El Baguazo: Heridas Abiertas y Justicia Pendiente

Hace catorce años, el Perú fue testigo de uno de los episodios más dolorosos y complejos de su historia reciente: el 'Baguazo'. Este sangriento enfrentamiento, ocurrido el 5 de junio de 2009, en la remota región de la Amazonía, específicamente en la conocida 'Curva del Diablo', dejó una cicatriz profunda en la sociedad. Lo que comenzó como una protesta legítima de comunidades indígenas awajún y wampis, en defensa de sus territorios y derechos ancestrales, escaló a una tragedia de proporciones incalculables, marcando un antes y un después en la relación entre el Estado y los pueblos originarios. A pesar del tiempo transcurrido, las heridas permanecen abiertas, la justicia sigue siendo esquiva y el paradero de una de las figuras centrales, el Mayor PNP Felipe Bazán, continúa siendo un enigma sin resolver. Este artículo busca desentrañar los hechos, las cifras en disputa y la persistente búsqueda de la verdad en un caso que clama por respuestas.

¿Cuántos Policías Murieron en el Baguazo? Cifras en Disputa

La pregunta sobre el número exacto de víctimas en el Baguazo ha sido una de las más recurrentes y controversiales desde el día de los hechos. Las cifras iniciales y las posteriores consolidaciones oficiales han generado confusión y debate, reflejando la complejidad y el caos de aquellos días. Es crucial entender que, si bien se han manejado varios números, existe una cifra oficial consolidada por instituciones clave.

Inicialmente, al día siguiente de los enfrentamientos, el Gobierno peruano, a través de la Cancillería, informó de la muerte de 24 policías y 9 pobladores civiles. Esta cifra fue corroborada por la entonces Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, en su presentación ante el Congreso. Sin embargo, otras fuentes periodísticas, como la BBC, afirmaron que, según testigos en la zona, las víctimas ascendían a al menos 30 indígenas y 24 policías.

Un mes después del trágico suceso, en julio de 2009, la Defensoría del Pueblo publicó un informe final de la Comisión que investigó los sucesos de Bagua y Utcubamba. Este informe concluyó que los actos de violencia del 5 de junio de 2009 dejaron un saldo total de 33 personas fallecidas. Desglosando esta cifra, se determinó que 23 eran efectivos policiales, 5 indígenas y 5 pobladores de Bagua. Esta es la cifra oficialmente aceptada y más citada en los informes posteriores.

Es importante destacar que, dentro de las investigaciones judiciales, una de las líneas de acción se centró específicamente en el asesinato de 10 policías en la Estación 6 de Petroperú, un punto crítico donde la violencia alcanzó niveles extremos. Aunque la cifra general de policías fallecidos es 23, la mención de estos 10 en la Estación 6 subraya la brutalidad de los eventos en ese lugar específico.

Tabla Comparativa de Cifras de Víctimas en el Baguazo

El Laberinto de la Justicia: Investigaciones sin Cierre

A catorce años del Baguazo, uno de los aspectos más dolorosos y frustrantes para las víctimas y sus familias es la persistente falta de justicia. Las cuatro investigaciones clave emprendidas para esclarecer los hechos no han logrado determinar culpables de manera definitiva en todos los frentes, dejando una sensación de impunidad que agrava el dolor.

Las cuatro líneas de investigación principales fueron:

1. El asesinato de 10 policías en la Estación 6 de Petroperú.
2. La desaparición del Mayor PNP Felipe Bazán.
3. El asesinato de civiles por parte de la Policía.
4. El secuestro, seguido de asesinato, de personas en la Estación 6 de Petroperú.

Si bien las investigaciones judiciales iniciales concluyeron hace aproximadamente cinco años (alrededor de 2018), la resolución de los casos ha avanzado a paso lento y con resultados mixtos. En 2016, por ejemplo, 52 presuntos implicados en la muerte de 12 de los 24 policías fallecidos (una cifra que difiere de los 23 oficiales) fueron absueltos, entre ellos el líder indígena Alberto Pizango. Esta absolución fue confirmada por la Corte Suprema para el caso de los enfrentamientos en la Curva del Diablo, donde 53 indígenas fueron exculpados en 2016, sentencia que se mantuvo firme con 4 votos contra 3 en la Corte Suprema.

Sin embargo, otros casos siguen en el limbo judicial. El juicio por el caso conocido como Estación 6, donde murieron 10 policías, dictó una sentencia absolutoria en 2021 contra varios indígenas, pero esta aún no es firme ya que su apelación sigue pendiente de resolución por la Corte Suprema. Según el abogado Juan José Quispe, del IDL, esta situación mantiene una “espada de Damocles” sobre los 22 indígenas absueltos (originalmente 25, pero 3 fallecieron por COVID-19), con la posibilidad de que la Corte Suprema confirme la absolución o declare nulo el proceso, requiriendo un nuevo juicio.

Lo más revelador es que, tras catorce años, los juicios orales sobre la desaparición del Mayor Felipe Bazán y el proceso contra seis generales de la Policía Nacional que dirigieron el operativo (incluyendo al exdirector general de la PNP José Armando Sánchez Farfán, Luis Muguruza y Javier Uribe) recién han comenzado hace unos tres meses. Esto significa que la justicia para estos casos específicos, donde se piden penas de hasta 25 años de prisión, ha tardado más de una década en llegar a una etapa crucial, una situación que, como se ha señalado, “la justicia que tarda no es justicia”.

El Enigma del Mayor Felipe Bazán: Un Caso Abierto

La desaparición del Mayor PNP Felipe Bazán Soles es, quizás, el símbolo más doloroso y persistente de la impunidad en el Baguazo. Su caso, envuelto en misterio y desesperación, sigue siendo una herida abierta para su familia y para la sociedad peruana.

El Mayor Bazán fue uno de los efectivos policiales que participaron en el operativo de desalojo en la Curva del Diablo. Durante el enfrentamiento, fue tomado como rehén por los manifestantes indígenas y despojado de sus prendas. Una fotografía, que lo muestra siendo llevado por nativos, es el último registro visual conocido de su paradero. Desde aquel 5 de junio de 2009, no se ha vuelto a saber nada de él.

A pesar de que el Poder Judicial lo declaró legalmente muerto en 2012, su cuerpo nunca ha sido encontrado, y las circunstancias exactas de su desaparición y eventual fallecimiento permanecen sin esclarecer. Su hermana, Patricia Bazán, ha sido una voz incansable en la búsqueda de respuestas y justicia, señalando a altos funcionarios de la época, como el expresidente Alan García, la exministra del Interior Mercedes Cabanillas, el expremier Yehude Simon y los generales Uribe y Muguruza, como los “únicos culpables” de lo ocurrido.

Como se mencionó, el juicio oral por la desaparición del Mayor Bazán recién ha iniciado hace pocos meses, catorce años después de los hechos. En este proceso, están siendo procesados los indígenas Asterio Pujupat, Feliciano Cahuasa y otros, acusados de su desaparición y presunto asesinato. La familia Bazán espera que, finalmente, este juicio arroje luz sobre lo sucedido con Felipe y determine las responsabilidades correspondientes, por muy tardía que sea la justicia.

Las Semillas de la Tragedia: Antecedentes del Conflicto

El Baguazo no fue un evento espontáneo, sino la culminación de un largo proceso de tensiones y desencuentros entre el Estado peruano y los pueblos indígenas de la Amazonía. Las raíces del conflicto se remontan a decisiones políticas y legislativas tomadas años antes, bajo el gobierno del expresidente Alan García.

En 2007, en el marco de la implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos, el gobierno de García adoptó una política extractivista agresiva, impulsada por la creencia de que la explotación de recursos naturales era la vía para el desarrollo del país. Esta postura quedó plasmada en las controvertidas columnas de opinión tituladas “El perro del hortelano” y “Receta para acabar con el perro del hortelano”, donde el presidente acusaba a quienes defendían el medio ambiente y se oponían a la extracción como activistas que obstaculizaban el progreso.

Con el fin de facilitar la inversión privada en territorios indígenas, el Ejecutivo solicitó y obtuvo del Congreso facultades legislativas por 180 días. Esto llevó a la promulgación de una serie de decretos legislativos que fueron el detonante de la protesta. Entre ellos, el Decreto Legislativo N° 1015 (mayo de 2008), que buscaba unificar los procedimientos de las comunidades campesinas y nativas, y modificar la Ley N° 26505, con el objetivo de intervenir territorios para actividades productivas. La Defensoría del Pueblo interpuso una acción de inconstitucionalidad contra este decreto.

Posteriormente, se publicó el Decreto Legislativo N° 1090 (27 de junio de 2008), que aprobó la Ley Forestal y de Fauna. Un punto polémico de esta ley era que otorgaba al Ministerio de Agricultura la autoridad exclusiva para decidir sobre el aprovechamiento y gestión sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre, quitando autonomía a las comunidades.

Pero el decreto que generó mayor indignación fue el Decreto Legislativo N° 1073, que modificaba el literal b) del artículo 10° de la Ley N° 26505. Esta modificación reducía el porcentaje de votos de comuneros necesario para aprobar la intervención de sus tierras, pasando del 50% de los miembros asistentes a la Asamblea al 50% de los comuneros posesionarios con más de un año. La Defensoría del Pueblo nuevamente apeló, argumentando que esto atentaba contra el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este convenio, ratificado por Perú, exige “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”. La falta de consulta previa y el intento de flexibilizar la disposición de tierras comunales encendieron la mecha de la “insurgencia” indígena, liderada por Alberto Pizango, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP).

De la Negociación al Conflicto: La Escalada de Tensiones

Ante la creciente indignación de los pueblos amazónicos, el Congreso de la República, en agosto de 2008, puso fin a los Decretos Legislativos N° 1015 y N° 1073. A pesar de este retroceso parcial del gobierno, el diálogo entre las partes no prosperó. El entonces ministro del Ambiente, Antonio Brack Egg, minimizó las protestas, calificándolas de “bulla” de “unos cuantos”.

En marzo de 2009, el gobierno intentó un nuevo acercamiento con la creación de la Mesa de Diálogo Permanente entre el Estado y los Pueblos Indígenas de la Amazonía Peruana (Decreto Supremo Nº 002-2009-MIMDES). Sin embargo, esta mesa no incluyó a AIDESEP, la principal organización representativa de los pueblos indígenas amazónicos, liderada por Pizango. En su lugar, la mesa estuvo integrada por representantes de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP), una organización que, según AIDESEP, mantenía un convenio de cooperación institucional con Petroperú desde 2007. Esta exclusión profundizó la desconfianza y el rechazo de los manifestantes hacia las iniciativas de diálogo del gobierno.

En abril de 2009, la tensión se desbordó. Los pueblos indígenas iniciaron un paro en diversas ciudades de la selva central, siendo Bagua uno de los epicentros. El entonces presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, intentó negociar con AIDESEP, pero no se logró un acuerdo. La situación se deterioró rápidamente cuando los manifestantes tomaron la Estación 6 de Petroperú, un punto estratégico para la distribución de combustible, lo que elevó aún más el nivel de confrontación y la urgencia por una solución.

El Partido Nacionalista, en la oposición, se mostró en contra de las acciones del gobierno y exigió la derogación del Decreto Legislativo N° 1090, que aún seguía vigente. El 5 de junio, el Congreso votó sobre este decreto legislativo. A pesar de la ausencia de varios legisladores nacionalistas, la votación se llevó a cabo, con un resultado de 38 votos a favor, 21 en contra y 9 abstenciones, con solo 68 congresistas presentes. El presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, justificó la votación, alegando que la ausencia de congresistas no era su problema. Esta decisión fue la chispa final que encendió la pradera.

Más de dos mil indígenas awajún, indignados por la votación, bloquearon la carretera Fernando Belaunde Terry, ubicada en la entrada a Bagua, entre los caseríos de Siempre Viva y El Reposo. Aunque hubo un acuerdo previo, ese mismo día, entre el general Uribe, el obispo de Jaén, el alcalde y dirigentes nativos, para que los manifestantes abandonaran la carretera a las 10:00 a.m., esta información no llegó o no fue acatada por el general Luis Muguruza, quien ya se preparaba para la acción de desalojo por órdenes directas del Ministerio del Interior. La falta de comunicación y coordinación selló el destino de lo que se convertiría en una tragedia.

El Día del Horror: La 'Curva del Diablo' y sus Horrores

El 5 de junio de 2009, amaneció con una atmósfera cargada de tensión y presagio. Desde tempranas horas, la Policía y el Ejército iniciaron el desalojo de los manifestantes en el sector conocido como la 'Curva del Diablo', en la carretera Fernando Belaunde Terry. Las fuerzas del orden emplearon bombas lacrimógenas para dispersar a la multitud, pero la respuesta de los indígenas fue inmediata y contundente: se defendieron con lanzas, hondas y otras armas artesanales. La violencia, una vez desatada, fue desmedida por ambos bandos, y el enfrentamiento rápidamente se tornó en un baño de sangre.

El caos reinó en la zona. Las imágenes y testimonios posteriores describieron una escena de horror, con disparos, gritos y el colapso de la organización. La cifra exacta de muertos y desaparecidos se convirtió en un tema de intenso debate y cuestionamiento, con reportes iniciales que variaban drásticamente y que tardarían semanas en ser consolidados oficialmente por la Defensoría del Pueblo.

En medio de la refriega, se produjo la desaparición del Mayor PNP Felipe Bazán, un evento que, como se ha señalado, sigue siendo un misterio irresuelto y una de las heridas más profundas del Baguazo. La fotografía que lo muestra siendo llevado por nativos se convirtió en un ícono de la tragedia y de la incertidumbre que rodea su destino.

Los momentos de terror no se limitaron a la Curva del Diablo. La violencia también se extendió a la Estación 6 de Petroperú, donde se reportaron fallecimientos de policías y civiles en circunstancias aún no del todo claras. El control de la situación se perdió, y las consecuencias fueron devastadoras para ambos lados del conflicto. Este día marcó un punto de inflexión en la historia contemporánea del Perú, exponiendo las profundas divisiones y la fragilidad del diálogo frente a la confrontación.

El Legado de un Conflicto: Consecuencias y la Lucha por la Verdad

Las secuelas del Baguazo fueron inmediatas y profundas, tanto a nivel político como social. Al día siguiente de la tragedia, el entonces presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, ordenó el arresto de Alberto Pizango, acusándolo de ser el responsable de los actos en Bagua, lo que generó una ola de críticas y condenas por parte de diversos partidos políticos de oposición y organismos de derechos humanos.

La presión política y social se hizo insostenible para el gobierno. El 18 de junio de 2009, menos de dos semanas después de los enfrentamientos, el Congreso de la República, cediendo a las demandas, decidió derogar el Decreto Legislativo N° 1090, uno de los principales detonantes del conflicto. Esta decisión fue un reconocimiento tácito de la ilegitimidad de parte de la legislación que había provocado la ira indígena.

Las renuncias de altos funcionarios no se hicieron esperar. El 11 de julio de 2009, el premier Yehude Simon, quien había liderado los esfuerzos de diálogo fallidos, presentó su renuncia al cargo. Pocos días después, la ministra del Interior de entonces, Mercedes Cabanillas, también dimitió, asumiendo una parte de la responsabilidad política por el desenlace fatal. La Defensoría del Pueblo, en su informe final, enfatizó que el origen del problema radicaba en la falta de un diálogo efectivo y el desinterés por escuchar las preocupaciones legítimas de los pueblos indígenas.

En el ámbito judicial, la absolución de los líderes indígenas ha sido un hito importante. El 22 de septiembre de 2016, 52 presuntos implicados en la muerte de 12 de los 24 policías fallecidos fueron exculpados, entre ellos Alberto Pizango. En enero de 2018, el Papa Francisco recibió al líder awajún Santiago Manuin, quien también había sido absuelto en 2016 por la Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora Transitoria de Bagua. Estas absoluciones, particularmente en el caso de la Curva del Diablo, han sido vistas por los defensores de los derechos indígenas como una victoria, demostrando que no se pudo probar su culpabilidad en los delitos atribuidos.

Sin embargo, la justicia para las víctimas policiales y el esclarecimiento de la verdad completa aún están pendientes. La hermana del Mayor Bazán, Patricia Bazán, ha sido enfática al señalar a las autoridades de la época como los verdaderos responsables, y la lentitud de los procesos judiciales contra los generales de la Policía Nacional y los acusados por la desaparición de su hermano, refuerza la percepción de impunidad. El Baguazo es un recordatorio constante de la necesidad de un diálogo intercultural genuino, el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y la urgencia de una justicia que, aunque tarde, finalmente llegue.

Preguntas Frecuentes sobre el Baguazo

¿Qué fue el Baguazo?

El Baguazo fue un violento enfrentamiento ocurrido el 5 de junio de 2009 en la región Amazonas, Perú, entre la Policía Nacional y comunidades indígenas amazónicas (principalmente awajún y wampis), que protestaban contra decretos legislativos que consideraban lesivos para sus territorios y derechos. Es considerado uno de los conflictos socioambientales más trágicos de la historia reciente de Perú.

¿Cuándo ocurrió el Baguazo?

El punto culminante y más violento de los sucesos del Baguazo ocurrió el 5 de junio de 2009. Sin embargo, el conflicto tuvo antecedentes y una escalada de tensiones que se extendieron por varios meses previos, desde 2007 hasta la fecha del enfrentamiento.

¿Quiénes fueron los principales actores en el Baguazo?

Los principales actores fueron el Gobierno peruano (presidencia de Alan García, ministros como Yehude Simon y Mercedes Cabanillas), las fuerzas del orden (Policía Nacional y Ejército), y los pueblos indígenas de la Amazonía, representados principalmente por AIDESEP (liderada por Alberto Pizango) y CONAP. También participaron la Defensoría del Pueblo y diversos organismos de derechos humanos.

¿Por qué no hay culpables en el caso Baguazo?

Las investigaciones judiciales sobre el Baguazo han sido complejas y prolongadas. Si bien se han iniciado varios procesos, muchos han resultado en absoluciones por falta de pruebas concluyentes, especialmente para los líderes indígenas acusados de la muerte de policías. Otros juicios, como los relacionados con la desaparición del Mayor Bazán y la responsabilidad de los generales de la Policía, han demorado más de una década en llegar a la etapa de juicio oral, lo que ha contribuido a la percepción de impunidad y a la dificultad de establecer responsabilidades definitivas.

¿Qué es la 'Curva del Diablo'?

La 'Curva del Diablo' es el nombre con el que se conoce a un tramo de la carretera Fernando Belaunde Terry, ubicada en la entrada a Bagua, entre los caseríos de Siempre Viva y El Reposo. Fue el epicentro del violento desalojo policial y el enfrentamiento más sangriento del 5 de junio de 2009.

¿Qué es la Estación 6?

La Estación 6 es una estación de bombeo de Petroperú, ubicada en la Amazonía. Durante las protestas del Baguazo, fue tomada por los manifestantes indígenas y se convirtió en otro punto crítico de violencia, donde se reportaron fallecimientos de efectivos policiales y civiles.

¿Qué pasó con el Mayor Felipe Bazán?

El Mayor PNP Felipe Bazán Soles desapareció el 5 de junio de 2009 durante los enfrentamientos en la 'Curva del Diablo', tras ser tomado como rehén por los manifestantes. Aunque fue declarado legalmente muerto por el Poder Judicial en 2012, su cuerpo nunca ha sido encontrado y las circunstancias exactas de su desaparición y fallecimiento aún no han sido esclarecidas. Su caso es uno de los juicios que, tras 14 años, recién ha iniciado la etapa oral.

¿Qué es el Convenio 169 de la OIT?

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales es un tratado internacional que establece derechos mínimos para los pueblos indígenas y tribales. Uno de sus principios fundamentales es la obligación de los estados de consultar a estos pueblos, mediante procedimientos apropiados y a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. La no aplicación de este principio en la legislación previa al Baguazo fue una de las principales causas del conflicto.

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