22/08/2025
La mañana del sábado 21 de enero de 2023, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), conocida como la ‘Decana de América’, fue escenario de un operativo policial de gran envergadura que generó una ola de indignación y debate a nivel nacional. Más de 300 agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) irrumpieron en el campus para desalojar a cientos de manifestantes provenientes de diversas provincias, quienes se habían albergado en la casa de estudios desde el 18 de enero, en el marco de las protestas contra el Congreso y el gobierno de Dina Boluarte. La acción, que dejó un saldo de casi 200 personas intervenidas, desató un cruce de acusaciones entre las autoridades universitarias y el Ministerio del Interior, poniendo en el centro de la discusión los límites del poder estatal y el respeto a la autonomía universitaria.
La intervención se llevó a cabo por la puerta N° 3 de la UNMSM, un punto de ingreso que, según denuncias, fue violentado por el contingente policial. El operativo culminó con el traslado de 193 personas a las sedes de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) y la Dirección contra el Terrorismo (Dircote). Tras intensas horas de diligencias policiales y el seguimiento de diversas organizaciones de derechos humanos, 192 de los intervenidos fueron puestos en libertad en un plazo de 24 horas. Solo una persona permaneció detenida, al confirmarse que tenía una orden de requisitoria pendiente. Este hecho, sumado a las denuncias de supuestos abusos cometidos durante la intervención, avivó el fuego de la controversia y la demanda de explicaciones por parte de la comunidad sanmarquina y la sociedad en general.
Versiones Contrapuestas: La UNMSM vs. el Ministerio del Interior
Uno de los aspectos más complejos y debatidos de este suceso radica en las versiones contradictorias ofrecidas por las partes involucradas. Tanto las autoridades universitarias como el Ministerio del Interior presentaron justificaciones que, lejos de esclarecer, añadieron más capas de confusión y desconfianza en la opinión pública.
La Postura de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Inicialmente, las autoridades de la UNMSM emitieron un comunicado, el 22 de enero, en el que afirmaban haber solicitado la intervención policial. Según este pronunciamiento, la decisión se tomó tras una denuncia de agresión por parte de un “reducido grupo de estudiantes” y protestantes contra el personal de seguridad de la universidad el viernes previo. Sin embargo, las autoridades sanmarquinas recalcaron que su solicitud se limitaba a la “liberación de las puertas tomadas” desde el 18 de enero, y que en ningún momento se esperaban las formas o la magnitud de la intervención policial. La propia rectora de la ‘Decana de América’, Jerí Ramón, expresó su asombro ante el uso de “tanquetas” y la ruptura de una reja de la puerta N° 3, calificándolo como un “abuso de autoridad”.
Paradójicamente, este comunicado posterior contrastaba fuertemente con un pronunciamiento emitido el mismo día de la intervención. En aquel documento, la universidad había declarado que la Policía “actuó de oficio” al ingresar al campus. Además, en ese mismo pronunciamiento inicial, las autoridades universitarias señalaron un presunto incumplimiento de acuerdos por parte de las delegaciones regionales. Se había pactado una fecha límite para su retiro, el jueves 19 a las 12 horas, lo cual, según la UNMSM, no se cumplió. Estas contradicciones generaron un ambiente de desconfianza y alimentaron las críticas hacia la gestión universitaria, llevando a que el Acuerdo Institucional Sanmarquino exigiera públicamente la renuncia de la rectora Jeri Ramón.
La Justificación del Ministerio del Interior
Por su parte, el Ministerio del Interior, a través de su titular Vicente Romero, mantuvo una postura firme en defensa de la legalidad y justificación del operativo. Romero insistió en que la intervención policial en San Marcos se realizó en el marco del estado de emergencia que regía en Lima y, fundamentalmente, por el delito de usurpación. Según el ministro, los manifestantes de provincia habrían incurrido en este delito al albergarse en la universidad sin el permiso explícito de sus autoridades.
En declaraciones a medios, Romero afirmó: “La intervención se da por el tema del delito de usurpación de las personas que ingresan, ese es el delito principal. Lo que se ha encontrado es a las personas que habían usurpado, que eran más de 190 personas. Se han encontrado elementos como huaracas, hondas y piedras, que los utilizaban para las protestas”. El ministro agregó que existía “clara evidencia de que había personas que se proveían de estos elementos para las protestas y causar los daños”. Respecto a las declaraciones de la rectora sobre el uso de tanquetas, Romero fue categórico: “Lo que ella puede haber dicho es respetable, pero la Policía analiza si hay delito o no y, en base a eso, interviene. Sí hubo delito, el delito de usurpación”. El ministro recalcó que la “intervención está bien dada” y que la posterior liberación de 192 personas escapaba de la responsabilidad policial, recayendo en el Ministerio Público. Asimismo, aseguró que, de existir alguna irregularidad en la intervención, se sancionaría a los responsables, solicitando un informe pormenorizado y delegando a los órganos de control interno de la PNP la investigación.
El Debate sobre el “Abuso de Autoridad” y sus Consecuencias
Las denuncias de abuso de autoridad y el uso desproporcionado de la fuerza fueron el eje central de la indignación. Las imágenes de la tanqueta rompiendo la reja, así como testimonios de supuestos malos tratos a los intervenidos, circularon ampliamente, especialmente a través de las redes sociales. Esta situación llevó a que diversos actores políticos y sociales exigieran responsabilidades. La congresista Flor Pablo, por ejemplo, presentó documentos para citar al ministro del Interior, Vicente Romero, y a la rectora de la UNMSM, Jeri Ramón, para que rindan cuentas ante el parlamento.
El hecho de que la gran mayoría de los intervenidos fueran liberados rápidamente, con la excepción de una persona con requisitoria, fue interpretado por muchos como una señal de que las acusaciones de “usurpación” no tenían el sustento suficiente para mantener las detenciones, reforzando la percepción de un operativo excesivo y posiblemente sin una base legal sólida para la detención masiva.
San Marcos: Más Allá de un Campus, un Símbolo
La intervención en San Marcos trascendió el ámbito de un simple desalojo para convertirse en un hecho de profundo significado simbólico. La Decana de América, como se le conoce a la UNMSM, no es solo una institución educativa; es un pilar histórico y cultural del Perú, un espacio de encuentro, debate y formación de ideas que ha albergado a generaciones de estudiantes de todas las regiones y estratos sociales. Su autonomía y su rol como crisol de pensamiento crítico la convierten en un símbolo de la libertad académica y de la diversidad del país.
La Carga Simbólica de las Imágenes
La comparación con la primera “Marcha de los Cuatro Suyos” de hace más de 20 años fue inevitable, pero con una diferencia crucial: la democratización de las imágenes. A diferencia de aquella época, donde la prensa oficial controlaba la narrativa, hoy los celulares y las plataformas digitales permiten una difusión inmediata y masiva de videos y fotografías desde múltiples perspectivas. Esta profusión de imágenes genera una “economía de símbolos” donde cada fragmento es interpretado de acuerdo con el código cultural y las experiencias de quien lo observa. En este contexto, ver una tanqueta violentar la entrada a San Marcos y a la policía actuar con prepotencia, machismo, prejuicio y un uso innecesario de la fuerza, fue interpretado por muchos como un recordatorio de momentos oscuros de la historia peruana, donde la injusticia y el autoritarismo prevalecieron. Se reveló, una vez más, la persistencia del racismo y la desigualdad estructural en el Perú, donde el miedo al “otro” y el terruqueo se convierten en herramientas para deslegitimar reclamos legítimos.
El Rol Histórico de la UNMSM
San Marcos es más antigua que el propio Perú como república. Ha sido y sigue siendo un centro de difusión, integración y desarrollo cultural que va mucho más allá de las aulas. Es el lugar donde se formaron maestros, intelectuales y líderes que han marcado el rumbo del país. Es en sus pasillos donde pensadores como José María Arguedas y José Matos Mar analizaron la compleja realidad de un Perú muchas veces fragmentado, donde la convivencia y las negociaciones se daban lejos del “Perú oficial”. Por ello, la intervención policial en este espacio sagrado de la academia fue percibida por muchos como un ataque no solo a los manifestantes, sino a los valores de la universidad y a la propia esencia de la nación. Se argumentó que un Estado que “se le va de las manos” el uso de la fuerza, o que no tiene la capacidad de diferenciar entre grupos vandálicos y quienes ejercen su legítimo derecho a la protesta, pierde legitimidad y capital simbólico ante su propia ciudadanía.
El Poder de Policía y los Límites de la Intervención Estatal
La discusión sobre la intervención en San Marcos también remite al concepto del “poder de policía”. En términos jurídicos, el poder de policía se refiere a la facultad del Estado para regular y restringir derechos y libertades individuales en aras del orden público, la seguridad, la moralidad y la salud. Tradicionalmente, se ha entendido que la acción estatal en el marco de este poder solo puede ejercerse de manera negativa; es decir, puede prohibir o restringir, pero no puede actuar positivamente en beneficio directo de los individuos o del propio Estado. En el caso de San Marcos, la controversia radica en si la intervención se mantuvo dentro de estos límites restrictivos y si el uso de la fuerza fue proporcional y necesario para el fin de “liberar las puertas” o “terminar con la usurpación”.
La rapidez con la que se liberó a la mayoría de los detenidos sugiere que la base para una detención prolongada por el delito de usurpación no era lo suficientemente sólida. Esto plantea interrogantes sobre la aplicación de este poder de policía: ¿Fue una acción preventiva desmedida? ¿O se buscaba un efecto disuasorio más allá de la estricta aplicación de la ley? La tensión entre la necesidad de mantener el orden público y el respeto a los derechos fundamentales, así como a la autonomía de las instituciones académicas, quedó patente en este episodio. La intervención en San Marcos, por tanto, no solo fue un evento policial, sino un recordatorio crítico sobre el equilibrio que debe existir entre la autoridad del Estado y las libertades ciudadanas, especialmente en contextos de protesta social.
Preguntas Frecuentes
- ¿Cuándo ocurrió la intervención policial en San Marcos? La intervención policial se llevó a cabo la mañana del sábado 21 de enero de 2023.
- ¿Cuántas personas fueron intervenidas y qué pasó con ellas? Un total de 193 personas fueron intervenidas. De estas, 192 fueron puestas en libertad en un plazo de 24 horas, mientras que una persona permaneció detenida por tener una orden de requisitoria.
- ¿Cuál fue la justificación del Ministerio del Interior para la intervención? El Ministerio del Interior alegó que la intervención se dio en el marco del estado de emergencia y por el delito de usurpación de los manifestantes que se habían albergado en la universidad sin permiso.
- ¿Qué dijeron las autoridades de la UNMSM sobre el operativo? Las autoridades sanmarquinas inicialmente afirmaron haber solicitado la liberación de las puertas tomadas, pero luego denunciaron un “abuso de autoridad” y la sorpresa por la magnitud del operativo, incluyendo el uso de tanquetas. También hubo una contradicción con un comunicado anterior que indicaba que la policía “actuó de oficio”.
- ¿Por qué la intervención en San Marcos es considerada un hecho simbólico? La UNMSM es la ‘Decana de América’ y un símbolo histórico de la educación y el pensamiento crítico en Perú. La intervención violenta en sus instalaciones fue vista como un ataque a la autonomía universitaria y a los valores democráticos, generando un fuerte impacto emocional y político.
- ¿Qué es el “Poder de Policía” en este contexto? Se refiere a la facultad del Estado para restringir derechos y libertades en aras del orden público. En este caso, se debate si la intervención se ajustó a los límites de este poder y si el uso de la fuerza fue proporcional y justificado.
El episodio de San Marcos dejó una profunda huella en la sociedad peruana, abriendo un necesario debate sobre el rol de la fuerza pública, la autonomía universitaria y los derechos ciudadanos en un contexto de convulsión social. Las versiones contradictorias y las denuncias de excesos subrayan la complejidad de gestionar las protestas y la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas por parte de las autoridades.
Si quieres conocer otros artículos parecidos a San Marcos: Radiografía de una Intervención Policial puedes visitar la categoría Policía.