¿Por qué Martín Vizcarra ya no tendría seguridad policial?

La Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE 2023) en Urubamba, Cusco, no solo fue un foro económico, sino también el escenario de un debate crucial sobre la asignación de recursos públicos, particularmente en lo que respecta a la seguridad policial de exfuncionarios. El jefe de Gabinete Ministerial, Alberto Otárola, encendió la discusión al afirmar que la protección policial a los expresidentes de la República “debe ser lo más austera posible”, señalando directamente el caso del exmandatario Martín Vizcarra, cuya seguridad calificó de “exceso”.

Esta declaración ha puesto nuevamente bajo el microscopio la justificación y el costo de la protección que el Estado peruano brinda a sus exlíderes. La situación de Vizcarra Cornejo, con 11 policías a su servicio y un gasto que supera el cuarto de millón de soles en apenas dos años y medio, ha desatado una ola de cuestionamientos, no solo por la cantidad de efectivos y el desembolso económico, sino por un factor legal que, según las autoridades, debería haber suspendido este resguardo hace más de un año.

El Mandato Legal Incumplido: Inhabilitación y Suspensión de Protección

El núcleo de la controversia radica en el Decreto Supremo N°004-2022-IN, promulgado el 6 de mayo de 2022. Este decreto, firmado por el entonces presidente Pedro Castillo y el ministro del Interior Alfonso Chávarry, actualizó el Reglamento de Seguridad y Protección a Funcionarios Públicos, Dignatarios y Personalidades. Su Artículo 11 es claro y contundente al establecer las causales por las cuales la prestación del servicio de protección por parte de la Dirección de Seguridad del Estado de la PNP “se suspende temporalmente”. Entre estas causales, se destaca explícitamente la “inhabilitación del cargo o del ejercicio de la función pública”.

Para Martín Vizcarra Cornejo, esta disposición tiene un impacto directo y crucial. Cinco días después de la promulgación de dicho Decreto Supremo, el 11 de mayo de 2022, el Congreso de la República aprobó una denuncia constitucional en su contra. Esta denuncia, relacionada con presuntos vínculos con empresas privadas durante su gestión como ministro de Transportes y Comunicaciones (2016-2018) en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, derivó en su inhabilitación de la función pública por cinco años. Esta fue la segunda sanción política que recibió el exgobernador regional de Moquegua; la primera, y más prolongada, fue en mayo de 2021, cuando fue inhabilitado por 10 años a raíz del sonado caso del “vacunagate”.

Por lo tanto, desde mayo de 2022, en estricto cumplimiento del Decreto Supremo N°004-2022-IN, Vizcarra Cornejo debió haber dejado de contar con la seguridad policial que actualmente lo acompaña. La persistencia de este resguardo, a pesar de las inhabilitaciones, ha generado un intenso debate sobre el cumplimiento de la ley y la austeridad en el uso de los recursos del Estado.

Voces de Discrepancia y la Defensa de la Ley

Las declaraciones del primer ministro Otárola no son un hecho aislado, sino que reflejan un sentir creciente en diversos sectores políticos y de la ciudadanía. El congresista acciopopulista Luis Aragón, también presente en CADE 2023, fue enfático al señalar que el expresidente “no puede continuar vulnerando una norma”. Para Aragón, si Vizcarra ha sido inhabilitado para ejercer la función pública, “ya no tiene por qué gozar de prerrogativas” como la protección policial. Instó al ministro del Interior a brindar explicaciones al respecto.

En la misma línea, Patricia Chirinos, presidenta de la Comisión de Defensa y Orden Interno del Parlamento, utilizó sus redes sociales para demandar una acción inmediata del ministro del Interior. Chirinos urgió a “retirar la seguridad asignada” al exgobernador de Moquegua, argumentando que esos recursos deberían destinarse a “combatir la inseguridad ciudadana que azota al país”. Su pregunta retórica, “¿O acaso se niega a cumplir y hacer cumplir la ley?”, subraya la tensión y la expectativa de acción.

Sin embargo, no hay una postura unánime. El ministro del Interior, Vicente Romero, ha expresado una opinión diferente, sosteniendo que mientras Vizcarra no tenga una sentencia judicial, la Policía Nacional “sin duda” le dará seguridad. Esta discrepancia entre el titular del Interior y el jefe de Gabinete Ministerial evidencia las complejidades jurídicas y políticas que rodean este tema. Otárola, consciente de ello, ha encargado a su sector revisar esta prerrogativa, buscando una clarificación y un alineamiento con la normativa vigente.

El Factor Económico: Un Gasto Bajo la Lupa Pública

Más allá de las consideraciones legales y políticas, el aspecto económico es un punto de gran controversia. El Comercio reveló que, desde enero de 2021 hasta setiembre de 2023, el resguardo policial a Martín Vizcarra ha significado un desembolso de S/278,060 para el Parlamento. Este monto, obtenido mediante una solicitud en amparo de la Ley de Transparencia, subraya el significativo costo que implica mantener este tipo de protección.

La asignación de 11 policías para un exmandatario inhabilitado, mientras el país enfrenta una crisis de inseguridad ciudadana y una recesión económica, genera indignación y alimenta el debate sobre la prioridad en el uso de los recursos públicos. La ciudadanía y los legisladores cuestionan si es ético y legalmente sostenible mantener este gasto cuando existen necesidades urgentes en el ámbito de la seguridad pública general.

Costo Estimado del Resguardo Policial a Martín Vizcarra

El Marco General de la Seguridad Policial a Dignatarios

Para entender la situación de Vizcarra, es importante contextualizar cómo funciona la seguridad policial para altos funcionarios en Perú. La Policía Nacional del Perú (PNP) tiene entre sus funciones proporcionar resguardo a diversas autoridades, según lo establece la Constitución y la legislación específica.

El Artículo 98 de la Constitución de 1993 establece que el Presidente de la República está obligado a poner a disposición del Congreso efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que demande el Presidente del Congreso.

La Ley de la Policía Nacional, contenida en el Decreto Legislativo 1267 (promulgado en 2017 por Pedro Pablo Kuczynski), en su numeral 6 del Artículo 2, detalla las competencias y funciones de la PNP, incluyendo “brindar seguridad al presidente de la República en ejercicio o electo, a los jefes de Estado en visita oficial, a los presidentes de los poderes públicos y de los organismos constitucionalmente autónomos, a los congresistas de la República, ministros de Estado, así como a diplomáticos, dignatarios y otras personalidades que determine el reglamento de la presente Ley.”

El reglamento de esta ley, el Decreto Supremo N° 026-2017-IN, emitido en octubre de 2017, establece divisiones específicas dentro de la Dirección de Seguridad del Estado:

• División de Seguridad Presidencial: Protege al jefe de Estado vigente, su cónyuge, hijos y padres.
• División de Protección de Dignatarios: Brinda protección personal, a nivel nacional y en forma permanente, a figuras como el presidente de la República electo y expresidentes, ministros de Estado y exministros, el presidente de la Corte Suprema y magistrados, funcionarios de organismos constitucionales autónomos, gobernadores regionales, y directores generales (y exdirectores) de la PNP.
• División de Seguridad del Congreso: Encargada de la protección del presidente, vicepresidentes y congresistas, así como de los parlamentarios andinos.

Cabe señalar que el Decreto Legislativo 1451, promulgado durante el gobierno de Martín Vizcarra, realizó algunas modificaciones a la Ley de la Policía Nacional, pero mantuvo la esencia de las funciones de resguardo a altas autoridades. Este marco legal es el que sustenta la asignación de seguridad a exmandatarios, pero es precisamente el Decreto Supremo N°004-2022-IN el que introduce la salvedad de la inhabilitación.

El ex oficial mayor del Congreso, José Elice, quien ha criticado la forma en que se planteó el retiro de la seguridad a congresistas en el pasado, coincide en que la protección personal para la mayoría de funcionarios, incluidos congresistas, debería eliminarse, salvo excepciones justificadas por informes de inteligencia. Su postura resalta la idea de que los funcionarios deben “mezclarse con el pueblo” y que los recursos policiales son vitales para la seguridad ciudadana general.

Preguntas Frecuentes sobre la Seguridad de Expresidentes y Funcionarios

¿Quiénes tienen derecho a seguridad policial en Perú?

Según la ley, la Policía Nacional brinda seguridad al Presidente de la República en ejercicio o electo, jefes de Estado en visita oficial, presidentes de los poderes públicos y organismos constitucionalmente autónomos, congresistas, ministros de Estado, diplomáticos, dignatarios y otras personalidades determinadas por el reglamento. Esto incluye a los expresidentes, salvo que existan causales de suspensión.

¿Por qué se le asigna seguridad a un expresidente?

La asignación de seguridad a un expresidente se basa en la consideración de su alta investidura pasada y la potencial exposición a riesgos, tanto por su rol político como por la información sensible que pudo manejar. La División de Protección de Dignatarios de la PNP tiene esta función.

¿Qué es una inhabilitación política y cómo afecta la seguridad policial?

Una inhabilitación política es una sanción impuesta por el Congreso que prohíbe a un funcionario público ejercer cargos públicos por un determinado período. Según el Decreto Supremo N°004-2022-IN, la inhabilitación del cargo o del ejercicio de la función pública es una causal para la suspensión temporal del servicio de protección policial.

¿Cuánto cuesta la seguridad policial de un expresidente?

El costo varía según la cantidad de efectivos asignados y el tiempo de servicio. En el caso de Martín Vizcarra, se ha revelado que su resguardo costó S/278,060 al Parlamento entre enero de 2021 y setiembre de 2023, con 11 policías a su disposición.

¿Puede el Ministro del Interior retirar la seguridad a un funcionario inhabilitado?

Según el Decreto Supremo N°004-2022-IN, sí. La inhabilitación es una causal de suspensión temporal del servicio de protección. La controversia actual radica en la aplicación de esta normativa en el caso específico del expresidente Vizcarra, con algunas autoridades solicitando su cumplimiento inmediato y otras con interpretaciones diferentes.

Conclusión: Entre la Prerrogativa y el Cumplimiento de la Ley

El caso de la seguridad de Martín Vizcarra Cornejo es un claro ejemplo de la tensión entre las prerrogativas asociadas a los altos cargos del Estado y la necesidad de una gestión austera y apegada a la ley de los recursos públicos. La existencia de un Decreto Supremo que explícitamente suspende la protección policial por inhabilitación política, sumada a las dos inhabilitaciones que recaen sobre el exmandatario, pone en una posición comprometida la continuidad de su resguardo.

Mientras el gobierno de Dina Boluarte, a través de su primer ministro Alberto Otárola, promete revisar la base legal y enfatiza la lucha contra la corrupción y la necesidad de austeridad, la sociedad y el Congreso exigen acciones concretas. La resolución de este caso no solo impactará la situación particular de Vizcarra, sino que sentará un precedente importante sobre la aplicación de las normas y la eficiencia en el uso de los recursos policiales, tan necesarios para la seguridad ciudadana en todo el país.

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