El Baguazo: ¿Quiénes Son los Acusados?

El 5 de junio de 2009, la Amazonía peruana fue escenario de uno de los conflictos socioambientales más trascendentales en la historia reciente del Perú, conocido como «El Baguazo». Este suceso, que movilizó a cientos de pobladores indígenas de las etnias wampis y awajún, se convirtió en un símbolo de la lucha por los derechos territoriales y la consulta previa. Años después, la sombra de la justicia sigue persiguiendo a diversos actores, desde comuneros hasta altos mandos policiales y exministros. La pregunta clave que resuena es: ¿Quiénes son realmente los acusados en el caso del Baguazo y qué tipo de justicia se ha buscado en este complejo entramado legal?

El Baguazo no fue un evento aislado, sino la culminación de un largo proceso de descontento indígena frente a políticas gubernamentales que percibían como lesivas para sus territorios y formas de vida. La protesta se concentró a la altura del kilómetro 201 de la carretera Fernando Belaúnde Terry, en la región de Amazonas, específicamente en la zona conocida como la «Curva del Diablo».

El Baguazo: Un Conflicto con Profundas Raíces

Para comprender a los acusados y los procesos judiciales que se derivaron, es indispensable entender el origen de este doloroso conflicto. La génesis del Baguazo se encuentra en dos decretos legislativos específicos, promulgados por el Gobierno de Alan García Pérez en 2009, en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. Estas normativas fueron el detonante de la masiva movilización indígena.

¿Por Qué Estalló el Conflicto? Los Decretos de la Discordia

Miles de indígenas wampis y awajún se levantaron en protesta contra dos decretos que amenazaban sus derechos ancestrales sobre la tierra. El abogado de IDL, Juan José Quispe, explica que el primer decreto establecía que solo la mitad de la población de una comunidad nativa podía decidir sobre la venta de su territorio comunal a terceros, como una empresa privada, a diferencia de la norma anterior que exigía la aprobación de toda la comunidad. El segundo decreto legislativo autorizaba inversiones extractivas, ya sean petroleras o mineras, basándose únicamente en la decisión del Estado, sin consultar previamente a la población nativa o campesina afectada. Esta falta de consulta previa, un derecho fundamental de los pueblos indígenas, fue el punto central de la indignación y la resistencia.

La presencia de la minera Afrodita, que operaba en el distrito de El Cenepa, también en la región de Amazonas y dentro del territorio indígena awajún, se sumaba a la preocupación generalizada sobre la explotación de los recursos naturales en sus tierras sin su consentimiento. La tensión era palpable y el descontento, creciente.

La Escalada de la Tensión: De la Protesta al Enfrentamiento

Ante la magnitud de la protesta, que congregó a más de 2000 indígenas, el Gobierno decidió enviar a 369 efectivos de la Dirección Nacional de Operativos Especiales (Dinoes) de la Policía Nacional del Perú (PNP) con el objetivo de desalojar a los manifestantes. Lo que siguió fue un enfrentamiento trágico que dejó un saldo devastador: 33 personas fallecidas (10 policías y 23 civiles). Este choque violento se produjo en la ya mencionada «Curva del Diablo».

La situación se exacerbó aún más cuando el líder awajún Santiago Manuin fue herido de bala por la policía. Como represalia por este acto, un grupo de pobladores indígenas tomó como rehén al Mayor PNP Felipe Bazán, cuyo cuerpo, lamentablemente, no ha sido hallado hasta el día de hoy. Posteriormente, en medio de la confusión y la indignación generada por las noticias de asesinatos de indígenas, un grupo de manifestantes tomó la subestación de bombeo #6 de Petroperú. En este lugar se encontraron los cadáveres de 10 policías, lo que añadió otra capa de complejidad y tragedia al conflicto.

Los Acusados del Baguazo: Un Doble Frente Judicial

El caso Baguazo ha derivado en múltiples procesos judiciales, involucrando a diferentes actores y abordando distintas facetas de la tragedia. Podemos identificar dos grandes grupos de acusados, cada uno enfrentando cargos y responsabilidades distintas.

Los 53 Indígenas: En el Banquillo de los Acusados por la Protesta

El principal grupo de acusados, y el foco de gran parte de la atención mediática y legal, está conformado por 53 indígenas. Estos comuneros fueron imputados por delitos graves como homicidio calificado, desorden público y obstaculización a los servicios públicos. La Sala de Apelaciones de Bagua ha sido la encargada de dictar sentencia en este caso, siete años después de los acontecimientos, lo que implica que el texto fuente fue escrito alrededor de 2016.

La Defensa y sus Sólidos Argumentos

Los abogados de la defensa, Juan José Quispe de IDL y Katia Pinedo de la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), han sostenido firmemente la inocencia de los 53 acusados. Su argumentación se basa en la inexistencia de pruebas contundentes que los incriminen, denunciando lo que consideran una presión política y mediática para justificar su detención y una eventual condena. Entre los puntos clave de la defensa se incluyen:

• Falta de Pruebas Directas: La pericia de absorción atómica, que determina si una persona accionó un arma de fuego, dio negativo en todos los acusados indígenas. Esto es crucial para desestimar los cargos de homicidio calificado, ya que, según la defensa, no puede haber homicidio calificado si la causa de muerte es por arma de fuego y los acusados no las usaron.
• Llegada Tardía de la Fiscalía: La ley peruana exige la presencia de la fiscalía en procesos de desalojo. Sin embargo, en el Baguazo, la fiscalía llegó 48 minutos después de que la policía iniciara el desalojo, y ni siquiera a la zona específica del conflicto, sino a un caserío cercano, llegando a la «Curva del Diablo» solo cuando todo había terminado. Esto pone en entredicho la legalidad y el debido proceso del operativo.
• Naturaleza Pacífica de la Protesta: La abogada Katia Pinedo cuestionó el proceder policial, señalando que “no hubo una guerra”. Enfatizó que la policía acudió al desalojo con metralletas AKM y que todas las armas encontradas después del conflicto eran de la policía, no de los manifestantes. Los peritos antropológicos también corroboraron que la protesta tenía un carácter pacífico, evidenciado por la presencia de niños, ancianos y mujeres entre los manifestantes, lo que descartaría una intención beligerante.
• Acusación de Instigación sin Fundamento: Entre los 53 acusados, siete líderes, incluido el antiguo apu de AIDESEP, Alberto Pizango, fueron señalados por la fiscalía por homicidio calificado y por azuzar a los más de 2000 indígenas. No obstante, la defensa argumenta que el Ministerio Público no logró probar cómo estos líderes pudieron convencer a una masa tan grande para atacar y matar policías. El código penal establece que la instigación es personal, no masiva, y no se presentó video, carta o testigo alguno que certificara dicha instigación.
• Falta de Pruebas en Daños a Bienes del Estado: Respecto a la quema de dos vehículos (uno del Ministerio Público y otro de bomberos), la fiscalía atribuyó la responsabilidad a los manifestantes. Sin embargo, los mismos tripulantes de los vehículos públicos no reconocieron a los indígenas como culpables. Testigos describieron a otras personas, vestidas con polos negros y encapuchados (vestimenta similar a la militar), como los autores de los destrozos.

Falta de Garantías y Apoyo Político

Los abogados del CEAS e IDL también denunciaron la falta de garantías durante el proceso judicial. Afirmaron que los acusados firmaron documentos que los inculpaban sin la presencia de traductores, a pesar de que la mayoría habla lenguas indígenas y no comprendía lo que firmaban. Esta situación generó una gran vulnerabilidad en el proceso.

El apoyo a la absolución de los 53 indígenas ha trascendido el ámbito legal. En el Congreso de la República, la presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Medio Ambiente, María Elena Foronda, expresó su respaldo, señalando que “no hay evidencia que los vinculen a los actos criminales” y que la violencia también radica en dejar de lado a los pueblos indígenas en la toma de decisiones gubernamentales. De igual forma, el congresista Guido Lombardi de Peruanos por el Kambio (PPK) respaldó la inocencia de los inculpados, atribuyendo la protesta a la falta de consulta previa y responsabilizando al Gobierno de Alan García por catalogar a los awajún como “ciudadanos de segunda categoría” en su artículo “El perro del hortelano”.

¿Qué Pasará Luego de la Sentencia?

Según Juan José Quispe de IDL, la expectativa era una absolución total. Sin embargo, reconoció la posibilidad de que fueran sentenciados por delitos menores como obstaculización a los servicios públicos (por protestar en la vía pública) o disturbios públicos (por la quema de autos, aunque sin pruebas directas). En caso de una condena por estos delitos, que equivalen a 4 o 5 años de pena privativa de libertad, la defensa apelaría nuevamente, llevando el juicio a la Corte Suprema en Lima. Es importante destacar que, en octubre reciente, la Sala Penal de Apelaciones de Bagua absolvió unánimemente a los acusados de la muerte del mayor PNP Felipe Bazán, marcando un hito en la búsqueda de justicia.

Responsabilidad del Estado: Generales y Exministros Sentenciados

Paralelamente al caso de los 53 indígenas, el Baguazo también ha llevado a juicio a altos funcionarios del Estado, evidenciando la responsabilidad en la planificación y ejecución del operativo policial. Este proceso judicial, que ha tomado más de 14 años, culminó con sentencias significativas.

Condenas a Generales de la PNP

En un fallo dictado el 27 de noviembre (de un año posterior al caso de los 53 indígenas, probablemente 2023), la Sala Penal Liquidadora de Bagua de la Corte Superior de Justicia de Amazonas condenó a los generales de la Policía Nacional del Perú (PNP) José Armando Sánchez Farfán, director general de la PNP, y Luis Elías Muguruza Delgado, jefe de operaciones especiales de la PNP. Ambos fueron condenados a cuatro años de pena suspendida y al pago de una reparación civil que supera el millón de soles por el Baguazo. Se les halló responsables del delito de homicidio simple, al no impedir que los hechos trágicos de aquel día se produjeran. La sentencia acreditó una flagrante falta de planificación en el operativo denominado «Curva del Diablo», que resultó en las 33 muertes por arma de fuego.

Según Segundo Herrera Mejía, abogado de las víctimas, la sentencia establece “tajantemente que el comando general y el operativo, ante un resultado adverso, debe prevenir cualquier contingencia, pero sobre todo debe evitar poner en riesgo bienes jurídicos de terceros como es la protección de la vida, la salud y la integridad”. A pesar de la condena, la fiscalía a cargo del caso anunció que apelará la sentencia, buscando una pena mayor a los cuatro años, mientras que John Estela, víctima que perdió una pierna, expresó su disconformidad con los montos de la reparación civil.

Exministros y la Responsabilidad Política

El fallo de la Corte también ordenó procesar penalmente a Mercedes Cabanillas Bustamante, exministra del Interior, y a Bernabé Garavito Berrocal, exjefe de operaciones de la Policía. La razón: no tomaron acciones adecuadas para proteger a la población durante la manifestación. Esto subraya la importancia de la cadena de mando y la necesidad de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, incluso en contextos de protesta.

Más allá de este proceso, existe otro juicio oral pendiente que aborda la responsabilidad política por la orden de participación de la policía y el ejército durante el Baguazo. Este proceso involucra a figuras de alto nivel como la exministra de Comercio Exterior y Turismo Mercedes Araoz, el ex primer ministro Yehude Simon, la exministra del Interior Mercedes Cabanillas y el expresidente Alan García. Aunque este juicio no forma parte de la sentencia dictada contra los generales, es un aspecto crucial que sigue en seguimiento y busca determinar las responsabilidades políticas de la tragedia.

Análisis Comparativo de los Procesos Judiciales

El caso Baguazo es un ejemplo complejo de cómo un mismo evento puede dar lugar a múltiples litigios con diferentes enfoques y resultados.

Preguntas Frecuentes sobre el Caso Baguazo

A continuación, respondemos algunas de las preguntas más comunes sobre este importante y complejo episodio de la historia peruana.

¿Qué fue el Baguazo?
El Baguazo fue un conflicto socioambiental que ocurrió el 5 de junio de 2009 en la región de Amazonas, Perú. Se originó por una protesta de comunidades indígenas Awajún y Wampis contra decretos legislativos que afectaban sus derechos territoriales y la consulta previa.

¿Por qué se originó el conflicto?
La protesta se desató en respuesta a dos decretos legislativos emitidos por el gobierno de Alan García. Uno permitía que solo la mitad de una comunidad nativa decidiera sobre la venta de su territorio, y el otro autorizaba inversiones extractivas sin consulta previa a los pueblos indígenas, en el marco del TLC con EE.UU.

¿Quiénes son los principales acusados en el caso?
Existen dos grupos principales de acusados. Por un lado, 53 indígenas Awajún y Wampis acusados de delitos como homicidio calificado y desorden público. Por otro lado, generales de la PNP (José Armando Sánchez Farfán y Luis Elías Muguruza Delgado) condenados por homicidio simple debido a la falta de planificación del operativo, y exministros (Mercedes Cabanillas y Bernabé Garavito) a quienes se ordenó procesar penalmente por no proteger a la población.

¿Se encontraron pruebas concluyentes contra los acusados indígenas?
Según la defensa, no existen pruebas contundentes. Las pericias de absorción atómica dieron negativo en todos los acusados, lo que indica que no accionaron armas de fuego. Además, se argumenta que la protesta era pacífica y que hubo irregularidades en el proceso judicial, como la falta de traductores.

¿Hubo alguna condena contra funcionarios del Estado?
Sí. Los generales de la PNP José Armando Sánchez Farfán y Luis Elías Muguruza Delgado fueron condenados a cuatro años de pena suspendida y al pago de una reparación civil por homicidio simple, debido a la deficiente planificación del operativo. Además, se ordenó procesar penalmente a la exministra del Interior Mercedes Cabanillas y al exjefe de operaciones Bernabé Garavito.

¿Qué es la "Curva del Diablo"?
Es el nombre de la zona específica en el kilómetro 201 de la carretera Fernando Belaúnde Terry, en la región de Amazonas, donde se produjo el enfrentamiento más violento entre la policía y los manifestantes indígenas durante el Baguazo.

¿Qué pasó con el Mayor Felipe Bazán?
El Mayor PNP Felipe Bazán fue tomado como rehén por un grupo de manifestantes indígenas como represalia tras la agresión al líder Santiago Manuin. Su cadáver no ha sido hallado hasta el día de hoy, y los acusados de su presunta muerte fueron absueltos unánimemente en octubre reciente.

El caso del Baguazo es un recordatorio de la fragilidad de la paz social cuando los derechos de los pueblos son ignorados y de la complejidad que entraña la búsqueda de justicia en eventos de gran magnitud. La dualidad de los acusados —desde los comuneros que defendían su tierra hasta los mandos estatales responsables del operativo— refleja las múltiples capas de responsabilidad que aún hoy, años después, siguen siendo objeto de debate y procesos judiciales en Perú. La justicia, en este caso, se ha revelado como un camino largo y sinuoso, donde cada sentencia y cada absolución escriben un nuevo capítulo en la memoria colectiva del país.

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