La Prohibición Preventiva en Seguridad Privada

La seguridad es una necesidad fundamental para el ser humano y la sociedad en su conjunto, una piedra angular sobre la que se asienta el desarrollo económico, social y cultural. Tradicionalmente, la garantía de esta seguridad ha recaído en el Estado, a través de lo que conocemos como seguridad pública, financiada con recursos colectivos y guiada por principios de igualdad y universalidad. Sin embargo, en un mundo en constante evolución y con desafíos crecientes en materia de seguridad, ha emergido con fuerza la seguridad privada, una actividad que, lejos de sustituir a la pública, la complementa y colabora con ella, ofreciendo bienes y servicios específicos a quienes los demandan.

Esta coexistencia entre la seguridad pública y la privada no es sencilla. La seguridad privada, al involucrar el acceso a información sensible, el uso de elementos de seguridad y, en ocasiones, de armas de fuego, conlleva riesgos significativos tanto para quienes la ejercen como para sus usuarios y la sociedad en general. Es precisamente esta dualidad de complemento y riesgo lo que justifica una intensa intervención estatal. En el Perú, esta intervención se manifiesta de múltiples maneras: desde la aprobación de marcos normativos específicos, la creación de organismos rectores como la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC), hasta la fiscalización y, en teoría, la sanción de incumplimientos.

Uno de los mecanismos más distintivos y fundamentales de esta intervención es la denominada prohibición general preventiva sobre los servicios de seguridad privada. Pero, ¿qué implica exactamente esta prohibición y cómo funciona en la práctica? Acompáñenos a desentrañar este concepto y su impacto en el panorama de la seguridad en nuestro país.

¿Qué es la Prohibición General Preventiva?

La prohibición general preventiva es un principio rector en la regulación de la seguridad privada en el Perú que establece que, aunque la prestación de servicios de seguridad privada es una actividad económica lícita, inicialmente se encuentra prohibida. Esto significa que ninguna persona natural o jurídica puede ofrecer o gestionar este tipo de servicios sin una autorización previa y expresa del Estado.

Esta prohibición no busca eliminar la seguridad privada, sino asegurar que solo operadores debidamente calificados, supervisados y alineados con los objetivos de seguridad pública puedan participar en este sector. La prohibición cesa únicamente cuando, en el marco de un procedimiento administrativo de autorización o registro, la autoridad competente –en este caso, la SUCAMEC– verifica que el operador cumple con todos los requisitos mínimos exigidos por el marco legal. Una vez que se constata este cumplimiento, la SUCAMEC expide un “título habilitante” que permite formalmente prestar o gestionar los servicios de seguridad privada. Es, en esencia, un control de acceso riguroso que busca salvaguardar el orden público y los derechos fundamentales.

La Seguridad: Una Necesidad Social y Razón de Ser del Estado

Desde la filosofía griega hasta las teorías del contrato social, la necesidad de seguridad ha sido un motor fundamental para la organización social y la creación del Estado. Pensadores como Aristóteles y Hobbes postularon que el hombre es un ser social que, ante los desafíos de un “estado de naturaleza” caótico, se une en un “contrato social” para formar un cuerpo colectivo: el Estado. La finalidad primordial de esta unión es garantizar la seguridad personal y patrimonial de sus miembros, es decir, dotar de seguridad colectiva o pública a todos en condiciones de igualdad.

La Constitución Política del Perú, en sintonía con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, consagra la seguridad como un derecho fundamental de las personas y, al mismo tiempo, como un deber primordial del Estado. Sin embargo, la realidad actual muestra que el Estado, con sus medios exclusivos, a menudo se ve superado en su capacidad para garantizar toda la seguridad demandada por los ciudadanos. Esta ineficacia ha llevado a que el Estado se vea “obligado” a ceder parte del monopolio de la fuerza que ostenta, permitiendo la participación de instancias privadas en la provisión de seguridad.

La “privatización de la seguridad” es un fenómeno complejo. Si bien puede aportar ventajas a la seguridad colectiva, también colisiona con la estructura básica del Estado como poseedor de la violencia legítima. Por ello, el legislador debe establecer límites claros sobre hasta dónde puede participar la seguridad privada en la coproducción de la seguridad ciudadana. La prohibición general preventiva es una manifestación directa de este intento por delimitar y controlar la participación privada en un ámbito tan sensible.

Aproximaciones a la Noción de Seguridad Privada

La “seguridad privada” es un término con múltiples acepciones. Puede referirse al sector económico, al conjunto de servicios específicos que ofrece, o incluso a la “industria de la seguridad”. En el contexto peruano, y basándonos en la legislación y la literatura especializada, se configura como un conjunto de servicios (y bienes) preventivos, ofrecidos por personas naturales o jurídicas al mercado, o gestionados por ellas para su propio beneficio. Su objetivo es proteger personas y patrimonios, complementando los servicios públicos de seguridad y colaborando con ellos por mandato legal.

Las características esenciales de la seguridad privada incluyen:

• Es un Sector de Actividad y un Mercado Explícito: Existen empresas y personas que ofertan servicios como vigilancia, protección personal, transporte de dinero y valores, consultoría, asesoría y tecnología de seguridad. Los precios se rigen por la oferta y la demanda, a diferencia de otros países donde el Estado puede fijar tarifas mínimas.
• Gestión para Beneficio Propio: Excepcionalmente, personas jurídicas (públicas o privadas) pueden organizar servicios de seguridad para sí mismas (vigilancia interna, transporte de valores propios). Esto no las habilita para prestar servicios a terceros. Esta particularidad, aunque regulada en Perú, no es común en otras legislaciones, que la consideran demasiado rigurosa para quienes no ofertan servicios al mercado.
• Carácter Preventivo y Criminología Situacional: Los servicios de seguridad privada tienen un objetivo fundamentalmente preventivo. Se basan en la criminología de la prevención situacional del delito, que parte de la premisa “la ocasión hace al ladrón”. Las técnicas aplicadas (aumentar el esfuerzo, el riesgo, disminuir ganancias, etc.) buscan modificar el contexto para reducir las oportunidades delictivas. Sin embargo, esta prevención situacional también puede generar un “desplazamiento” de la delincuencia hacia zonas menos protegidas, lo que plantea un debate sobre la equidad en el acceso a la seguridad.
• Funcionamiento Semiautónomo y Colaboración Estatal: A pesar de su orientación al lucro o al ahorro de costos, los servicios de seguridad privada complementan y colaboran con las funciones policiales. Su existencia se justifica precisamente por las limitaciones de la seguridad pública. Esta colaboración implica obligaciones adicionales para los operadores, como el apoyo a la Policía Nacional en situaciones de delitos o emergencias, lo cual no debe generar un costo adicional para el Estado. Es en este punto donde la prohibición general preventiva juega un papel crucial, asegurando que solo los actores que acepten esta colaboración y se sometan a la supervisión estatal puedan operar.

Regulación de la Seguridad Privada: Fundamentos y Antecedentes

La justificación de una regulación tan estricta para la seguridad privada radica en su doble naturaleza: por un lado, representa un poder social, una fuerza organizada y potencialmente armada que podría suponer un riesgo para la seguridad ciudadana, los derechos fundamentales y la estabilidad del Estado; por otro lado, puede desempeñar un rol positivo y significativo en la prevención del delito y la seguridad de la comunidad. Una buena regulación es indispensable para maximizar los beneficios y mitigar los riesgos.

El marco normativo peruano actual incluye la Ley N° 28879, Ley de Servicios de Seguridad Privada, su Reglamento (Decreto Supremo N° 003-2011-IN), el Decreto Legislativo N° 1213 (parcialmente vigente) y diversas directivas emitidas por la SUCAMEC. Estas normas buscan promover la formalización, garantizar el adecuado desarrollo de los servicios sin poner en riesgo la seguridad de los ciudadanos y fortalecer la seguridad pública mediante la colaboración de instituciones privadas.

Históricamente, la intervención estatal en este sector se remonta a 1962 con el Reglamento de los Servicios de Policía Particular. A lo largo de las décadas, diversas normativas han intentado sistematizar y controlar la actividad, siendo la Ley N° 28879 de 2006 la primera ley formal en regular los servicios de seguridad privada en el Perú. Actualmente, existe un reto importante en la implementación plena del Decreto Legislativo N° 1213, cuyo reglamento aún está pendiente para su vigencia total.

Un aspecto crítico de la regulación es la suspensión actual de la actividad sancionadora por parte de la SUCAMEC, debido a la derogación del artículo 5 de la Ley N° 28627, que contenía la tabla de infracciones y sanciones. Esta situación genera un vacío legal que impide a la autoridad competente iniciar procedimientos sancionadores e imponer multas, lo cual debilita el control y la fiscalización del sector.

Servicios de Seguridad Privada y el Uso de Armas de Fuego

El uso de armas de fuego por parte del personal de seguridad privada es uno de los aspectos más sensibles y rigurosamente regulados. La Constitución Política del Perú distingue entre armas de guerra (uso exclusivo del Estado) y armas de uso civil. Estas últimas, aunque no pueden ser prohibidas absolutamente a los ciudadanos, están sujetas a una estricta regulación en cuanto a su fabricación, comercio, posesión y uso, en el marco de lo que se conoce como “control de armas”.

La legislación peruana sobre seguridad privada ha adoptado un régimen especial para el uso de armas de fuego, influenciado por la criminología de la prevención situacional. Este régimen genera diversas situaciones jurídicas según la modalidad del servicio:

La cantidad de armas de fuego de uso civil registradas bajo la modalidad de seguridad privada es considerable (más de 40,000 al cierre de 2017). Esta cifra subraya la importancia de un control riguroso por parte de la SUCAMEC, ya que esta “fuerza económica armada”, si bien complementa la seguridad pública, también representa un potencial riesgo si no es supervisada adecuadamente.

Preguntas Frecuentes sobre la Seguridad Privada y su Regulación

¿Qué es la SUCAMEC y cuál es su rol en la seguridad privada?

La SUCAMEC (Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil) es el organismo técnico especializado adscrito al Ministerio del Interior que ejerce la rectoría, control y fiscalización sobre los servicios de seguridad privada en Perú, así como sobre las armas, municiones y explosivos de uso civil. Su rol es crucial para aplicar la prohibición general preventiva, autorizando, fiscalizando y, cuando sea posible, sancionando a los operadores del sector.

¿Por qué la seguridad privada es inicialmente prohibida en Perú?

La seguridad privada es inicialmente prohibida como una medida de control y prevención por parte del Estado. Dado que esta actividad implica el uso de la fuerza, acceso a información sensible y, en muchos casos, el manejo de armas de fuego, es vital que solo operadores responsables y debidamente calificados puedan ejercerla. La prohibición inicial garantiza que se cumplan requisitos mínimos antes de que una empresa o persona pueda operar, protegiendo así la seguridad ciudadana y el orden público.

¿La seguridad privada puede sustituir a la seguridad pública?

No, la seguridad privada no está concebida para sustituir a la seguridad pública. Su rol es complementario y de colaboración. Mientras que la seguridad pública es un deber estatal universal, la seguridad privada es una actividad comercial que satisface necesidades específicas. Su existencia se justifica precisamente por las limitaciones de la seguridad pública, pero siempre bajo la supervisión y las directrices del Estado.

¿Qué significa que el uso de armas sea “facultativo” en algunos servicios?

Cuando el uso de armas es “facultativo”, significa que el proveedor del servicio de seguridad privada tiene la opción de utilizar o no armas de fuego, dependiendo de las necesidades específicas del cliente, la evaluación de riesgos y la naturaleza del servicio. No es una obligación legal, pero sí una posibilidad permitida bajo ciertas condiciones y con las licencias correspondientes.

¿Qué sucede si una empresa de seguridad privada opera sin autorización de la SUCAMEC?

Operar un servicio de seguridad privada sin la debida autorización de la SUCAMEC es una infracción grave que debería acarrear sanciones administrativas. Sin embargo, como se mencionó en el artículo, actualmente existe un vacío legal en Perú respecto a la tabla de infracciones y sanciones, lo que ha suspendido la capacidad sancionadora de la SUCAMEC en materia de seguridad privada. No obstante, la actividad sigue siendo ilegal y sujeta a fiscalización.

Conclusión

La prohibición general preventiva sobre los servicios de seguridad privada en Perú es una manifestación clara de la preocupación estatal por regular una actividad que, si bien es lícita y necesaria, entraña riesgos inherentes. Esta medida, junto con la rigurosa intervención de la SUCAMEC, busca asegurar que la seguridad privada opere dentro de un marco de formalidad, responsabilidad y colaboración con la seguridad pública.

A pesar de los avances normativos y la creación de entidades especializadas, persisten desafíos como la suspensión de la actividad sancionadora y la necesidad de una plena implementación de la legislación más reciente. La dualidad de la seguridad privada como “fuerza económica armada” que complementa pero también puede amenazar el orden público, exige una vigilancia constante y una regulación que se adapte a las dinámicas del sector. Solo así se podrá garantizar que este importante sector contribuya efectivamente a la seguridad de todos los ciudadanos, sin distinción de su capacidad económica.

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