¿Qué pasó con las comisarías en Puno?

La región de Puno, en el sur de Perú, ha sido epicentro de una ola de protestas y conflictos sociales que han puesto en jaque la infraestructura estatal, especialmente la relacionada con el mantenimiento del orden público. En este escenario de tensión creciente, las comisarías, pilares fundamentales de la seguridad ciudadana, se han encontrado en la primera línea de los enfrentamientos, enfrentando ataques, cierres forzados y un desafío sin precedentes a la autoridad. Este artículo profundiza en la compleja situación que viven las instalaciones policiales en Puno, marcada por la violencia, la interrupción de las comunicaciones y una presencia estatal que lucha por mantenerse firme en medio de la adversidad.

Desde el reinicio de la huelga indefinida en el sur de Puno, la vida cotidiana ha sido alterada drásticamente. Las carreteras se han convertido en focos de bloqueo, impidiendo la circulación normal no solo de civiles, sino también de vehículos de la Policía Nacional (PNP) y del Ejército. Este aislamiento forzado, sumado al temor de ser atacados, ha tenido un impacto directo y devastador en la operatividad de las fuerzas del orden. La situación ha escalado a tal punto que muchas de las principales comisarías de la región han sido directamente afectadas, algunas hasta el punto de ser inoperativas.

Comisarías bajo asedio: El impacto directo de las protestas

La furia de los manifestantes se ha dirigido, en varios puntos de Puno, contra las instituciones que representan la autoridad del Estado. Las comisarías, símbolos de la presencia policial, no han sido la excepción. La información disponible revela un panorama desolador, donde la violencia ha dejado su huella en infraestructuras cruciales para la seguridad ciudadana.

Ataques y destrucción en Yunguyo, Ilave y Zepita

Uno de los episodios más críticos se vivió la tarde de un domingo, cuando grupos de vándalos no solo atacaron y quemaron el Puesto de Vigilancia Fronterizo en Kasani, junto a oficinas de Aduanas, Migraciones y Senasa, sino que al anochecer, otro grupo se ensañó con las microfinancieras en Yunguyo. Las oficinas de Caja Arequipa fueron apedreadas y quemadas, mientras que las sedes de Mibanco y Los Andes sufrieron destrozos. La tensión alcanzó su punto máximo cuando un grupo intentó incendiar la comisaría de Yunguyo, un claro intento de desmantelar la presencia policial en la zona.

El ataque a la comisaría de Yunguyo no fue un incidente aislado. En otras localidades puneñas, la situación fue igualmente crítica. Las comisarías de Ilave y Zepita, por ejemplo, fueron directamente atacadas y quemadas, dejando a estas comunidades sin un punto vital de apoyo policial. Estos actos de destrucción no solo representan una pérdida material significativa, sino que también socavan la capacidad de la policía para responder a emergencias, investigar delitos y mantener el orden en estas áreas.

La mañana siguiente al intento de quema en Yunguyo, el sobrevuelo de un helicóptero sobre la ciudad exacerbó aún más los ánimos de la población. Videos difundidos mostraban a la nave descargando sacos cerca de la comisaría, lo que generó rápidas alertas entre los pobladores, quienes especularon que se trataba de municiones para reprimir las protestas. Aunque no se descartó que pudieran ser alimentos, dada la negativa de la población a vender productos a los policías, el incidente subraya la profunda desconfianza y la escalada de la tensión entre la ciudadanía y las fuerzas del orden.

El caso Mazocruz: Refuerzo militar y el desafío a la soberanía

La situación en la comisaría de Mazocruz, en el distrito de Santa Rosa, Puno, se ha convertido en un punto de inflexión, evidenciando la determinación del Estado por mantener el control territorial frente a las demandas de los manifestantes. Los pobladores lanzaron un ultimátum para que los agentes de la PNP y los militares abandonaran el puesto policial, una exigencia que el gobierno central ha calificado de inaceptable.

Ante esta amenaza, el Ministro de Defensa, Jorge Chávez, desde Palacio de Gobierno, anunció un refuerzo contundente. La comisaría de Mazocruz fue asegurada con la presencia de cuatro patrullas del Ejército peruano. Chávez fue enfático al declarar que no se puede aceptar la existencia de “territorios liberados” en un Estado de derecho, subrayando la importancia de mantener la presencia e integridad de la infraestructura policial.

Por su parte, el ministro del Interior, Vicente Romero, secundó estas declaraciones, afirmando que bajo ninguna circunstancia las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional permitirán la exigencia de un “grupo minoritario” que busca socavar el orden. Ambos ministros hicieron un llamado al diálogo, invitando a las autoridades y ciudadanos de Puno a sentarse a conversar, aunque reconocieron que muchas autoridades no querían acudir a estas mesas.

Este episodio en Mazocruz resalta la complejidad del conflicto. Por un lado, la exigencia de los pobladores de que las fuerzas del orden abandonen su territorio; por el otro, la firmeza del Estado en defender su soberanía y la integridad de sus instituciones. La tensión es palpable y la situación se mantiene en un delicado equilibrio, donde la presencia militar busca disuadir cualquier intento de toma o destrucción de la comisaría.

La logística en Puno: Bloqueos y desafíos para las fuerzas del orden

Más allá de los ataques directos, las comisarías y, en general, la presencia policial en Puno, se ven afectadas por un factor logístico crítico: los bloqueos de carreteras. La huelga indefinida ha paralizado gran parte del transporte en la región, creando un desafío monumental para el abastecimiento y el desplazamiento de las fuerzas del orden.

Las principales carreteras han sido bloqueadas, lo que impide que los vehículos de la Policía y del Ejército circulen con normalidad. Esto no solo dificulta el envío de refuerzos o suministros, sino que también limita la capacidad de respuesta ante incidentes. La información sugiere que, incluso, la población local ha dejado de vender productos a los policías, lo que agrava la situación logística y de subsistencia para los agentes desplegados en la zona.

La tabla a continuación ilustra la magnitud de los bloqueos a nivel nacional, donde Puno se destaca con la mayor cantidad de vías intransitables:

Esta tabla, basada en informes de la Policía Nacional, revela que Puno concentra más de la mitad de las vías bloqueadas en todo el país, lo que subraya el nivel de aislamiento y la dificultad logística que enfrentan las fuerzas del orden en la región. La falta de acceso y la imposibilidad de moverse libremente no solo afectan la respuesta a los ataques, sino también la capacidad de la policía para mantener una presencia disuasoria y prevenir nuevos incidentes.

Un panorama de tensión y diálogo fallido

El paro indefinido en Puno es contundente, con un “cierrapuertas” total en las principales ciudades como muestra de solidaridad con los puneños detenidos en la Universidad San Marcos y en demanda de la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Las movilizaciones multitudinarias y la salida de buses con delegaciones hacia Lima, como la de 60 pobladores de Ananea, demuestran la profundidad del descontento social.

En este contexto, la situación de las comisarías es un reflejo de la crisis más amplia que vive la región. La incapacidad de establecer un diálogo efectivo entre el gobierno y los manifestantes ha perpetuado un ciclo de violencia y confrontación. Mientras que los ministros invocan a la concertación y ofrecen mesas de diálogo, la realidad en el terreno es que muchas autoridades y líderes de las protestas no están dispuestos a sentarse a negociar, lo que complica aún más la búsqueda de soluciones.

La ausencia de policías en algunos fundos de Ica, donde manifestantes irrumpieron para detener operaciones y quemar infraestructuras, sirve como un recordatorio de cómo la falta de una presencia policial efectiva puede envalentonar a los grupos más violentos. Aunque Ica no es Puno, la situación ilustra los desafíos a los que se enfrentan las fuerzas del orden cuando las vías están bloqueadas y la orden de intervención no se da con la celeridad necesaria.

En resumen, las comisarías en Puno se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad. Han sido blanco de ataques directos, han visto su operatividad comprometida por los bloqueos y la hostilidad de una parte de la población, y se han convertido en símbolos de la disputa por el control territorial. La respuesta del Estado, con el refuerzo militar en puntos clave como Mazocruz, busca reafirmar la autoridad, pero el camino hacia la normalización y la restauración plena del orden es aún incierto en una región sumida en una profunda crisis social.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Por qué las comisarías en Puno han sido atacadas?

Las comisarías han sido atacadas en el contexto de protestas sociales masivas que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y justicia por detenciones arbitrarias. Para algunos grupos de manifestantes, estas instituciones representan la autoridad del Estado a la que se oponen, convirtiéndolas en blancos de su descontento y frustración.

¿Cuáles comisarías han sido las más afectadas?

Entre las comisarías más afectadas se encuentran las de Yunguyo, que sufrió un intento de quema, y las de Ilave y Zepita, que fueron atacadas y quemadas. Además, la comisaría de Mazocruz ha sido objeto de un ultimátum por parte de la población, lo que llevó a un refuerzo militar significativo.

¿Se ha reforzado la seguridad en alguna comisaría?

Sí, la comisaría de Mazocruz ha sido reforzada con cuatro patrullas del Ejército peruano. Esta medida fue tomada por el Ministerio de Defensa en respuesta al ultimátum de los pobladores para que las fuerzas del orden abandonaran el lugar, buscando asegurar la presencia e integridad de la infraestructura policial.

¿Cómo afectan los bloqueos de carreteras a las comisarías?

Los bloqueos de carreteras afectan gravemente a las comisarías al impedir la circulación normal de vehículos de la Policía y del Ejército. Esto dificulta el envío de refuerzos, suministros (incluyendo alimentos) y limita la capacidad de respuesta ante emergencias o nuevos ataques. Puno es la región con más vías bloqueadas, lo que agudiza este problema logístico.

¿El gobierno ha intentado dialogar con los manifestantes?

Sí, tanto el Ministro de Defensa como el Ministro del Interior han hecho llamados al diálogo con la población de Puno y sus autoridades. Han expresado que existe una mesa de diálogo abierta para consensuar soluciones. Sin embargo, han señalado que muchas autoridades locales no han querido acudir a estas mesas, lo que dificulta el avance hacia una resolución pacífica del conflicto.

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