Venezuela: La Sombra del Estado Policial Colonial

Venezuela, una nación inmersa en una alarmante crisis de inseguridad urbana, se posiciona entre los países con las tasas más elevadas de muertes violentas en la región. Lo más preocupante es que una parte significativa de estas fatalidades no proviene de la delincuencia común, sino de las propias operaciones antidelictivas de las fuerzas estatales, caracterizadas por su desproporcionada letalidad. Esta violencia estatal impacta de manera desproporcionada a la juventud pobre y a aquellos de tez menos clara de las barriadas populares. A diferencia de otras latitudes donde las cuestiones raciales están politizadas, en Venezuela, el racismo se manifiesta como un fenómeno latente y poco abordado en la sociedad y la política. Pero, ¿hasta qué punto esta realidad actual es un eco de su pasado colonial?

La respuesta, según expertos como Keymer Ávila, investigador del Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y profesor de Criminología, radica en una profunda herencia histórica: la Colonia fue, por definición, un Estado policial. Este concepto no es una mera analogía, sino una descripción precisa de un sistema donde los habitantes no eran considerados ciudadanos con derechos, sino meros súbditos, o incluso 'salvajes', sujetos a un estado de excepción permanente. Esta visión sentó las bases para el ejercicio ilimitado del poder y la fuerza, una lógica que, lamentablemente, ha perdurado hasta nuestros días.

La Colonia: Un Estado Policial Inherente y su Legado

Durante la época colonial, la función principal de cualquier fuerza de orden, aunque incipiente y rudimentaria comparada con las estructuras modernas, era la de mantener el control y la disciplina sobre una población heterogénea y, en muchos casos, esclavizada o sometida. Los habitantes de las colonias no gozaban de los mismos derechos o consideraciones que los ciudadanos de las metrópolis. Eran vistos como mano de obra, recursos o, en el peor de los casos, amenazas latentes al orden establecido por la corona. Esta percepción justificaba la imposición de un orden riguroso y, a menudo, brutal, donde la ley y la justicia eran aplicadas de manera discrecional, sin los límites normativos que comenzaban a gestarse en los países centrales con el advenimiento del Estado de derecho.

La idea de que los habitantes de las colonias eran 'salvajes' o 'privados de derechos' creó un caldo de cultivo para la impunidad y el abuso. Cualquier acto de resistencia o desviación era reprimido con la máxima severidad, sentando un precedente para la violencia institucional. En esencia, la estructura social y política de la Colonia demandaba la existencia de un aparato coercitivo que garantizara la explotación de recursos y el sometimiento de las poblaciones originarias y africanas traídas a la fuerza. Este sistema no buscaba proteger al ciudadano, sino asegurar la hegemonía del poder colonial y económico. Es esta misma idea la que, de manera subrepticia, aún se encuentra arraigada en muchos países de la región, alimentando las justificaciones de los excesos de la violencia institucional, especialmente la policial.

Violencia Institucional y el Racismo Latente en Venezuela

La violencia de Estado en Venezuela no es un fenómeno aislado de la contemporaneidad, sino que tiene profundas raíces históricas. Desde sus orígenes, los cuerpos de seguridad venezolanos han estado marcados por su militarización y su instrumentalización político-partidista, así como por sus excesos contra las clases populares. La lógica bélica, impuesta para hacer frente a la lucha armada en las décadas de 1960 y 1970, y que dejó miles de violaciones a los derechos humanos, se trasladó posteriormente a las prácticas cotidianas de los organismos de seguridad. Masacres como los «pozos de la muerte», «El Amparo» o «El Caracazo» son ejemplos emblemáticos de esta continuidad en el siglo XX.

En el presente, el sistema penal venezolano se caracteriza por su selectividad, su clasismo, su racismo y su xenofobia. El racismo en Venezuela es un problema no admitido ni asumido, casi un tema tabú. Se manifiesta como un racismo simbólico, cultural y latente, a menudo disfrazado de humor o estética, acompañado de un cúmulo de prejuicios y formas sutiles de opresión y exclusión. Esto incluye el no reconocimiento o el ocultamiento de la propia herencia africana o indígena, e incluso la autodiscriminación, un fenómeno que Esther Pineda ha denominado endorracismo. Aunque no alcanza los niveles institucionalizados de otros países, este racismo alimenta un sustrato que legitima posteriormente otras formas de violencia contra grupos específicos.

Los grupos que enfrentan discriminación sistemática racializada en Venezuela son principalmente los pobres, afrodescendientes e indígenas. Históricamente, también se sumaban migrantes de países vecinos como Haití, Trinidad, Colombia, Ecuador y Perú, quienes recibían un trato mucho menos privilegiado que los migrantes europeos. Esto revela una intersección clara de xenofobia, racismo y clasismo. La relación entre clase y raza es íntima en Venezuela, como en la mayoría de los países coloniales que explotaron a esclavos africanos. Las clases altas y familias tradicionales son predominantemente blancas y endogámicas. La mayoría del país es mestiza (indios, negros y blancos), una condición que, paradójicamente, dificulta la aceptación del problema del racismo. En las clases populares, la presencia de afrodescendientes e indígenas es mayor que en las clases medias, lo que sugiere que la segregación de clase está fuertemente vinculada a la segregación racial.

El Chavismo y la Evolución de la Seguridad Ciudadana

El chavismo, con la victoria de Hugo Chávez en 1998, representó un hito simbólico al ser el primer presidente zambo y de extracción popular. Sin embargo, su impacto en la lucha contra el racismo tuvo más una impronta de clase que de raza. Aunque la oposición tradicional afloró discursos racistas y clasistas, dos décadas después, no se puede afirmar que las clases más excluidas estén mejor; de hecho, hoy existe mayor pobreza, desigualdad, exclusión y represión.

La política de seguridad ciudadana bajo el chavismo puede dividirse en dos etapas:

• 1998-2013 (Gobierno de Chávez): El discurso oficial para abordar la inseguridad tuvo un enfoque predominantemente social. Se entendía que la falta de oportunidades, la exclusión y la desigualdad eran las causas de la violencia, y la solución pasaba por mejorar las condiciones de vida de los más pobres. Esto llevó a una aparente concentración en lo social y la inclusión, pero sin una atención efectiva a las instituciones propiamente securitarias (policías, CICPC, fiscales, tribunales y cárceles). Estas instituciones, ya en mal estado, se convirtieron en parcelas autónomas de poder. La Comisión Nacional de Reforma Policial (Conarepol), creada en 2006, fue un intento de diseñar un nuevo modelo policial. Sin embargo, mientras esta reforma era objeto de propaganda oficial, en la calle las fuerzas de seguridad llevaban a cabo una 'contrarreforma', ocultándose tras el nuevo modelo que rara vez se aplicaba. Este proceso cumplió una función manifiesta de dignificar el servicio, pero también funciones latentes: encubrir la realidad, oxigenar y expandir el aparato policial, y profundizar su discrecionalidad y lógicas militaristas. La idea de la 'unión cívico-militar' nunca dejó de estar presente en la operatividad de estas instituciones.

• 2013-Actualidad (Gobierno de Maduro): Con la muerte de Chávez, el enfoque social fue abandonado. El nuevo presidente, Nicolás Maduro, asumió la seguridad como eje central, adoptando un discurso más represivo y cercano al realismo de derecha. El pobre, antes visto como víctima, pasó a ser el 'victimario', el 'lumpen' desagradecido que, a pesar de las políticas sociales, insistía en delinquir. Esto sirvió como excusa ideológica para dar un 'cheque en blanco' a militares y policías, permitiendo una suerte de profilaxis social donde todo aquel que encajara en los estereotipos de clase y raza de un delincuente debía ser 'sacado del juego', ya sea intimidado, privado de libertad o eliminado físicamente. Operativos como las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) y las actividades de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) son ejemplos recientes de esta política, con consecuencias cada vez más letales. Este gobierno opera bajo una lógica de necropolítica, donde la vida misma parece perder valor a medida que las condiciones materiales de vida se deterioran, ejerciendo mayores controles sobre la población y utilizando el miedo como herramienta principal de poder.

Cifras Alarmantes: La Letalidad de las Fuerzas de Seguridad

Las estadísticas sobre la violencia institucional en Venezuela son desgarradoras. Entre 2010 y 2018, un total de 23.688 personas fallecieron a manos de las fuerzas de seguridad del Estado. El 69% de estos casos ocurrió entre 2016 y 2018. La tasa de homicidios por intervención de efectivos estatales por cada 100.000 habitantes se sextuplicó en ese periodo, alcanzando 16,6, una cifra superior a las tasas de homicidios totales de la mayoría de los países. La proporción de estos casos frente al total de homicidios se incrementó del 4% al 33%. Esto significa que, actualmente, uno de cada tres homicidios en el país es consecuencia de la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado.

Para contextualizar la magnitud de esta tragedia, consideremos las siguientes comparaciones:

Durante 2018, en Venezuela murieron diariamente 15 jóvenes por estas causas, lo que puede considerarse una masacre. Incluso durante los primeros cinco meses de la pandemia de COVID-19, período en el que se esperaba una reducción de la violencia callejera, más de 1.171 personas murieron a manos de las fuerzas de seguridad, mientras que el COVID-19 cobró la vida de 259 personas según cifras oficiales. Esto significa que las fuerzas de seguridad del Estado fueron cinco veces más letales que la pandemia en ese lapso. Es crucial distinguir que estas miles de muertes se refieren a jóvenes de sectores populares, masacrados bajo el argumento de la lucha contra la inseguridad ciudadana, y no a disidentes políticos o manifestantes, aunque la represión contra las protestas también es brutal.

Desafíos y Perspectivas: Un Problema Estructural y la Conciencia Racial

El panorama de las últimas dos décadas en Venezuela confirma un problema estructural en la continuidad y el seguimiento de políticas públicas. La inestabilidad en los cargos ministeriales y la falta de acuerdos mínimos de institucionalidad impiden una política de seguridad consistente. La única continuidad observable es el deterioro y la corrupción de las instituciones, lo que aumenta la vulnerabilidad de la ciudadanía frente a una violencia institucional y delictiva que cada vez son más difíciles de distinguir.

En cuanto a los indicadores sociales y económicos, la precariedad de los datos impide una visión clara de cómo evidencian la discriminación racial. El tema del racismo no ha sido asumido como un problema, por lo que no se aborda ni se registra adecuadamente. Según el Censo Nacional de 2011, solo el 2% de la población se reconoció como 'negra' o 'afrodescendiente', mientras que el 49% se identificó como 'morena'. Esta falta de conciencia de la negritud dificulta la formación de organizaciones fuertes con perspectiva de raza, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos o Brasil. En un contexto de crisis generalizada que afecta las necesidades más básicas (escasez de alimentos y medicinas, enfermedades reemergentes, hiperinflación, aumento de la pobreza), la agenda de prioridades se desvía de los debates raciales.

La conciencia sobre el racismo en Estados Unidos, el movimiento 'Black Lives Matter' y la rebelión antirracista tienen un significado particular en Venezuela. Mientras el gobierno utiliza el caso de George Floyd para su propaganda anti-estadounidense, distrayendo de las masacres internas, los sectores de la oposición tradicional no encuentran mayor eco en este tipo de movimientos, ya que son predominantemente conservadores, racistas y clasistas. Solo alzan la voz cuando las víctimas son sus propios militantes o les conviene a su agenda. La violencia institucional y las violaciones a los derechos humanos deben ser condenadas universalmente, sin dobles raseros que justifiquen los mismos excesos en unos lugares y los condenen en otros. Esta doble moral daña profundamente a las sociedades y la política misma.

Preguntas Frecuentes

• ¿Fue la Colonia un Estado policial?

  Sí, la Colonia fue inherentemente un Estado policial. Los habitantes de las colonias no eran considerados ciudadanos con derechos plenos, sino que estaban sujetos a un estado de excepción y a un control estricto por parte de las autoridades coloniales. La función de las fuerzas de orden era mantener el control y la disciplina sobre la población para asegurar la explotación de recursos y el sometimiento, sentando las bases de la violencia institucional.

• ¿Cómo se manifiesta el racismo en Venezuela hoy?

  El racismo en Venezuela se presenta de manera latente y simbólica, a menudo disfrazado de humor o estética. Se manifiesta a través de prejuicios, discriminación sutil, estigmatización y exclusión, incluyendo el 'endorracismo' (autodiscriminación). Afecta principalmente a los pobres, afrodescendientes, indígenas y ciertos grupos migrantes, y está íntimamente ligado a la segregación de clase.

• ¿Quiénes son las principales víctimas de la violencia policial en Venezuela?

  Las principales víctimas de la violencia policial letal en Venezuela son jóvenes pobres y racializados de los sectores populares. Las masacres por intervención de las fuerzas de seguridad del Estado se dirigen de manera sistemática y cotidiana contra estos grupos, no siendo primariamente disidentes políticos o manifestantes, aunque la represión contra protestas también es brutal y se distribuye de forma diferenciada según la clase de los manifestantes.
• ¿Qué papel jugó el chavismo en la evolución de las políticas de seguridad?

  El chavismo tuvo dos etapas: una inicial (1998-2013) con un discurso social que buscaba abordar la inseguridad a través de la inclusión, pero sin reformar significativamente las instituciones policiales. La segunda etapa (2013-actualidad) bajo Nicolás Maduro, adoptó un discurso represivo, criminalizando la pobreza y justificando la 'profilaxis social' contra los jóvenes de barrios populares, lo que llevó a un incremento alarmante de la letalidad policial.

• ¿Existe conciencia sobre el racismo en Venezuela similar a 'Black Lives Matter'?

  La conciencia de raza en Venezuela está en estado de gestación. A diferencia de Estados Unidos, hay una menor autopercepción racial y las movilizaciones por el racismo son escasas y de corto alcance. Aunque el gobierno utiliza el racismo en EE.UU. como propaganda, los sectores de la oposición tradicional suelen ser conservadores y clasistas, mostrando poco interés en la violencia contra sectores excluidos a menos que convenga a su agenda política.

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