17/08/2026
La vida en las calles de Perú, especialmente en ciudades como Lima, ha retomado su pulso vibrante tras los años de pandemia y restricciones. Sin embargo, esta vuelta a la normalidad ha traído consigo una sombra preocupante: un alarmante repunte en la criminalidad que deja a muchos ciudadanos preguntándose, ¿dónde está la policía? La imagen de dos delincuentes en motocicleta arrebatando una mochila a un ciudadano en un taxi, en pleno Centro de Lima, es solo un reflejo de una realidad que se ha vuelto cotidiana y que genera una profunda inseguridad en la población.

Los años 2022 y 2023 han marcado no solo el retorno a la actividad prepandemia, sino también una escalada sin precedentes en las cifras de delitos. Lo que antes parecía una preocupación aislada, hoy se ha convertido en un problema sistémico que exige respuestas urgentes y efectivas. La Policía Nacional del Perú (PNP) y reportes especializados como los de IDL Reporteros, han puesto en evidencia una variación atípica en diversos tipos de crímenes, evidenciando que la delincuencia ha encontrado nuevos y más audaces caminos.
- La Cruda Realidad en Cifras: Un Repunte Inquietante
- El Mapa de la Criminalidad: ¿Dónde Golpea Más Fuerte el Delito?
- ¿Por Qué la Delincuencia se Desborda? Voces Expertas Responden
- La Estructura de Seguridad: Un Laberinto Burocrático
- ¿Ley Dura, Justicia Blanda? El Rol del Sistema Penal
- La Policía en la Calle: Un Desafío de Recursos y Personal
- Estados de Emergencia: ¿Solución o Paliativo?
- Preguntas Frecuentes (FAQ)
- Conclusión: Un Problema Complejo que Exige Soluciones Integrales
La Cruda Realidad en Cifras: Un Repunte Inquietante
El análisis de las denuncias ingresadas al sistema policial entre 2019 y julio de 2023 revela una tendencia preocupante. Lejos de disminuir, ciertos delitos han experimentado un crecimiento exponencial, transformando el panorama de la seguridad en el país. Esta tabla comparativa ilustra la magnitud del problema:
| Tipo de Delito | Denuncias en 2019 | Denuncias en 2023 (hasta julio) | Incremento Aproximado |
|---|---|---|---|
| Delitos Informáticos | 930 | 7,734 | 732% |
| Usurpación | 2,469 | 4,802 | 95% |
| Estafas y Otros Fraudes | 3,099 | 12,469 | 302% |
| Extorsión | 1,246 | 7,747 | 522% |
| Homicidio | 1,315 | 2,474 | 88% |
Estas cifras no son solo números; representan vidas afectadas, patrimonios perdidos y un miedo creciente que paraliza a la sociedad. La extorsión, por ejemplo, ha escalado de manera dramática, amenazando la subsistencia de negocios y la tranquilidad de familias enteras. Los delitos informáticos, por su parte, demuestran la sofisticación de las nuevas modalidades criminales, aprovechando la digitalización de la vida cotidiana.
El Mapa de la Criminalidad: ¿Dónde Golpea Más Fuerte el Delito?
Comprender la dispersión geográfica de los delitos es crucial para diseñar estrategias efectivas. Si bien algunas regiones concentran un mayor número total de denuncias, al analizar la tasa por cada 10 mil habitantes, el panorama cambia drásticamente, revelando dónde la criminalidad impacta de manera más proporcional a la población.
Regiones con Mayor Número Total de Denuncias (Enero-Junio 2023)
- Lima: 101,345 denuncias
- Lambayeque: 20,625 denuncias
- Arequipa: 17,264 denuncias
Regiones con Mayor Tasa de Denuncias por Cada 10 Mil Habitantes (Enero-Junio 2023)
| Región | Denuncias por 10 Mil Habitantes |
|---|---|
| Madre de Dios | 243 |
| Lambayeque | 152 |
| Ica | 114 |
En contraste, Puno (28), Huancavelica (31), Apurímac (54) y Amazonas (54) se posicionan como las regiones con las tasas más bajas, lo que sugiere diferencias significativas en los desafíos de seguridad a nivel nacional.
¿Por Qué la Delincuencia se Desborda? Voces Expertas Responden
Para entender la raíz de este problema, es fundamental escuchar a quienes conocen el sistema desde adentro. El general Eduardo Pérez Rocha, ex director de la Policía Nacional (PNP), es contundente al afirmar que el actual sistema de seguridad ciudadana “no funciona”. Según su análisis, el Perú ha experimentado un fracaso en la lucha contra la delincuencia debido a cambios estructurales que se remontan al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.
Pérez Rocha recuerda que, entre 2009 y 2012, las reuniones semanales del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) contaban con la participación activa de representantes de alto nivel, incluyendo el Poder Judicial, Ministerio Público, ministros, sociedad organizada, y autoridades regionales y municipales. El ministro del Interior lideraba este esfuerzo, y los encuentros mensuales en Palacio de Gobierno garantizaban un alto nivel de compromiso.
La Estructura de Seguridad: Un Laberinto Burocrático
El punto de inflexión, según el general, se dio en 2016, con la modificación de la Ley 27933. Este cambio transfirió la responsabilidad del Conasec del ministro del Interior al presidente del Consejo de Ministros. Las consecuencias fueron inmediatas: las reuniones se redujeron drásticamente de mensuales a solo cuatro veces al año, dos de las cuales son descentralizadas.
Pero la falta de coordinación y seguimiento no termina ahí. Los planes de seguridad ciudadana, que antes se elaboraban anualmente, se transformaron en documentos quinquenales (2013-2018 y 2019-2023), con metas que, lamentablemente, no se cumplen. Esta ausencia de una planificación anual detallada y la falta de reuniones con las nuevas autoridades ediles han generado un vacío de coordinación que los delincuentes han sabido aprovechar.
Además, el reglamento establece que los alcaldes deben convocar trimestralmente a la ciudadanía para informar sobre el estado de la seguridad y recibir sugerencias, una práctica que, en la mayoría de los casos, simplemente no se cumple. Esta desconexión entre las autoridades y la población agrava la percepción de abandono y la falta de confianza en el sistema.
¿Ley Dura, Justicia Blanda? El Rol del Sistema Penal
Tanto el general Pérez Rocha como el abogado penalista Carlos Rodas coinciden en que el Código Procesal Penal peruano contempla sanciones severas, incluso más que en otros países de Latinoamérica. El problema, entonces, no radica en la laxitud de las leyes, sino en la investigación deficiente y la negligencia en la aplicación de la normativa.
Carlos Rodas enfatiza que la clave para evitar que los delincuentes sean liberados no reside en endurecer aún más las leyes, sino en que las instituciones de justicia, Fiscalía y Policía, cumplan con los planes estratégicos y protocolos establecidos. “Si comparas nuestras leyes con las de otros lugares, te das cuenta de que son bastante estrictas y llevan consigo penas elevadas. El problema surge cuando un delito no se descubre o el delincuente no es identificado”, explica Rodas, atribuyendo esta falla a una investigación deficiente por parte de la Fiscalía y la Policía, que a menudo no cumplen con los estándares de pruebas necesarios.
Rodas subraya la importancia de asignar mejores recursos a la Policía Nacional para que puedan mejorar sus labores de investigación, seguimiento y captura. Propone un plan operativo más efectivo, con un mayor número de agentes encubiertos patrullando las calles y la capacidad de identificar rápidamente los focos criminales. A esto se suma la necesidad de un mayor control en las fronteras, ante el ingreso desmedido de extranjeros, muchos de ellos con antecedentes delictivos, que ven en Perú un territorio fértil debido a la falta de regulación.
La Policía en la Calle: Un Desafío de Recursos y Personal
Una de las preguntas más recurrentes es precisamente por qué no se ven policías patrullando las calles. El ex director de la PNP, Pérez Rocha, revela una cruda verdad: la institución sufre un marcado déficit de personal para el patrullaje efectivo. A pesar de contar con aproximadamente 140 mil efectivos totales, solo alrededor de 45 mil están realmente dedicados a tareas de patrullaje, el resto tiene designaciones especializadas. “Por eso es que no se ven efectivos policiales en la calle”, sentencia el general.
A la falta de personal se suma una carencia crítica de equipo logístico adecuado. Radios transmisores y receptores insuficientes, y un déficit del 80% en la operatividad de los patrulleros, obligan a la PNP a recurrir al alquiler de vehículos comerciales, totalmente inadecuados para perseguir a delincuentes que utilizan autos de alta gama. Al menos la mitad de la flota vehicular policial se encuentra en mal estado, una limitación operativa que pone en desventaja a las fuerzas del orden.
A pesar de este panorama sombrío, Pérez Rocha se muestra optimista respecto al futuro, destacando que la institución está ejecutando el presupuesto y las acciones en sus diferentes grupos especializados. Menciona el éxito en la solución de 900 de 1900 denuncias de extorsión, lo que indica un esfuerzo interno y la posibilidad de mejora con un mayor presupuesto para el 2024.
Estados de Emergencia: ¿Solución o Paliativo?
Ante el incremento de la criminalidad, los gobiernos suelen recurrir a la declaratoria de estados de emergencia, prometiendo la presencia militar en las calles. Sin embargo, el general Pérez Rocha es escéptico sobre su efectividad sin una planificación adecuada.
Recuerda episodios anteriores, tanto durante el gobierno de Pedro Castillo como al inicio de la gestión de Dina Boluarte, donde la presencia militar prometida no se materializó en un apoyo efectivo a la policía. “En ningún momento hemos visto personal de la Fuerza Armada apoyando a la Policía Nacional”, sostiene.
Para Pérez Rocha, un estado de emergencia de 60 días, sin un plan articulado y con metas claras, es un paliativo. Si solo se focaliza en distritos como San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Sullana, el efecto será simplemente el desplazamiento de los delincuentes a otras zonas. Esto convierte la reducción real de la delincuencia en una tarea casi imposible, y al finalizar la emergencia, la situación regresa a su estado original, como una “declaración populista sin una planificación real”.
Preguntas Frecuentes (FAQ)
¿Por qué no se ve a la policía patrullando las calles?
La principal razón es un déficit significativo de personal policial dedicado al patrullaje. De los 140 mil efectivos de la PNP, solo unos 45 mil están asignados a tareas de patrullaje. A esto se suma la falta de equipos logísticos adecuados, como radios y vehículos operativos, que limitan su capacidad de respuesta y presencia.
¿Son las leyes peruanas demasiado blandas con los delincuentes?
Según expertos, las leyes peruanas ya son bastante severas y contemplan penas elevadas. El problema no radica en la rigidez de las normas, sino en la deficiente investigación por parte de la Fiscalía y la Policía, lo que a menudo impide que se reúnan las pruebas necesarias para llevar a los delincuentes ante la justicia y asegurar su condena.
¿Ayudan los estados de emergencia a reducir la criminalidad de manera efectiva?
Si bien los estados de emergencia buscan reforzar la seguridad, su efectividad es cuestionable sin un plan articulado y metas claras. Experiencias pasadas han demostrado que la promesa de apoyo militar a la policía no siempre se cumple, y la focalización en áreas específicas puede simplemente desplazar la delincuencia a otros distritos, sin lograr una reducción general y sostenida.
¿Quién tiene la culpa del aumento de la delincuencia en Perú?
Expertos coinciden en que no hay un único culpable. El aumento de la criminalidad es un problema multifactorial que involucra fallas en la estructura de seguridad ciudadana, falta de coordinación interinstitucional, deficiencias en la investigación policial y fiscal, escasez de recursos para la PNP, y una inadecuada planificación. Se requiere un esfuerzo integral y conjunto de diversos actores para revertir esta tendencia.
Conclusión: Un Problema Complejo que Exige Soluciones Integrales
El aumento de la criminalidad en Perú es un reflejo de un sistema de seguridad ciudadana que necesita una profunda reingeniería. No se trata solo de la cantidad de policías en las calles, sino de la efectividad de un engranaje complejo que incluye leyes, recursos, planificación estratégica, coordinación interinstitucional y una ciudadanía activa. La falta de un liderazgo claro en el Conasec, la ausencia de planes anuales y la deficiencia en la investigación y el seguimiento de casos, son factores que han contribuido a este sombrío panorama.
Revertir esta tendencia al alza y recuperar la confianza en el sistema de justicia y seguridad del país requiere un esfuerzo conjunto. Es imperativo revisar las políticas y estructuras organizativas, asignar recursos adecuados a la Policía Nacional, garantizar una coordinación efectiva entre todas las instituciones involucradas y, fundamentalmente, promover una mayor participación ciudadana y establecer mecanismos de rendición de cuentas. Solo así, con un enfoque integral y concertado, se podrá construir un Perú más seguro para todos sus habitantes.
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