. Condor es una de las líderes en el desarrollo de un extenso catálogo de productos que incluyen gases lacrimógenos, balas de goma, perdigones, pistolas de descarga eléctrica y armas que aturden o iluminan. Sus productos han sido utilizados para contener manifestaciones en Chile, Ecuador, Bolivia, Guatemala y Venezuela. Los datos de exportación de Nova Iguaçu en “equipos de seguridad y orden público” (deducidos como ventas de Condor) ascienden a 8.8 millones de dólares a 12 países latinoamericanos desde 2018, con Ecuador ($4.1 millones) y Colombia ($1.8 millones) como los mayores compradores. Sin embargo, información oficial de Chile indica que Condor vendió 6.5 millones de dólares a la policía chilena entre 2019 y 2021 a través de intermediarios, posicionando a Chile como su principal destino reciente. Condor, además, ha gozado de considerables beneficios fiscales, apoyo a sus ventas internacionales y financiación para el desarrollo de armas no letales por parte de sucesivos gobiernos brasileños, lo que subraya el carácter lucrativo de este sector.
Otras empresas destacadas incluyen las norteamericanas Combined Systems (con mayor mercado en Centroamérica y México), NonLethal Technologies y Defense Technologies (parte de Cadre Holdings). También compiten firmas más pequeñas y menos transparentes, como la supuestamente inexistente Sangaria Limited o varias empresas turcas que exportaron millones en pistolas traumáticas a Colombia, algunas de las cuales eran tiendas de implementos deportivos, lo que levanta sospechas de alteración de armas para uso como armas de fuego.
Intermediarios Opacos y Préstamos Polémicos
La cadena de suministro de estas armas y equipos está plagada de opacidad, especialmente en lo que respecta a los intermediarios. Obtener información completa de los gobiernos es a menudo imposible o extremadamente difícil, y las comercializadoras rara vez acceden a hablar sobre sus operaciones. Esta falta de transparencia permite que negocios turbios y actores cuestionables se beneficien de un mercado que debería ser de máximo interés público.
Se han documentado casos de monopolios virtuales en la contratación pública. En Guatemala, la firma Tactical Group ha vendido casi 22 millones de dólares en equipos no letales y ha ganado licitaciones incluso presentando ofertas más caras. En Argentina, Bucello & Asociados obtuvo un contrato millonario para equipos antimotines, que luego tuvo que ser rescindido porque los productos no se ajustaban a lo contratado. Más alarmante aún, Automation Systems, una empresa ligada a un oficial condenado por secuestro, tortura y asesinato durante la dictadura militar de los setenta, ha ganado 31 contratos con el Estado, incluso después de que la empresa pasara a manos de su hijo tras la sentencia. En Bolivia, la empresa Lynx, proveedora de seguridad, registra una dirección de sede central que no existe. En Colombia, Imdicol sigue siendo un gran proveedor a pesar de múltiples investigaciones por falsedades e irregularidades. Y en Chile, durante las protestas, empresas sin relación alguna con el rubro, como una vendedora de implantes auditivos, vendieron gas pimienta, o una de agrónomos y veterinarios, comercializó cartuchos lacrimógenos y munición “bean bag”.
En Ecuador, un distribuidor de Imdicol, Juan Francisco Herdoíza, vendió trajes antidisturbios a precios exorbitantes y bombas lacrimógenas (de Combined Systems) a un costo significativamente mayor que en contratos posteriores. Estas prácticas sugieren una falta de control y una clara oportunidad para la corrupción.
La investigación también ha sacado a la luz tramas corruptas directas que involucran a intermediarios y funcionarios estatales. Un caso paradigmático es el de Bolivia a fines de 2019, donde el entonces ministro Arturo Murillo, del gobierno transitorio de Jeanine Áñez, orquestó una venta de bombas lacrimógenas a través de sus amigos de Bravo Tactical Solutions, desviando 2.3 millones de dólares. Esta trama fue descubierta por el gobierno de Estados Unidos, lo que llevó al arresto de Murillo en Florida y a la acusación por soborno y lavado de dinero.
Más allá de la corrupción, se ha documentado el préstamo de armas no letales entre países, lo que contradice la idea de salvaguardar a los ciudadanos. Argentina prestó armas a Bolivia durante un periodo de alta volatilidad política, un acto que salió a la luz pública. Ecuador también prestó armas a Bolivia. Y en un momento crítico, Colombia y Perú prestaron armas a Ecuador, con Colombia devolviendo armas de otra marca y Quito devolviendo el favor a Colombia dos años después durante sus propias protestas. Estas colaboraciones, aunque la policía colabora legalmente, cruzan una línea cuando se trata de armamento para reprimir en contextos de inestabilidad, sin saber cómo se usarán y con el riesgo de contribuir indirectamente a la muerte de civiles.
¿Por Qué se Vuelven Peligrosas? La Brecha entre Teoría y Práctica
La transformación de las armas no letales, de herramientas de contención segura a instrumentos de represión violenta con saldos fatales, se debe a múltiples factores que revelan una profunda desconexión entre la teoría y la práctica en América Latina. La seguridad pública, que debería ser de máximo interés ciudadano, parece regirse por una lógica meramente comercial, enfocada en maximizar ventas y ampliar mercados, en lugar de garantizar la protección de la población.
Uno de los problemas centrales es la falta de regulaciones estrictas sobre quiénes pueden participar en el negocio. La investigación ha demostrado que, dependiendo de la “cosecha” de protestas y las conexiones con los gobiernos, pueden infiltrarse desde criminales hasta oportunistas en este lucrativo mercado. Además, la información sobre estas transacciones se mantiene en secreto comercial, lo cual es incomprensible cuando se trata de equipos que se usarán en las calles, afectando a millones de personas. Algunos gobiernos incluso lo justifican como un asunto de seguridad nacional, pero al no ser armas para perseguir criminales o enfrentar tropas extranjeras, sino para contener y proteger a la ciudadanía, todo el comercio debería ser público y transparente.
Otro factor crucial es la deficiencia en el entrenamiento. Expertos en la industria señalan que en Latinoamérica se compran volúmenes masivos de municiones sin que nadie averigüe o explique cómo funcionan, ni se documente su uso adecuado. No se informa que una munición no sirve para todos los escenarios, a pesar de que existen catálogos con cientos de modelos para adaptar la fuerza al principio de proporcionalidad. Esto significa que el policía de a pie rara vez recibe el equipo que realmente necesita para la calle. La falta de regulación en las compras y en la capacitación lleva a que las fuerzas policiales latinoamericanas sigan ciegamente un modelo estadounidense de uso de la fuerza, regido por una lógica comercial y militar, que no se condice con los compromisos internacionales de derechos humanos firmados por estos países.
Además de comprar mal y no saber para qué sirve el equipo, ni los países ni las empresas están entrenando suficientemente bien a los policías. En videos de Popayán, Colombia, se observa a policías disparando lanzagranadas Venom desde el piso, haciendo que los proyectiles vuelen horizontalmente y pongan en riesgo a las personas, cuando el fabricante recomienda usarlo montado en un vehículo. Expertos concluyeron que los agentes no tenían idea de lo que estaban haciendo. Sumado a esto, las condiciones laborales precarias, con turnos de 36 horas o más sin descanso, llevan a agentes exhaustos e irritados a las calles, propensos a un uso desmedido de la fuerza.
La cultura policial también juega un papel determinante. A pesar de que la formación inicial de los agentes puede enseñar a no apuntar a ras de los cuerpos, la realidad en las calles es otra. Muchas víctimas de estas armas relatan que la policía disparó directamente contra las personas, con la intención de causar daño grave. Esto refleja una cultura que a menudo ve al manifestante como un enemigo público o una disrupción malintencionada que debe ser castigada, no contenida.
Finalmente, el uso de armas caducadas o defectuosas agrava la situación. En Venezuela, se han recogido cartuchos lacrimógenos en mal estado o con fecha de vencimiento caducada, que pueden explotar a destiempo o causar incendios. En Ecuador, una exministra justificó el uso de bombas caducadas alegando una emergencia, aunque expertos señalan que esto puede ser peligroso. La propia empresa Condor, si bien afirma que no vende armas defectuosas y que personaliza sus municiones, ha visto modelos suyos fallar pruebas técnicas de la Policía Militar de São Paulo, lo que contradice su afirmación y pone en evidencia el riesgo asociado a estos equipos.
El Doloroso Saldo: Víctimas y Falta de Justicia
El resultado de este panorama es una trágica cifra de víctimas. En los últimos cinco años, las armas no letales disparadas por las fuerzas de seguridad en ocho países causaron la muerte de al menos 33 personas y ocasionaron heridas de gravedad, con secuelas de por vida, a otras 170. De estas víctimas, 187 cayeron en medio de protestas ciudadanas y movilizaciones callejeras.
Las historias son desgarradoras: Juan Pablo en Venezuela, muerto por bombas lacrimógenas disparadas a la cara; Inocencio en Ecuador, fallecido por una bomba que le marcó el rostro; Edvaldo en Brasil y Édison en Ecuador, víctimas de balas de goma; Jonathan en Bolivia, asesinado con una canica disparada con pistola traumática. Otros, como Kenneth en Guatemala y Rufo en Venezuela, perdieron un ojo por el impacto de cartuchos de gas lacrimógeno o disparos deliberados. Francisco en Ecuador y Hernán en Bolivia también perdieron un ojo por balines en el rostro.
El impacto no se limita a los manifestantes. Daniel, un trabajador en Recife, Brasil, perdió un ojo por una bala de goma mientras atravesaba una protesta, a pesar de no participar en ella. Dora, en Popayán, Colombia, vio cómo su casa era dañada y su bebé sufría por el humo de un lanzagranadas Venom disparado por la policía. La senadora chilena Fabiola Campillai quedó ciega, sin gusto ni olfato de por vida tras ser impactada por una bomba de gas en el rostro cuando iba a trabajar, convirtiéndose en un símbolo de la lucha contra la represión.
Lo más lamentable es la falta de justicia. Para la mayoría de las víctimas, las investigaciones judiciales no han comenzado o avanzan con lentitud, años después de los hechos. En algunos casos, como el del fotoperiodista brasileño Alex Silveira, la justicia tardó 20 años en fallar una indemnización. Y cuando se han dictado condenas, los policías a menudo cumplen prisión domiciliaria, dejando una sensación de impunidad. Mientras el dinero público fluye para comprar armas, escasea para resarcir a las víctimas o procesar a los culpables. Muchos ni siquiera tuvieron acceso a servicios médicos para remover los balines incrustados o pagar prótesis.
El Marco Legal vs. La Cruda Realidad
En el papel, muchos países latinoamericanos cuentan con regulaciones adecuadas sobre el uso de la fuerza y las armas. En Venezuela, varias normas proscriben el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas, y prescriben que la fuerza se use solo cuando sea necesaria y proporcional. Sin embargo, la realidad contradice la ley: entre 2017 y 2021, hubo 248 muertes en protestas contra el Gobierno, y un estudio de 2022 reveló que el 33% de los homicidios intencionales en Venezuela fueron cometidos por la fuerza pública.
De manera similar, en México, la Ley Nacional de Uso de Fuerza, desde 2019, prohíbe el uso de armas (de fuego, letales o menos letales) contra quienes participen en manifestaciones pacíficas. Oficialmente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital no ha adquirido gas lacrimógeno o balas de goma para contener movilizaciones. No obstante, organizaciones de derechos de la mujer y manifestantes denuncian el uso de estos equipos cada vez que el movimiento feminista protesta en la capital.
El uso de municiones caducadas es otro ejemplo de esta brecha. En Venezuela, se encontraron cartuchos lacrimógenos vencidos que, según expertos, pueden explotar a destiempo. En Ecuador, la exministra María Paula Romo admitió haber usado bombas caducadas, alegando que eran menos efectivas, no más perjudiciales, una afirmación que le valió una censura y destitución por la Asamblea Nacional. En cuanto a las armas defectuosas, aunque Condor Tecnologias Não-Letais afirma no venderlas y personalizar sus municiones, reportes de la Policía Militar de São Paulo indican que algunos modelos fallaron pruebas técnicas, lo que plantea serias dudas sobre la seguridad de estos equipos en la práctica.
Este panorama, donde gobiernos compran lo que les venden sin conocimiento técnico, actores del negocio ocultan información clave, policías no saben usar las armas, y una cultura policial concibe la protesta como delito, ha resultado en cientos de víctimas y vidas trastocadas para siempre. La ironía es que, mientras los Estados actúan como avestruces, la realidad de la calle demuestra que el propósito de estas armas está lejos de la protección ciudadana.
| Intención Oficial | Realidad Documentada |
|---|---|
| Disuadir y dispersar protestas sin matar ni herir gravemente. | Causan muertes y heridas graves, con secuelas de por vida. |
| Proteger los derechos de quienes protestan y la propiedad. | Se usan para reprimir, silenciar y castigar a manifestantes pacíficos. |
| Contener desmanes de manera proporcional y segura. | Uso desproporcionado, disparo directo al cuerpo, sin capacitación adecuada. |
| Garantizar la seguridad de agentes y ciudadanos. | Ponen en riesgo a agentes por falta de entrenamiento y a ciudadanos por mal uso. |
| Avance de democracias modernas y humanitarias. | Negocio opaco y lucrativo que fomenta la impunidad y la violación de derechos. |
Preguntas Frecuentes
¿Qué es la empresa Condor Tecnologias Não-Letais?
Condor Tecnologias Não-Letais es una empresa brasileña, fundada en 1985 y con sede en Nova Iguaçu, Río de Janeiro. Es uno de los principales fabricantes y proveedores de armas y equipos no letales en América Latina, incluyendo gases lacrimógenos, balas de goma y otros dispositivos de contención para el mercado de la seguridad, defensa y aplicación de la ley. Ha recibido apoyo y beneficios fiscales de los gobiernos brasileños y exporta a numerosos países de la región.
¿Por qué las armas no letales causan muertes y heridas graves?
Aunque se comercializan como "no letales" o "menos letales", estas armas causan muertes y heridas graves por una combinación de factores. Entre ellos se encuentran la falta de regulación en su compra y uso, la capacitación insuficiente de los agentes policiales, el mal uso intencionado (disparar directamente al cuerpo en lugar de a zonas seguras), el uso de municiones caducadas o defectuosas que no funcionan como deberían, y una cultura policial que a menudo percibe a los manifestantes como enemigos a castigar, en lugar de ciudadanos a proteger.
¿Existe regulación sobre la venta y uso de estas armas?
Sí, en muchos países latinoamericanos existen leyes y normativas que regulan el uso de la fuerza y prohíben el uso de armas letales o tóxicas en manifestaciones pacíficas, exigiendo proporcionalidad y necesidad. Sin embargo, la investigación demuestra que estas regulaciones a menudo son ignoradas o eludidas en la práctica. Además, la transparencia en las compras y la participación de intermediarios opacos dificultan la aplicación efectiva de estas leyes.
¿Se venden armas defectuosas o caducadas?
La investigación ha documentado casos de municiones caducadas utilizadas en protestas, como en Venezuela y Ecuador, lo que puede aumentar su peligrosidad o imprevisibilidad. En cuanto a las armas defectuosas, aunque empresas como Condor afirman no venderlas y personalizar sus productos, informes de la Policía Militar de São Paulo en Brasil revelaron que algunos modelos de armas no letales de Condor no pasaron las pruebas técnicas de seguridad y adecuación, lo que sugiere que equipos con fallos sí pueden llegar a ser utilizados.
¿Qué fue la Operación Cóndor?
La Operación Cóndor fue un operativo militar y de agentes federales que se llevó a cabo en la zona del Triángulo Dorado, una región conocida por el cultivo de drogas en México. Esta operación se desarrolló entre los años 1977 y 1983. Es importante destacar que esta "Operación Cóndor" es un evento distinto y sin relación directa con la empresa brasileña Condor Tecnologias Não-Letais, que fabrica armas no letales para fuerzas policiales.
La cruda realidad es que el “Negocio de la Represión” en América Latina está muy lejos de ser un mecanismo de protección ciudadana. Gobiernos de diversas tendencias ideológicas ceden a presiones comerciales y a sus propias necesidades de silenciar la disidencia, incluso cuando no pueden o no quieren satisfacer las demandas legítimas de sus pueblos. Para que este ciclo se rompa y se transforme en el “Negocio de la Protección de la Protesta Ciudadana”, será necesario un cambio profundo en la transparencia, la regulación, la capacitación policial y, fundamentalmente, en la cultura que percibe al ciudadano que protesta como un enemigo.
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